14 resultados para Política pública social

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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¿Cómo entender desde nuestra visión adulta el mundo de los niños, las niñas y los adolescentes para formular una política pública? ¿Es la infancia un actor social, participante y productor de su propia realidad? ¿Los niños y niñas son ciudadanos sujetos de derechos en el marco de la política pública? ¿Es la edad un factor que requiera integrarse al paradigma normativo de la igualdad? ¿Cuál es el balance de la política pública de reparación en Colombia y qué lecciones nos puede ofrecer a este respecto? La incorporación de un enfoque diferencial en el marco de las políticas públicas se ha convertido en un desafío que pone en evidencia la tensión existente entre la igualdad teórica y la igualdad práctica. La garantía al derecho a la reparación integral para los niños, niñas y adolescentes requiere de medidas expresadas tanto en determinaciones legales explícitas como en planes, proyectos y acciones dirigidos a transformar imaginarios culturales que están fuertemente enraizados en la institucionalidad y la sociedad. El libro está dirigido especialmente a los decisores y funcionarios encargados de formular, ejecutar o evaluar políticas públicas de reparación. Brinda reflexiones y recomendaciones para permitir que la voz de los menores de edad sea escuchada y, con ello, contribuir a superar el predominio de la visión «adultocéntrica» en la política pública.

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La presente investigación presenta una propuesta de lineamientos generales de política pública para el Ecuador. Parte del análisis teórico del emprendimiento, por lo cual, busca contextualizarlo como una actitud de vida, aprovechada especialmente a la rama de creación de empresas, a pesar que, su aplicabilidad es transversal a cualquier actividad cotidiana. El análisis parte de un diagnóstico del ecosistema emprendedor a nivel nacional, identificando las fortalezas y debilidades existentes en los aspectos macroeconómicos, productivos, financieros, culturales, de innovación, tecnológicos, jurídicos y académicos, e intenta caracterizar dichos componentes durante el ciclo de vida de una empresa recientemente creada o en proceso de creación. Adicionalmente, se realiza una identificación y caracterización de los principales programas o proyectos públicos, privados y del tercer sector, que han sido creados en el país para apoyar a emprendedores, y que se encuentran promoviendo esfuerzos aislados con objetivos particulares. Posteriormente, se hace una comparación con los avances generados por los países de la región, para evidenciar la realidad ecuatoriana con mayor precisión. Para finalizar, la investigación considera la propuesta de lineamientos de política pública en sí, enfocándose en los elementos productivos, financieros, culturales, de innovación, jurídico, académico y un elemento ecosistémico que corre de manera transversal en todos los temas explicados. Dichas propuestas buscan expresar herramientas prácticas, mecanismos y decisiones requeridas a efectos del fortalecimiento del ecosistema emprendedor ecuatoriano, aspecto fundamental para el cambio de la matriz productiva nacional, que se encuentra en una situación de riesgo debido a su desarticulación, deficiencia de estrategias especializadas en emprendedores e informalidad en la atención a este grupo objetivo.

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El desplazamiento forzado es una problemática de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las más notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel político como económico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pública. Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual generó que se identificara a la población desplazada no como víctima del conflicto, sino como población pobre, lo que a su vez obligó a generar mayores rubros para atención a población vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado es la clara identificación del problema, pues aun después de más de 10 años de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la población objeto de la política, y regula la atención que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdicción constitucional al tratar de identificar la población que requiere dicha atención, y la naturaleza de la misma.

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La presente tesis tiene como objetivo identificar los obstáculos y las posibilidades para incidir en la política migratoria colombiana, de tal manera que se visibilice en ella el carácter político y social de los colombianos emigrantes, tomando como caso específico a los colombianos que viven en Ecuador. Para esto, en el primer capítulo, a manera de contextualización, hablo sobre el fenómeno de la movilidad y la migración en Colombia y los diversos enfoques con los que se ha abordado el estudio del mismo. De igual manera hago un recuento sobre el contexto político actual que ha incidido en la migración Colombia – Ecuador. Posteriormente intento identificar los obstáculos y las posibilidades para recuperar como actor político y social al migrante colombiano en Ecuador, para tal fin indago en tres áreas: En las miradas y posturas que el Estado colombiano le ha otorgado a la población migrante; en segundo lugar, en las interpretaciones que los migrantes hacen de sus experiencias en condición de refugio, irregularidad y detención en el exterior; por último, en las acciones y estrategias que organizaciones de colombianos en Ecuador vienen agenciando para visibilizarse e impactar en la política pública tanto de Colombia como de Ecuador. Las conclusiones a las que llega esta investigación intentan aportar a la resignificación conceptual de exterioridad física y expulsión social del migrante en las miradas estatales del país de origen; en las naturalizaciones que se evidencian en las narrativas de los migrantes colombianos, las cuales justifican la exclusión y desatención del gobierno colombiano para sus connacionales en Ecuador; y finalmente, presento las conclusiones sobre las estrategias y acciones emprendidas por las organizaciones de colombianos en Ecuador y de dos organizaciones en Colombia tomadas para este estudio.

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El nuevo regionalismo latinoamericano se caracteriza por su intensidad, puesto que abarca desde compromisos que solo persiguen la liberalización comercial hasta proyectos de integración económica, política y social. Esta característica hace que el nuevo regionalismo latinoamericano se haya convertido en un fenómeno multidimensional, extenso y variable, debido a que, en la actualidad, el grupo de países que participan en algún proceso de regionalización es flexible y además se puede dar, como de hecho está ocurriendo, la participación de un mismo país en diversos procesos regionales en el interior de América Latina y con países de otras regiones del mundo. Esta investigación, realizada desde el enfoque de la economía política internacional, analiza de forma conjunta los factores económicos y políticos que están impulsando y sosteniendo el nuevo regionalismo andino a principios del siglo XXI, e intenta establecer los parámetros teóricos que rigen el accionar del regionalismo andino actual. En primer lugar, se dibuja el panorama general del nuevo regionalismo latinoamericano dentro del que se encuentra el regionalismo andino. A partir de este panorama se sustentan las tres variables claves del análisis (el diseño de las instituciones regionales andinas, el contexto internacional y las estructuras domésticas de cada uno de los países miembros del acuerdo subregional andino). Finalmente, el autor responde a la pregunta: ¿Qué significa exactamente regionalismo andino desde el enfoque de economía política internacional en medio del regionalismo de principios del siglo XXI?, y plantea los posibles escenarios y perspectivas del proceso subregional andino en el futuro.

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En el ambiente económico, político y social en el que se desenvuelven la sociedades contemporáneas, la reactivación de los flujos migratorios masivos ha desembocado en una cadena de actitudes y prácticas discursivas orientadas a instalar en el opinión pública un imaginario de violencia y de grupos agresores, facilitando la formación de sociedades discriminatorias que ven a los migrantes como sus propios enemigos. El aspecto discursivo favorece las actitudes discriminatorias hacia aquellos que no pertenecen a nuestra comunidad, fortalecido por un contexto mundial que califica a los otros como la mayor amenaza a su seguridad; estas actitudes, a la vez que construyen la realidad, inundan los medios y discursos de los actores visibles dentro de la agenda mediática. Es, por tanto, necesario examinar desde dónde se construye ese discurso en nuestro país y cuáles son las estrategias, estructuras y nociones predominantes en él, teniendo en cuenta el constante flujo migratorio que soporta el Ecuador y que tiene su origen en los países de la región andina, cuando la misma categoría de migrantes lleva asociada un conjunto de estereotipos desfavorables para la construcción de la identidad.

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La circulación de la violencia, las palabras, los rumores, el miedo representado e impregnado en personas o cosas cotidianas vuelven a éste una epidemia que corroe las raíces mismas de la sociedad, rompe con la cotidianidad y, en su lugar, dispone de nuevos códigos que harán de las relaciones sociales una convivencia en tensión permanente, en desconfianza, en inseguridad. Es posible hablar de una nueva ciudadanía, una ciudadanía basada en el miedo donde confluyen más de un discurso y más de un símbolo. En sociedades mutiladas por la angustia queda el silencio como la única protección, la única garantía de vida. Entonces, se debe pretender que, si se ve, se oye y se calla, nada pasará. Es mejor no preguntar quién murió y menos por qué, todos lo saben, nadie lo dice. Belén Vásconez escribió este relato en Sucumbíos, a manera de diario de campo, tratando de leer a la ciudad como un texto, con la certeza de que “los capítulos están incompletos porque las palabras se hacen todos los días, porque el ser humano tendrá siempre cosas que decir y, con suerte o con algo de dignidad, seremos -tendremos que ser- nosotros y nosotras quienes aprendamos a escuchar y hasta podría ser que algún día, ojalá pronto, seamos capaces de dar un respuesta”.

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Teniendo en cuenta la amplitud que ofrece el tema de la adopción, en el recorrido de estas páginas intentamos indagar y profundizar sobre El derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes adoptados/as en Argentina, desde un enfoque de derechos humanos y psicológico con el fin de poder profundizar sobre qué aportes brindan ambos enfoques a la construcción del derecho a la identidad. Si consideramos que cada uno de estos conceptos: la identidad, la niñez y la adopción respectivamente, de por si presentan complejidad, ya que forman parte de una construcción histórico-social, al entrelazarlos entre si, los interrogantes y planteamientos que se presentan son múltiples. Desde el enfoque de derechos humanos buscamos establecer el contenido del derecho a la identidad en el caso de niños, niñas y adolescentes (NNA) adoptados/as de conformidad con la normativa nacional e internacional y los desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios, considerando que el derecho a la identidad lo tiene todo ser humano como algo inherente a su propia condición, por tratarse de un sujeto único, irrepetible e histórico. A la vez buscamos discernir desde un enfoque psicológico cómo se conceptualiza la identidad, y determinar qué papel juega, para la constitución de un NNA el conocimiento sobre su origen biológico, su nombre, su historia inicial, la verdad relatada por su padre y madre adoptivos. A partir de dicho análisis, proponemos elementos para una política pública sobre adopción desde la integración de ambos enfoques, enfatizando la importancia de incorporar el factor social que la enmarca. La integración y contemplación de todos estos componentes, desde el contexto histórico que caracteriza a la adopción en la Argentina y los imaginarios sociales que la atraviesan y condicionan, aspira a alcanzar una mirada social e integral, que nos permita discernir el deber del Estado de garantizar el derecho a la identidad de estos NNA.

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El programa Bolsa Família es considerado como la principal política pública de corte social desarrollada en el marco del gobierno brasileño de Luis Inácio Lula da Silva y está orientada a garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación de familias que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. El objetivo de Bolsa Família es remover las fuentes de privación de libertad, la miseria y pobreza de las familias beneficiarias, a través del fortalecimiento del ejercicio de los mencionados derechos, lo que representa un aporte potencial a la realización de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y de forma indirecta, sienta bases operativas a la realización del derecho humano al desarrollo de sus beneficiarios. Este programa evade la concepción tradicional de desarrollo, direccionada simplemente al crecimiento económico y a la elevación de índices como el producto interno bruto – PIB. Esta política pública es considerada como una herramienta fundamental en la ardua tarea de disminuir las desigualdades sociales en Brasil.

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Teniendo en cuenta que la reparación es un derecho con características particulares, especialmente para la infancia y la adolescencia, la presente investigación revisa los alcances del enfoque diferencial de edad en esta política en Colombia. Para cumplir este objetivo se realizó un análisis de la legislación internacional, legislación nacional actual y como un caso tipo, el Decreto de Reparación Individual Administrativa (Decreto 1290 de 2008). De esta forma, se ubica respecto a la reparación desde una visión subjetivista de los derechos humanos, entendiéndola no solo como una obligación del Estado sino como un derecho en sí mismo, y por lo tanto en este marco, revalora el enfoque diferencial de edad como un reto de la política concibiéndolo como la intencionalidad de la sociedad y el Estado de consolidar legislaciones y prácticas sociales sensibles a las subjetividades, necesidades y demandas de los niños, las niñas y los adolescentes como respuesta al principio de igualdad para incluirles como ciudadanos y superar la hegemonía del discurso adultocéntrico. De este modo, se constituye como aporte para las instituciones que tienen el deber de incluir el derecho a la reparación integral de la infancia y la adolescencia en la formulación y ejecución de la política pública y contribuye para que los niños, niñas y adolescentes sean visibilizados de manera efectiva en los mecanismos y procedimientos diseñados para tal fin en Colombia.

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Por varias décadas, el tema de la educación superior, el sentido de responsabilidad social de sus instituciones, la calidad académica, su pertinencia y su financiamiento estuvieron ausentes en la política pública y curiosamente, salvo esporádicas preocupaciones que no tuvieron eco, en la vida académica misma. Es únicamente con la expedición del Mandato Constituyente No. 14 que el Estado empieza todo un proceso de recuperación de su papel director y regulador del sistema de educación superior. Este proceso empezó, en cumplimiento con el Mandato mencionado, con la evaluación de las instituciones de educación superior, realizada por el ex – Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA) y cuyos resultados fueron publicados en el informe Evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Se analiza las tendencias en el panorama de cambio del sistema e educación superior ecuatoriano y las políticas aplicadas por el actual gobierno.

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La historia del Cabildo es la historia de la ciudad, pues a través de su accionar cotidiano se define la vida de la urbe y de su gente. Históricamente esta instancia capitular ha tenido amplios poderes jurisdiccionales. Sus miembros, por lo general, han sido una minoría selecta y rectora de tales decisiones, llegando la misma a configurarse en una élite con gran poder y prestigio local; y manteniendo relaciones de parentesco entre algunos de sus integrantes. La presente tesis investiga cómo estuvo configurado –social y políticamente- el cabildo quiteño entre 1895 y 1906, escrutando las actas capitulares de dicho período y analizando los procesos eleccionarios municipales que llevaron a ciertos ciudadanos al seno de dicho organismo; en concordancia con lo establecido en el marco jurídico de la época. Ello nos conduce a develar las principales ‘redes familiares’ que se crearon dentro del cabildo de Quito y lo controlaron durante esos años, intentando permanecer en él para defender sus espacios de poder individual y de clase. A ello se suma el análisis de una serie de tensiones políticas entre el poder local y el poder central, que reflejan, por un lado, la lucha de aquellas élites capitulares por defender su espacio de influencia política y social, corroborando el hecho de que ciertamente aspiraban precautelar sus intereses. Por otro lado se patentiza el afán gubernamental de controlar de manera directa o indirecta la instancia municipal, a través de diversas injerencias o atropellos a su autonomía, en la necesidad última de restarle competencias y poder político al Cabildo.

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Para resolver los conflictos, inevitables en nuestra sociedad, además de la justicia ordinaria, congestionada y desprestigiada, las partes pueden acudir a procedimientos alternativos, autocompositivos o heterocompositivos, mediante la suscripción de un acuerdo de naturaleza contractual y jurisdiccional, que implica separar el caso del posible conocimiento y resolución por parte de los jueces comunes. Su empleo en materia de contratación pública se encuentra consagrado en el derecho positivo ecuatoriano, en normas constitucionales y legales, pero su aplicación concreta está restringida por aspectos jurídicos tales como su voluntariedad, la naturaleza transigible de los temas que se pueden someter a su resolución, las formalidades previas, como la autorización de la Procuraduría General del Estado y aún de política pública, como la disposición del señor Presidente Constitucional de la República de que en los contratos que suscriban las administraciones públicas dependientes, se sometan a la jurisdicción de los tribunales ordinarios y no a la de los tribunales arbitrales. El presente trabajo procura sentar las bases conceptuales y el marco teórico del tema y el estado de la cuestión, que me permitieron identificar algunas vicisitudes del arbitraje en el país, para, sobre esta base, distinguir las materias transigibles de las que no lo son, analizar si las prerrogativas son arbitrables, y concluir si los casos que quedan, después de restar los que no pueden someterse al arbitraje, son minoritarios, para demostrar de esta manera el carácter excepcional del arbitraje nacional en materia de contratación pública en el Ecuador.

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Este trabajo de tesis expone como evidencias los aprendizajes de la experiencia desarrollada en el cantón Quinindé, del año 2000 al 2008, en relación a la participación del gobierno local y la ciudadanía en la construcción de la política pública local de educación. A partir de la reconstrucción del proceso que desencadenó en la participación social de las comunidades “por el derecho a la educación” se demuestra que una persona comprometida con la defensa, protección y exigibilidad de derechos, desde cualquier rol que cumpla (madre o padre de familia, maestro, alcalde, director de educación, estudiante) puede incidir en el cambio de paradigmas de la acción política; de esta forma es posible transformar el ejercicio clientelar en un compromiso a favor de la restitución y protección del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de los sectores más pobres ubicados en las comunidades rurales. Paradigma desde el cual se construye el desarrollo local. Este estudio de caso se realiza desde el análisis del contexto sociopolítico, jurídico y educativo del Ecuador en la década del 2000, y trata de evidenciar las condiciones y los hitos que motivaron e impulsaron a las personas (como sujetos de derechos) de las comunidades rurales que habitaban en Quinindé, a movilizarse en la defensa, protección y exigibilidad del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con el fin de incidir en la implementación de políticas públicas que promueven el ejercicio de derechos en libertad e igualdad.