11 resultados para Política econômica, Brasil

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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En esta conferencia, Stiglitz aborda la teoría de la información imperfecta y sus implicaciones en la economía. Cuestiona los fundamentos de aquellos presupuestos económicos mantenidos durante mucho tiempo y sostiene que las fallas del mercado ocurren cada vez que la información es imperfecta o que los mercados son incompletos. Esta teoría de la información imperfecta rebate los fundamentos del conjunto de ideas usualmente denominadas como el "Consenso de Washington", basado en un fundamentalismo de mercado.

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Las Zonas Francas son áreas de territorio nacional delimitado y autorizado por el Presidente de la República mediante decreto, sujetos a regímenes de carácter especial determinados por Ley, en temas de comercio exterior, aduanera, tributaria, financiera, de capital y laboral, existiendo varios tipos de zonas como las comerciales, industriales, de servicios, turísticas y especiales, estas zonas tienen como ventaja de atraer inversiones, crear empleos y generar ingresos con divisas extranjeras promoviendo las inversiones extranjeras, esperando también inversiones extranjeras directas en temas de transferencia de tecnologías. Las Zonas Francas en el Ecuador estuvieron vigentes hasta el año 2010, regida por la Ley de Zonas Francas, aprobada por el ex Presidente Rodrigo Borja y publicada en 1991, siendo estas cambiadas en diciembre del 2010 reformándolas a Zonas Especiales de Desarrollo Económico. (ZEDES), las zonas francas tenían una estructura basada en administraciones reguladas por el Consejo Nacional de Zonas Francas (COZANOFRA), además estas deberían ubicarse en zonas o áreas deprimidas del país, para impulsar su desarrollo. En la actualidad con el nuevo Código de la Producción existen la Zonas Especiales de Desarrollo Económico, en la que prevalece el aprovechamiento de recursos naturales para la expansión productiva y la generación de empleo, con fines desconcentradores, caracterizado por ser un instrumento para impulsar la economía a corto plazo de estas áreas, así Las ZEDES serán destinos aduaneros donde se buscará desarrollar las actividades de logística, transferencia de tecnología y diversificación de exportaciones cuya autorización es por un plazo de 20 años prorrogables una vez cumplidas las respectivas evaluaciones, estas no son un instrumento de ventaja comparativa sino que potencia las ya existentes.

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La vinculación entre los derechos humanos y la tributación ha evidenciando una nueva perspectiva respecto de este principio constitucional. De modo que, hoy en día, la igualdad fiscal no puede ser apreciada materialmente desde la sola perspectiva de la generalidad, sino que supone un juicio integrado visto desde la interdependencia de los principios de generalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. La capacidad contributiva es el eje sobre el cual se construyen tratos tributarios diferenciados legítimos, que garantizan un tratamiento igual para los iguales y uno desigual para los desiguales, en mérito a su desigualdad – precisamente – en su capacidad para contribuir. De esto trata el primer capítulo del presente trabajo de investigación; y, en uno de los títulos del segundo capítulo se propone, en definitiva, como consecuencia de lo dicho, como un principio tributario propiamente, el de no discriminación fiscal como la manifestación de la igualdad jurídica en esta materia. Ahora bien, la apreciación que antecede está relacionada directamente con el fin esencial de los tributos: recaudar dinero suficiente para el sostenimiento del gasto público; sin embargo, existen también tributos en los que prevalecen los fines extra-fiscales, es decir, aquellos ligados a la promoción o a la inhibición de determinados actos o hechos económicos, en cuyo caso, los principios que matizan la igualdad jurídica en el régimen tributario no son ya los mismos, pues, bajo la perspectiva de la política tributaria, son legítimos los tratos tributarios diferenciados fundados en una razón suficiente, sin que ésta trate ya de la capacidad contributiva. En el segundo capítulo se hace una reseña de este particular y se propone que en dichas condiciones, deben considerase nuevos límites materiales que garanticen la igualdad jurídica en los tributos finalistas (no recaudatorios). A dicho efecto realizó un breve análisis de los posibles supuestos de desigualdad que promueven ciertas normas dictadas recientemente: (1) la potestad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en Ecuador para reducir el valor de los tributos impuestos por ley por motivo del cumplimiento de ciertos fines de orden económico, (2) los incentivos tributarios de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, y (3) la exclusión del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano a quienes se dedican a la actividad del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. En tal virtud, finalmente, propongo como límites materiales que garantizan la igualdad en las figuras tributarias utilizadas como herramientas de política fiscal los principios de razonabilidad, el de equidad en la redistribución de la riqueza y el de neutralidad o de incidencia económica menor.

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Varias lecturas surgen de los grandes proyectos de integración física latinoamericana. La principal es que el paradigma del nuevo regionalismo latinoamericano ha descuidado los efectos diferenciados de dichos proyectos, que en caso de concretarse ampliarán las asimetrías entre las economías de la región. En el marco de la integración económica regional están claras intenciones brasileras de alcanzar consolidarse como la potencia regional en el vecindario sudamericano, a partir de una destacada participación de su fuerza empresarial en el mercado latinoamericano, lo que afirma contundentemente que la estrategia política de Brasil en este contexto es una respuesta a su plan nacional y pretende beneficiar fundamentalmente a los segmentos capaces de influir en su política exterior como lo son los grandes grupos económicos exportadores. La segunda lectura es que desafortunadamente, países como Ecuador tienen una visión reducida sobre las verdaderas implicaciones que emanarán de participar en megaproyectos de integración física como la IIRSA y su derivación, el corredor multimodal Manta-Manaos. Las provincias amazónicas, principales receptoras de las externalidades que emanen de este corredor son el punto álgido de este proyecto. La capacidad del estado ecuatoriano de responder ante las demandas de este tipo de plan de integración regional, sin descuidar las máximas consagradas en su propio Plan Nacional para el Desarrollo, será el dispositivo que determine el verdadero alcance del mismo. Con estos antecedentes, la presente investigación tiene dos grandes objetivos. El primero es analizar la evolución histórica de los tres pilares de la política exterior de Brasil, desde la mitad del siglo XX hasta el periodo de gobierno del ex presidente Lula da Silva (2003-2010). Dentro de este contexto, esbozar cómo los tres pilares (pragmatismo, estabilidad, y autonomía de decisión) se fusionan con el mayor proyecto de integración física regional, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), mecanismo que contribuye a la consolidación de Brasil como gran potencia regional. El segundo objetivo es estudiar el tratamiento que le ha otorgado el gobierno ecuatoriano a la ruta Manta-Manaos y la potencialidad de la implementación de este corredor logístico. Las respectivas repercusiones sociales, económicas y medioambientales, así como las dimensiones comerciales en términos locales, regionales e internacionales serán determinadas por la capacidad de Ecuador de establecer una concordancia entre las premisas del Buen Vivir y los compromisos contraídos a partir de su política exterior.

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Este ensayo, de carácter analítico-descriptivo, pretende transitar entre las grandes líneas de la política exterior brasileña a lo largo de la primera década del siglo XXI, más específicamente durante los dos mandatos de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2006 y 2007-2010), a fin de identificar en qué medida la agenda internacional brasileña fue afectada desde su categorización como potencia emergente bajo el acrónimo de BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en el año 2003. El análisis parte de la premisa de que la política exterior brasileña, a lo largo de la primera década del siglo XXI, está más que nunca, imBRICada. Más allá de un simple juego de palabras, im“BRIC”ar significa dejar en evidencia la forma compleja en la que interactúan las diversas prioridades de la agenda internacional de un país emergente como Brasil, a veces convergiendo, a veces discrepando.

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El tema del calentamiento global y sus consecuencias pone en el orden del día la discusión sobre la protección y el control de la región amazónica al mismo tiempo que cuestiona la posibilidad del desarrollo sostenible bajo el capitalismo. En Brasil, Lula defiende la Amazonía en palabras, pero en los hechos impulsa una política económica que tiene como prioridad la entrega de los recursos naturales al capital nacional e internacional. ¿A quién interesa la conservación de la Amazonía brasileña?

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El ensayo analiza críticamente la política multilateral del Brasil. La autora sostiene que Brasil se mueve en dos canales y con estrategias diferenciadas en su política multilateral. Por un lado, en el plano global se presenta como un líder regional emergente. Por otro, en el plano regional sudamericano y específicamente en MERCOSUR como una potencia media, que no necesariamente lidera procesos e iniciativas. La autora ofrece una interpretación de esta conducta del Brasil desde la perspectiva de la Argentina.

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El modelo económico y de mercado de las Constituciones de 1978 y 1998, la adopción de una moneda fuerte como el dólar, los procesos aperturistas y de globalización de los mercados y de la propia economía, pero sobre todo la instauración de una “nueva” Asamblea Constituyente, han provocado una revolución frente al sistema económico y de mercado que debe ser incorporado en la nueva “Constitución Económica Ecuatoriana”, nos obliga a definir de manera clara y precisa cual debe ser el papel del Estado frente al mercado, los agentes económicos y sobre todo los consumidores, a través de la respectiva política económica. La situación micro y macroeconómica en relación con el modelo económico y de mercado que ha sido escogido y establecido a nivel constitucional no han sido desarrolladas, reguladas, ni controladas adecuadamente –a través de la ley secundaria respectiva- para hacer frente a las múltiples fallas del mercado. Todo esto con la finalidad de poder dotar de un verdadero instrumento que permita diseñar una auténtica y efectiva política económica estructural –en especial de una política de competencia-, dirigida a lograr que la economía del Ecuador se situé en la senda de un verdadero crecimiento, duradero –sustentable-, competitivo, no inflacionario, generador de empleo, distributivo y no discriminatorio a favor del interés económico general. La realidad de nuestro mercado y economía, hace que resaltemos aún más que, la eficacia de la política de competencia, no depende sólo de su capacidad para encuadrar determinadas conductas como infracciones y resolver determinados problemas de eficiencia a través de correctivos estructurales o de conducta. Sino también tiene que ver con la posibilidad de generar un ordenamiento jurídico que sea aceptado y respetado por todos los agentes económicos, y de contar con Instituciones de control fuertes –autónomas e independientes- capaces de aplicar dicho ordenamiento y que todo esto se sustente en el marco de nuestra constitución económica. Para esto debemos establecer normas de competencia modernas, eficientes, legítimas y eficaces para el Ecuador. Ese es el propósito de este trabajo, el cual pretende recoger información sobre la experiencia internacional para ser tomados en cuenta al momento de su elaboración. Para finalizar, debemos manifestar que asumimos que la Asamblea Constituyente dejará claramente establecido como parte de los derechos fundamentales, el derecho de la competencia, como parte de la política económica y social de nuestro país.

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La situación fiscal constituye uno de los principales problemas por los que atraviesa la economía ecuatoriana, el elevado déficit fiscal es enfrentado con medidas de carácter coyuntural, la insuficiente recaudación de ingresos es cubierta mediante un constante endeudamiento interno y externo o, a través del recorte del gasto público destinado a los sectores políticamente más débiles que, por principio deben ser los beneficiarios de la atención estatal. De esta forma parte de los desequilibrios económicos y sociales se atribuyen a este tipo de conducción de las finanzas públicas.” A partir de la dolarización, la política económica se sustenta fundamentalmente en la política fiscal, considerada instrumento principal con capacidad para mover la economía de un punto de equilibrio a otro, por lo que alcanzar su equilibrio constituye uno de los objetivos primordiales. Se señala que nuestro país, antes de entrar a la dolarización debió reunir condiciones mínimas como la inexistencia absoluta de déficit fiscal y la superación de problemas fiscales estructurales que a través del tiempo han afectado el proceso de ejecución presupuestaria, para lo cual era necesario la aplicación de correctivos que permitan reducir o eliminar estos desajustes. Los desafíos que enfrenta el país a partir de la dolarización, dependen por lo tanto de las reformas fiscales que se implementen, cuyo propósito debe ser, hacer viable y sostenido este proceso y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, buscando equidad y eficiencia en el manejo fiscal. El siguiente trabajo, en términos generales, plantea criterios básicos respecto al funcionamiento de la política fiscal bajo este nuevo esquema, al mismo tiempo a través del análisis de la dinámica fiscal se trata de ubicar las características y los problemas que enfrentaba el Presupuesto del Gobierno Central antes de la dolarización, así como determinar si a partir del año 2000 se han hecho esfuerzos que permitan superar esos inconvenientes, teniendo como propósito fundamental generar condiciones de bienestar en la población.

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Dada la crisis que venía experimentando la economla peruana durante los últimos años del gobierno del presidente Alan García, sobre todo la hiperinflación que distorsionó los precios claves de la economía. El gobierno que asume el mando (el 8 de agosto de 1990), implementó un severo programa económico de ajuste y dio inicio al proceso de reformas estructurales. El programa de estabilización implementado en agosto 1990 tuvo como objetivo fundamental la drástica reducción de la inflación. Las medidas específicas para ello fueron el realineamiento de los precios relativos, la eliminación del déficit fiscal, el control de la base monetaria, la recomposición de las reservas internacionales, la apertura externa y la liberalización de los mercados. Las medidas del proceso anterior llevaron a una fuerte contracción en la demanda agregada, lo que provocó un gran impacto recesivo. Los sectores más afectados fueron aquellos más ligados al gasto interno. Durante los dos últimos años ( 1993-1994), la economía peruana ha mostrado las estadísticas de crecimiento más altas de América Latina. El PIB creció en 6.4% Y 12.9% respectivamente. Sin embargo. pese al crecimiento del PIB, el empleo continuó decreciendo: sector industrial 6,9%, comercio 9.1% y servicios en 3.1%.

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Este trabajo tiene su fundamento epistemológico en las relaciones existentes entre las políticas fiscales como instrumento de gestión macroeconómica, el crecimiento económico sostenido y la estabilidad. Es significativo señalar que la teoría keynesiana tradicional afirma que, en el corto plazo, la política fiscal tiene un efecto positivo sobre el nivel de la actividad económica, a través del multiplicador de los gastos. Por tanto, el gasto público es considerado un instrumento exógeno de política económica, que genera cambios en el nivel agregado del PIB real en el corto plazo y sirve para corregir las fluctuaciones cíclicas de la economía. En el Ecuador, la relación de causalidad entre gasto público y el crecimiento económico es un tema poco consensuado, que requiere un debate académico más profundo y que puede derivar en importantes implicaciones de política económica. Por esta razón, es importante determinar si en el país la política fiscal posee o no efectos keynesianos, en relación a la producción de la economía. Como preámbulo al desarrollo de esta publicación, se presentará una breve descripción de lo que es el Presupuesto General del Estado (PGE) como herramienta contable y auxiliar. Luego se presentan las cuatro secciones en las que se encuentra dividida esta tesis. La primera, examina la política fiscal del gobierno central desde el punto de vista de los ingresos, describiendo su evolución y cuyo análisis determinará sus proyecciones. La segunda parte, se enfoca en los gastos, tratando de establecer cuál ha sido su estructura, sus modificaciones y aplicaciones para lograr los objetivos de gobierno. En la tercera sección se presentan algunas consideraciones finales. En la última se presentan los resultados y las conclusiones.