Periodismo sin garantismo ¿La reaparición de la picota pública?

El presente trabajo se inscribe en el debate acerca del conflicto entre los principios constitucionales de información y protección del honor en el terreno del delito flagrante. se trata de la tensión sobre la situación judicial de las personas aprehendidas o capturadas y el actuar de los medios de comunicación, en la emergente corporativización de la Política criminal (seguridad pública) por la agenda periodística. Es una reflexión de cómo el periodismo y las garantías de los detenidos no comulgan alrededor del principio de presunción de inocencia, en donde el metamensaje de la noticia penal buscaría asilo en el populismo legislativo.

La construcción social del miedo en Sucumbíos

El presente trabajo es un primer acercamiento a la comunidad de Sucumbíos y la nueva realidad que ahora se presenta en la actual coyuntura política, económica y social. Esta provincia, abandonada desde hace décadas por los gobiernos de turno, es la mayor fuente de extracción petrolera, lo que ha causado problemas de contaminación y episodios de abusos en contra de la población civil. Su limite con uno de los sectores más conflictivos de Colombia, en donde operan varios grupos armados, ha provocado también ambiente de tensión e inseguridad. El Plan Colombia, implementado desde 1999, ha tenido como consecuencia la hostilidad hacia los grupos colombianos y muchas veces la persecución y represión, por parte de las autoridades, hacia comunidades ecuatorianas. Cuando la violencia se incrementa, la represión es una amenaza, y la muerte se vuelve cotidiana, la población vive la ruptura de las relaciones sociales. El miedo, un sentimiento que paraliza al ser humano y rompe la solidaridad a cambio de la sobreviviencia, determina que las decisiones o acciones, las formas de comunicarse e inclusive los mismos afectos se trastoquen creando nuevas ciudadanías del miedo, sujetas a él, por el determinadas. La intención de este trabajo es descubrir, a través de la palabra de la gente que ha aprendido a vivir con miedo, desde dónde se ha creado un nuevo tejido social. Leer la ciudad como un texto nacido con la palabra de la gente que la crea y recrea todos los días. Probablemente, a través de su testimonio encontrar la forma de conjurar ese miedo. A mí, por el miedo que me cuesta A mis mujeres, la Mariana, la Alison, la Paula, la Lalita, por el miedo conjurado

Del derecho penal mínimo al derecho penal estratégico una propuesta político, criminal desde el Ecuador

El presente estudio tienen por objeto responder a dos interrogantes: ¿el minimalismo es aplicable a la realidad ecuatoriana? y de haber un problema de incompatibilidad ¿existe un marco conceptual alternativo que permita gestionar la conflictividad criminal de manera efectiva? La importancia de la primera pregunta radica en que esta postura político criminal es la que se ha impuesto dentro del Derecho comparado y en el caso de nuestro país es la postura aceptada en la Constitución, por tanto si la respuesta es negativa, implica que el Ecuador se ha quedado sin un norte para gestionar su criminalidad. La segunda pregunta, conlleva la posibilidad de forjar un esquema conceptual alternativo que permita superar el inmovilismo y populismo en que ha caído la política criminal en las últimas décadas. Su estructura consta de tres libros: Libro I “El Derecho penal mínimo: análisis conceptual”, se enfoca en fijar los ejes conceptuales del minimalismo. El segundo libro “La aplicabilidad del derecho penal mínimo en el Ecuador”, aborda la primera pregunta planteada. Mediante un conjunto de reformas legislativas que han puesto a prueba la capacidad de los gobernantes de disminuir el ámbito de protección penal, revela que en el caso de las normas estructurales para el funcionamiento de la sociedad ecuatoriana los intentos han fracasado de manera sucesiva. El tercer libro “El derecho penal estratégico: una propuesta político criminal desde el Ecuador” aborda la segunda pregunta; sobre la base de una sucesión de rupturas conceptuales se diseña una propuesta político criminal alternativa. El estudio mantiene un profundo vínculo con la realidad tanto en el diagnóstico como en la propuesta político criminal. Constituye una apuesta por construir un marco conceptual basado en experiencias de las dos últimas décadas de nuestro país, para abordar el problema que hoy más preocupa a nuestra sociedad: la criminalidad.

Marco de protección de los derechos humanos: balance en la Región Andina

Este artículo tiene como referente a los derechos humanos, constituidos como parámetro ético mínimo internacionalmente reconocido, anclados en el marco de una discusión histórica, política, cultural y social que no acaba y que no se origina y explica solamente desde el derecho, sino desde las más diversas posibilidades disciplinares y perspectivas que incluyen al género, lo étnico, lo generacional, en fin las diversidades.

Alternative Development in Ecuador: Prospects for Equitable Growth

Realiza un análisis de la economía ecuatoriana y de sus políticas de desarrollo económico como la sustitución de importaciones e impulso a la industrialización interna y los impactos en la economía de los ajustes estructurales y las reformas neolibarales. Estudia las estrategias de desarrollo en el Ecuador incluyendo la dolarización y expone la precaria situación de vida de la sociedad. Analiza la forma en que se distribuye la riqueza en el país y compara su situación económica con otros países de la región, dando a conocer los coeficientes Gini y los niveles de inequidad. Analiza modelos alternativos de desarrollo más equitativos y sustentables para el país. Finalmente estudia el contexto político del país bajo la presidencia de Rafael Correa, su política económica y social, particularmente el desarrollo de la economía solidaria.

La situación jurídico-económica de la libre competencia en el Ecuador

El modelo económico y de mercado de las Constituciones de 1978 y 1998, la adopción de una moneda fuerte como el dólar, los procesos aperturistas y de globalización de los mercados y de la propia economía, pero sobre todo la instauración de una “nueva” Asamblea Constituyente, han provocado una revolución frente al sistema económico y de mercado que debe ser incorporado en la nueva “Constitución Económica Ecuatoriana”, nos obliga a definir de manera clara y precisa cual debe ser el papel del Estado frente al mercado, los agentes económicos y sobre todo los consumidores, a través de la respectiva política económica. La situación micro y macroeconómica en relación con el modelo económico y de mercado que ha sido escogido y establecido a nivel constitucional no han sido desarrolladas, reguladas, ni controladas adecuadamente –a través de la ley secundaria respectiva- para hacer frente a las múltiples fallas del mercado. Todo esto con la finalidad de poder dotar de un verdadero instrumento que permita diseñar una auténtica y efectiva política económica estructural –en especial de una política de competencia-, dirigida a lograr que la economía del Ecuador se situé en la senda de un verdadero crecimiento, duradero –sustentable-, competitivo, no inflacionario, generador de empleo, distributivo y no discriminatorio a favor del interés económico general. La realidad de nuestro mercado y economía, hace que resaltemos aún más que, la eficacia de la política de competencia, no depende sólo de su capacidad para encuadrar determinadas conductas como infracciones y resolver determinados problemas de eficiencia a través de correctivos estructurales o de conducta. Sino también tiene que ver con la posibilidad de generar un ordenamiento jurídico que sea aceptado y respetado por todos los agentes económicos, y de contar con Instituciones de control fuertes –autónomas e independientes- capaces de aplicar dicho ordenamiento y que todo esto se sustente en el marco de nuestra constitución económica. Para esto debemos establecer normas de competencia modernas, eficientes, legítimas y eficaces para el Ecuador. Ese es el propósito de este trabajo, el cual pretende recoger información sobre la experiencia internacional para ser tomados en cuenta al momento de su elaboración. Para finalizar, debemos manifestar que asumimos que la Asamblea Constituyente dejará claramente establecido como parte de los derechos fundamentales, el derecho de la competencia, como parte de la política económica y social de nuestro país.

Relaciones de poder y estrategias de resistencia: proceso de modernización urbana en Quito, 1895-1932

Partiendo de la requisitoria de emprender estudios desde la academia que den cuenta de la problemática urbana, la presente tesis indaga las relaciones de poder en un contexto histórico problemático y de importantes transformaciones de la sociedad ecuatoriana. La investigación, en tal sentido, se enfoca sobre el proceso de modernización urbana de la ciudad de Quito entre los años 1895-1932. El objetivo principal, que guía la interpretación, es mirar sobre la escena urbana la superposición, yuxtaposición y re-significación de mecanismos tradicionales de ejercicio del poder y de dispositivos modernos de control social. En atención al objetivo planteado, la pregunta que surge como vertebradora del desarrollo de la investigación es ¿cómo se expresan discursivamente las relaciones de poder y las estrategias de resistencia sobre la escena urbana?, sin embargo, para dar respuesta a la interrogante planteada y considerando, además, el contexto de transición política, económica y social de la ciudad de Quito a inicios del siglo XX, se puede pensar en la posibilidad del desplazamiento y continuidad de los dispositivos de dominación del campo a la ciudad. Esta última observación, pensada como hipótesis, articula el texto en una propuesta de entendimiento del fenómeno urbano que considera un continuum de análisis tanto la realidad del campo (rural) como de la ciudad (urbano).

El principio de lesividad en las sentencias de drogas

Bajo una política de control social dirigida desde la “guerra contra las drogas” que lidera Estados Unidos de Norteamérica, nuestra legislación antidrogas ha asumido la tarea de punirlo todo, creando falsas concepciones sobre una sociedad de riesgo. Una legislación que transgrede la Constitución y violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la falta de análisis del principio de lesividad en la conducta tipificada como tenencia o posesión de drogas, que más allá de no solucionar el problema del consumo, termina siendo la figura ideal para cubrir desde la venta hasta el mismo consumo, criminalizando al eslabón más frágil de toda la cadena. El seguimiento de estas políticas ha creado verdaderos aparatos estatales de represión que coexisten, siendo los cuerpos de policía quienes deciden sobre culpabilidad o inocencia desde el mismo momento de la detención. Fiscales y juzgadores bailan al son que tocan esos cuerpos policiales, los que ejercen también una función de control hacia los operadores de justicia. Toda esta política de un Estado policía, lleva a sentencias rara vez argumentadas, muy pobres en análisis doctrinario y principios rectores del proceso, sin existencia de una posición crítica de los jueces frente al bien jurídico que realmente desean proteger; crean un bien jurídico abstracto como la salud pública para acogerse de él y justificar la aplicación de penas desproporcionadas al delito e incluso a la cantidad de la sustancia encontrada en poder del procesado.

La representación pública de la homosexualidad y el desprestigio político en el Ecuador: estudio de dos casos en medios escritos de comunicación masiva; 1963-4 y 2009

El interés político de este trabajo investigativo ha sido poner en evidencia y analizar los discursos sociales descalificativos acerca de la homosexualidad masculina en medios escritos de comunicación masiva en dos estudios de caso: 1963-4 (revista La calle) y 2009 (dos periódicos de difusión nacional y en la red social satelital) como límites del derecho al ejercicio político democrático. Situación que se debe a la violencia, la desigualdad política, la desprotección social y civil que han padecido los varones homosexuales _o quienes han sido nombrados como tales_ y la injusta discriminación de la opción sexual, utilizada como mecanismo de desprestigio ético profesional dentro de la contienda política ecuatoriana. Consecuencia de los prejuicios construidos históricamente; los cuales, se han asentado principalmente en las construcciones sociales y culturales que regenta la sociedad ecuatoriana de corte heteropatriarcal cargada de preceptos de matriz judeo cristiana.

Análisis comparativo de la experiencia de participación ciudadana que ejecutan la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi y Encuentro Ciudadano Cantonal de Otavalo, en el periodo 2005‐2009

¿Las experiencias de participación ciudadana ejecutadas en Cotacachi y Otavalo, en el período 2005‐2009, previo al nuevo marco político y constitucional ecuatoriano, han fortalecido la relación Sociedad‐Estado?, es el cuestionamiento al que refiere el presente documento, cuando las administraciones municipales de estos dos cantones iniciaron el referido proceso, alineados a la filosofía de inclusión social y ampliación democrática, conceptos abanderados por los denominados gobiernos locales “alternativos” , liderados por el Movimiento Pachakutik. A la luz de algunas aproximaciones teóricas en torno a la participación ciudadana: mecanismos, institucionalidad, autonomía, capacidad política y gestión social, se establece un debate con el ejercicio del proceso en los dos cantones, a fin de obtener un balance de la implementación y fortalecimiento de espacios ampliados de discusión y toma de decisiones; así como el grado de involucramiento, reconocimiento e identificación de la ciudadanía con éstos. En esa línea, interesa visualizar que caracteriza a la experiencia participativa de los cantones que se estudia; su incidencia en la generación de políticas públicas, su grado de sostenimiento aún en condiciones adversas a las de su nacimiento, el nivel organizativo de la sociedad civil, lo que posibilita un análisis comparativo del ejercicio de esta práctica, cuando la normativa vigente no clarificaba ni exigía el impulso a la participación ciudadana.

El cumplimiento de los parámetros del debido proceso en el procedimiento directo del Código Orgánico Integral Penal

Con la evolución del derecho penal, han surgido dos grandes tendencias extremadamente opuestas entre sí y que se han arraigado en el pensamiento penal mundial, y que de acuerdo a la política criminal de cada Estado, para el ejercicio de su poder punitivo, han sido implementadas con el fin de alcanzar los objetivos en materia de delincuencia y seguridad. Estas grandes tendencias son: Eficientismo y Garantismo. El garantismo penal busca controlar el poder punitivo del estado frente a los ciudadanos, y el eficientismo penal intenta luchar contra la impunidad a toda costa, inclusive llegando a desconocer las garantías de los procesados. Con la promulgación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, y la implementación de instituciones como el procedimiento directo, el sistema penal ecuatoriano busca conciliar el respeto a las garantías del debido proceso con la eficiencia judicial, pensando no solo en los derechos del procesado sino en los derechos de las víctimas. El procedimiento directo es un procedimiento sumarísimo, que concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario en una sola audiencia, obteniendo una sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia en 10 días. Este procedimiento se justificó por la necesidad de dar celeridad y simplificación al proceso penal, y así tratar de reducir las causas represadas en los juzgados y tribunales de nuestro país. No obstante, también se debió analizar las afectaciones que la aplicación de dicho procedimiento podría causar a derechos constitucionalmente reconocidos como: defensa, presunción de inocencia, igualdad de armas y contradicción. En cuanto al derecho a la defensa, no es posible ejercer adecuadamente este derecho en apenas 10 días; en cuanto a la igualdad de armas, a pesar de que existe ya un desequilibrio institucional entre el órgano acusador y la defensa, ésta desigualdad se merma aún más con la restricción de varios derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en cuanto al contradictorio, no es suficiente que se lo pueda ejercer en la audiencia de juicio, cuando los elementos probatorios que van a obtener la calidad de prueba, son recabados en la etapa de instrucción fiscal, y por último y como consecuencia de lo anterior, si atenta contra estos derechos pues evidentemente se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.

La frontera global. Análisis de los flujos de narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana

El texto trata la situación de la zona de frontera norte ecuatoriana, identificando que históricamente Ecuador es el único país que ha desempeñado un papel diferencial en la economía política del narcotráfico en los países andino-amazónicos; esto en el contexto de las guerras globales contra el narcotráfico y el terrorismo relacionadas directamente con los flujos transnacionales de narcotráfico. Desde esta perspectiva se presenta una propuesta analítica e interpretativa sobre la economía política del narcotráfico, haciendo referencia a los flujos transfronterizos de narcotráfico, manifestación mediante la cual, la compleja frontera norte-ecuatoriana se relaciona con el sistema industrial de droga que se desarrolla en los países andinoamazónicos insertándose a los circuitos y redes ilegales de la economía política internacional del narcotráfico. El establecimiento de una red de flujos transfronterizos de narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana, constituyen la agudización de la consecución y la expansión del mercado de producción y tránsito de droga en la zona de frontera colombo-ecuatoriana. Con consecuencias problemáticas que agravan las condiciones sociales y de seguridad ciudadana de las poblaciones transfronterizas, las condiciones de corrupción y desintegración política, institucional y social.