Límites y posibilidades para las políticas públicas de regulación de los flujos migratorios: el caso de Guatemala 2000-2008

El propósito central es demostrar si en Guatemala existen políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, en situación "regular" o "documentada", así como el tratamiento que reciben los migrantes en calidad "irregular" o "indocumentados, tomando en cuenta que el país reúne las tres categorías: origen, tránsito y destino. Para lograr este propósito se ha tenido a la vista tres objetivos principales que se resumen en: a) Conocer las políticas y acciones de las instituciones de gobierno así como de las Organizaciones no Gubernamentales conocidas comúnmente como ONG, dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes, b) Hacer un examen de la situación de los derechos humanos de los migrantes y la normatividad internacional y nacional, c) Examinar los resultados de las acciones de gestión gubernamental en el área bilateral y multilateral, con el fin de asegurar un respeto a los derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México. Por los razonamientos anteriores, la tesis se concentra en analizar la situación de los migrantes "documentados" e "indocumentados en Guatemala y su paso por México así como su situación Estados Unidos, estableciendo una relación directa entre los instrumentos nacionales e internacionales, también entre las acciones de los gobiernos frente a los constantes abusos, malos tratos, violaciones sexuales, humillaciones, torturas, persecución, detención, secuestros e incluso asesinatos, entre otros hechos, que merecen especial atención. En Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo hay una creciente ola de migrantes, pero a la vez los Estados han establecido mecanismos cada vez más represivos, llegando al extremo de la criminalización, un prejuicio peligroso contra un migrante "ilegal" o "indocumentado" al tratarlo como "criminal" o "terrorista". Para Guatemala, el tema de los migrantes en otros países es de fundamental importancia por el aporte económico que brindan a través de sus remesas, por ello, se presenta una sección de conclusiones y recomendaciones al gobierno de Guatemala con el fin de reforzar, incluso de reformular políticas que alivien los sufrimientos de los migrantes que transitan por el país y a la vez que logre plantear planes y programas objetivos hacia México y Estados Unidos en su relación bilateral. También se quiere aportar con el medio profesional, académico y estudiantil.

El proceso penal desde las víctimas

La propuesta que se plantea en este trabajo pretende contribuir a generar un cambio ideológico que se concrete en una estructura procesal alternativa a la tradicional, comprensiva del hombre, que posibilite la introducción de instrumentos que permitan la intervención activa y protagónica de las víctimas, y alcanzar una solución efectiva del conflicto que subyace al delito. Se formula como los sistemas penales de hoy han despojado de su conflicto a las víctimas del delito siendo usurpada su posición por un Estado vindicativo que dirige toda su atención a la persecución y sanción del autor del delito olvidando que el fenómeno criminal es incomprensible sin la presencia de las víctimas. El Derecho Penal moderno ha estado marcado por el olvido del otro, por los derechos pendientes de los vencidos, por la indiferencia ante el sufrimiento. Las coordenadas que se formulan desde la Filosofía, el Derecho Penal, la Criminología y la Victimología, imponen la necesidad de repensar el Proceso Penal en función del ser humano (víctimas y victimarios), de su protección, de sus necesidades y expectativas, como un mecanismo potencial para la transformación de los conflictos. Al hablar de una nueva dimensión del Proceso Penal se realiza un recorrido por los conceptos básicos sobre el proceso, teniendo como punto de referencia las víctimas del delito, a través de una lectura que permita buscar contenidos que lleven a la construcción del Proceso Penal desde una nueva dimensión, para entenderlo como un escenario en el que se desarrolla un encuentro interhumano, afectante y conflictivo, entre las víctimas, la sociedad por y con sus representantes y los victimarios, el cual se orienta a la recreación de nuevas formas de convivencia futura. Referente al Proceso Penal desde y hacia las víctimas, donde se concreta la propuesta de esta investigación, se trata de una invitación a un cambio de la estructura procesal penal, con el fin de establecer un enfoque alternativo tradicional, determinado por tres características fundamentales: comunicativo, resolutivo y re-creador. De igual manera se hace posible la introducción de un instrumento humanizador como es el principio de oportunidad, que garantice la intervención activa de las víctimas en orden a la humanización del proceso, constituyendo un espacio procesal adecuado para la reparación a las víctimas y la resolución consensuada del conflicto.

El rol del fiscal en el procedimiento penal abreviado

En Ecuador, la vigencia del código de procedimiento penal a partir de 2001 ha permitido la implementación del sistema acusatorio oral que desplazó al viejo modelo inquisitivo y asignó nuevos roles a los participantes en el proceso penal, dejando en manos de la Fiscalía la investigación, en tanto que la decisión quedó en poder de la Función Judicial. De esta manera se trastocó el mundo jurídico en materia penal y la mentalidad de Jueces, Fiscales, Abogados y principalmente la ciudadanía. Concomitante a este nuevo sistema surge el principio de oportunidad como un mecanismo de selección de casos para privilegiar la persecución penal más grave. Uno de estos mecanismos es el procedimiento abreviado que simplifica la estructura del proceso penal ordinario, para obtener en un tiempo razonable, con un despliegue menor de recursos por la Fiscalía, una sentencia condenatoria mínima, que a los ojos de la ciudadanía resulte aceptable tanto en función de tiempo como en la percepción de celeridad y eficacia del sistema judicial penal. Si bien las cifras oficiales dan cuenta del escaso margen de aplicación del procedimiento abreviado, esto se origina en la falta de fortaleza de la Fiscalía en su actividad investigativa por el pobre estándar de prueba científica a cargo de Policía Judicial, la resistencia ius normativista de los Jueces y Tribunales Penales, el desconocimiento de Abogados y defensores públicos, etc.

Regresión laboral en el Ecuador y sus consecuencias: gobierno de Rafael Correa

Este artículo centra su análisis en la vigencia de los derechos sindicales y laborales en el Ecuador. Durante el gobierno de Rafael Correa se han impulsado una serie de contrarreformas que afectan los derechos sindicales y laborales de los trabajadores y trabajadoras. Se vive un estado de inseguridad, indefensión y persecución que pone en riesgo la existencia de las organizaciones sindicales y las posibilidades de defensa de lo público frente a la amenaza neoliberal. Los problemas de desempleo y subempleo se han agravado haciendo cada vez más lejano el sueño de la construcción de una sociedad justa y equitativa, garante de derechos, dando lugar a la aparición de una segunda etapa de desregulación y flexibilización laboral.

Estudio de los aspectos teórico-prácticos del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y su prueba en el proceso penal acusatorio (Tema Central)

El delito de trata de personas es considerado como un tema de interés actual para la sociedad, en vista de que se encuentra catalogado como la nueva forma de esclavitud moderna, el entender que el término “trata” el término oficial utilizado por Naciones Unidas para hacer referencia al comercio de seres humanos y a la explotación por parte de terceros a estos, especialmente en los ámbitos: sexual, laboral, militar, religioso e incluso familiar, ha permitido que nuestro país, debido a los compromisos adquiridos con la comunidad internacional, adopte el principio de la debida diligencia para implementar políticas destinadas a la prevención, persecución y protección en esta clase de delito, y que cada vez su estudio y conocimiento general se debe incrementar para evitar que existan más víctimas de un delito de lesa humanidad, como está considerado la trata de personas.

La construcción social del miedo en Sucumbíos

El presente trabajo es un primer acercamiento a la comunidad de Sucumbíos y la nueva realidad que ahora se presenta en la actual coyuntura política, económica y social. Esta provincia, abandonada desde hace décadas por los gobiernos de turno, es la mayor fuente de extracción petrolera, lo que ha causado problemas de contaminación y episodios de abusos en contra de la población civil. Su limite con uno de los sectores más conflictivos de Colombia, en donde operan varios grupos armados, ha provocado también ambiente de tensión e inseguridad. El Plan Colombia, implementado desde 1999, ha tenido como consecuencia la hostilidad hacia los grupos colombianos y muchas veces la persecución y represión, por parte de las autoridades, hacia comunidades ecuatorianas. Cuando la violencia se incrementa, la represión es una amenaza, y la muerte se vuelve cotidiana, la población vive la ruptura de las relaciones sociales. El miedo, un sentimiento que paraliza al ser humano y rompe la solidaridad a cambio de la sobreviviencia, determina que las decisiones o acciones, las formas de comunicarse e inclusive los mismos afectos se trastoquen creando nuevas ciudadanías del miedo, sujetas a él, por el determinadas. La intención de este trabajo es descubrir, a través de la palabra de la gente que ha aprendido a vivir con miedo, desde dónde se ha creado un nuevo tejido social. Leer la ciudad como un texto nacido con la palabra de la gente que la crea y recrea todos los días. Probablemente, a través de su testimonio encontrar la forma de conjurar ese miedo. A mí, por el miedo que me cuesta A mis mujeres, la Mariana, la Alison, la Paula, la Lalita, por el miedo conjurado

Contextos de oralidad en los relatos de bandidos: Tauras en Manabí

La República del Ecuador hacia mediados de la década de los 60 se caracterizaba por una estructura productiva de estrecha diversificación, un horizonte industrial limitado, mercado interno reducido y una actividad agropecuaria predominante. Bajo estas circunstancias las clases subalternas, constituidas por campesinos asalariados agrícolas y por una población urbana mayoritariamente desocupada, presentaban un panorama de pobreza y abandono extremos, mientras la riqueza económica y predial se concentraba en un grupo minúsculo de terratenientes y políticos, cuyos intereses negaban la necesidad de la educación, la salubridad y la comunicación a la población. Una época de convulsiones y desorientaciones políticas y sociales que sumían al Ecuador en el caos, la corruptela administrativa y el fanatismo político por espacio de cuarenta años, durante los cuales un caudillo llegó a ser elegido cinco veces presidente de la República, asimismo depuesto cuatro y enviado al exilio, lo que produjo una cadena de interinazgos en el poder entre 1934-1935, 1944-1947, 1952-1956, 1960-1961 y 1968-1972. La tradición oral, en forma de relatos especialmente, conserva la memoria del surgimiento de los grupos antagónicos, primero en espacios reducidos y familiares que luego fueron creciendo y constituyéndose en amenaza al poder gubernamental sobre sus representantes en los pueblos y capitales de provincia. Con el nombre de Banda de Tauras se conoció al grupo de bandoleros compuesto por elementos rurales de Manabí. Su existencia arranca en los años precedentes a la década de los 40 a partir de situaciones de índole doméstico y su acción se proyecta, con alcances sociales, hasta fines de los 60, coincidente con el apogeo de la etapa política denominada "velasquismo" (1934-1972) con el Dr. José María Velasco Ibarra, a la cabeza. El líder o jefe más importante de la banda, don Pastor Ramón Tuárez Loor, de origen rural manabita (Los Laureles, parroquia Pueblo Nuevo, cantón Portoviejo) fue ajusticiado en el campo por el Batallón Febres Cordero, mecanismo defensivo y represivo de la norma, de ascendencia gubernamental. El grupo, como otros, desapareció a través de la persecución y el ajusticiamiento de la mayoría de sus miembros, mientras el resto se dispersó por la geografía del país. El trabajo está dividido en tres capítulos. El primero, dedicado a la novela regional manabita a través de las que hemos citado, explora las diferentes formas de presencia de la oralidad en el discurso novelesco, insistiendo especialmente en los aspectos fonético, auditivo y sintáctico del lenguaje oral reflejado en la textura novelesca. El capítulo segundo está dedicado al relato de raíz oral sobre personajes y acciones de la Banda de Tauras e incorpora en su análisis los cuatro relatos citados que pertenecen a incipientes narradores dentro del sistema escriturario. Esta circunstancia -la de incipientes escritores- otorga una hermosa candidez oral a sus relatos haciéndolos accesibles a un análisis dialectológico de la narración oral llevada a la escritura y la persistencia de la oralidad en la escritura. Al final, introducimos una propuesta de análisis del relato de raíz oral a partir de la perspectiva teórica de Maijail Bajtín, especialmente sobre la incidencia de la heteroglosia social y la estilización porodial en el relato. Finalmente, el capítulo tercero aborda los aspectos orales de la comunidad rural relacionados con su visión del mundo, es decir, sus conceptos y percepciones, y su incidencia en la vida sociocultural, reflejados y representados en la ficción a través de las narraciones escogidas.

Límites y alcances del delito de enriquecimiento ilícito

Este trabajo se dirige a establecer además de las falencias sustantivas y procesales qué otra clase le afectan, que no han permitido ejercer en forma idónea la persecución del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarias o funcionarios públicos; con ese fin se analizará en forma cuantitativa como cualitativa las sentencias y autos de la Corte Nacional de Justicia, emitidas en procesos sustanciados durante el período de diez años, de 2001 a 2010. La investigación está estructurada en dos capítulos: en el primero se exponen los antecedentes del ilícito, las convenciones internacionales que lo tratan, la estructura, los elementos que lo conforman; si la norma cuenta con validez, vigencia, efectividad; cuál de ellos es cuestionable; analizamos la autonomía y la subsidiariedad de este tipo penal. El segundo capítulo trata sobre el proceso administrativo previo a cargo de la Contraloría, sus falencias; el monto de los casos que no merecieron pasar de la fase de indagación, debiendo sancionarse en forma administrativa o pecuniaria; la investigación administrativa, el informe con indicios de responsabilidad penal y su relación con la actividad de la o el fiscal, en el inicio de la acción penal; y, con los tribunales; las resoluciones con fuerza obligatoria de la Corte Nacional de Justicia, relacionadas con el tema. La denuncia como forma de iniciar la investigación, los casos iniciados por ese medio; los principios que rigen la investigación; la defensa técnica penal; la formulación de la teoría del caso, su presencia en los procesos estudiados; el juicio. El principio o valoración de la prueba, la utilidad de la dogmática penal en la prueba, en el desarrollo de la jurisprudencia. De la investigación se concluye: que los límites están en el respeto de los principios, derechos y garantías constitucionales; que la Constitución de 2008 ha ampliado el poder punitivo del tipo penal enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos; que el escaso número de procesos iniciados y resueltos permite cuestionar su eficacia; y, que es recomendable estructurar un nuevo tipo penal sobre esa conducta, que no menoscabe el principio de inocencia.

La revolución ciudadana y los trabajadores

Presenta la política laboral del gobierno en el sector público, evidenciando una tendencia regresiva en el ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga en el sector público. Denuncia los despidos masivos, hostigamiento, persecución y criminalización y las reformas jurídicas regresivas en materia de derechos sindicales y laborales. Establece los elementos de una política laboral progresista que respete íntegramente la libertad y estabilidad sindical a fin de respetar la negociación colectiva y al derecho de huelga como derechos humanos fundamentales.

La huelga de la Universidad Central y la disputa por la autonomía universitaria en marzo de 1939

La presente investigación indaga sobre uno de los acontecimientos más relevantes de la década de los 30 del siglo pasado, como es la Huelga de marzo del 39. Dicho acontecimiento se dio en una coyuntura política compleja, marcada por el regreso al poder de la burguesía liberal, representada en el gobierno de Aurelio Mosquera Narváez, que se caracterizó por su beligerancia a los sectores sociales y su persecución a los dirigentes de izquierda. Una de sus medidas fue la reorganización de las universidades mediante la promulgación de una disposición transitoria a la Ley de Elecciones que dejaba vacante los puestos públicos de periodo fijo. Esta disposición puso en debate uno de los derechos propios de la Universidad como es la autonomía universitaria, consignada por primera vez en el año de 1925. Como consecuencia de esta disposición transitoria, las cátedras universitarias quedaron vacantes, el Ministerio de Educación procedió a nombrar nuevos docentes, excluyendo de estos nombramientos o a profesores de militancia socialista. Este hecho fue interpretado por los estudiantes como una violación a la autonomía del centro de estudio y provocó que el 16 de marzo el Consejo Universitario deje de funcionar y los estudiantes se tomen las instalaciones de la Universidad y declaren la huelga. Frente a estos acontecimientos, otros sectores sociales como los maestros, obreros y textiles, eléctricos y transportistas mostraron su solidaridad y procedieron a plantear sus propias reivindicaciones, declarando una huelga general los días 21 y 22 de marzo y formando el autodenominado Frente de Estudiantes-Maestros-Trabajadores. El resultado final fue una profunda agitación social en las calles, la que obligó al Estado a utilizar su fuerza coercitiva y a declarar ilegal lo actuado por los sindicatos. Este hecho tuvo profundas repercusiones en los dirigentes gremiales, en la firma de contratos colectivos y en la creación de una alternativa educacional que fue la Universidad libre.