41 resultados para Organización Social y Política

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El conflicto político que actualmente se vive en Venezuela ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de lo que suele denominarse “polarización social”; puede definirse como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los “bandos” que participan de un conflicto. Dicho posicionamiento es excluyente, es decir, cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras, generalmente con una fuerte carga emocional que involucra la vida personal dentro del conflicto político. La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de “la deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo” que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía. De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.

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Si uno mira el funcionamiento del sistema penal de cualquiera de nuestros países, se va a encontrar con una realidad realmente desgarradora. ¿Es casual que la mayoría de gente que habita en nuestras cárceles sea pobre? ¿Existe alguna explicación y justificación para este fenómeno social? ¿Tiene relación la organización social y política con el funcionamiento del sistema penal? ¿Cómo se caracteriza a un derecho penal consistente con estado constitucional de derechos? Para abordar estas preguntas, en un primer momento y a lo largo de este ensayo, utilizando fuentes confiables y objetivas, se demostrará que quienes son víctimas del sistema penal son las personas más pobres. En un segundo momento se realizará un análisis doctrinario sobre este fenómeno y se pretenderá demostrar que no existe justificación razonable, desde algunos parámetros (la democracia, la igualdad, la proporcionalidad y la justicia,) para tolerar tanta violación a los derechos humanos, para concluir sobre su inaceptabilidad de este patrón estatal tolerado socialmente dentro de un marco constitucional de derechos. Finalmente, después de tanta crítica, se presentarán algunas pautas para pensar en un derecho penal distinto. Para efectos de este ensayo, justicia penal y sistema penal se utilizarán indistintamente. Se entenderá como tales el conjunto de elementos que la conforman y la manera de operar actualmente, que es un modelo basado en el encierro como idea central y en formas represivas de manifestación. Entre los elementos, tenemos al derecho penal, configurado por las leyes penales, procesales y de ejecución de penas; a los actores en sus distintas agencias, incluido políticos, policías, militares, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias; y a los momentos por los que atraviesa una persona sometida al derecho penal, que van desde la detención, pasando por el proceso y terminando en el encierro.

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El 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2014 el gobierno nacional debió afrontar dos movilizaciones convocadas por las centrales sindicales nacionales en contra de las reformas laborales previstas en el nuevo Código del Trabajo preparado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Como en otras ocasiones, el partido de gobierno organizó “contra-manifestaciones” de sus partidarios y orquestó una poderosa campaña de publicidad en la que cuestionó la legitimidad de las protestas y las acusó de desestabilizadoras. La contra – manifestación del 17 de septiembre se convocó en el centro de Quito y se presentó como una fiesta, con presentación musical y discursos de presidente. La contra – manifestación a la protesta del 19 de noviembre se convocó días antes, el 15 de noviembre, en conmemoración de la masacre de 1922, en la ciudad de Guayaquil y fue aprovechada para presentar al público un proyecto de reformas al Código del Trabajo que se tramitará en la Asamblea Nacional.

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La investigación que planteamos pretende visualizar, en un período histórico corto, los mecanismos utilizados por el Estado para lograr el reconocimiento político de la comunidad internacional, ya sea a través de la suscripción de Tratados Comerciales, al establecimiento de relaciones diplomáticas o la apertura de oficinas consulares, entre otros. Simultáneamente, la investigación se propone utilizar el manejo de la Política Exterior como uno de los vehículos para entender la organización del Estado. Los principales objetivos de esta investigación se encaminan primeramente a lograr un esquema claro de la configuración burocrática a inicios de la República, poniendo énfasis en lo que toca a la institucionalidad de las Relaciones Internacionales, para lo cual, recreamos de manera particular la composición burocrática del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores en su estructura interna y externa. En segundo lugar, esta investigación se propone definir las estrategias aplicadas por el Estado para lograr el reconocimiento internacional de su soberanía, así como para propiciar vínculos comerciales con diversas naciones.

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Analiza la brecha entre la Constitución garantista de derechos, las resoluciones de la Asamblea Constituyente de amnistías a defensores de derechos humanos y de la naturaleza y la política de criminalización de acciones de resistencia. Presenta los ámbitos en que se manifiesta la criminalización, y la configuración de un patrón de represión y criminalización desde el Estado y/o empresas o personas particulares ante la profundización del modelo extractivista de la naturaleza.

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El artículo es un análisis de la crisis económica que mira hacia sus efectos sobre las relaciones de clase social. Se comprueba que la desigualdad ha crecido de manera importante en Norte América y Gran Bretaña en la época neoliberal, y se sugiere que, desde la perspectiva del consenso político actual, la tendencia se agudiza. El posible efecto sobre el orden social poscrisis y su impacto sobre la política, están en discusión.

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Esta tesis ha intentado describir cómo se construyen y estructuran los discursos mediáticos sobre la política. Ha buscado evidenciar la forma en que los medios moldean el discurso político, usando para ello el poder económico y social, pero sobre todo el simbólico con el que cuentan. Se ha tomado como estudio de caso al diario El Comercio del Perú durante la última campaña electoral realizada en el año 2011, en razón de que este medio lidera el más poderoso conglomerado mediático de ese país. En esta investigación se hace un análisis interpretativo de los titulares y los artículos editoriales en la perspectiva del análisis crítico e histórico del discurso, lo cual permite visibilizar cómo a través de prácticas discursivas opera el poder mediático.

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Entre los años 1929 y 1933, los maestros, los operarios y los aprendices de los talleres artesanales quiteños ingresaron en la política nacional en medio de la multitud que ocupaba los espacios públicos. Construyeron una agenda política con demandas específicas y generales para expresar su identidad y sus aspiraciones. Utilizaron diversas formas de lucha, como asambleas, peticiones y demandas a las autoridades; y participaron en elecciones locales y nacionales, movilizaciones, huelgas parciales, huelgas generales y la acción armada para interpelar a las élites y enfrentarse al Estado. Así contribuyeron al proceso de formación histórica de la clase obrera ecuatoriana. Aquí unas páginas sobre esta historia, escritas en diálogo con periódicos de la época, hojas volantes y otros documentos, contestimonios de testigos y con los aportes realizados por quienes se han ocupado del tema, desde la historia y otras ciencias sociales.

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Enrique Males es un músico kichwa Imbaya autor de una musicalidad con una dimensión espiritual y política que llaman a la sensibilidad y conciencia del ser humano desde la cultura y la sabiduría andina. Su arte se constituye en un referente cultural del país, al proyectar una sonoridad ancestral andina en el espectro sonoro contemporáneo, empleando instrumentos musicales que han viajado a través del tiempo para conformar un canto propio que identifica dignamente y con integridad al pueblo indígena. El presente trabajo pretende determinar los aportes del canto de Enrique Males en los ámbitos de lo cultural, lo social, lo político y lo espiritual; mediante un acercamiento desde los Estudios de la Cultura a su carrera musical. La investigación empleó metodológicamente el análisis bibliográfico y discográfico. En el trabajo de campo se empleó la entrevista en profundidad y la descripción etnográfica. La observación participante fue importante en las presentaciones del cantautor. El canto de Enrique Males es un canto comprometido con la lucha social e histórica de su pueblo. Debido a la discriminación y el racismo que ha palpado personalmente, su música aclama a la rebeldía y al levantamiento de un pueblo milenario por la transformación de un sistema excluyente, por la insurgencia ante una colonialidad impuesta, por el respeto a la vida, y por los derechos universales de la humanidad. Su práctica musical está cargada de un simbolismo que mantiene un sentido ritual y ceremonial. La espiritualidad que proyecta hace referencia a la cosmoexistencia y cosmoaudición del mundo andino; en el cual la música es un canal de comunicación y de interrelación entre el mundo exterior e interior del sujeto, entre la naturaleza y el ser humano. Su canto reafirma una manera de ser, de estar, de pensar y de sentir desde la diversidad; proveyendo de elementos constructores de identidad. Sus composiciones revitalizan la cultura andina permitiendo un ejercicio de interculturalidad musical, generando un espacio de resistencia ante un intento homogeneizante de una cultura etnocentrista.

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La Constitución de Montecristi de 2008 significó una ruptura con los paradigmas constitucionales y económicos clásicos predominantes en el mundo al crear y diseñar nuevos paradigmas de entender el sistema económico, basados en valores éticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar público y, sobre todo, la interconexión e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema económico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos más significativos en los campos jurídico-institucional y económico de la Constitución de Montecristi son el haber establecido el Sistema Económico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecución de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino también de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema económico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrática, donde las necesidades y deseos legítimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores económicos (públicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactúan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, más no su ente regulador. Este nuevo modelo económico requiere de un renovado paradigma de Estado, es así que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofía común que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economía, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.

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El derecho a la participación social en el procedimiento legislativo es una expresión de la democracia participativa y deliberativa y contribuye al cumplimiento de la responsabilidad estatal de adecuar materialmente todo proyecto de ley a la Constitución y a los estándares de protección de los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. A partir de un diálogo interepistémico entre los conocimientos y las prácticas de la democracia de la comunidad indígena, con los conocimientos occidentales del derecho, de la teoría política y de la perspectiva decolonial, se evidencia el origen y evolución histórica de este derecho, así como los mecanismos para alcanzar su pleno ejercicio ante las limitaciones del contexto planteadas por el modelo económico capitalista y el patrón de poder colonial. Luego del abordaje de los alcances y limitaciones del marco constitucional, legal y reglamentario del derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se evalúa su aplicación en la génesis legislativa de la Ley de Minería, evidenciando las razones que de terminaron su impugnación por inconstitucionalidad y el rol de la Corte Constitucional al actuar sobre el tema. Ante la ausencia del respeto al derecho a la participación en el procedimiento legislativo, se propone institucionalizar el mecanismo de control previo de constitucionalidad de proyectos de ley por parte de la justicia constitucional.

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Esta tesis se constituye en una lectura transversal de los aportes epistemológicos y metodológicos de la recuperación colectiva de la historia a los debates recientes en torno al pensamiento crítico latinoamericano y a la memoria social. Desde el análisis de estos aportes que surgieron en América Latina en las décadas de los setenta y ochenta bajo la influencia particular de Orlando Fals Borda y Paulo Freire y en experiencias como la de CEDHIP en Perú, la tesis busca, por medio de la “autoindagación en la memoria colectiva”, avanzar en la construcción de una “memoria del desprendimiento”. Al introducir ambos conceptos de autoindagación y desprendimiento, la tesis pretende cuestionar la fragmentación que el pensamiento de Occidente estableció entre el sujeto y el espacio y entre el cuerpo y el lugar, así abriendo caminos a la construcción de proyectos que en el campo de la memoria social se contemple a los sectores subalternos como parte de una apuesta epistémica distinta, que se interrogue por el impacto que desde la colonialidad se ha producido en los distintos ordenes del poder, del saber y del ser.