7 resultados para Niños y guerra

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Esta investigación busca dar cuenta del estado de cumplimiento del derecho a la educación a partir del principio de igualdad y no discriminación de los niños y niñas colombianos/as en condición de refugio en Ecuador. El derecho a la educación posibilita la disminución de las brechas sociales a partir del cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del Estado, implica el principio de igualdad y no discriminación durante todo el proceso educativo. Colombia sufre un conflicto armado de más de 50 años, que ha provocado el desplazamiento de muchas personas. A partir del año 2000 se presenta una afluencia masiva de personas colombianas en situación de refugio al Ecuador. El marco normativo nacional e internacional en materia del derecho a la educación de los niños y niñas en situación de refugio, ratificado por Ecuador, es amplio y ofrece un marco importante para la realización de este derecho. Sin embargo, las condiciones sociales y políticas de Ecuador, el aumento de la discriminación, el desconocimiento de los derechos, entro otros factores, dificultan la realización de este derecho. Las políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos implican el cumplimiento de las obligaciones estatales y la participación de la población, sobretodo de aquella más vulnerada en sus derechos, en la definición de los problemas públicos y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La adopción de acciones positivas es necesaria para el logro de condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso de niños y niñas colombianos/as en situación de refugio. La atención psicosocial brinda posibilidades para subsanar las secuelas del conflicto armado y la situación de desplazamiento y refugio en niños y niñas y además contribuye a la reconstrucción del tejido social que fortalece a las comunidades en la participación política.

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Esta tesis pretende analizar la gestión pedagógica al atender las necesidades educativas especiales en el aula regular. A lo largo de este trabajo se encontrarán reflexiones sobre las relaciones entre la atención pedagógica y el apoyo psicológico en función de considerar las necesidades educativas especiales. Sostengo que, casi siempre, las relaciones entre los maestros y maestras de aula con los psicólogos se definen por centrar la búsqueda de las soluciones a la problemática educativa de niños y niñas con NEE en los estudios psicométricos y de desarrollo. Mi preocupación se fundamenta en el hecho de que los profesionales de la educación han dejado de lado su verdadero rol; se aferran a la psicología y buscan en ella las herramientas para su gestión. La observación en algunas escuelas de la ciudad me permitió apreciar el hecho de que existen nuevas perspectivas de atención a este grupo de escolares. Veo que hay un acercamiento sostenido y un verdadero trabajo en equipo entre maestros y psicopedagogos. Existen maestras que enfrentan su quehacer educativo con distintas perspectivas de la educación; ello les permite afrontar, en mejores condiciones, el reto de tener a un niño o niña con NEE en su aula. La reflexión sobre estos temas es incipiente. Es necesario que los pedagogos y pedagogas ampliemos nuestro horizonte y busquemos y probemos nuevas formas de trabajar con este gran conglomerado de los niños y niñas con necesidades educativas especiales.

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La educación es el proceso por el cual las sociedades humanas a lo largo de la historia han perpetuado sus saberes, costumbres, hábitos, normas, etc., es decir, ha existido educación siempre que han existido sociedades humanas, por lo tanto, habría diferentes formas de “educar”, teniendo en cuenta la diversidad de sociedades humanas que han existido a través de la historia y las que permanecen en la actualidad. La complejidad del proceso educativo no está aislada de las situaciones históricas, sociales, culturales, económicas y políticas en los que se enmarca, es decir, la educación como fenómeno social está vinculada a las realidades específicas de quienes la dinamizan y las particularidades de los contextos en los que tiene lugar el acto educativo.

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Si la minería, como toda actividad extractiva, resulta violenta para el ambiente y para los derechos de aquellas poblaciones que viven en su radio de influencia, cuando ésta se realiza en zonas de frontera se ponen las bases para condiciones de ilegalidad sostenibles, que redundan en peores condiciones ambientales y violaciones más amplias de los derechos humanos. El estudio en el que se basa este artículo se realizó en Zamora Chinchipe, en la frontera entre Ecuador y Perú, con entrevistas a 21 líderes comunitarios miembros de organizaciones e instituciones; la evaluación psicoemocional de 233 niños, niñas y adolescentes, para la cual se utilizaron el test visomotor de Bender, el de frases incompletas de Sacks (adaptado) e historias clínicas; 8 encuestas de valoración comunitaria del Sumak Kawsay4; y 7 asambleas en Puerto Minero, Zarza, Playón, Santa Lucía, Río Blanco y la Asociación de Colombianos Residentes en la Ciudad de Yantzaza, con un total de 150 personas. El estudio no solo describe los impactos de la minería en la población infantil de esa frontera, sino que también demuestra que el trípode en el que se asienta (exposición, despojo e imposición) impide el encuentro de soluciones y niega los discursos apologistas de beneficios mineros.

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Las niñas y los niños se tornan, junto con las personas mayores o discapacitadas, en los grupos humanos más vulnerables a la hora de enfrentar desastres naturales o los causados por el ser humano, como la guerra. La intensidad que ha tomado la violencia, especialmente en la zona norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, hace necesaria una herramienta práctica que otorgue a las personas adultas que tienen a su cuidado a la población infantil, la capacidad de poner en marcha mecanismos de prevención y manejo de hechos que afecten la vida de la comunidad. Cuando hace años vimos esta guía que fuera editada en el 2002, por primera vez en Colombia, bajo el título “AYUDEMOS A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS AFECTADOS POR EL CONFLICTO”, y publicada por el Comité Andino de Servicios, con el apoyo de American Friends Service Committee (AFSC) y Terre des Hommes (Italia y Alemania), junto con ACNUR, Servicio Jesuita para los Refugiados y el Ministerio de Cooperación de la República Federal Alemana, nos pareció una herramienta imprescindible para trabajar la situación de violencia en ambientes donde la presencia de profesionales es casi imposible. Cuando quisimos consultar con el Comité Andino de Servicios (CAS) para su reedición por la Clínica Ambiental, como proyecto de reparación socio-ambiental, para Save the Children y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), el CAS ya no existía, ni en Ecuador ni en Colombia, por lo que solicitamos la autorización directamente a sus autores, Carlos M. Beristain y Amanda Romero. Ambos no sólo aceptaron gustosos la reedición, sino que aceptaron la revisión y actualización. A ellos nuestro agradecimiento.

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¿Cómo entender desde nuestra visión adulta el mundo de los niños, las niñas y los adolescentes para formular una política pública? ¿Es la infancia un actor social, participante y productor de su propia realidad? ¿Los niños y niñas son ciudadanos sujetos de derechos en el marco de la política pública? ¿Es la edad un factor que requiera integrarse al paradigma normativo de la igualdad? ¿Cuál es el balance de la política pública de reparación en Colombia y qué lecciones nos puede ofrecer a este respecto? La incorporación de un enfoque diferencial en el marco de las políticas públicas se ha convertido en un desafío que pone en evidencia la tensión existente entre la igualdad teórica y la igualdad práctica. La garantía al derecho a la reparación integral para los niños, niñas y adolescentes requiere de medidas expresadas tanto en determinaciones legales explícitas como en planes, proyectos y acciones dirigidos a transformar imaginarios culturales que están fuertemente enraizados en la institucionalidad y la sociedad. El libro está dirigido especialmente a los decisores y funcionarios encargados de formular, ejecutar o evaluar políticas públicas de reparación. Brinda reflexiones y recomendaciones para permitir que la voz de los menores de edad sea escuchada y, con ello, contribuir a superar el predominio de la visión «adultocéntrica» en la política pública.