El emergente derecho a la verdad y su problem��tico reconocimiento

Realiza una investigaci��n sobre el problem��tico reconocimiento del emergente Derecho a la Verdad. Igualmente, se estudia el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos como parte de la lucha contra la impunidad causada por dictaduras, autoritarismos y estados de sitio en las transiciones a la democracia en la regi��n latinoamericana. Los principales obst��culos jur��dicos a la hora de incorporar el Derecho a la Verdad han sido las leyes de amnist��a, de punto final y de obediencia debida creadas para perdonar a los responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos. Para identificar la tensi��n del Derecho a la Verdad con los sistemas de justicia internos, se revisan los fundamentos de los principios de legalidad y oportunamente se exponen las posturas de la prohibici��n de la doble imputaci��n non bis in ��dem, as�� como las caracter��sticas de la cosa juzgada. De esta manera, la presente tesis tiene como objetivo responder el siguiente cuestionamiento ��Son los principios de cosa juzgada, non bis in ��dem y legalidad una restricci��n al emergente Derecho a la Verdad?. Con el desarrollo del Derecho a la Verdad se busca ampliar el significado tradicional del derecho penal, en relaci��n con las v��ctimas, el cual basa su desarrollo principalmente en la validez de la norma penal y en el principio in dubio pro reo. El prop��sito del Derecho a la Verdad es generar la igualdad procesal entre las partes sometidas a un litigio penal, con el objeto de que rija por el principio pro honmine, en el desarrollo del Estado Constitucional.

L��mites de la actividad jurisdiccional ind��gena en relaci��n con el debido proceso en materia penal

En la Constituci��n de 1998 se produjo el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos ind��genas y del pluralismo jur��dico existente en el pa��s, ello permiti�� la legitimaci��n de las resoluciones tomadas por sus autoridades competentes de sus conflictos internos en base a sus propios procedimientos, usos y costumbres ancestrales, garantizando el derecho a su identidad, autodeterminaci��n y autonom��a de los pueblos, comunidades y nacionalidades ind��genas a fin de restablecer el equilibrio y armon��a dentro de la misma. Estas resoluciones por norma constitucional tienen el mismo car��cter jur��dico y fuerza vinculante que las sentencias expedidas por autoridades jurisdiccionales estatales. Por tanto, sin que se necesite ratificaci��n del sistema judicial estatal, las decisiones jurisdiccionales ind��genas surten el efecto de cosa juzgada, debiendo ser obedecidas por las partes involucradas, consideradas por la comunidad y respetadas por las autoridades y las instituciones del Estado respetando y garantizando la aplicaci��n del principio non bis in ��dem constitucionalmente reconocido. Sin embargo, se hace necesaria su limitaci��n expl��cita a fin de evitar que sus procedimientos y sanciones vulneren derechos humanos, raz��n por la cual la Corte Constitucional debe ser la encargada de controlar la conformidad de estas resoluciones con los preceptos constitucionales, respetando el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que les son reconocidas, esto es, sobre la base de sus tradiciones ancestrales y derecho propio, conforme lo reconoce la vigente Constituci��n.

Caso ���La Cocha��� un precedente negativo para el pluralismo jur��dico en el Ecuador

El 12 de agosto de 2010, la Sala de Admisi��n de la Corte Constitucional para el per��odo de transici��n, admiti�� a tr��mite la acci��n extraordinaria de protecci��n presentada por el se��or V��ctor Manuel Olivo Palio, en contra de decisiones de justicia ind��gena adoptadas el 16 y 23 de mayo de 2010, por parte de autoridades ind��genas pertenecientes al pueblo de Panzaleo, de la nacionalidad kichwa, de la provincia de Cotopaxi, con relaci��n al asesinato de su hermano Marco Antonio Olivo Palio. Dicha causa se denomin�� ���Caso La Cocha���. El 30 de julio de 2014, dentro del ��mbito de sus competencias, la Corte Constitucional del Ecuador expidi�� la sentencia N��113-14-SEP-CC, en la cual se dej�� sentado precedentes jurisprudenciales que motivan la presente investigaci��n. Entre otros puntos importantes, se��alamos principalmente dos: 1) al existir un sanci��n en la justicia ind��gena sobre delitos contra la vida, no existe doble juzgamiento y por tanto es susceptible de ser conocido y sancionado en la justicia ordinariaa; y, 2) desde la fecha de expedici��n de la sentencia, todos los casos relativos a delitos contra la vida deber��n ser conocidos exclusivamente por la justicia ordinaria. La presente tesis de maestr��a, pretende analizar la sentencia en su contexto y la argumentaci��n de la Corte Constitucional para declinar la competencia de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind��genas para juzgar los delitos contra de la vida. El lector, adem��s, verificar�� la desacertada interpretaci��n constitucional que realiza la Corte Constitucional en el fallo del caso ���La Cocha��� en cuanto al non bis in ��dem, el respeto a las decisiones de las autoridades ind��genas y el retroceso en los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind��genas.