36 resultados para Mujeres en la vida pública

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Este artículo analiza los avances de la Constitución Política del Ecuador en materia de derechos de las mujeres y el enfoque de género, así como los retos que este nuevo marco legal propone, tanto al Estada ecuatoriano como al movimiento social de las mujeres y a la sociedad en general, de manera que se pueda pasar del solo reconocimiento del Derecho en la letra de la ley, al ejercicio y goce pleno de los mismos. La reflexión sigue la propuesta del feminismo en la crítica al Derecho. Se profundiza el análisis de los derechos constitucionales civiles y políticos, económicos y sociales, pero sobre todo, se reconoce la importancia del reconocimiento de muchos de los derechos sexuales y reproductivos que ya han sido incorporados como parte del Derecho internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, entendiendo que este logro no es una concesión generosa del Estado sino más bien es el resultado de todo un proceso de movilización y generación de propuestas legales, trabajadas desde el movimiento de mujeres del Ecuador, que tuvo como corolario la aprobación de 34 de las 36 propuestas presentadas a la última Asamblea Nacional.

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La presente investigación tiene el propósito de indagar sobre la producción y el consumo radial en los buses de transporte urbano de la ciudad de Quito; sus características, encuentros y desencuentros de un problema que tiene su apuntalamiento teórico en los escenarios, mediaciones y personajes que giran en torno a ésta la dinámica cotidiana. Los medios de comunicación, y particularmente la radio, tienenla misión” de producir a través del discurso simbólico y radiofónico; las nuevas formas de informar, entretener y divertir a su “audiencia; así como también, ordenar, disciplinar y homogeneizar a “su público”. Se muestra, por un lado, la lógica de la producción simbólica y massmediática, y por otro lado, la lógica del consumo cultural. De esta forma se visibiliza, cómo la comunicación se convierte en un campo de “batalla simbólica” por la apropiación de los sentidos, significados y significaciones. Todo esto atraviesa por el lugar y la forma que los individuos ocupen en la relación económica, social, política y simbólica, donde la comunicación adquiere su protagonismo. Al señalar que la radio juega un papel fundamental en la configuración del imaginario urbano y que el contacto cotidiano de la gente está mediado por ésta institución mediática, se establece la importancia e influencia que ejerce la radiodifusión en nuestras sensibilidades, subjetividades y biografías. En la medida que cada medio de comunicación tiene su propia lógica, se informa sobre los resultados, se intenta visibilizar la trama del problema y se plantea nuevas preguntas de investigación.

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Se puede decir que la vida cotidiana se presenta como una construcción de organización de sentido donde transcurre la existencia de los individuos. Cuando decimos que el teatro es la vida misma poetizada. De manera que el problema que queremos investigar puede, ahora, plantearse mediante la pregunta: ¿Cuál es el lenguaje específico del teatro como arte de representación y comunicacional, y cómo se relaciona éste con los procesos comunicativos en el ámbito de la vida cotidiana? La presente tesis la he dividido en tres capítulos, a los que se suman una introducción y un acápite final de conclusiones. El primer capítulo al que he llamado de construcción del objeto de estudio pretende desarrollar teóricamente los conceptos fundamentales que se presentan en el problema planteado para la investigación, así como su interrelación. El segundo capítulo al que he denominado el arte del actor y el mundo escénico, intenta indagar en el complejo proceso de creación artística que supone la puesta en escena teatral. El tercer capítulo busca mostrar la teatralidad de la vida cotidiana, el ejercicio permanente de la simulación y ritualización de los actos que reproducen a los individuos en la vida cotidiana.

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El propósito principal de este trabajo de investigación es el de identificar los Factores de Riesgos Psicosociales en la Sección de Visas para No-Inmigrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y analizar su incidencia en la gestión de servicio al cliente. De manera general, este trabajo de investigación se desarrolla en cuatro capítulos. El primer capítulo contiene aspectos teóricos referentes a la Seguridad, Higiene y Salud en las Organizaciones, donde se reflexiona sobre la situación actual ecuatoriana respecto a prevención de accidentes de trabajo y el déficit de información referida a factores de riesgo psicosociales. En un segundo capítulo se analiza a profundidad los tipos de riesgos psicosociales que podrían presentarse en el ámbito laboral y la necesidad de planificar programas de prevención y administración de riesgos psicosociales. En el tercer capítulo se visualiza al cliente y sus necesidades como indicadores que determinan el nivel de calidad de servicio. Por último, en un cuarto capítulo, se presenta un estudio de caso, en el que a través de la aplicabilidad de instrumentos de investigación, se identifican los riesgos psicosociales en la Dirección de Migración y Extranjería, Sección Visas para No-Inmigrantes y su posterior análisis de la relación con el servicio al cliente, para finalmente proponer un programa de prevención y administración de riesgos psicosociales que pueda ser aplicado en la Institución, con el fin de fomentar una cultura preventiva y generar un lugar con condiciones de trabajo óptimas para el recurso humano.

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El 4 de agosto de 2012 se publica en el Ecuador la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la cual produce un giro de ciento ochenta grados en las contrataciones de obras bienes o servicios que realiza el Estado, sobre todo por la utilización de medios tecnológicos que permiten, entre otros aspectos, transparentar la información generada en los diferentes procesos de contratación pública. En este contexto, aparece el término “normalización” como un adjetivo de ciertos bienes o servicios que, por reunir algunas características, deben contratarse a través de los denominados medios dinámicos -esto es la subasta inversa electrónica y el catálogo electrónico- en los cuales, el criterio de adjudicación es el precio más bajo, conforme lo determinado en el artículo 6 número 17 de la antedicha Ley. No obstante lo anteriormente expuesto, la normalización como un concepto netamente técnico es la tendencia natural al orden, que básicamente consiste en el proceso de elaboración e implementación de normas, a efectos de lograr, entre otros aspectos, la calidad de los bienes y servicios, incluidos las obras y la consultoría. De esta forma, es necesario determinar que la normalización no puede ser considerada como un criterio de adjudicación de ciertos bienes o servicios, sino que por el contrario puede ser utilizada en obras, bienes, servicios y consultoría, a efectos de aprovechar sus mayores beneficios, principalmente vinculados con la calidad de los productos.

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La relación entre empleados públicos y los órganos del estado ha ido evolucionando notablemente sobre todo en las últimas décadas, hasta el punto que ya no puede decirse que son solamente que estos empleados son un instrumento del Estado para el cumplimiento de sus fines, sino sujetos de derechos no solo subjetivos sino también de aquellos que reconocen los convenios internacionales y la Constitución de la República para el sector laboral en general. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo, a través de los convenios 87 y 98 y posteriormente con la expedición de los convenios 151 y 154 reconoce expresamente la aplicación de los derechos colectivos para los empleados públicos, que implica entre otras cosas la posibilidad de asociarse y consecuentemente negociar condiciones de empleo e incluso ejercer el derecho de huelga, lo que trastoca el carácter estatutario que tiene el régimen de la Función Pública. Si bien este tema ya ha sido tratado con mayor profundidad en otros países en donde se han incorporado en sus legislaciones mecanismos de participación directa de los empleados en las decisiones de la Administración Pública, en el Ecuador no ha sido profundamente discutido, por lo que es necesario generar un análisis crítico de esta temática, para que pueda ser motivo de debate jurídico.

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¿Cómo entender desde nuestra visión adulta el mundo de los niños, las niñas y los adolescentes para formular una política pública? ¿Es la infancia un actor social, participante y productor de su propia realidad? ¿Los niños y niñas son ciudadanos sujetos de derechos en el marco de la política pública? ¿Es la edad un factor que requiera integrarse al paradigma normativo de la igualdad? ¿Cuál es el balance de la política pública de reparación en Colombia y qué lecciones nos puede ofrecer a este respecto? La incorporación de un enfoque diferencial en el marco de las políticas públicas se ha convertido en un desafío que pone en evidencia la tensión existente entre la igualdad teórica y la igualdad práctica. La garantía al derecho a la reparación integral para los niños, niñas y adolescentes requiere de medidas expresadas tanto en determinaciones legales explícitas como en planes, proyectos y acciones dirigidos a transformar imaginarios culturales que están fuertemente enraizados en la institucionalidad y la sociedad. El libro está dirigido especialmente a los decisores y funcionarios encargados de formular, ejecutar o evaluar políticas públicas de reparación. Brinda reflexiones y recomendaciones para permitir que la voz de los menores de edad sea escuchada y, con ello, contribuir a superar el predominio de la visión «adultocéntrica» en la política pública.

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El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo principal analizar la aplicabilidad del principio de igualdad en los procedimientos precontractuales establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al incorporar la institución jurídica de la contratación preferente, y realizar un estudio comparado respecto de las contrataciones preferentes en otras legislaciones. El principio de igualdad, uno de los más importantes en el ámbito de la contratación pública, exige que todos quienes se hallen aptos para concurrir a un proceso de contratación reciban igual trato sin discriminación alguna. Las entidades contratantes deben establecer condiciones que permitan una participación igualitaria, sin incluir requisitos que limiten o sitúen a determinados oferentes en una posición de superioridad o de preferencia. La incorporación de la institución jurídica de la contratación preferente, al parecer, quebrantaría el principio de igualdad; por ello, se pretende analizar su aplicabilidad en los procedimientos precontractuales, con énfasis en la cotización y menor cuantía, e identificar como opera este principio al incluirse márgenes de preferencia a favor de actores de economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas empresas, y si tal preferencia, convierte a estos procedimientos en incluyentes y excluyentes a la vez, por las características establecidas en cada uno de ellos. La investigación que consta de tres capítulos, se desarrolla desde la óptica del Derecho administrativo, se aborda el principio de igualdad como equidad, lo que permite identificar la importancia del mismo en los procedimientos precontractuales, a través del análisis jurídico comparativo, histórico y jurídico constitucional, así como el legal actual, que establece ciertas excepciones que relativizan al principio de igualdad; permitiendo despejar las dudas respecto de su aplicabilidad.

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El presente trabajo investigativo pretende ventilar la problemática existente en el derecho ecuatoriano referente a la arbitrabilidad de los actos administrativos que se derivan de la existencia de una relación contractual en donde una de las partes es la Administración. El conflicto se origina cuando a pesar del reconocimiento del arbitraje como un mecanismo heterocompositivo de solución de disputas en la Constitución de la República y en el resto del ordenamiento jurídico vigente, existe vaguedad en la Ley de Arbitraje y Mediación sobre la arbitrabilidad de los actos administrativos, lo que impide a los árbitros ejercer su competencia a cabalidad, pues existe el riesgo que ante tal vacío, la declaratoria de competencia del Tribunal resulte en violaciones a derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, o a nivel legal la nulidad de la decisión proferida. Para ello, en el primer capítulo de este trabajo académico se estudiará el marco teórico que rige a los actos administrativos, a la contratación pública y al arbitraje, a partir de tres criterios: el legal ecuatoriano, el doctrinario y el derecho comparado. Atender las similitudes en otros derechos permitirá al Ecuador determinar la existencia de una solución al problema jurídico planteado. En el segundo capítulo, se desarrollala institución arbitral en el Ecuador, estudiado desde un punto de vista histórico, revisando los requisitos constitucionales y legales que imperan dentro del mismo, y los elementos que permiten la existencia del arbitraje, la transigibilidad y la competencia arbitral. Finalmente dentro de este capítulo se estudiará y resolverá el fondo de la problemática, analizando los tres escenarios posibles en cuanto al problema: i) arbitrabilidad total, ii) negativa a la arbitrabilidad de los actos administrativos y, iii) una posición intermedia. Para finalizar, se detallarán las conclusiones de este trabajo y se consignarán algunas recomendaciones que solucionen la problemática.

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Desentrañar los mecanismos de exclusión de las mujeres laicas como grupo subalternizado dentro de una estructura eclesial católica eminentemente patriarcal, es el tema central de esta investigación. A través de un acercamiento a la comunidad parroquial escogida como estudio de caso, se ha buscado conocer la magnitud del trabajo femenino dentro de ella, conocer la condición socio económica de las mujeres laicas que allí trabajan y establecer de qué manera esta condición influye o no en su participación dentro de la Iglesia; se ha intentado además, determinar en qué medida ellas han sido valoradas, incluidas o excluidas dentro de su comunidad eclesial, así como las formas en que se presentan esas exclusiones. El estudio se lo ha realizado con perspectiva de género y la novedad en él, es la utilización del aporte de la Teología Feminista como lugar de resistencia al discurso hegemónico eclesial. La fuente de recolección de datos para el análisis, ha sido el escuchar las voces de las mujeres agentes de pastoral, como principales actoras en el trabajo de la Iglesia, a través de las entrevistas a ellas realizadas. Como recurso metodológico, se ha adaptado el método pastoral propio de los católicos: ver, juzgar y actuar. En este método se parte de la realidad a investigar, se juzga esa realidad a la luz de la bibliografía escogida y se vuelve a ella con nuevos elementos para su transformación. Se analizan cuatro formas en las que se expresa el poder dentro de la Iglesia: la estructura jerárquica tanto a nivel de la Iglesia universal como de la parroquia en estudio, el discurso androcéntrico del aparato doctrinal católico que la legitima, la valoración del trabajo femenino en la comunidad eclesial y los espacios de poder (Diaconado, Sacerdocio, Episcopado y Pontificado) donde las mujeres no han sido incluidas. El resultado del estudio resumido en las conclusiones, gira en torno a la premisa confirmada: “una Iglesia sostenida con el trabajo de mujeres y gobernada por hombres”, se cierra con algunas recomendaciones recogidas de las propias entrevistadas durante el proceso de observación de la realidad, que se resumen en la necesidad de emprender con elementos de formación permanentes que hagan conciencia de la situación de marginación femenina en el campo eclesial, para lograr un real empoderamiento de las mujeres de la parroquia investigada.

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El conflicto político que actualmente se vive en Venezuela ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de lo que suele denominarse “polarización social”; puede definirse como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los “bandos” que participan de un conflicto. Dicho posicionamiento es excluyente, es decir, cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras, generalmente con una fuerte carga emocional que involucra la vida personal dentro del conflicto político. La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de “la deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo” que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía. De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.

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El desplazamiento forzado es una problemática de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las más notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel político como económico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pública. Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual generó que se identificara a la población desplazada no como víctima del conflicto, sino como población pobre, lo que a su vez obligó a generar mayores rubros para atención a población vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado es la clara identificación del problema, pues aun después de más de 10 años de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la población objeto de la política, y regula la atención que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdicción constitucional al tratar de identificar la población que requiere dicha atención, y la naturaleza de la misma.

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El ensayo analiza los cambios jurídicos y sociales que experimentaron las mujeres durante los años posteriores a la Revolución Liberal de 1895. La mayoría de las mujeres pioneras en la vida pública del Ecuador provinieron de las clases sociales media y alta. El estudio se concentra en los casos de María Luisa Gómez de la Torre, profesora y la única mujer participante en la fundación del Partido Socialista del Ecuador, y Matilde Hidalgo de Prócel, primera mujer graduada de médico, primera en sufragar en una elección y en obtener un escaño en el Congreso. El artículo indaga si estos cambios institucionales fueron el resultado de una concesión del poder o de una lucha social desde abajo.

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"La patria sudafricana que nos acoge en Ciudad del Cabo demostró en la lucha victoriosa contra el régimen del apartheid que los pueblos pueden derrotar los imperios, y la injusticia extrema que los sustenta. Inspirados en ese ejemplo histórico de coraje y fuerza, acudimos a esta asamblea para hacer visible ante el mundo que somos capaces de rebelarnos; que la energía solidaria y creatividad que emana de nuestras comunidades y culturas es el mejor antídoto contra la irracionalidad y ceguera de esa minoría poderosa que obstaculiza la construcción de un mundo centrado en la vida, en la vigencia solidaria del bien común y en la multiplicación de modos de vivir saludables y bio-seguros."