La reforma judicial en el contexto de la reforma del estado peruano

La Constitución de 1993, en forma implícita ha determinado que el Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP), Tribunal Constitucional (TC), Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Academia de la Magistratura (AMAG) y Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formen parte de un Sistema de impartición de Justicia. Sistema que en las actuales circunstancias, producto a actos de corrupción generalizado que encontraron una salida de escape con la captura del Vocal Supremo Provisional Eduardo Palacios Villar, ha generado un debate en el Congreso de la República , Corte Suprema de la República y el Ejecutivo para establecer los mecanismos necesarios para una nueva reforma judicial. Sin embargo cuando se aborda la problemática de la reforma judicial, sólo se considera al PJ y en menor medida al MP, sin considerar que parte de la problemática del sector responde a las acciones de otras instituciones. Por ejemplo, la provisionalidad de los magistrados se debe en gran medida a la acción directa del CNM, la cual no ha nombrado magistrados en plazas de tanta importancia como es la Corte Suprema de la República y la Fiscalía Suprema. Adicional a la provisionalidad, es posible considerar otros factores como la lentitud procesal, la excesiva carga procesal, elevados niveles de corrupción en todos los ámbitos y una magistratura que no genera confiabilidad por emitir fallos contradictorios (que llegan a cuestionar inclusive la misma capacidad intelectual de los mismos magistrados) o ajenos a una predictibilidad mediana; lo cual en conjunto genera un nivel de aprobación que no supera el 15% de aceptación. Sin embargo uno de los grandes problemas que enfrenta una eventual reforma del SIJ es la estructura de la carrera de la magistratura, la cual según nuestra propia constitución y leyes orgánicas del PJ y MP es de régimen abierto, lo cual genera inconvenientes en una estructura de desarrollo socio económico nacional. Por ello es necesario que la reforma judicial que se pretenda iniciar aborde la reforma de las leyes orgánicas del PJ, MP, y CNM para efectos de definir los marcos generales de una carrera pública en la magistratura, que permita la operatividad de funciones en las instituciones y no genere los vacíos y provisionalidad existentes en la actualidad.

El movimiento indígena como actor social a partir del levantamiento de 1990 en el Ecuador: emergencia de una nueva institucionalidad entre los indígenas y el Estado entre 1990-1998

En la historia del Ecuador contemporáneo, desde 1990 en que se lleva a efecto el primer levantamiento indígena nacional aparece el movimiento indígena como un nuevo actor social que trastorna su condición social, el rol que tradicionalmente le había sido asignado por la sociedad y el Estado ecuatoriano y trata de conquistar un espacio público que le había sido negado por muchos siglos debido a la situación indígena de exclusión y marginación social. A partir de 1990 y los sucesivos años, década que se caracteriza en el Ecuador como un acumulado de nuevas movilizaciones y levantamientos indígenas de sentido nacional, el movimiento indígena se transforma en un nuevo actor social necesario en la sociedad debido a que asume una funcionalidad política que va más allá de su base organizacional y a través de una nueva discursividad y praxis política busca expresar un sentimiento social que ya no encaja en el discurso ni la práctica política decadentes del sindicalismo ni de los partidos políticos tradicionales. Desde el ámbito estrictamente del Estado, éste tampoco vino representando los intereses de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a pesar de que algunos gobiernos crearon ciertas oficinas de atención a los sectores indígenas en el Ministerio de Bienestar Social. El Estado en sí mismo no había trastocado desde su formación original su fundamental principio uninacional concebido desde la ideología del mestizaje racial. Ante los hechos de exclusión de larga data de los Pueblos Indígenas promovidos por el Estado ecuatoriano y ante hechos más inmediatos tales como los ajustes estructurales, la modernización del Estado de tendencia privatizadora, la intervención de políticas internacionales, etc., el movimiento indígena asume en la década del noventa su rol protagónico, mediante propuestas substancialmente indígenas que buscan el reconocimiento del Ecuador como un país pluricultural, multiétnico y plurinacional, en el sentido de democratizar la sociedad y el Estado ecuatoriano. En este plano la participación indígena y negra se tornaría necesaria como búsqueda de aquello de Nunca más un Ecuador sin nosotros. La investigación que plantéo se inscribe en este contexto. Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, mediados por el movimiento indígena, por un lado, durante la década del noventa intentaron ir configurando un mayor acercamiento con el Estado a través del diálogo y la negociación política, y por otro lado, la estructuración de nuevas relaciones entre los indígenas y el Estado por medio de la creación de instituciones, tales como la Comisión Coordinadora de Asuntos Indígenas, la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Minorías Etnicas, SENAIME, el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, CONPLADEIN y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE. El objetivo de la investigación consiste en analizar para que sirvió cada movilización indígena ante el Estado ecuatoriano durante los acontecimientos indígenas de 1990, 1992, 1994 y 1997 y la emergencia de una nueva institucionalidad entre los indígenas y el Estado ecuatoriano desde 1990 hasta 1998. En dicho marco de estudio lo que me interesa averiguar es ¿para qué sirvió cada movilización ante el Estado ecuatoriano durante los sucesos indígenas de 1990, 1992, 1994 y 1997? y ¿cómo después de cada movilización indígena surgió una nueva institucionalidad entre los indígenas y el Estado?

Reflexiones sobre artistas y gestores con las políticas culturales del Ministerio de Cultura del Ecuador, período 2011-2012, en el Distrito Metropolitano de Quito

El estudio reflexiona sobre las políticas culturales del Ministerio de Cultura del Ecuador como órgano rector de la política cultural que representa al Gobierno Nacional, a través de su creación en el año 2007, en especial la gestión y administración institucional del año 2011- 2012 y su propuesta de Política para la Revolución Cultural en el año 2011 Aborda la fundamentación teórica y metodológica sobre las políticas culturales, los derechos culturales y el Plan Nacional del Buen Vivir. Así como la reflexión y el criterio sobre artistas y gestores culturales en el ejerció de políticas culturales públicas en la cultura, su incidencia y la relación con los actores culturales y el MCE en el Distrito Metropolitano de Quito. Además realiza un análisis de caso en cuanto a la comunidad, la organización cultural; y de esta manera su relación con el MCE. En el marco del Buen Vivir y su relación Estado - Sociedad para fortalecer procesos culturales en donde la identidad nacional se reflejada a partir de artistas y gestores culturales.

Cómo manejar la comunicación interna en un proceso de planeación estratégica. Caso: Ministerio de Turismo

La comunicación es una variable de toda organización que influye de diversa manera en todos sus procesos, sea que exista una gestión planificada de la misma o un manejo empírico. La finalidad del estudio es la de determinar el estado del manejo actual de la comunicación interna en el Ministerio de Turismo, y como interactúa con el proceso de planeación estratégica. La investigación partió de la recopilación bibliográfica para la construcción del marco teórico. Se llevó a cabo una investigación de campo descriptiva, bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la encuesta, esta última aplicada a una muestra de 153 servidores públicos de una población total de 251 personas. Los resultados mostraron la prevalencia de una comunicación descendente con poca retroalimentación y dando al personal operativo poca participación en las decisiones organizacionales. Las encuestas también muestran que el Ministerio cuenta con diversos recursos para comunicación pero no todos son utilizados de forma frecuente o de forma eficiente. Se realizó una propuesta consistente en un cambio de modelo de comunicación, de uno lineal a uno circular, donde se incremente la retroalimentación a cada nivel, y se mejore la coordinación interna entre áreas. Se concluyó que, en el Ministerio de Turismo existe una gestión empírica de la comunicación interna, dándose relevancia únicamente a la comunicación externa lo que afecta a los procesos de planeación estratégica a disminuir la frecuencia y calidad de las comunicaciones entre los equipos de trabajo encargados de planificar, socializar y ejecutar las estrategias de la organización.

Modelo de gestión de riesgos en proyectos de inversión de la Subsecretaría de Energía Renovable del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

La gestión del riesgo durante un largo periodo, ha sido vista de manera ausente en la política pública del Estado. Es por ello que en la actualidad, la nueva visión de la gestión integral de los riesgos en las Entidades del Gobierno se orientan a una política de Estado que responde a la necesidad de prevenir, mitigar y establecer un plan de contingencias ante la presencia de estos. En el caso del presente documento se analizará la planificación integral de gestión de riesgos para los proyectos: Minicentral Hidroeléctrica y Biomasa – Aceite Piñón, dando énfasis en el análisis cuantitativo a través de la elaboración de la viabilidad financiera, a fin de establecer herramientas que contribuyan a determinar la sostenibilidad y sustentabilidad en la ejecución de proyectos en el Sector Eléctrico La temática se constituye en seis capítulos. En el primer capítulo se presenta una reseña del sector eléctrico, sus funciones y atribuciones dentro del Gobierno Central, así también el objetivo del documento para el manejo de la gestión de riesgos en este nivel. El segundo capítulo detalla el ámbito legal bajo el cual se rige el sector eléctrico en cuanto a gestión de riesgos se refiere. El tercer capítulo muestra la estructura orgánica funcional del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y su cumplimiento con la misión, visión y objetivos institucionales. El cuarto capítulo se refiere al análisis y comparación del marco teórico de las metodologías: Project Management Body of Knowledge – PMBOK y Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission – COSO a fin de determinar cuál de estas se ajusta a la naturaleza del Sector. El quinto capítulo se centra directamente en la planificación integral de la gestión de riesgos de los proyectos antes mencionados, mostrando su análisis desde la planificación, identificación mediante la cual se registra una lista corta de riesgos, análisis cualitativo en donde se estableció la matriz de probabilidad e impacto de riesgos, análisis cuantitativo efectuado a través de la ejecución del flujo financiero, plan de respuesta y monitoreo y control. El capítulo seis presenta las conclusiones y recomendaciones. Finalmente el capítulo siete detalla la bibliografía utilizada en el presente documento.