Brasil en el contexto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y el corredor multimodal Manta-Manaos, periodo 2003-2010

Varias lecturas surgen de los grandes proyectos de integración física latinoamericana. La principal es que el paradigma del nuevo regionalismo latinoamericano ha descuidado los efectos diferenciados de dichos proyectos, que en caso de concretarse ampliarán las asimetrías entre las economías de la región. En el marco de la integración económica regional están claras intenciones brasileras de alcanzar consolidarse como la potencia regional en el vecindario sudamericano, a partir de una destacada participación de su fuerza empresarial en el mercado latinoamericano, lo que afirma contundentemente que la estrategia política de Brasil en este contexto es una respuesta a su plan nacional y pretende beneficiar fundamentalmente a los segmentos capaces de influir en su política exterior como lo son los grandes grupos económicos exportadores. La segunda lectura es que desafortunadamente, países como Ecuador tienen una visión reducida sobre las verdaderas implicaciones que emanarán de participar en megaproyectos de integración física como la IIRSA y su derivación, el corredor multimodal Manta-Manaos. Las provincias amazónicas, principales receptoras de las externalidades que emanen de este corredor son el punto álgido de este proyecto. La capacidad del estado ecuatoriano de responder ante las demandas de este tipo de plan de integración regional, sin descuidar las máximas consagradas en su propio Plan Nacional para el Desarrollo, será el dispositivo que determine el verdadero alcance del mismo. Con estos antecedentes, la presente investigación tiene dos grandes objetivos. El primero es analizar la evolución histórica de los tres pilares de la política exterior de Brasil, desde la mitad del siglo XX hasta el periodo de gobierno del ex presidente Lula da Silva (2003-2010). Dentro de este contexto, esbozar cómo los tres pilares (pragmatismo, estabilidad, y autonomía de decisión) se fusionan con el mayor proyecto de integración física regional, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), mecanismo que contribuye a la consolidación de Brasil como gran potencia regional. El segundo objetivo es estudiar el tratamiento que le ha otorgado el gobierno ecuatoriano a la ruta Manta-Manaos y la potencialidad de la implementación de este corredor logístico. Las respectivas repercusiones sociales, económicas y medioambientales, así como las dimensiones comerciales en términos locales, regionales e internacionales serán determinadas por la capacidad de Ecuador de establecer una concordancia entre las premisas del Buen Vivir y los compromisos contraídos a partir de su política exterior.

La delegación de los servicios públicos a la economía popular y solidaria en el Ecuador

El estudio de “La Delegación de los Servicios Públicos a la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador”, se ha centrado en la delimitación conceptual y ubicación jurídica de los servicios públicos, y en el reconocimiento del nuevo sector económico denominado economía popular y solidaria, conforme la Constitución de la República del Ecuador vigente y la legislación aplicable. Como consecuencia, se logra conocer el alcance de la delegación por excepción a la economía popular y solidaria en la prestación de los servicios públicos; y, sus efectos en el desarrollo social y económico frente a la participación estatal, privada, mixta y comunitaria, conforme la Constitución del 2008. En vista de la amplitud del tema central, cuyo abordaje requiere la compresión de estas dos figuras, en todo su contexto, aparecen algunas limitaciones para su análisis, sobre todo por los tecnicismos, especialmente de índole económico, que rebasan la aplicación del derecho, por lo que se ha visto necesario contar con mayores estudios especializados que los aborden, para que complementariamente y en un segundo momento de estudio, se determine en forma global su alcance y efectos en la prestación de losservicios públicos. Sin embargo, se ha logrado inferir la aplicación de casos concretos por parte de los actores de la economía popular y solidaria, que cotejados con las normas del ordenamiento jurídico y la doctrina de pensadores especialistas, deducen máximas generales concluyentes para este estudio. Logrando concluir en que jurídicamente y pese a la visión estatista que se plantea en la Constitución, es factible la intervención del sector económico popular y solidario, como actor en la prestación de los servicios públicos, de forma directa en las actividades prestacionales de educación, salud y comunitarias; y, excepcionalmente por delegación en cuanto a las actividades que se enmarcan en el amplio segmento de los denominados sectores estratégicos; pero pese a esa posibilidad, prevalece la necesidad de la revisión de la ley orgánica específica, regulación administrativa e implementación de políticas públicas, a fin de que se den las condiciones adecuadas para que este acertado avance, en la práctica, no quede sin una efectiva aplicación.