23 resultados para La situación autobiográfica

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Después de cinco años de lucha, México aprobó la Legislación Indígena. Sin embargo, ésta no cumple con los requisitos mínimos a los que aspiraban las comunidades indígenas, la comunidad de los derechos humanos y los juristas progresistas. En realidad, esta legislación es un grave retroceso, ya que objetivisa a las comunidades indígenas, las despoja de su condición de sujetos de derecho y las convierte en objetos de protección.

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En el transitar de los años, se han escuchado voces que afirman la necesidad de los ajustes estructurales para poder asegurar un futuro con desarrollo, crecimiento y mayor generación de riqueza. Para lo cual exigen mayor seguridad jurídica para los capitales; a la par que imponen políticas económicas y leyes laborales, que dan como resultado "mayor in-seguridad jurídica y pobreza para los que trabajan y crean la riqueza".

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A partir del año 1986, Venezuela se adhiere al Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, y lo publica en la Gaceta Oficial de la República Nº 33.503, de fecha 2 de julio de 1986, por lo cual, las normas sobre refugio consagradas en dicho instrumento y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951(1), adquieren plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico desde 1986, con obligación para el Estado de adoptar la terminología y mecanismos internos necesarios para la aplicación de las normas consagradas en dicho instrumento. En este sentido, el camino de protección de los derechos de los refugiados en Venezuela a transitado desde un espacio meramente normativo, de reconocimiento de derechos contenidos en Convenios del Derecho Internacional de los Refugiados (2), lo que ha supuesto, la regulación constitucional (3), pasando por la vigente ley orgánica interna (4) y el recientemente promulgado reglamento general en la materia (5), todo lo cual, integra actualmente el marco normativo interno de protección de refugiados (as), en Venezuela, hasta llegar a la situación actual en la que nos encontramos con la instalación formal del órgano administrativo designado para el estudio y tramitación de las solicitudes de refugio, denominado "Comisión Nacional para los Refugiados"

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Entender esta situación de refugio y desplazamiento forzado en el Ecuador es permitirnos ver la conflictividad que acontece y tiene sus repercusiones más dramáticas en todo el cordón fronterizo. La región fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha visto afectada por el conflicto armado en Colombia y con mayor intensidad en los últimos años con la implementación del Plan Colombia, lo cual ha traído graves consecuencias en términos de migraciones y derechos humanos. En la región ha existido una histórica injusticia social, concentración de poder y de riqueza en ciertos sectores, violencia generalizada y, para el caso de la frontera colombiana, está la presencia de actores armados; como consecuencia de ello, se ha presentado una degradación que se expresa en la violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, en una violencia estatal que desconoce los derechos de las comunidades afectadas -especialmente etnias y afro descendientes-, y en éstas una falta de identidad y temor.

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Sistemas de discriminación laboral plenamente establecidos y sin ayuda legal, son habituales en Lima, Quito, Bogotá o en cualquier otra ciudad andina, en la que las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas sufren una triple exclusión y discriminación por su condición étnica, de género y socioeconómica.

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Para referirnos a los jóvenes, lo primordial es definir qué se entiende por este concepto, lo cual implica una revisión histórica, ya que no en todas las épocas el joven fue definido de la misma manera. La mayoría de estas concepciones eran construidas desde posiciones reduccionistas basadas en una perspectiva adultocéntrica. Desde este posicionamiento se considera al joven inseguro de sí mismo, como ser en transición, no productivo, incompleto, sin deseo, desviado, peligroso, así también como ser del futuro. Estos discursos conducen a una única mirada del joven basada en prejuicios y estigmatizaciones desde atributos de “imposibilidad”, favoreciendo y justificando prácticas paternalistas que conducen a intervenciones que judicializan a la juventud y por ello no la comprenden desde su complejidad y contextualizada en la misma sociedad. Desde este marco, los jóvenes menores de 18 años al ser privados de libertad se constituyen como uno de los grupos sociales en situación de alta vulnerabilidad, pues a los institutos de menores confluyen bajo un tratamiento estatal unívoco todos quienes cometieron algún tipo de delito. Esta solución se presenta como la única alternativa, el cual se ha profundizado a través de la trayectoria tutelar impuesta por el estado argentino.

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Referencia al Informe elaborado por Acción Ecológica, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH. Presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Autoría: David Cordero, Alicia Granda, Wilton Guaranda y Diana Murcia. Analiza el período 2008-2009. Mayo de 2009. Tiene como finalidad presentar una caracterización de las violaciones a los y las defensores y defensoras de derechos humanos en el Ecuador. Analiza los derechos de: reunión,asociación, privacidad, honra, dignidad, debido proceso, garantías judiciales, y vida e integridad personal. Texto completo en: ‹www.inredh.org›

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Analiza cuál fue la tendencia en el cumplimiento de los derechos humanos en 2010, sintetizando: el inadecuado procesamiento de conflictos y su repercusión en los derechos humanos; las restrinciones en el procedimiento legislativo; el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y a contar con recurso eficaz efectivo; así como las políticas públicas y su relación con los derechos humanos. Da a conocer la cifras relevantes del año 2010 en cuanto a la situación de los derechos por bloques constitucionales, hechos en noticias por bloques de derechos, resoluciones de la Defensoría del Pueblo por bloques de derechos, las normas aprobadas sobre derechos y organización del Estado, y su repercución por bloques de derechos, el tipo de garantías constitucionales interpuestas y los derechos demandados, por acción de protección; asuntos representados de manera gráfica.

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El modelo económico y de mercado de las Constituciones de 1978 y 1998, la adopción de una moneda fuerte como el dólar, los procesos aperturistas y de globalización de los mercados y de la propia economía, pero sobre todo la instauración de una “nueva” Asamblea Constituyente, han provocado una revolución frente al sistema económico y de mercado que debe ser incorporado en la nueva “Constitución Económica Ecuatoriana”, nos obliga a definir de manera clara y precisa cual debe ser el papel del Estado frente al mercado, los agentes económicos y sobre todo los consumidores, a través de la respectiva política económica. La situación micro y macroeconómica en relación con el modelo económico y de mercado que ha sido escogido y establecido a nivel constitucional no han sido desarrolladas, reguladas, ni controladas adecuadamente –a través de la ley secundaria respectiva- para hacer frente a las múltiples fallas del mercado. Todo esto con la finalidad de poder dotar de un verdadero instrumento que permita diseñar una auténtica y efectiva política económica estructural –en especial de una política de competencia-, dirigida a lograr que la economía del Ecuador se situé en la senda de un verdadero crecimiento, duradero –sustentable-, competitivo, no inflacionario, generador de empleo, distributivo y no discriminatorio a favor del interés económico general. La realidad de nuestro mercado y economía, hace que resaltemos aún más que, la eficacia de la política de competencia, no depende sólo de su capacidad para encuadrar determinadas conductas como infracciones y resolver determinados problemas de eficiencia a través de correctivos estructurales o de conducta. Sino también tiene que ver con la posibilidad de generar un ordenamiento jurídico que sea aceptado y respetado por todos los agentes económicos, y de contar con Instituciones de control fuertes –autónomas e independientes- capaces de aplicar dicho ordenamiento y que todo esto se sustente en el marco de nuestra constitución económica. Para esto debemos establecer normas de competencia modernas, eficientes, legítimas y eficaces para el Ecuador. Ese es el propósito de este trabajo, el cual pretende recoger información sobre la experiencia internacional para ser tomados en cuenta al momento de su elaboración. Para finalizar, debemos manifestar que asumimos que la Asamblea Constituyente dejará claramente establecido como parte de los derechos fundamentales, el derecho de la competencia, como parte de la política económica y social de nuestro país.

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Contiene un diagnóstico cuantitativo de la situación habitacional del Ecuador y su evolución durante la última década, con énfasis en la Provincia de Pichincha, que se estudia en forma detallada por parroquias. Las fuentes empleadas son los censos nacionales de población y vivienda de 2001 y 2010, que representan la base empírica más actualizada y confiable actualmente disponible.

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Presenta la tasa de homicidios en América Latina discutiendo la incidencia de los principales factores de riesgo identificados por el Banco Mundial y Naciones Unidas. Presenta los niveles de victimización por hogares en América Latina, la percepción de inseguridad, la confianza en la policía y en la justicia y las cifras de la población penitenciaria. Plantea la adopción de medidas para revertir los indicadores negativos contrarrestando el avance del narcotráfico y el tráfico de armas en la región.

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El objetivo general del trabajo de investigación plantea el análisis a la situación actual de la integración comercial ecuatoriana dentro de la CAN desde una perspectiva principalmente económica de la investigación tomando en cuenta que esta ciencia ocupa un gran espacio dentro de la doctrina de la integración. La Economía es la que marca los medios e instrumentos necesarios para lograr los objetivos inmediatos que se han planteado. Por lo tanto, en el desarrollo del presente trabajo como primer punto, se va a realizar un estudio de factores determinantes en el proceso de integración comercial y su aplicación a la CAN mediante la presentación de distintos esquemas de integración comercial que existen actualmente. Como segundo punto, se analizará críticamente los factores determinantes de la integración económica y los principales indicadores en la economía nacional del Ecuador. Finalmente se revisará los efectos de la CAN en el Ecuador. El desarrollo del presente estudio es de vital importancia en estos días en donde incluso se ha llegado a establecer que la Comunidad Andina ya no tiene sentido una vez que se han puesto en marcha organismos de integración como la UNASUR. Estos rumores se han fortalecido a raíz de la separación ideológica que viven los países miembros quienes han dejado a un lado la Comunidad Andina y han buscado beneficios por separado. Este es el caso de Perú y Colombia quienes han caminado por su cuenta en el proceso de firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos y la UE. El análisis de la Comunidad Andina a través de la revisión de indicadores económicos y la actual posición del Ecuador como país miembro de la CAN, pueden ayudar a entender de mejor manera este proceso que sin duda cuenta con varias ventajas para los países miembros.

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Presenta las tendencias del proceso de adecuación constitucional y la vigencia de los derechos en 2011, evidenciando la persistencia del manejo inadecuado de una creciente conflictividad; una producción legislativa limitada y una práctica democrática deficitaria en la tramitación de proyectos de ley en materia de derechos humanos; los límites en la actuación de la justicia, cuyo diseño constitucional fue alterado con las reformas introducidas luego de la consulta popular; la situación de los derechos colectivos y de la naturaleza en inminente riesgo ante el modelo extractivista de recursos naturales; el deterioro del derecho a la seguridad integral y la insuficiencia en las políticas públicas sobre derechos humanos. Plantea recomendaciones para lograr el ejercicio material de los derechos.