Políticas públicas para el sector agrícola en Bolivia y seguridad alimentaria continuidad y cambio: análisis del gobierno de Evo Morales Ayma (2006-2010)

Este trabajo presenta un resumen de las principales políticas públicas aplicadas al sector agropecuario boliviano, desde una perspectiva teórica, de la construcción del capitalismo en el agro boliviano, tratando de establecer su relación con el objetivo de seguridad alimentaria. Se muestran las dinámicas generadas en el sector agropecuario a partir de la instrumentalización de políticas públicas de apoyo al sector, para lo cual se distinguen dos períodos de análisis, el primero, comprendido entre 1950 y 2005, y un segundo período, analizado a partir del 2006, momento en el cual, el Presidente Morales, asume la presidencia. Se hace un recorrido por la nueva agenda nacional y los planes sectoriales de desarrollo para el agro boliviano. La presidencia de Evo Morales que ha elevado a paradigma económico el nuevo “Modelo Productivo Rural”, propone en su discurso equidad, igualdad, en el acceso a los factores productivos de la tierra y el medio ambiente, donde el conjunto de acciones estatales privilegia a los sectores campesinos e indígenas, sobre estos preceptos se analizan las políticas y estrategias de desarrollo agropecuario, a partir de información empírica. En relación al objetivo de seguridad y soberanía alimentaria, el nuevo modelo de productivo rural, propone la agricultura familiar campesina e indígena, como la base que permitirá la consecución de la seguridad alimentaria con soberanía. Este precepto es analizado, a partir de información empírica, para conocer el avance en relación a seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia a partir del régimen del Presidente Morales.

La aplicación del procedimiento abreviado en la Unidad de Flagrancia de Quito; eficacia judicial vs derecho a la no autoinculpación

La crisis del sistema penal y la recurrente crítica respecto al retardo en la sustanciación de juicios penales, ha obligado a que paulatinamente se brinde preferencia a todo mecanismo dirigido a obtener una solución rápida a los conflictos penales. Una vez que inició su operatividad la Unidad de Flagrancia en la ciudad de Quito, el 29 de octubre de 2012, se incrementaron considerablemente el número de audiencias para calificación de delitos flagrantes y se produjo una vertiginosa resolución de causas penales mediante la aplicación del procedimiento abreviado. Si bien es cierto, el procesado gracias a su confesión obtiene una disminución de la pena fruto del acuerdo con el fiscal y éste último queda exento de producir prueba en un juicio oral, público y contradictorio; no es menos cierto que en la aplicación del procedimiento abreviado se produce una tensión entre el principio de eficacia judicial y el derecho fundamental a la no autoinculpación. El propósito de esta investigación es evidenciar la aplicación del procedimiento abreviado en la nueva Unidad de Flagrancia de Quito, y para ello se analizará su realidad desde la perspectiva de la eficacia judicial y el derecho a la no autoinculpación.