31 resultados para Jerarquización estatal de los asuntos del trabajo

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El trabajo realizado en esta tesis tiene como objeto principal establecer una propuesta de mejora en el proceso de cobranzas de dos empresas en proceso de fusión con la descentralización de los procesos que se encuentran radicados en Perú, logrando que el área de créditos y cobranzas tenga autonomía y capacidad de tomar sus propias decisiones de acuerdo a las características del mercado local. Uno de los objetivos del trabajo es mejorar la gestión de cobranzas para mantener un óptimo indicador DSO, lo que mostrara que la cartera se esta recuperando en menor tiempo; tomando en cuenta el modelo de negocio que se adopte y el tipo de mercado al cual se ingrese con el nuevo portafolio de productos. La propuesta que se expone trata la unificación de los procesos de cobranzas, mediante la búsqueda de sinergias entre los procesos o la adopción de una mejor alternativa de acuerdo al enfoque de la empresa en el mercado. La idea principal es alinearse a un proceso que se adapte al entorno de ambas compañías; posteriormente de acuerdo al nuevo modelo adoptado se propondrá la obtención de autonomía en las decisiones de crédito, analizando la propuesta de descentralizar algunos procesos del área de créditos y cobranzas, para que las desiciones sean tomadas localmente con un conocimiento más amplio del mercado local y evaluando el comportamiento de los clientes, para brindar un soporte más eficiente para el área de ventas.

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La vigente Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 35 numeral 9º, determina de manera expresa el régimen legal, al que deben estar sujetos los servidores, autoridades, empleados, trabajadores y obreros que prestan sus servicios en el sector público, determinando que en el caso de las personas jurídicas creadas por Ley para el ejercicio de la potestad estatal, y las Instituciones del Estado que ejerzan actividades que no puedan delegar sus actividades al sector privado, las relaciones con sus servidores se regularán por el Derecho Administrativo, con excepción de los obreros que se regirán por el derecho del Trabajo. Y en el caso de las Instituciones del Estado que si pueden delegar sus actividades al sector privado, las relaciones se regularán por el Derecho del Trabajo con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental, las cuales se sujetarán al derecho administrativo. La expedición de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA, vulneró este mandato constitucional, sujetando a los trabajadores y obreros del sector público a esta Ley del Derecho Administrativo. Este quebrantamiento a la Ley Suprema fue demandado ante el Tribunal Constitucional, Órgano supremo de control constitucional que debe asegurar la eficacia de las normas supremas en especial las que consagran los derechos y garantías referentes al régimen jurídico al que pertenecen los trabajadores en el numeral 9º del artículo 35 de la Constitución. El Tribunal si bien reconoce la vigencia del régimen del Derecho del Trabajo, expide una Resolución ambigua, desautorizando a la Tercera Sala que en cumplimiento de su obligación, declaró en su informe que esta Ley no era orgánica, y que no debía regir una ley del derecho administrativo a los trabajadores sujetos al Derecho del Trabajo; sin embargo el pleno del Tribunal dejó vigentes normas de la Ley que contradicen su pronunciamiento creando una inseguridad jurídica que ha causado un daño irreparable al Estado Social de Derecho y ha destruido la paz laboral en el sector público. Bajo estos contenidos de la tesis nos hemos propuesto como objetivo fundamental el de ubicar a cada régimen su ámbito de regulación, el de las autoridades, funcionarios y empleados, la Ley del Derecho Administrativo, y para los trabajadores y obreros el Derecho del Trabajo, tal como lo prescribe la Constitución, para de esa manera hacer prevalecer la supremacía de la Carta Magna, frente a leyes de menor jerarquía que deben mantener concordancia y sujeción a sus enunciados.

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La globalización como un proceso de carácter multidimensional, que abarca no sólo aspectos económicos y financieros, sino también sociales, culturales y tecnológicos, ha servido como plataforma para el surgimiento de nuevos actores sociales de índole transnacional. La creciente conformación y expansión de redes transnacionales, ha abierto una mirada hacia nuevas temáticas, conflictos y desarrollos que deben ser contemplados en el ámbito global. Por ello estas redes, entre otras cosas, han implementado nuevos mecanismos de control y garantía de los derechos humanos en el ámbito global, han desarrollado también estrategias de cooperación para que sus esfuerzos y activismo hagan eco dentro de las políticas domésticas de los Estados. Es esta investigación se ilustra bajo un ejemplo práctico, la participación y el activismo de una red transnacional feminista que con la cooperación de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, lograron crear y llevar a cabo de manera efectiva, una estrategia en aras de la despenalización del aborto, en Colombia, estado que había sido muy severo en esta materia. En América Latina, la inflexibilidad de las legislaciones en materia de aborto, ha radicado, en que éstas han tomado como base la doctrina católica, que durante mucho tiempo fue impartida y considerada como el discurso hegemónico o más relevante en la discusión de políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Entonces, teniendo en la mira a estos protagonistas que se encuentran en conflicto, bien por hacer prevalecer la autonomía individual, la salud pública la equidad social o de género en las legislaciones domésticas, o bien por salvaguardar la noción de familia tradicional que se está viendo amenazada por un relativismo moral que debe ser contrarrestado al interior de los Estados, esta investigación, analiza por un lado, si existe o no influencia de los grupos feministas transnacionales, quienes han visto la importancia de actuar globalmente para promover cambios nacionales como la liberalización del aborto en las legislaciones, dado el reconocimiento de nuevos derechos como los derechos sexuales y reproductivos avalados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos , y por otro, estudia la decadencia de la doctrina católica, ya que como actor político la Iglesia Católica ha perdido fuerza a la hora de participar en los debates sobre sexualidad y aborto. Para el fin perseguido en este documento, se analizan los principales postulados de la Teoría Liberal de las Relaciones Internacionales y se contrasta con un ejemplo práctico: el proceso de despenalización parcial del aborto en Colombia durante el periodo comprendido entre 2005 – 2006.

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El presente artículo se enfoca en las contradicciones del proyecto nacional ecuatoriano de principios del siglo XX en cuanto pretende subsanar identidades en conflicto dentro de las nuevas configuraciones sociales y espaciales. Para ello se examina la forma en la que Luis A. Martínez reconoce la ambivalencia de la modernidad al punto de confeccionar sus obras como alegorías de fallidas comunidades imaginadas. Tanto sus catecismos de agricultura como su novela A la costa (1905), además de contribuir a los debates intelectuales de la época sobre la participación del país en el moderno sistema-mundo capitalista, testimonian las contradicciones existentes dentro del liberalismo como ideología hegemónica. De ahí que los textos arriba mencionados sean considerados como bisagras que vislumbran lo nacional en lo liminar aunque todavía sin subvertir los desencuentros entre la clase dominante y la subalterna.

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Debido a la agudización del conflicto colombiano, a partir del año 1999 se evidenció una mayor movilización de personas que huían de la violencia desde Colombia hacia Venezuela, en especial hacia tres estados fronterizos: Zulia, Apure y Táchira. Como consecuencia, en Venezuela existen 1875 personas solicitantes de la condición de refugiados, y la situación en la que se han mantenido los solicitantes, algunos desde 1999, se ha caracterizado por una tolerancia de estadía por parte del Estado venezolano pero sin ningún reconocimiento de su condición y sin la posibilidad de ejercer derechos tales como personalidad jurídica, trabajo, asilo, recurso efectivo, entre otros.

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Se presentan las principales recomendaciones emitidas sobre el país por los órganos y procedimientos del Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en los años 2008 y 2009. Aborda las recomendaciones realizadas tras la visita al país de relatores especiales, expertos independientes o grupos de trabajo relacionados con la extrema pobreza, la deuda externa y con los derechos del pueblo afrodescendiente. En cuanto a la labor de los órganos de los tratados, el artículo se centra en las recomendaciones provenientes del análisis de los informes presentados por el Estado ecuatoriano en el referido período, relacionados con los derechos civiles y políticos, la discriminación racial y la discriminación en contra de la mujer.

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El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, dentro de su misión de servicio social otorga a sus afiliados, militares activos y pasivos, sus dependientes y derechohabientes, diferentes tipos de prestaciones y servicios, dentro de los cuales se encuentran los préstamos quirografarios e hipotecarios, los mismos que, a pesar de contar con una eficiente administración por procesos y el retorno a través del descuento por rol de pagos, mantiene un cierto porcentaje de cartera vencida, debido a la inadecuada calificación del sujeto de crédito, ocasionando que por definición no se puedan trasladar las pérdidas generadas del incumplimiento de pago y sean absorbidas consecuentemente por el patrimonio de la Institución. El objetivo de este trabajo es lograr por tanto, que el ISSFA, a través de la implementación de un modelo de Score de Calificación de Cartera para sus afiliados, logre en primer lugar, identificar las variables y factores de riesgo de crédito que alteran el normal funcionamiento del negocio, a través de un análisis estadístico minucioso de la base de datos institucional, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para la identificación, medición, mitigación y control del riesgo crediticio, y, en segundo lugar, ponderar las diferentes características de un prestatario, un prestamista y un préstamo, a fin de minimizar las pérdidas esperadas y dar cumplimiento a lo establecido y normado por la Superintendencia de Bancos y Seguros como su entidad de control.

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El presente trabajo de investigación realiza un análisis comparativo de la institución jurídica del amparo constitucional en los países de la Comunidad Andina de Naciones, tocando los temas que más debate originan de esta garantía constitucional, para lograr tener una noción del grado de desarrollo y peculiaridades que ha adquirido el amparo, en los países de la sub - región, identificando en cada aspecto analizado, las diferencias y semejanzas, que la Constitución y legislación de cada país, han configurado. Para conseguir este propósito, se desarrollaron tres capítulos, en los que el trabajo se encuentra conformado. La introducción hace referencia a los alcances del trabajo y contiene la pregunta central, que dirige la investigación. El Capítulo I, hace una referencia a las garantías constitucionales, para posteriormente revisar algunos antecedentes básicos del amparo constitucional, mencionando la normativa internacional vigente que reconoce a esta garantía como un derecho. Finalmente, estudiar la naturaleza jurídica de esta institución y las características especificas, que adquiere en cada país miembro de la CAN. El Capítulo II, está dedicado a la procedencia del recurso de amparo constitucional, revisando los distintos modelos de protección a los derechos fundamentales que existen, para luego aterrizar en el modelo que adopta cada país de la subregión andina, en torno a qué derechos son tutelados por el amparo. Posteriormente, se analizan la procedencia del amparo contra actos normativos o normas jurídicas, resoluciones judiciales y contra particulares. Mencionando las similitudes y diferencias en cada aspecto. Finalmente, en el Capítulo III se analiza dos aspectos importantes, por un lado los órganos competentes para conocer el amparo constitucional en cada país de la CAN; por otro lado, los efectos que tienen las resoluciones que resuelven el amparo. En ese contexto, se trató de realizar un estudio de algunos de los temas más interesantes y controversiales del amparo, y comprender la aproximación que hacen a cada aspecto los diferentes países de la CAN, para lo cual fue de vital importancia el estudio de la jurisprudencia emanada de los máximos órganos de control de la constitucionalidad de cada país.

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La presente investigación tiene como propósito determinar el rol del juez en el control constitucional de las políticas públicas referentes a derechos del buen vivir o derechos económicos, sociales y culturales. Para ello se ha enmarcado la primera fase de este trabajo en el análisis del Estado de Derecho y su evolución al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales, el derecho a la igualdad y no discriminación y el principio de no regresividad. En la segunda parte se desarrolla el contenido del buen vivir o sumak kawsay, la comparación entre los derechos económicos sociales y culturales reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los derechos del buen vivir de la Constitución ecuatoriana. Adicionalmente se analizan los mecanismos de planificación previstos en la Constitución para la consecución del Buen vivir y las garantías constitucionales útiles para la exigibilidad de dichos derechos. Finalmente se analiza, desde varias perspectivas, el rol del juez o jueza frente a políticas públicas de derechos del buen vivir o DESC que vulneren lo establecido en la Constitución. En este punto se examinan distintitas visiones: la visión tradicional, la visión activista y la visión intermedia que combina varios postulados de las dos anteriores.

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Internet es un elemento de la cultura empresarial de la CORPEI. Por ello, con esta tesis se pone de manifiesto los vínculos existentes entre el libre acceso a la web, la apropiación de contenidos, uso investigativo, comunicativo e informativo, con la eficiencia de los servicios que ofrece la Corporación. La presente investigación identifica el aporte de Internet en las actividades desarrolladas por el departamento de Promoción de Exportaciones de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) en Quito, debido a que, la Corporación ofrece a sus funcionarios todas las facilidades de acceso a la red. El interés por este tema surge porque cuando por una u otra razón se pierde la conexión a la web, los ejecutivos de la CORPEI se sienten atados al no contar con esta herramienta para el desarrollo de las actividades agendadas en su diario laboral, a lo que se suman los comentarios de funcionarios de otras instituciones quienes afirman tener total restricción para acceder a Internet. Adicionalmente, se expone la percepción de los usuarios de los servicios del departamento de Promoción de Exportaciones en Quito, respecto a la calidad de los mismos y a las herramientas que utilizan; a lo que se suma el criterio de los coordinadores sectoriales quienes directamente son los prestadores de éstos, así como las ventajas y desventajas de hacer uso o no de la web. Esta investigación pone de manifiesto el gran aporte de Internet al desarrollo y productividad de una empresa siempre y cuando haya un plan de trabajo con actividades medibles, es decir, cuantificables que permitan establecer si la institución está o no cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada.

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La Constitución ecuatoriana promulgada el 20 de octubre de 2008 prescribe en el art. 11.9 que la responsabilidad estatal consiste en la reparación de las violaciones a los derechos por la falta o deficiente prestación de servicios públicos o por acciones u omisiones en el ejercicio de potestades públicas, reparación que es integral conforme el principio garantista de protección los derechos previsto en el art. 86.3. El presente estudio aborda aspectos generales de la naturaleza jurídica de la responsabilidad estatalde la irresponsabilidad a la responsabilidad estatal–, su evolución –de la concepción civil indemnizatoria a la concepción reparadora integral–, y los denominados títulos jurídicos de imputación objetiva –falla del servicio, desequilibrio de las cargas públicas–, que serán de trascendental importancia para la comprensión de nuevo régimen, y cuyos aspectos específicos ameritarían un examen más amplio.

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El trabajo que se presenta a continuación indaga sobre la forma en que Ecuador se inserta en la tercera ola de extracción de minerales metálicos tomando el caso de la provincia de Zamora Chinchipe, y cómo esta inserción se constituye en un factor catalizador de la conflictualidad social y ambiental reproductor de tensiones al interior de la sociedad y el Estado. El influjo del ecologismo; la histórica aspiración por una sociedad más equitativa resumida en el principio indígena del sumak kawsay; la gravitación de distintos imaginarios dedesarrollo social y territorial;la emergencia de una nueva constitución política que se reafirma en el reconocimiento de los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza; así comola permanencia de intereses políticos y comerciales ligados al nuevo boom exportador, confluyen en el debate nacional en torno a la minería metálica a gran escala y cielo abierto: una actividad económica, un proyecto político, un territorio mental y geográfico, una forma específica de expansión del capitalismo contemporáneo que sitúa al país en el dilema de convertirse en el gran abastecedor de cobre para el mercado mundial o ensayar un camino más sustentable de desarrollo basado en la preservación de su principal riqueza: la diversidad natural y cultural.

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El presente trabajo tiene por finalidad evidenciar la ruptura existente entre los principios, derechos y garantías relativos al trabajo que consagra tanto la Constitución Política de la República, como acuerdos y convenios internacionales, por una parte; y, por otra, la legislación secundaria que ha sido expedida en el Ecuador desde inicios de los años 90, a espaldas de la Constitución y, que en la práctica restringen derechos y garantías laborales, por lo cual, en muchos casos han sido declaradas inconstitucionales. Este proceso de reducción de derechos y garantías laborales se justifica, según su defensores, en el supuesto de que el trabajo es un bien escaso que debe ser distribuirlo mejor manera; y, que es necesario reformar el rígido esquema laboral para poder agilitar la contratación y despido de la mano de obra, dejando que operen las fuerzas del mercado, pues, según ellos, los principios de tutela y continuidad de la relación laboral son un óbice en la generación de empleo y para atraer inversión extranjera; pretendiendo, de esta forma, volver más competitiva a la producción nacional, para que el País se inserte en la economía mundial globalizada. Sin embrago, se ha podido evidenciar que la reducción de derechos y garantías laborales no genera estos efectos, por el contrario, agudiza la brecha entre pobres y ricos, pudiendo generar estallidos sociales.

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El problema de la actuación, así como del importante e indiscutible rol desempeñados por los señores étnicos de los distintos pueblos del Virreinato peruano, tanto en el plano particular como dentro de la estructura burocrática virreinal, ha sido materia de estudio, desde diversos puntos de vista, durante los últimos años. La razón está en la sobrevivencia de esta institución prehispánica durante la época virreinal y, en la importancia que tuvieron los jefes indígenas para canalizar todo el flujo de excedentes productivos de los indígenas a la Corona, mediante el cobro que hacían del tributo y el ordenamiento de los turnos del trabajo forzado (la llamada mita en todas sus modalidades), y que constituía el motor de todo el engranaje económico virreinal. De esta manera los caciques, se constituyeron en actores imprescindibles para la Corona, al punto que se les considedentro de la estructura burocrática virreinal. El presente trabajo de investigación pretende desentrañar la actividad ejercida por los caciques de un pueblo indígena hasta ahora poco estudiado: el de San Juna del Valle de Catacaos, situado en el corregimiento periférico de San Miguel de Piura, dependiente administrativa y políticamente de la Audiencia de Lima. Se destacará la problemática suscitada en dicho pueblo y en la ciudad de Piura, a raíz de su actuación en las diferentes esferas del plano local y regional durante fines del siglo XVI y durante el XVII.

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En esta tesis de Relaciones Internacionales, se realiza una descripción sobre la influencia de la Organización Internacional del Trabajo OIT en la estructura institucional del Ministerio de Trabajo y en la normativa de asociación sindical del Ecuador. Con un breve recuento de los antecedentes y la estructura de la OIT, se efectúa un análisis de su cambio organizacional en torno a su adaptación y aprendizaje debidos a la evolución de la economía mundial y de las relaciones internacionales. También, se incluye un análisis teórico de su modelo de toma de decisiones, así como una revisión de sus mecanismos de supervisión. A continuación, se describe como las decisiones consensuales de la OIT se trasladan a las estructuras institucionales y normativas de cada uno de los estados miembros y en particular del Ecuador. Este estudio se concentra en determinar como se ha modificado la estructura institucional del Ministerio del Trabajo en función de los objetivos políticos planteados por la OIT. Además, se describen las innovaciones normativas en la legislación laboral ecuatoriana relacionadas con los convenios internacionales fundamentales de libertad sindical y derecho de sindicalización a fin de determinar su grado de asimilación.