37 resultados para Infraestructura

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La Iniciativa IIRSA, que consiste en el impulso de la integración regional sudamericana a través de obras de infraestructura para el comercio, amenaza seriamente los derechos de las poblaciones y los sistemas ecológicos del continente. Tanto el ambiente como las personas están en riesgo por proyectos de gran envergadura con inadecuada planificación, que abarcan represas hidroeléctricas, carreteras, oleoductos, gasoductos, hidrovías, etc. En Ecuador, el eje multimodal Manta-Manaos es el proyecto de IIRSA que más ha motivado la alerta en la sociedad civil y las organizaciones indígenas, ya que buscaría convertir al río Napo en una hidrovía para el transporte de mercaderías en grandes cantidades, poniendo en peligro uno de los puntos de mayor diversidad biológica del planeta por su especial ubicación, así como los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas de la zona. En este marco, es de suma importancia el respeto y garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, quienes han conservado su modo de vida tradicional a lo largo de los años. Dada la particular relación con sus territorios, son ellos quienes deben decidir, por medio de adecuados procesos de consulta previa y consentimiento libre e informado, sobre la posibilidad de ejecutar proyectos de “desarrollo” o “integración regional” en sus territorios ancestrales. Los objetivos específicos de este trabajo son dar a conocer la existencia de la Iniciativa IIRSA y su cartera de proyectos en el Ecuador, definir los estándares ambientales y de derechos humanos que debe cumplir un proyecto de infraestructura y analizar el proyecto Manta-Manaos desde un enfoque jurídico, tomando como eje su adecuación a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. En este sentido, resultan fundamentales los avances jurídicos recogidos en la normativa internacional, principalmente en el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que constituyen instrumentos jurídicos clave para la exigibilidad de estos derechos. Del mismo modo, el establecimiento de garantías ya no sólo jurisdiccionales, sino también políticas y normativas en la nueva Constitución, son avances que debemos aprender a utilizar para la protección de los derechos y el ambiente. En esta investigación, en primer lugar se hace una aproximación descriptiva a IIRSA, a continuación se describe la cartera de proyectos de la iniciativa en el Ecuador, tanto del Eje Andino como del Eje Amazónico, pasando directamente al análisis del proyecto del eje multimodal Manta-Manaos y los estándares internacionales ambientales y de derechos humanos aplicables en el diseño, ejecución y funcionamiento de proyectos de infraestructura. En esta sección se tratan los estándares internacionales en materia de participación social, consulta previa, consentimiento libre e informado en relación a derechos colectivos de los pueblos indígenas, acceso a la información pública, beneficios compartidos y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, así como del derecho al desarrollo como un derecho síntesis, que pretende un reforzamiento y profundización de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Finalmente, esbozamos algunas conclusiones y recomendaciones.

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Varias lecturas surgen de los grandes proyectos de integración física latinoamericana. La principal es que el paradigma del nuevo regionalismo latinoamericano ha descuidado los efectos diferenciados de dichos proyectos, que en caso de concretarse ampliarán las asimetrías entre las economías de la región. En el marco de la integración económica regional están claras intenciones brasileras de alcanzar consolidarse como la potencia regional en el vecindario sudamericano, a partir de una destacada participación de su fuerza empresarial en el mercado latinoamericano, lo que afirma contundentemente que la estrategia política de Brasil en este contexto es una respuesta a su plan nacional y pretende beneficiar fundamentalmente a los segmentos capaces de influir en su política exterior como lo son los grandes grupos económicos exportadores. La segunda lectura es que desafortunadamente, países como Ecuador tienen una visión reducida sobre las verdaderas implicaciones que emanarán de participar en megaproyectos de integración física como la IIRSA y su derivación, el corredor multimodal Manta-Manaos. Las provincias amazónicas, principales receptoras de las externalidades que emanen de este corredor son el punto álgido de este proyecto. La capacidad del estado ecuatoriano de responder ante las demandas de este tipo de plan de integración regional, sin descuidar las máximas consagradas en su propio Plan Nacional para el Desarrollo, será el dispositivo que determine el verdadero alcance del mismo. Con estos antecedentes, la presente investigación tiene dos grandes objetivos. El primero es analizar la evolución histórica de los tres pilares de la política exterior de Brasil, desde la mitad del siglo XX hasta el periodo de gobierno del ex presidente Lula da Silva (2003-2010). Dentro de este contexto, esbozar cómo los tres pilares (pragmatismo, estabilidad, y autonomía de decisión) se fusionan con el mayor proyecto de integración física regional, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), mecanismo que contribuye a la consolidación de Brasil como gran potencia regional. El segundo objetivo es estudiar el tratamiento que le ha otorgado el gobierno ecuatoriano a la ruta Manta-Manaos y la potencialidad de la implementación de este corredor logístico. Las respectivas repercusiones sociales, económicas y medioambientales, así como las dimensiones comerciales en términos locales, regionales e internacionales serán determinadas por la capacidad de Ecuador de establecer una concordancia entre las premisas del Buen Vivir y los compromisos contraídos a partir de su política exterior.

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Esta Tesis tiene como objetivo fundamental poner en conocimiento de la comunidad académica la figura jurídico – contractual denominada de manera genérica cómo Dispute Board¸ consiste en un panel de expertos conformados por la voluntad de las partes que celebran un Contrato. El Dispute Board cumple con el rol de ser un organismo técnico independiente que conoce y resuelve los conflictos de las partes y brinda asistencia informal en los temas de su experticia y su aplicación en el campo de la ingeniería que lo han utilizado como herramienta efectiva a las necesidades urgentes que se les presentan en grandes obras de infraestructura provienen precisamente de préstamos internacionales que viabilizan la ejecución de estos mega proyectos. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el paradigma jurídico del Jusmarxismo y el Jussociologismo o Realismo Europeo. Las fuentes de investigación han sido obtenidas de fuentes publicadas bibliográficas, de publicaciones, normativa, Contrato EPC, de Internet y de la experiencia profesional sobre este mecanismo de solución de controversias. El alcance del trabajo es determinar la naturaleza jurídica del Dispute Board y todos los factores generales involucrados para su funcionamiento, el análisis del primer contrato ecuatoriano que aplico este mecanismo, las normas jurídicas aplicables y cuáles son los principios constitucionales y procesales aplicables. Se colige que este mecanismo de solución de controversias contractual requiere de normativa específica para su aplicación en el ámbito de derecho público y ese debe analizar la juridicidad de la aplicación de las Determinaciones que emite el Dispute Board y en el derecho privado basta con la autonomía de la voluntad de partes contractuales.

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La Constitución del Ecuador (2008) otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo del país y ejercer un rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la creación de empresas públicas como instrumentos de política.1 Para lograr estos cometidos, el Estado tiene en sus manos –a través de estas personas jurídicas- la responsabilidad de ejercer como prestador de servicios públicos y ejecutor de obra pública. También está habilitado para intervenir en el desarrollo de otras actividades económicas, generalmente de tipo comercial, sobre las cuales la doctrina y academia ecuatoriana muy poco se han referido. La Ley Orgánica de Empresas Públicas prescribe cuál es la naturaleza jurídica de las empresas públicas, pero deja de ser tan explícita cuando se refiere a la determinación de los actos, hechos y contratos que aquellas expiden, ejecutan o celebran, cuando no estén relacionados con la construcción de obra pública e infraestructura. Estimamos que esta indeterminación, efectivamente, puede producir inseguridad jurídica o violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados. El análisis al giro específico del negocio de las empresas públicas nos permite entender el régimen particular de los actos, hechos y contratos que se deriva de la actividad que realiza el Estado cuando asume el rol de proveedor de bienes y servicios de carácter comercial. Este análisis admite que existe una cierta oscuridad en la actual legislación sobre estos regímenes de contratación. El estudio abordará una breve reseña histórica que distingue los diferentes tipos jurídicos que precedieron a las hoy denominadas empresas públicas (EP) en el Ecuador, procurando identificar los momentos político-económicos que dieron origen a dichas figuras jurídicas. Finalmente, examinaremos el régimen de solución de controversias aplicable, en el giro ordinario y específico del negocio de las EP, en consideración a que el administrado debe contar con las herramientas jurídicas que posibiliten hacer efectiva la garantía de sus derechos constitucionales, especialmente, los derechos a la seguridad jurídica, de impugnación y de la tutela judicial efectiva.

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La gestión de proyectos ha llegado a constituirse una conducta empresarial que tiene alcance en todos los niveles de la organización y cada vez, más empresas se encuentran con la necesidad de mejorar o adoptar nuevos procesos, métodos y técnicas para obtener mejores resultados en las actividades que sustentan sus ingresos. La experiencia adquirida de varias empresas a nivel mundial agrupadas en diferentes disciplinas, han sido recopiladas en diferentes metodologías y constituyen la base de la gestión de proyectos. Sobre la base de lo anterior, la presente investigación tiene por objetivo aplicar la metodología de gestión de proyectos en empresas que tiene como principal fuente de ingresos la implementación de proyectos de infraestructura tecnológica en áreas críticas de sus clientes, para lograr este objetivo, es necesario conocer los fundamentos de las metodologías de gestión de proyectos, de esta manera, proporcionan un adecuado enfoque para poder adaptar a los requerimientos existentes en la organización. Se requiere entonces, determinar el estado actual de la gestión de proyectos en la empresa, para esto, se utilizan herramientas que sirve como guía para evaluar el uso de las consideradas “buenas prácticas” para la gestión de proyectos, de esta forma, se puede tener como referencia la madurez de la organización en el uso de los procesos, procedimientos, métodos y técnicas para la gestión de proyectos. Basado en los resultados obtenidos en la evaluación, se aplica la estructura o marco metodológico base para la implementación de la estructura en los proyectos de empresas dedicadas a la prestación de servicios en infraestructura tecnológica para áreas críticas de sus clientes.

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Pone de relieve las obligaciones del Estado en la garantía del derecho a una educación de calidad, como un derecho fundamental, exigible, inalienable e irrenunciable de la persona, y justiciable e impostergable como obligación del Estado. Así, visibilizar a la educación como la principal fuente del desarrollo personal y social, debido a que hace posible apropiarse de de otros derechos. Con este propósito se han organizado tres capítulos. En el primero, se hace un breve recorrido de los principales problemas que enfrenta la educación básica en el país; luego, se describen las responsabilidades que involucran al Estado, en la protección, promoción y ampliación del derecho a la educación, y se concluye con los alcances del derecho a la educación, según la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), en relación al sistema de las 4-As (asequible, accesible, adaptable y aceptable). En el segundo, se elabora un marco conceptual de políticas públicas, con énfasis en el enfoque de derechos, en el que se integra: el origen y algunas definiciones, los enfoques considerados más comunes, las tipologías; y, el ciclo de las políticas públicas. Este aparatado, facilitará hacer un análisis del tipo de políticas educativas, implementadas en el país en las últimas décadas y orientar el diseño de las políticas, en el siguiente capítulo. En el tercero, se presentan unas propuestas metodológicas de políticas públicas para la educación básica, centrado en las personas y el aprendizaje, en los que se considera como componentes clave: implementar un manejo curricular, desde la perspectiva del aprendizaje; ampliar y/o adecuar la infraestructura y el equipamiento; mejorar las capacidades y condiciones de los docentes; implementar un sistema de rendición de cuentas e incentivos; impulsar un modelo de gestión educativa estratégica e integral; y, se concluye con una breve descripción de las condiciones de educabilidad.

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Las instituciones educativas están guiadas por la tradición y la experiencia de sus docentes que en algunas ocasiones tienen una mente aferrada a paradigmas caducos en los que ellos se formaron y les resulta difícil adaptarse a un cambio que la sociedad demanda a la institución como lo es la calidad. Hay que considerar que la calidad educativa no termina en un certificado de acreditación, puesto que la acreditación es sólo un paso dentro de un programa de mejora de la calidad considerada ésta como un proceso que no debe darse por concluido. Un aspecto básico e importante en una escuela que desea la calidad es iniciar por vivir una cultura evaluativa institucional descartando la idea errónea que acarreamos por muchos años al imaginar que la evaluación es una amenaza o es de carácter punitivo, ya que no puede haber acreditación sin evaluación. Las modificaciones que deben hacerse dentro de una institución educativa van más allá de transformar su infraestructura son, establecer las características adecuadas que le ayudarán a solucionar problemas y adaptarse a las cambios que se presentan día a día y no quedar rezagados en el mundo globalizado actual. Para que una institución educativa sea de calidad todos quienes forman la comunidad educativa deben tener la mente abierta a todo y no apegada a nada para asumir el reto de la mejora continua.

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Puesto en vigencia el Código de la Niñez, así como reformado el Código de Trabajo, a través de este estudio pretendo analizar si estos cuerpos legales guardan la suficiente coherencia y armonía con los principios constitucionales que deben gobernar el sistema procesal, y si en la práctica ha posibilitado su real vigencia. Examino cuál es la conducta de los diferentes actores en el quehacer jurídico, y cuál ha sido su aporte frente a las reformas que se han implementando, combinándole con las principales propuestas doctrinarias. Descompuestas algunas fases de los procedimientos, establezco el diferente tratamiento que han tenido las dos materias del derecho propuestas, los que nos permite diferenciar que el trato dado por el legislador no ha sido igual, para poder detectar y encontrar las causas que son determinantes, para que los principios constitucionales no alcancen el posicionamiento deseado. Destaco cambios que se han producido, como por ejemplo en la infraestructura física de la Función Judicial, la implementación de sistemas informáticos, lo que permite una mejor rendición de cuentas a la sociedad, y a la par decisiones de los Tribunales de Justicia en temas específicos, para poder demostrar que la actuación de los jueces está divorciada en muchas ocasiones de sus poderes-deberes, y cuáles podrían ser las soluciones comparándolas con cuerpos legales de otros países, todo lo cual persigue demostrar que si se ha hecho, pero también falta mucho por hacer para posibilitar que este gran paso de implementar la oralidad en nuestro país, continúe y alcance los objetivos propuestos.

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La calidad de vida tiene que ver con el conjunto de bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades básicas, entre las cuales se encuentra el acceso a la vivienda y el disfrute de los servicios públicos básicos: agua potable, energía, gas y teléfono. Por diversos motivos, entre ellos el conflicto armado, Colombia se ha urbanizado en forma acelerada y sin planificación. Del total de la población el 72% es urbano y 28% rural. Gran parte de la población colombiana (el 67%) vive en pobreza y sus necesidades básicas insatisfechas, sin contar con agua potable, energía, gas y servicios de telefonía. La demanda de servicios e infraestructura no ha sido atendida en forma adecuada por parte del Estado; la privatización de las empresas de servicio público domiciliario ha distorsionado el carácter social de las mismas para convertirse en un negocio rentable, a costa del mal servicio a los usuarios. El VI Congreso de Servicios Públicos Domiciliarios, organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios -ANDESCO- y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se desarrolló en la ciudad de Cartagena del 30 de junio al 2 de julio del presente año y puso en debate público las deudas del Estado en materia de servicios públicos, la propuesta de eliminación del cobro del cargo fijo, la creación de la oficina de defensa de los usuarios y la evaluación de los resultados de los diez años de legislación sectorial..

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Como lo menciona acertadamente Vicenc Fisas, Director de la Escuela de Cultura de la Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, las Hojas de Ruta (HR), por lo regular, tienden a estrellarse desde el primer momento por querer mostrar un simple acuerdo final, lo que provoca el rechazo de alguna de las partes y el abandono de la propuesta, pues adquiere un tono impositivo. Una Hoja de Ruta debiese, ser en todo el camino, el marco, el señalamiento de los temas clave, la infraestructura de apoyo y la autopista que se ofrece para que los actores puedan negociar. Estas consideraciones de Fisas, nos sirven de marco para fijar que el parámetro de la negociación palestina-israelí, un conflicto con una negociación particular, digo particular -reconociendo que todos los conflictos guardan sus propias características que los diferencian- por el hecho que en este conflicto más que en cualquier otro, se ponen de manifiesto ciertas particularidades que esconden una problemática que a simple vista puede ser pasada por alto

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Entre los años 1980 y 2000 el Perú vivió un episodio de violencia política, un conflicto armado interno sin precedentes, que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ha sido el episodio de violencia interna más cruento y prolongado de toda la historia de la República; este conflicto fue desatado por grupos alzados en armas (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA) y el estado, que puso en manifiesto varios desencuentros y brechas de todo orden, brechas que albergaron profundo dolor en la sociedad. Se llevaron a cabo diversas acciones, omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana; factores que desencadenaron una crisis moral y política de graves consecuencias, que el país necesita reparar, lo cual requiere la aplicación de la sanción efectiva a los responsables de las violaciones. La violencia política enfrentó a peruanos que de una manera u otra fueron partícipes en este escenario de violencia, unos mas que otros; según el grado de vulnerabilidad e indefención propio de las condiciones económicas y sociales, que se originaron en brechas insalvables, terminando por destruir el tejido social, la base productiva material, la organización familiar y la infraestructura publica, provocando así la pérdida de acceso a servicios estatales, la institucionalidad pública y la afección a la salud mental de casi todos los peruanos.

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Desde hace alguno años atrás, los servicios móviles se han convertido en una herramienta indispensable en nuestras vidas, esto es una realidad de tal forma que en países desarrollados empieza a disminuir el número de teléfonos fijos, mientras que el número de teléfonos móviles sigue en aumento. Esta realidad no solo que no se presenta en nuestro país, el asunto es más crítico, los usuarios en ciertos lugares del territorio nacional no tienen otra opción para comunicarse que el teléfono móvil. Esta es la principal motivación para que en esta Tesis se plantee la necesidad de incluir obligaciones de servicio universal para las operadoras de servicios móviles en el Ecuador. La Tesis realiza un estudio de los conceptos y principios del servicio y acceso universal, así como también se ha realizado una revisión acerca de la opinión de los principales Organismos de telecomunicaciones en el mundo, a fin de conocer cuál es su posición respecto a los servicios móviles como una herramienta que promueva y extienda el servicio universal. Se ha realizado un planteamiento jurídico y técnico para promover la expansión del servicio universal, principalmente buscando aprovechar la infraestructura instalada por las operadoras móviles, pero el aporte regulatorio más importante es que a fin de que sea aplicable la propuesta es indispensable la presencia de organismo regulador fuerte y altamente capacitado para que realice los estudios necesarios y los planes a corto, mediano y largo plazo que se requieren para cumplir con éxito la tarea de llevar el servicio universal a todos los habitantes del país.

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El presente trabajo, en su totalidad, está orientado a establecer la factibilidad de crear una firma consultora en aspectos legales y tributarios en la ciudad de Quito, para lo cual se han estudiado aspectos como los deseos, preferencias y necesidades de los consumidores, así como la forma en la que el mercado los atiende. Partiendo de este análisis fue posible determinar la demanda insatisfecha del servicio de consultoría tributaria, así como diseñar productos y servicios a medida de los clientes, que puedan, por una parte apoyar y optimizar su función gerencial en lo que a la planificación fiscal se refiere; y por otra parte, ser un pilar del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de la sociedad en general. Sobre la base de dicha información se desarrolló la ingeniería del proyecto, en la cual se consideraron factores que van desde el tamaño, la localización y demás aspectos de la infraestructura física, así como del recurso humano necesarios para cumplir con los objetivos de la firma. Adicionalmente se realizó un esbozo de la estructura organizacional de que debería tener la consultora, desde el punto de vista de los procesos de la cadena de valor. El estudio de factibilidad de un proyecto no puede concluir sin el análisis y la evaluación financiera del mismo, el cual comprende sus fuentes de financiamiento, tanto internas como externas, así como el costo real de ese dinero; por otra parte se trató el tema del uso de los fondos del proyecto, es decir la inversión a largo plazo de la firma y sus costos anuales de operación; datos que terminan consolidándose en el estado de flujos de efectivo proyectado a cinco años, los cuales sirven de base para aplicar los diferentes métodos de evaluación de proyectos, a través de los cuales fue posible corroborar la rentabilidad y vialidad del proyecto. Finalmente, una vez realizado un estudio de factibilidad global del proyecto de creación de una firma consultora en aspectos legales y tributarios en la ciudad de Quito, se debe indicar que la adecuada combinación de los tres factores resumidos previamente incide directamente en la obtención de la rentabilidad esperada.

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El presente trabajo busca ver en qué medida los pueblos que cohabitan la sociedad otavaleña comparten o no una visión de desarrollo. De no existir una visión común, se pretende indagar cuáles son estas visiones, qué las diferencia y por qué se producen, cuáles son las consecuencias o implicaciones derivadas de estas diferencias. A la luz de algunas discusiones y aproximaciones teóricas producidas sobre el desarrollo local, se tratará de descifrar la visión o los diferentes enfoques de desarrollo presentes en el cantón Otavalo. En definitiva la cuestión que se plantea abordar en este trabajo de investigación, está referida a cuáles son las visiones de desarrollo que están presentes en el cantón Otavalo y en qué grado están articuladas en el imaginario de la gente o constituyen parte de un acuerdo entre los pueblos que coexisten en esta sociedad local. Interesa indagar qué es lo que caracteriza a esas visiones presentes en la realidad local; cuáles enfoques o aproximaciones teóricas del desarrollo predominan en estas percepciones y prácticas, explicar las yuxtaposiciones que se producen con la propuesta de desarrollo dominante que ha impreso la población blanco – mestiza, como también ver en qué medida el enfoque de desarrollo que está contenido en el Plan de Vida, elaborado de manera participativa en la actual administración que inicia su gestión del gobierno municipal de Otavalo en el año 2000, contribuyen al encuentro o desencuentro de las diferentes percepciones de estos colectivos sociales. Para lograr el propósito de este trabajo, en un primer momento, se enunciará el referente teórico desde el que vamos a problematizar algunas reflexiones y prácticas referidas al desarrollo local en Otavalo; en un segundo momento se caracterizará la sociedad Otavaleña, poniendo énfasis en los rasgos demográficos, culturales y las actividades económicas alrededor de las cuales se desenvuelve la vida de los pueblos kayambi y Otavalo; en un tercer momento se procede a utilizar el instrumental metodológico para procesar la información recabada y con ello tener una aproximación a las visiones de desarrollo que han ido construyendo los pueblos kayambi y Otavalo que cohabitan el territorio del cantón junto a la población blanco - mestiza. Finalmente, a manera de conclusiones se presentan los hallazgos más significativo, los cuáles pueden ser tenidos en cuenta por el gobierno municipal de Otavalo, para bosquejar una propuesta de desarrollo que recoja estas diferentes visiones y precautele la reproducción de la vida de estos pueblos, yendo más allá de tan sólo privilegiar el desarrollo económico o el equipamiento urbano y la infraestructura básica.