14 resultados para Impuestos - Valores y tablas - Querétaro

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de la Resolución No. 06.Q.ICI-004 de 21 de agosto de 2006, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y dispuso su aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia de la Superintendencia, en este sentido estableció un cronograma de implementación de dichas normas mediante Resolución 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, en la que se establecieron tres grupos de aplicación a partir del año 2010, 2011 y 2012. Con estas disposiciones, a partir del año 2012 absolutamente todas las compañías sujetas al control por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debieron registrar sus estados financieros bajo las referidas normas contables, las cuales permiten obtener información financiera transparente y uniforme, que sirve para la toma de decisiones a los usuarios de esos estados financieros. Un rubro importante que se presenta en los estados financieros, sin duda son la propiedad, planta y equipo, cuyo tratamiento contable se encuentra en las NIC 16 y NIC 36, esta última en cuanto al reconocimiento del deterioro, mientras que tributariamente, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establecen el cumplimiento de ciertas condiciones para que las depreciaciones de esa propiedad, planta y equipo, sea deducibles a efectos del Impuesto a la Renta. En este sentido tanto la norma contable (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) como la norma tributaria (Servicio de Rentas Internas), con el pasar del tiempo confluyen hacia tratamientos contables y tributarios que permiten a las compañías una mejor conciliación entre las mismas, como es el caso del Reglamento a la Ley orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención de Fraude Fiscal, publicado en el R.O. No. 407 de 31 de diciembre de 2014, que permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos en ciertos casos y condiciones, que de acuerdo a la norma contable deben registrarse.

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El dinámico crecimiento de los flujos comerciales, así como la preocupación por la protección de los recursos naturales han dado lugar al aparecimiento de un fuerte debate sobre los efectos que provoca la producción y el comercio de un bien sobre los recursos naturales. Como una forma de compatibilizar las aspiraciones de protección ambiental y crecimiento comercial, los países aplican una serie de medidas que van desde regulaciones y normas ambientales hasta instrumentos de mercado como impuestos, certificaciones y sellos ambientales. Si bien, aún no se conoce con precisión la efectividad de tales medidas en la protección del medio natural, es evidente que las mismas están provocando cambios en los procesos de producción y comercialización de un bien. En el caso del Ecuador, en tanto el sector privado busca ingresar a los exigentes mercados internacionales y cumplir con las condiciones ambientales exigidas, éste se ve obligado a adaptarse a las regulaciones ambientales internacionales, a incorporar tecnología ambientalmente limpia y a replantear sus condiciones de competitividad. Este libro inicia con un análisis de las relaciones comerciales entre América Latina y los países industrializados: Estados Unidos y la Unión Europea. Posteriormente aborda los vínculos entre comercio internacional y protección ambiental, para finalmente analizar los efectos de las regulaciones ambientales en la producción y comercio de banano y flores del Ecuador y la respuesta del sector privado frente a estas medidas.

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Si consideramos que el objetivo primordial del nuevo Sistema Nacional de Contratación Pública, según lo determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es generar un cambio en la contratación aplicando entre otros los principios de transparencia y publicidad, adquiriendo bienes y servicios de mejor calidad, a menor precio y en el menor tiempo, fomentando la demanda interna de bienes y servicios para diversificar la producción nacional, impulsando la economía local, la libre ciencia, vigencia tecnológica, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa, es importante analizar que incidencia tienen estos principios, particularmente en los procesos de licitación, puesto que éstos son los procesos de contratación que representan mayor inversión de fondos del Estado. Dentro de este contexto, los principios de transparencia y publicidad se constituyen en medios para proteger la integridad de las actuaciones de la Administración Pública, es decir, su aplicación se traduce en mecanismos para cumplir con los valores y bases de toda democracia y para evitar la temida corrupción. Por lo que, en el presente trabajo se ha realizado un análisis de la injerencia de estos principios de transparencia y publicidad en los procesos licitatorios, partiendo de un análisis histórico de las normas de contratación pública en el Ecuador, para posteriormente realizar un estudio comparativo con la ley vigente.

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El análisis de las discriminaciones sobre sexualidad y género dentro de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL) y la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo (ESPOL), ayudará a conocer y entender cómo se han producido y reproducido los discursos referentes a este tema, así como la manera en que este tipo de percepciones y actuaciones se hacen visibles en la convivencia diaria dentro de estas instituciones. También, se analizará el proceso del ingreso de grupos GLBT (gays, lesbianas, bisexuales y transexuales) en estas dos instituciones; adicionalmente, el conocimiento que se puede obtener de los grupos GLBT en el Ecuador permitirá comprender mucho más la sexualidad y el género en un ámbito militar y policial que representa el “orden”, la “rectitud” y la “valentía”. En el capítulo I, desde la perspectiva de género junto con los estudios de la sexualidad se planteará el enfoque aproximativo de esta investigación, para indagar sobre la discriminación y cómo se la ha tratado en el Ecuador. En el capítulo II se menciona sobre el poder masculinista que se relaciona que con el poder practicado en estas instituciones, y cómo este poder actúa respecto a la orientación sexual y al género. En el capítulo III se hace una descripción de lo obtenido en la investigación en las dos instituciones, con respecto a prácticas, usos, y rituales que practican en la convivencia diaria. La pregunta principal que se responde a través del análisis de estas instituciones es: ¿qué tipo de discriminaciones de género y sexuales existen entre los aspirantes, cadetes, instructores y autoridades en la ESMIL y la ESPOL? El enfoque metodológico es de corte cualitativo, con técnicas de observación del proceso de admisión, charlas sobre valores y clases académicas que reciben los cadetes, además de la instrucción o ejercicios físicos, y ceremonias internas de las dos instituciones. Se realizaron entrevistas en profundidad a los instructores, autoridades y aspirantes de las dos instituciones, que tienen relación y trato cercano con los cadetes desde primer año.

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El tema de la comunicación política y sus efectos en la sociedad, ha sido motivo de numerosos análisis en la actualidad, por haberse producido un descentramiento de la política como mediadora entre los ciudadanos y el gobierno, estableciendo los medios de comunicación la agenda política y generando una opinión pública vacía de contenidos. El discurso político obedece más que a una ideología seguida por partidos políticos a las estrategias publicitarias del marketing político y la video-política, empleando técnicas de mercadeo que convierten al líder político en un ‘producto’ y al ciudadano en un ‘consumidor’. De ahí que nos interesara examinar en la política sus procesos, y formas expresivas: en el teatro, la pervivencia de la ritualidad, y en el marketing y la video-política, las técnicas y procesos empleados en la construcción del personaje político. Los cambios que se han dado en la política responden sobre todo a la economización de los medios, al surgimiento de los canales privados de televisión, que actualmente representan a los intereses de consorcios globalizados. Analizamos este proceso en la realidad colombiana y aplicamos las nociones de teatralidad y videopolítica al surgimiento de un liderazgo como el de Antanas Mockus. De ello concluimos que la evolución de los procesos políticos, el cambio de valores y la inmediata emergencia de símbolos que los legitiman, son teatrales y que el ‘Estado seductor’ deberá comprender y servirse de las técnicas y recursos del teatro y la videopolítica, campos donde el orden simbólico se expresa con claridad y contundencia, para recobrar el sentido de la política, que la academia tiene mucho que aportar en este sentido, que de ello depende la independencia ideológica de América Latina y la posibilidad de dar respuestas acertadas a las demandas sociales.

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El presente tema de análisis tiene el propósito de analizar el Sistema de Custodia de Títulos Valores ó Sistemas de Compensación y liquidación de Valores del Ecuador así como, vinculados al desarrollo del mercado de valores y capitales, sin dejar de lado la supervisión de los riesgos financieros y los del propio sistema que están expuestos, a través de la utilización de mecanismos adecuados para saberlos administrar, al igual que la relación costo – beneficio que conlleva un ambiente de desmaterialización o inmovilización de títulos valores utilizando el mecanismo de anotaciones de cuenta. Los sistemas que se analizan son los que la Bolsa de Valores utiliza para realizar la compensación y liquidación de valores, el Decevale S.A., como entidad central de depósito, y el Banco Central del Ecuador como entidad liquidadora de las posiciones netas, en el periodo 1994 – 2002. El estudio está dividido en cinco capítulos, detallados: Capítulo I, Introducción, considera los antecedentes, delimitación y aspectos metodológicos del estudio, incluyendo la definición del problema a investigar, variables, indicadores, objetivos y justificación. El Capítulo II, Marco Teórico, abarca aspectos teóricos sobre los Sistemas de Compensación y liquidación de Valores, riesgos financieros y los instrumentos que se requiere para desmaterializar o inmovilizar t-v utilizando anotaciones de cuenta. El Capítulo III, Marco Empírico, comprende la situación del mercado Bursátil del país, los valores, entes reguladores, participantes, compensación y liquidación de valores y algunos aspectos legales. El Capitulo IV, análisis de los Sistema de Compensación y Liquidación de Valores del Ecuador, examina la gestión del papel del Decevale S.A. como depósito central de valores, el sistema de compensación y liquidación de valores utilizado por la BVG y el Sistema de Custodia de Títulos Valores del Banco Central, su papel como entidad liquidadora de resultados. Finalmente el Capítulo V, presenta los resultado, conclusiones y recomendaciones que a la luz del desarrollo del presente análisis ha arrojado. El estudio va dirigido a personas interesadas en conocer la infraestructura financiera, específicamente el funcionamiento de sistemas de pago y como estos ayudan a la eficiencia, y dinamismo de los mercados financieros del país.

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La Superintendencia de Compañías es un organismo técnico, que asesora y supervisa al sector empresarial del país, con criterios modernos y mecanismos eficaces de manera que la actividad de control se constituye en un elemento dinámico que coadyuva al mejor desarrollo de las empresas. También promueve el mercado de valores y los productos que en él se transan. La gestión de las instituciones del estado, se hallan reguladas por las leyes y normas emitidas para su funcionamiento y administración, siendo esto muy importante para la Superintendencia de Compañías, en razón de que por mandato constitucional es considerada como una institución que pertenece al sector público, lo que establece la obligatoriedad de que los procesos de reclutamiento y selección de personal que se ejecuten en esta entidad, sean canalizados a través de la normatividad vigente, con el objeto de lograr la inclusión del recurso humano calificado, a través de la aplicación de pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, determinación de competencias técnicas y conductuales que permitan medir las aptitudes y actitudes de las personas. El objetivo primordial de esta investigación, es lograr que a través de la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y la Norma de Reclutamiento y Selección de Personal, emitida por el organismo rector sean aplicadas de manera global en los procesos selectivos, los mismos que serán dirigidos por la Unidad de Administración del Talento. De esta forma, el proceso de selecciónpor competencias, al centrarse en aquellas habilidades y características conductuales predice con alta efectividad el desempeño laboral futuro de los candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar los cargos dentro de la organización.

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La sociedad de mercado se expandió hasta un proceso de totalización global de los monopolios, viabilizado por el flujo y disponibilidad instantáneos de información (mensajes, valores y cálculos) sobre la base técnica de la comunicación digital, teleinformática e hipermedia y un gran proceso de industrialización de la memoria. En ese contexto, la información desde una perspectiva humana y democrática sólo puede construirse incorporando a las colectividades en el desarrollo de sistemas informáticos participativos, de proyección emancipadora. Propuesta que circula desde hace años en América Latina pero que no hace parte de las agendas de las entidades técnicas de salud, que parecen concentrarse mucho más en la sofisticación de sus sistemas, aunque estos sean perfectamente funcionales al poder. El trabajo analiza los condicionamientos contemporáneos de la información en salud y posibles salidas para una construcción informática alternativa que incluya el pensamiento crítico, la interculturalidad y el poder popular como ingredientes essenciales de promoción y defensa de la vida.

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Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 (Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008), la Superintendencia de Compañías resolvió establecer un cronograma escalonado de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF por parte de las compañías ecuatorianas y entes sujetos al control y vigilancia de la misma. El cronograma establecido determinó a tres grupos de aplicación; el primer grupo constituido por las compañías reguladas por la Ley de Mercado de Valores y Auditoras Externas cuyo año de implementación fue el 2010; el segundo grupo conformado por las compañías cuyos activos superaban los USD$4 millones al 31 de diciembre del 2007, entidades de economía mixta, sector público y sucursales de compañías extranjeras cuyo año de implementación fue el 2011; y todas las demás compañías cuyo año de implementación fue el 2012. A la fecha de presentación de este trabajo de investigación, la gran mayoría de las compañías ecuatorianas han culminado el proceso de adopción a las NIIF como su normativa contable, es por tal motivo que este trabajo de investigación toma relevancia, al enfocarse en analizar e investigar cuáles han sido los ajustes más importantes y comunes realizados por las compañías ecuatorianas del sector industrial seleccionadas durante este proceso de conversión de normativa contable, así como también cuáles fueron las principales dificultades que debieron afrontar durante el proceso de implementación y los beneficios y ventajas más importantes que están teniendo estas compañías post implementación de las NIIF.

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Este artículo versa sobre los impuestos municipales y metropolitanos a la transferencia de dominio de bienes inmuebles en el contexto ecuatoriano como parte de la tributación local, y examina con un enfoque teórico los elementos cardinales de esta específica imposición, así como de aspectos formales y de gestión, a remolque del marco normativo vigente. En esta línea se exponen algunas inconsistencias del régimen jurídico de la materia con el correlativo planteamiento de varios supuestos que podrían considerarse para la depuración del régimen en cuestión.

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La gestión de los ingresos tributarios de los gobiernos municipales expresados en impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, con el concurso de las distintas direcciones, jefaturas y unidades administrativas en los ámbitos financiero, tributario, catastral y de recaudación, presenta deficiencias, incidiendo negativamente en la captación de recursos para el adecuado desarrollo de cada una de las competencias atribuidas a estos niveles de gobierno subnacional. El ejercicio de cada una de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales demanda ingentes recursos financieros de carácter tributario, no tributario y de los provenientes de endeudamiento público. En el ámbito tributario es fundamental que cada gobierno municipal disponga de los instrumentos jurídicos y de gestión apropiados para potenciar la recaudación de tributos, y así ir afianzando su autonomía, por ello este trabajo analiza la gestión recaudatoria tributaria de cuatro gobiernos municipales ecuatorianos: Cayambe, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, por el período 2008-2011, que al tiempo de evidenciar sus fortalezas también devele sus deficiencias, y de esta manera ir exponiendo algunas medidas y mecanismos tendentes a mejorar la gestión y los niveles de recaudación, que en último término propenda a una mejor redistribución del ingreso con mayores beneficios para sus habitantes.

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Desde el 20 de Octubre del 2008, fecha que entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, la concepción filosófica del Estado cambió. El auto determinante de “Estado constitucional de derechos y justicia social”, implicó algo más que enunciar un objetivo, impuso los valores como materia y contenido de los preceptos normativos, que marcan la validez del ordenamiento jurídico interno, y además, reconoce la fuerza irradiante de la Constitución sobre el infraderecho. La vinculación de la moral y la justicia en el Derecho objetivo, convierte a un Estado de Derecho positivo, en un Estado constitucional de derechos y justicia social, cuya misión es proteger los valores y principios consagrados en la Constitución, creando para ello mecanismos jurídicos que, teóricamente, permiten el cumplimiento de sus declaraciones. El control de constitucionalidad, y para el caso en estudio, el control de constitucionalidad concreto, es uno de aquellos mecanismos que defienden la hegemonía y la supremacía constitucional. El control de constitucionalidad concreto, es una herramienta apropiada para detectar normas inferiores en contradicción con las normas superiores; se activa ante la duda razonable de constitucionalidad de una norma jurídica, que esté siendo aplicada por la autoridad judicial ordinaria dentro de un caso concreto. Empero, la sustanciación de la consulta judicial de constitucionalidad de norma, exige que la causa concreta se suspenda por cuarenta y cinco días, sin resolver nada sobre lo principal (CR, Art. 428). En asuntos que litigan intereses particulares, suspender el trámite de la causa, sin resolver nada en el fondo, no representaría mayor problema, pero en las causas que ventilan derechos de personas y grupos de atención prioritaria (CR, Art. 35), cuyos bienes, por su trascendencia social, interesan a la causa pública, suspender el trámite del caso sin resolver nada de fondo, lesiona el principio de tutela judicial efectiva y del debido proceso en la garantía de defensa (CR, Arts: 75 y 75.7).

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Son múltiples las formas de imposición que están relacionadas con la actividad económica, materializada en hechos, actos, contratos y situaciones, constituyendo una fuente rica de ingresos para el erario fiscal; en lo local, la tendencia histórica ha sido gravar estas actividades que se realicen de manera permanente, con estas consideraciones se establece el impuesto de patente. En la época medieval, los señores feudales otorgaban una carta –patente- que consistía en una autorización al súbdito para ejercer determinadas actividades de comercio, industria u oficio. En el Ecuador en 1917 aparece la patente como la concesión o permiso para la venta de timbres postales y, será en la Ley de Régimen Municipal publicada en el Registro Oficial No. 680 de 31 de enero de 1966, que se instaura la obligación de obtener la patente para todos los comerciantes e industriales, mientras que en otros países del continente, se grava a la actividad económica con la patente de industria y comercio o el impuesto al activo. La Administración Tributaria Municipal, basa su clasificación económica para efecto de determinar el valor a satisfacer por patente para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme a todas las Actividades Económicas (CIIU), mientras que para sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad se establece en función del capital o patrimonio, entendido como la diferencia entre el activo y el pasivo. Este impuesto aglutina dos situaciones que se concatenan entre sí, por una parte hay el requerimiento de inscripción de la actividad económica en un catastro municipal, con lo que se obtiene el permiso para ejercer la actividad, y por otra se satisface un gravamen previo una declaración, con lo que se habilita la autorización. Por la actuación subjetiva en muchos casos y los parámetros de determinación presuntiva dispuestos por la Dirección Metropolitana Tributaria del DM de Quito, se han emitido títulos de crédito que han originado múltiples reclamos, en especial del ejercicio económico 2013, lo que demanda mejoras en el accionar de la gestión tributaria municipal, para lo cual emito recomendaciones y propongo un proyecto de ley que reforme y acopie en un solo sistema impositivo, impuestos fiscales y locales a las actividades económicas: renta, patente y 1.5 por mil a los activos totales.

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El presente trabajo estudia la relación entre la teoría del Estado de Derecho, la democracia y el constitucionalismo desde el punto de vista teórico y en función del control formal de constitucionalidad de las leyes como uno de los medios para garantizar la vigencia de una forma de gobierno democrática. Se pone en evidencia la instrumentalidad de los procedimientos y la misma se aborda desde los tres aspectos de un sistema constitucional como son: función, estructura y procedimientos de la función legislativa. Se trata de una perspectiva sustancial y democrática que permite extraer de los principios y contenidos constitucionales reglas procedimentales y estructurales para el proceso de formación de la ley y establecer la función que cumplen para la salud del sistema democrático. Los valores y derechos se encuentran presentes en este trabajo pero de ellos se propone un punto de vista jurídico que permita su efectivo control, y así garantizar su materialización durante el trámite de formación de una ley. Todo esto resultará necesario, mucho más en tiempos como los nuestros, donde la reflexión sobre el ejercicio y actividad de los poderes públicos ha sido relegada al segundo plano. Este trabajo, en síntesis, recalca en la garantía de los derechos y la materialización de los valores y principios por medio de las normas del procedimiento y del esfuerzo por perfeccionarlos. De estos aspectos depende la vigencia, de lo que en términos del artículo uno de la Constitución ecuatoriana, es un Estado constitucional de derechos y justicia. El trabajo se limita al estudio jurídico-dogmático del poder legislativo y las relaciones sociopolíticas que se presentan durante la formación de la ley. Todo ello conectado al control formal de constitucionalidad del procedimiento legislativo realizado por la Corte Constitucional. Algunas anotaciones históricas permitirán comprender el origen de la institución parlamentaria y su ideología. Por otra parte, el derecho comparado permitirá apreciar el contraste entre los aciertos y desaciertos del diseño del procedimiento legislativo que se encuentra vigente en nuestro país. Así entendidos, los valores y principios tienen contenido y eficacia jurídica; develar esas características es fundamental para controlar el cumplimiento de la Constitución.