Evaluación del costo - beneficio de energía eléctrica no servida en el sistema eléctrico ecuatoriano durante el período 2007-2008

Los sistemas eléctricos son planificados y operados con criterios de seguridad, calidad y confiabilidad, sin embargo en ausencia de los recursos suficientes, estos criterios son vulnerados, como ocurre a menudo en el sistema eléctrico ecuatoriano. La calidad del servicio de energía eléctrica se determina a través de los parámetros eléctricos frecuencia, voltaje y continuidad de servicio. La falta de continuidad del servicio de energía eléctrica afecta al bienestar de los consumidores, teniendo impactos económicos negativos, siendo los consumidores industriales los que mayores pérdidas económicas experimentan con la interrupción del servicio, por lo que se estima que todo este grupo de consumidores están dispuestos a pagar por la continuidad del servicio. En el sistema eléctrico ecuatoriano, aproximadamente el 60% de los consumidores residenciales son beneficiarios de la tarifa de la dignidad (tarifa subsidiada por el Gobierno Nacional), quienes no estarían dispuestos a pagar por la continuidad del servicio de energía eléctrica. Aproximadamente el 27% de los consumidores comerciales no serían afectados por la interrupción del servicio eléctrico, quienes tampoco estarían dispuestos a pagar por la continuidad de servicio. Con la recaudación por el pago por continuidad de servicio, se debe establecer los mecanismos de compensación económica y seguros, a aquellos consumidores que han experimentando la interrupción de servicio. Al conocer el costo de energía no servida, el planificador es capaz de determinar bloques de demanda de energía eléctrica por tipo de consumidor a ser interrumpida, al presentarse escasez en la oferta o altos costos de generación de energía eléctrica.

Análisis de la Integración de Bolivia a los acuerdos de Interconexión Eléctrica con los Países Andinos

El estudio consiste en determinar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene Bolivia para la integración regional de sistemas eléctricos y el intercambio intracomunitario de electricidad con los Países Andinos. Para ello, en un primer momento se presentaran las iniciativas de integración eléctrica presentes en América Latina y la Región Andina. En un segundo momento, el análisis se situara en determinar la actualidad del Sector Eléctrico de Bolivia, así como sus posibilidades de integración eléctrica con los Países Andinos y con los demás Países de la Región. Por último, en un tercer capítulo se determinará cuáles son las fortalezas y debilidades que presenta Bolivia en dichas iniciativas, para lo cual se desarrollará un análisis del nivel de participación y los compromisos adquiridos por Bolivia en las actuales disposiciones jurídicas e institucionales que promueven la integración eléctrica entre los países en mención.

La huelga de la Universidad Central y la disputa por la autonomía universitaria en marzo de 1939

La presente investigación indaga sobre uno de los acontecimientos más relevantes de la década de los 30 del siglo pasado, como es la Huelga de marzo del 39. Dicho acontecimiento se dio en una coyuntura política compleja, marcada por el regreso al poder de la burguesía liberal, representada en el gobierno de Aurelio Mosquera Narváez, que se caracterizó por su beligerancia a los sectores sociales y su persecución a los dirigentes de izquierda. Una de sus medidas fue la reorganización de las universidades mediante la promulgación de una disposición transitoria a la Ley de Elecciones que dejaba vacante los puestos públicos de periodo fijo. Esta disposición puso en debate uno de los derechos propios de la Universidad como es la autonomía universitaria, consignada por primera vez en el año de 1925. Como consecuencia de esta disposición transitoria, las cátedras universitarias quedaron vacantes, el Ministerio de Educación procedió a nombrar nuevos docentes, excluyendo de estos nombramientos o a profesores de militancia socialista. Este hecho fue interpretado por los estudiantes como una violación a la autonomía del centro de estudio y provocó que el 16 de marzo el Consejo Universitario deje de funcionar y los estudiantes se tomen las instalaciones de la Universidad y declaren la huelga. Frente a estos acontecimientos, otros sectores sociales como los maestros, obreros y textiles, eléctricos y transportistas mostraron su solidaridad y procedieron a plantear sus propias reivindicaciones, declarando una huelga general los días 21 y 22 de marzo y formando el autodenominado Frente de Estudiantes-Maestros-Trabajadores. El resultado final fue una profunda agitación social en las calles, la que obligó al Estado a utilizar su fuerza coercitiva y a declarar ilegal lo actuado por los sindicatos. Este hecho tuvo profundas repercusiones en los dirigentes gremiales, en la firma de contratos colectivos y en la creación de una alternativa educacional que fue la Universidad libre.