6 resultados para Homicídios causados por policiais

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Esta tesis busca definir una alternativa para administrar los proyectos de desarrollo de software basándose en la Teoría de Restricciones del Dr. Eliyahu M. Goldratt y siguiendo los principios de la metodología Ágil Scrum, con el fin de lograr proyectos exitosos que satisfagan a los clientes y sean rentables para la compañía ejecutora. En el capítulo 1 se presenta el marco lógico de la Teoría de Restricciones y los 5 pasos propuestos para implementar un proceso de mejora continua identificado el elemento que limita al sistema y le impide generar los resultados financieros deseados. Se continúa con el análisis de las particularidades de los proyectos de desarrollo de software, las bases que sustentan a las metodologías de Desarrollo Ágil y se estudia en detalle a Scrum. En el capítulo 3 se conjugan las reglas del marco de trabajo Scrum con los lineamientos de la TOC para obtener una guía práctica para administrar los proyectos de desarrollo de software. Se evidencia que el proceso de desarrollo es un sistema con una restricción que lo limita y que se pueden aplicar los 5 pasos propuestos por la TOC para optimizarlo. Además, los argumentos lógicos de la Cadena Crítica, aplicación de la TOC para administrar proyectos, permite asignar amortiguadores en los lugares adecuados de la ruta del proyecto haciendo que el Scrum Master se enfoque en los desfases causados por los inevitables imprevistos. En el capítulo 4 se analizan las convenciones de la contabilidad de Throughput para definir indicadores de operación y de resultados que nos permitan monitorear y controlar los avances de los proyectos, determinar su éxito y poder comparar las continuas mejoras conseguidas con la aplicación de la TOC y Scrum. En el último capítulo el lector podrá encontrar la aplicación de la teoría analizada en un proyecto real que ha sido seleccionado para ilustrar de mejor manera el marco de trabajo propuesto.

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La presente tesis analiza las principales estrategias de comunicación y movilización social a nivel nacional e internacional desarrolladas por la Asamblea de Afectados por Texaco y el Frente de Defensa de la Amazonía del Ecuador, FDA, en su lucha por la justicia ambiental frente al desastre causado en la Amazonía por la empresa petrolera estadounidense Texaco, actualmente Chevron. La explotación petrolera, iniciada en Ecuador en 1967, se produce en el marco de la búsqueda ilimitada de recursos naturales para alcanzar el denominado “desarrollo”, que ahora es cuestionado desde varios sectores. Esta actividad ha causado enormes impactos sociales y ambientales en las poblaciones cercanas a la explotación petrolera. Para enfrentar situaciones como éstas, un grupo de pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana en la Amazonía ecuatoriana, en representación de 30.000 indígenas y campesinos migrantes, demandó a la petrolera Chevron, antes Texaco, para exigir la limpieza, reparación y restauración de los daños causados durante el período de explotación petrolera desde 1964 hasta 1990. Los pobladores, que forman parte de la Asamblea de Afectados por Texaco y del Frente de Defensa de la Amazonía, han utilizado diversas estrategias de comunicación en su enfrentamiento a la poderosa transnacional Chevron, la segunda empresa más grande de petróleo en los Estados Unidos. También se han relacionado con el movimiento ecologista a nivel nacional e internacional, logrando la solidaridad y la movilización social en los países del Norte, especialmente en Estados Unidos. La lucha y la persistencia de los y las indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana sin duda constituyen un aporte para quienes día a día trabajan por alcanzar la justicia global.

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Presenta el abordaje de la prensa impresa y virtual a los hechos que afectaron el cumplimiento de derechos humanos en 2011, evidenciando un incremento porcentual a nivel local, particularmente en el sector rural, registrándose como provincias más afectadas Guayas y Pichincha y como derechos más afectados los del buen vivir y de libertades, constatándose casos causados por particulares, como los cometidos por agentes fuera de la ley. Concluye registrando un incremento sustancial en el porcentaje de anulación de derechos, siendo los grupos más afectados los niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas y personas en situación de movilidad, señalando el incremento de violencia intrafamiliar, feminicidios y embarazo adolescente.

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Las niñas y los niños se tornan, junto con las personas mayores o discapacitadas, en los grupos humanos más vulnerables a la hora de enfrentar desastres naturales o los causados por el ser humano, como la guerra. La intensidad que ha tomado la violencia, especialmente en la zona norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, hace necesaria una herramienta práctica que otorgue a las personas adultas que tienen a su cuidado a la población infantil, la capacidad de poner en marcha mecanismos de prevención y manejo de hechos que afecten la vida de la comunidad. Cuando hace años vimos esta guía que fuera editada en el 2002, por primera vez en Colombia, bajo el título “AYUDEMOS A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS AFECTADOS POR EL CONFLICTO”, y publicada por el Comité Andino de Servicios, con el apoyo de American Friends Service Committee (AFSC) y Terre des Hommes (Italia y Alemania), junto con ACNUR, Servicio Jesuita para los Refugiados y el Ministerio de Cooperación de la República Federal Alemana, nos pareció una herramienta imprescindible para trabajar la situación de violencia en ambientes donde la presencia de profesionales es casi imposible. Cuando quisimos consultar con el Comité Andino de Servicios (CAS) para su reedición por la Clínica Ambiental, como proyecto de reparación socio-ambiental, para Save the Children y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), el CAS ya no existía, ni en Ecuador ni en Colombia, por lo que solicitamos la autorización directamente a sus autores, Carlos M. Beristain y Amanda Romero. Ambos no sólo aceptaron gustosos la reedición, sino que aceptaron la revisión y actualización. A ellos nuestro agradecimiento.

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La utilización de los términos femicidio y feminicidio en Ecuador, es relativamente reciente, y aunque no existe una figura penal que acoja alguna de estas denominaciones, a priori se refiere al homicidio de mujeres. El concepto de femicidio fue introducido en los debates sobre violencia contra las mujeres en los 70, para referirse al asesinato perpetuado por hombres a mujeres, motivados por un sentido de poder y al mismo tiempo de desprecio o desvalorización de sus cuerpos y proyectos de vida. Diana Rusell, feminista estadounidense, planteó la definición de femicidio, con el objeto de que al nombrar los crímenes de mujeres en manos de hombres, sea más fácil identificarlos en el ámbito de la política sexual, y para que estos dejen de ser asumidos como cuestiones privadas y/o patológicas, y más bien sean analizados como expresión del dominio patriarcal: “Cuando los hombres matan a las mujeres [...] el poder dinámico de la misoginia y el sexismo está involucrado”.1 Siguiendo esta línea de reflexión, la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, explica que al hablar de femicidio se refiere a las muertes violentas de mujeres, que no se producen en forma casual, y tampoco son producto de actos de violencia social generalizada. Por otro lado, recalca que los femicidios ocurren bajo lógicas y dinámicas distintas que las que envuelven los homicidios de hombres causados por hombres

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La reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 407 de 31 de diciembre de 2014, introdujo al Sistema Público para el Pago de Accidentes de Tránsito como una cobertura de protección por el riesgo que la circulación de automotores representa para las potenciales víctimas de accidentes de tránsito; garantía asumida por el Estado ecuatoriano y financiada por los propietarios de los vehículos que se trasladan por el territorio ecuatoriano. Los perjuicios que no fueran cubiertos por este amparo, seguirán constituyendo responsabilidad civil del causante, cuando éste sea determinado por autoridad competente y no sustituye la responsabilidad civil originada por el accidente. Este sistema sustituyó al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) implementado a inicios del 2008. Sobre la base del estudio de los regímenes de protección de víctimas de accidentes de tránsito en Bolivia, Colombia, Chile, Perú y de la propia experiencia ecuatoriana, se persigue determinar los principales lineamientos que deberían considerase para la elaboración del reglamento que regirá el funcionamiento del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, de manera que cumpla con su objetivo básico de satisfacer a los afectados por un accidente. La investigación se inscribe en el campo del derecho comparado, utilizando como métodos de investigación jurídica al exegético y sistemático; y, como técnica, la documental. Las sugerencias para la normativa que rija al Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito en cuanto a coberturas, exclusiones, acciones de repetición, Fondo de Accidentes de Tránsito, entre otros, permitirán el resarcimiento oportuno de los daños causados a las víctimas o sus beneficiarios en caso de muerte; además se incluyen recomendaciones relativas al tratamiento del seguro de responsabilidad civil ecuatoriano como producto del desarrollo de esa institución.