33 resultados para Historia de las mujeres

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Luego del triunfo de la Revolución Liberal en 1895, se promulgaron en el Ecuador una serie de leyes que procuraban la igualdad entre los sexos. A pesar que el liberalismo sostenía que éstas leyes benefiaban a las mujeres, en muchos casos fueron las mismas mujeres quienes opusieron y protestaron en contra de la nueva legislación ¿Qué es lo que produce esta reacción? Uno de los factores que favorece la oposición femenina es el discurso de la Iglesia Católica y del grupo de conservadores, que encontraron un importante aliado en los círculos de mujeres católicas. Un segundo factor es que el liberalismo y su proyecto aparecían como una imposición para algunas mujeres, que no habían sido consultadas o tomadas en cuenta a la hora de legislar "en su favor". Cabe preguntarse entonces, ¿qué se proponlan los gobiernos liberales con esta nueva legislación?, ¿buscaban la igualdad entre los sexos y que las mujeres dejaran su rol tradicional? En realidad no. Al revisar tanto el discurso liberal como el conservador vemos que en lo referente a las mujeres y a su rol social no hay mayores diferencias. Es decir, liberales y conservadores· concordaban en que el espacio de las mujeres era el hogar y su función la de esposa, madre y ama de casa. Sin embargo es evidente que el liberalismo buscaba insertar a la sociedad ecuatoriana en un proceso profundo de modernización y secularización, para lo cual buscaron apartar a las mujeres, reproductoras de modelos y roles al interior de los hogares, de la Iglesia Católica. De ahf la necesidad de abrir espacios y campos de acción para mujeres, con el trabajo en la oficinas públicas y la educación laica, pero sin producir un cambio radical en la situación femenina. No se puede negar, primeras décadas del siglo XX fueron años de grandes transformaciones para las mujeres ecuatorianas. ¿De dónde provienen estos cambios? Son ellas mismas quienes poco a poco y en medio de la disputa política asumen nuevas actitudes, posiciones y acciones. La situación internacional, el conflicto politico interno y la dificil situación económica, contribuyeron a que las mujeres, en función de sus propias necesidades y metas, busquen situarse en espacios que antes les eran negados; y asl se constituyó un nuevo modelo femenino esto es una nueva forma de ser mujer.

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Esta tesis se refiere a la agenda pública de los gobiernos liberales radicales (1895-1912) respecto a la instrucción pública primaria en general y de las mujeres, en particular; así como la gestión efectiva que respecto a ese ramo logró ejecutarse. Este examen se realiza desde la subdisciplina de la Historia del Estado como institución, de donde se obtuvieron los instrumentos conceptuales para conocer cómo funcionó la maquinaria estatal, sus dirigentes políticos y cuadros burocráticos, durante la época de referencia. El examen se realiza usando como fuentes primarias las normas referidas a educación emitidas entre 1895 y 1912, “los Diarios de Debate” de los Congresos, los “Informes Presidenciales” y los “Informes de Ministros”.

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La educación de las mujeres ecuatorianas a través de los Informes de Ministros de 1930 a 1940 muestra cómo ellas salieron de la vida privada de madres, esposas y cristianas abnegadas hacia una vida pública que les brindaba muchas oportunidades. Las que primero sobresalieron fueron las educadoras pertenecientes a la clase media de aquella época, siendo sus principales estrategias la secularización y prácticas pedagógicas como la escuela activa. Los cambios fueron sustanciales y repercutieron tanto en el ámbito social como en las políticas públicas educativas de los diferentes Ministros de Instrucción Pública destinadas a satisfacer las necesidades de la población estudiantil femenina. Fueron educadas a partir de mallas curriculares que favorecían la capacitación de la mano de obra y el fomento de valores como el trabajo en equipo y la solidaridad. Esto se realizaba en escuelas normalistas rurales y urbanas, algunas de ellas incluso nocturnas. Se estableció un esquema de unidad nacional que incluía al sector indígena, para evitar brechas en el progreso y la reconstrucción del país. La educación femenina ecuatoriana desde 1930 hasta 1940 experimentó acontecimientos esenciales para el desarrollo de una concepción de igualdad. Esto justifica y establece la relevancia de esta problemática, puesto que gracias a ello hoy en día existe en el país una visión de equidad de género que inclina la balanza hacia el reconocimiento de las mujeres en la historia de la educación nacional, que por su valor y coraje salieron del anonimato para reclamar sus derechos y una posición digna en la sociedad. El presente trabajo se realiza con el afán de analizar la participación de las mujeres dentro de las clases obreras en la primera mitad del siglo XX y su repercusión trascendental para la creación formal de organizaciones que apoyan su visibilización y el reconocimiento de sus capacidades con el único objetivo de mejorar su vida y la de su familia.

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Las mujeres presas en el Hospicio de Quito durante los primeros treinta años de existencia constituyen el objeto de estudio del presente trabajo. A través de este sector circunscrito de la plebe quiteña se identifican algunas características sobre la forma en que “desde arriba” se proyectan las políticas y los mecanismos de control y algunas agencias que “desde abajo” se activan frente a la situación de disciplinamiento en la ciudad. Para abordar estas dos perspectivas se recurre a documentación oficial y a la búsqueda del “deber ser” institucional, al mismo tiempo que se procura recuperar la voz de los sectores subalternos, particularmente de las mujeres. El trabajo se asienta por lo tanto, en buena medida, en aquella documentación primaria que permite escuchar algunas de las preocupaciones de las mujeres relacionadas con sus experiencias. Específicamente se detectan algunas prácticas que activan frente a las injusticias que perciben y su reacción frente al incumplimiento de los objetivos de la institución definidos en el discurso ilustrado que justificaron su creación. Ambos temas traducen la percepción que tienen los sectores subalternos respecto a su rol y al del Hospicio.

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Una de las huellas dejada por las mujeres en su transitar por los distintos espacios de la sociedad ecuatoriana, en las primeras décadas del siglo XX, fue la escritura periodística a través de algunas revistas que circularon al calor del movimiento emancipatorio de la mujer de fines del siglo XIX. En ese ejercicio del periodismo y de la literatura se pueden rastrear estrategias discursivas con las que las mujeres legitimaron su incursión en el espacio público del periodismo y ejecutar su voluntad de verdad. Así, este texto es un acercamiento a los discursos del primer feminismo en nuestro país, considerándolos como participantes de un universo discursivo más amplio, por medio de una práctica re-ordenadora, cuestionadora o receptora de otros discursos de poder, propia de comienzos del siglo anterior.

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El impacto potencial en las mujeres de todo el mundo de una corte penal internacional es inmenso. Futuras víctimas de la violencia sexual ejercida en conflictos armados no tendrán que sufrir la misma suerte que las mujeres de otras guerras y conflictos casi nunca recibieron justicia de las comisiones o cortes anteriores a la CPI. Este artículo trata sobre las implicaciones de la CPI y la protección a las mujeres.

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Después de cinco años de lucha, México aprobó la Legislación Indígena. Sin embargo, ésta no cumple con los requisitos mínimos a los que aspiraban las comunidades indígenas, la comunidad de los derechos humanos y los juristas progresistas. En realidad, esta legislación es un grave retroceso, ya que objetivisa a las comunidades indígenas, las despoja de su condición de sujetos de derecho y las convierte en objetos de protección.

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Como en otros países de América Latina en el Perú el sistema de justicia padece diversos y complejos problemas estructurales que impiden el cumplimiento del rol central que la sociedad le da en el marco de un estado democrático. Algunos de estos problemas son: el sometimiento político a gobiernos y partidos políticos con el fin de mantener debilitado al sistema de justicia y poder controlar a jueces y fiscales; la anacrónica formación jurídica universitaria, apegada al estudio de códigos donde prima “la letra” de la ley en detrimento del “espíritu” de la misma. A esto hay que agregar un sistema diseñado sin tomar en cuenta el carácter multicultural de nuestro país, lo que lleva a que grandes sectores sociales, históricamente excluidos, sean discriminados por la justicia en razón de su idioma, raza, cultura; pero pocas veces se ha dicho que el sistema de justicia excluye también, en razón del sexo y el género, a las mujeres.

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La Corte Penal Internacional (CPI) recién inició la primera investigación formal para juzgar los crímenes cometidos en la República Democrática del Congo. Es urgente que desde el movimiento de mujeres vigilemos que la CPI efectivamente investigue y sancione a los responsables por los crímenes sexuales y de género cometidos contra las mujeres, ya que la violencia sexual como arma de guerra no debe pasar desapercibida. Este especial aborda aspectos centrales de la CPI, tales como los crímenes de género y la jurisprudencia en relación con ellos, los procedimientos género sensitivos y los alcances que podría tener la implementación de los estándares internacionales en el ámbito nacional para avanzar los derechos humanos de las mujeres.

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En los últimos cinco decenios se han logrado muchas cosas, que hoy damos por sentado, con el fin de prohibir y eliminar las discriminaciones de género. Siglos de negación legalizada de la igualdad de derechos de las mujeres se olvidan fácilmente. A las mujeres se les concedió el derecho al voto en Nueva Zelanda en 1893, hace sólo 105 años, y se les otorgó el derecho a ser elegidas en Finlandia en 1908, hace tan sólo 90 años. A lo largo de los últimos cinco decenios, estas excepciones se han convertido en una regla, aunque en ciertos casos dicha regla aún es cuestionada.

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Por muchos años la lucha por la igualdad de las mujeres centró sus esfuerzos en problemáticas como la violencia contra las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, la participación social y política de género y los derechos sexuales y reproductivos. Es indudablemente que a través de estas luchas se alcanzaron conquistas en el ámbito legislativo y en las políticas públicas, además del reconocimiento social sobre las desigualdades existentes, aspectos que el Estado, por iniciativa propia, jamás los hubiera reconocido. Sin embargo estos cambios demandan procesos que sobrepasen los temas antes aludidos; ahora, corresponde a las mujeres debatir temas económicos, de integración económica y los demás problemas estructurales de la sociedad, desde una perspectiva distinta a la tradicional; estos son los actuales desafíos de los movimientos de mujeres.

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Ronald Dworkin distinguía dos tipos de derechos. Los unos, con mayúscula, que generan distintas formas de exigencia cuando son incumplidos, que van desde la protección judicial hasta la rebelión si esta no es efectiva. Los otros, con minúscula, que pueden ser limitados, suspendidos y hasta anulados. La forma fácil de distinguir los unos de los otros es buscarlos en las constituciones. Los primeros están reconocidos (aunque no todos) en los catálogos de derechos; los segundos no. Por ejemplo, tengo derecho a la a vida, en el primer sentido; tengo derecho a escuchar una conferencia, en el segundo. Desde esta perspectiva parecería que no tengo derecho a la anticoncepción de emergencia porque no está expresamente reconocido como tal en la Constitución ecuatoriana ni en los instrumentos internacionales. Así que la discusión va por otro lado. El derecho reconocido en la Constitución ecuatoriana es el "derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual" y el "derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que pueda procrear, adoptar, mantener y educar". Para ejercer estos derechos, el Estado tiene la obligación de ofrecer distintos medios que tengan ciertas características: legítimos, varios, no perjudiciales para la salud, conocidos. Si así no sucede, cuando no existe información ni opciones, no existe la libertad para decidir. Luego, el derecho se convierte en ilusorio y el Estado incurre en responsabilidad por violación al derecho.

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El presente artículo hace un balance de los resultados de la participación política de las mujeres a partir de la implementación de la Ley de Cuotas en el ámbito municipal en Bolivia. Los aspectos a ser abordados son la ampliación de la participación política femenina y las condiciones de inserción política en el país. Para este propósito, se presenta previamente una reflexión teórica inicial acerca de la dicotomía público/privado como mecanismo de exclusión de las mujeres de la esfera política; y, un breve análisis del marco normativo y el contexto internacional en el que se plantea la Ley de Cuotas en Bolivia.

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Se registran importantes avances legales y constitucionales en el reconocimiento del derecho de las mujeres. Sin embargo, persisten situaciones de inequidad en los temas pobreza, violencia contra la mujer y acceso a la justicia. En el Ecuador, uno de cada cinco hogares pobres está jefaturado por una mujer, alcanzando el 20% de los mismos el nivel de indigencia. Un 41% de las mujeres encuestadas declara haber sido víctima de violencia psicológica, un 31% afirma haber sufrido violencia física y un 12% sexual. En las Comisarías de la Mujer y la Familia se recibieron 60,789 denuncias por violencia intrafamiliar (2005). La Unidad de Estadísticas del Ministerio Fiscal (2005) registró un total de 8,735 denuncias sobre delitos sexuales, de las cuales 3,842, casi la mitad de ellas, fueron violaciones. El sistema judicial no da respuestas efectivas a las denuncias sobre delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

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La violencia contra las mujeres en Colombia se presenta como un contínuum en sus vidas y no como hechos aislados que tienen por escenario los denominados espacios públicos y los espacios privados, la cual se exacerba en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de seis décadas, la cual ha tenido como escenario sus cuerpos-territorios. Ciertamente los cuerpos de las mujeres en Colombia han sido leídos como premios para los guerreros de los distintos bandos, y se han utilizado como arma de guerra para agredir, debilitar al enemigo, y provocar terror dentro de las comunidades de tal manera que se generen desplazamientos masivos y así lograr el control de los distintos territorios. Si bien las últimas cifras dadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que durante los años 2007 y 2008 se realizaron 41.475 informes periciales sexológicos, en los que el 84% de los casos las víctimas fueron mujeres, aún resulta imposible cuantificar el número de mujeres que han sido y son víctimas de alguna modalidad de violencia sexual en los casi sesenta años de conflicto armado, en especial por el altísimo subregistro que se presenta ante el miedo a las represalias, estigmatización y revictimización que deben enfrentar las mujeres al denunciar.