41 resultados para Gestor público

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El derecho a solicitar la devolución del IVA a favor de las instituciones del Sector Público, dio pie a un sinnúmero de inconvenientes que lo único que lograron fue obstaculizar el proceso de devolución de IVA mensual, perjudicando a las instituciones públicas que se veían privadas de capital para poder continuar con el cumplimiento de sus fines. Este trabajo pretende exponer los principales problemas que surgen por la no tipificación en la ley del plazo de prescripción del derecho para pedir la devolución del IVA debidamente pagado, tema en el cual encontramos criterios opuestos, de lo que nace la importancia de legislar este tema que causa graves inconvenientes. Problema que aunque ya no pertenece a las instituciones del sector público, actualmente causa inconvenientes a los demás organismos que tienen derecho a la devolución de IVA, de conformidad al art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado por el art. 128 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. Además analizaremos el no reconocimiento de intereses a favor de estos organismos, por parte del Servicio de Rentas Internas, a pesar de haber transcurrido más de un año en la resolución de un reclamo y que este haya sido favorable. Revisando los temas expuestos podemos percibir en muchas ocasiones la violación de derechos constitucionales que no son considerados por el SRI al emitir sus resoluciones en contra del contribuyente; siendo a veces censurable la actitud de la administración tributaria en el sentido de entorpecer su operación práctica, mediante inadmisiones injustificadas y caracterizadas por un formalismo inaceptable que no se separa en mucho de la arbitrariedad. El propósito de este trabajo es encontrar la base legal apropiada, a fin de evitar inconvenientes a los contribuyentes y a la administración tributaria, por la falta de normativa clara y expresa, que se debe aplicar en los casos motivo del presente estudio.

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La presente Tesis persigue como objetivo fundamental la determinación de la materia transigible en la mediación en la que interviene el sector público, para ello fundamentalmente, pretende realizar una distinción entre el sector público y el privado, utilizando para esta tarea, mas que una simple enumeración del sector público, la puntualización de sus principales características como son las potestades y prerrogativas de la administración pública. Posteriormente, el presente trabajo establecerá los principios de la administración pública y de la mediación como medios para determinar aquello que puede ser transigible por la administración, finalmente abordará el problema central que diferencia las actividades del sector privado y el público, que es la libre disposición versus la versus la actividad expresamente permitida.

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La vigente Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 35 numeral 9º, determina de manera expresa el régimen legal, al que deben estar sujetos los servidores, autoridades, empleados, trabajadores y obreros que prestan sus servicios en el sector público, determinando que en el caso de las personas jurídicas creadas por Ley para el ejercicio de la potestad estatal, y las Instituciones del Estado que ejerzan actividades que no puedan delegar sus actividades al sector privado, las relaciones con sus servidores se regularán por el Derecho Administrativo, con excepción de los obreros que se regirán por el derecho del Trabajo. Y en el caso de las Instituciones del Estado que si pueden delegar sus actividades al sector privado, las relaciones se regularán por el Derecho del Trabajo con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental, las cuales se sujetarán al derecho administrativo. La expedición de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA, vulneró este mandato constitucional, sujetando a los trabajadores y obreros del sector público a esta Ley del Derecho Administrativo. Este quebrantamiento a la Ley Suprema fue demandado ante el Tribunal Constitucional, Órgano supremo de control constitucional que debe asegurar la eficacia de las normas supremas en especial las que consagran los derechos y garantías referentes al régimen jurídico al que pertenecen los trabajadores en el numeral 9º del artículo 35 de la Constitución. El Tribunal si bien reconoce la vigencia del régimen del Derecho del Trabajo, expide una Resolución ambigua, desautorizando a la Tercera Sala que en cumplimiento de su obligación, declaró en su informe que esta Ley no era orgánica, y que no debía regir una ley del derecho administrativo a los trabajadores sujetos al Derecho del Trabajo; sin embargo el pleno del Tribunal dejó vigentes normas de la Ley que contradicen su pronunciamiento creando una inseguridad jurídica que ha causado un daño irreparable al Estado Social de Derecho y ha destruido la paz laboral en el sector público. Bajo estos contenidos de la tesis nos hemos propuesto como objetivo fundamental el de ubicar a cada régimen su ámbito de regulación, el de las autoridades, funcionarios y empleados, la Ley del Derecho Administrativo, y para los trabajadores y obreros el Derecho del Trabajo, tal como lo prescribe la Constitución, para de esa manera hacer prevalecer la supremacía de la Carta Magna, frente a leyes de menor jerarquía que deben mantener concordancia y sujeción a sus enunciados.

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Quito presenta en su estructura una trama yuxtapuesta de realidades sincrónicas: la ciudad quimérica con pedazos del ayer y hoy que se entremezclan y persisten en vestigios que reflejan el poder constructivo de la urbe; la ciudad transhumante, cuya vocación representativa e integradora recupera la identidad colectiva, a partir de relatos y memorias, y la ciudad real donde se articula el imaginario colectivo sobre el acontecer local y nacional. A partir de determinadas coyunturas políticas de la última década, el estudio propone una reflexión sobre la ciudad de Quito tomando como referencia tres lugares: la Tribuna de los Shyris, la Plaza de Santo Domingo y la Tribuna del Sur. Desde esta muestra, el estudio identifica espacios de reapropiación y resignificación que permiten tender puentes y crear redes de articulación entre el norte, centro y sur de la urbe. Los espacios que antes eran el marco escenográfico donde la sociedad se desenvolvía, como parte de su cotidianidad, ahora son retomados como elementos centrales para superar la realidad física en la proyección de la identidad.

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¿Cuáles son las compatibilidades e incompatibilidades del sindicalismo público con el nuevo orden jurídico constitucional y los tratados internacionales incluyendo los de derechos humanos, después de la Asamblea de Montecristi? Dividida en tres capítulos, esta tesis propone la respuesta a esta interrogante. El primero aborda una breve reconstrucción sociohistórica del sindicalismo público en el Ecuador desde el retorno a la democracia desde fines de la década de los setenta, pasando por la etapa neoliberal de flexibilización laboral en los noventa y la adecuación neoliberal de la Constitución en el período 1998-2007. El segundo capítulo examina el sindicalismo público en el nuevo bloque de constitucionalidad, para lo cual analiza qué es el bloque de constitucionalidad a la luz de casos como el colombiano y el venezolano, así como las normas internacionales. Finalmente, el tercer capítulo propone un análisis de los Mandatos Constituyentes 1, 2, 4 y 8 de la Asamblea de Montecristi de 2008, y ejemplifica la revisión de contratos colectivos, donde se ilustra un caso de aplicación del nuevo bloque de constitucionalidad.

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El tema del manejo y uso del espacio público en la urbe contemporánea ha sido objeto de las más variadas reflexiones. En el caso de la ciudad de Quito, ésta se presenta como un escenario de desencuentros y un exacerbado centralismo. En un intento de mediar la utilización del espacio público y establecer prácticas que convoquen a la comunidad a ser actor real dentro del espacio ciudad, aparecen manifestaciones creativas. El presente trabajo realiza una revisión de diferentes ejercicios estéticos que se han insertado en la urbe, sean éstos realizados por artistas individuales, colectivos o enmarcados dentro de los 'llamados encuentros de arte urbano. Este aporte investigativo pretende ser, una tarea de sistematización y periodización de aquellas expresiones artísticas que han transitado la ciudad de Quito de la mano del "arte acción" y el "arte urbano." El análisis de estas iniciativas se ha planteado en relación al diálogo con el entorno y la capacidad de insertar a sectores excluidos de los tradicionales circuitos del arte en procesos relacionales con los habitantes. Estas prácticas replantean incluso la funcionalidad del arte en la urbe contemporánea. Por otra parte, esta esfera procesual y creativa incluye una serie de estrategias para lograr la consecución de estas obras: una negociación permanente con los habitantes, la institucionalidad, y el espacio público; negociación que sin duda nos lleva al terreno de la llamada gestión cultural. Puede decirse que tres ejes duales guían la presente reflexión: espacio públicociudad, arte-comunidad y gestión cultural-ciudadanía.

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El Fideicomiso constituye una valiosa y útil herramienta para canalizar soluciones. Sin duda alguna, el fideicomiso resulta un instrumento apasionante, de potenciales cualidades y con interminables posibilidades, donde la creatividad hace de las suyas, para conducirnos, dentro del marco legal correspondiente, hacia la respuesta oportuna y eficiente frente a las necesidades personales, empresariales y sociales que requieren de una transparente y confiable administración de bienes. Existen varias Leyes del Ecuador que se refieren al "Fideicomiso", en este trabajo nos vamos a referir al fideicomiso público que ha sido entendido como una "afectación al manejo administrativo de cuentas estatales mantenidas en el Banco Central del Ecuador". Los contratos de fideicomisos público que celebra el Banco Central del Ecuador, con el Estado y demás entidades públicas, tienen una característica peculiar que en ningún caso sugieren parecido alguno con las definiciones jurídicas que constan en nuestra Legislación Civil, y cuyo nombre no se encuentra inscrita en los contratos nominados del Código Civil. Es pues, el fideicomiso público un servicio que presta el Banco Central del Ecuador al Gobierno o instituciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones en el país o en el exterior.

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Esta tesis está orientada a analizar el debate que se ha producido en torno a la creación de los medios públicos en el Ecuador, en el régimen de Rafael Correa. Se indaga los procesos de los tres medios la televisión pública Ecuador TV, la Radio Pública del Ecuador, y al diario El Telégrafo, analizando su creación y su proceso de constitución en el escenario mediático del país. Para este trabajo se recogen las posiciones y testimonios de quienes han sido parte de los medios públicos, o que lo siguen siendo; como también se toma en cuenta, las versiones de quienes han desarrollado una observación y crítica sobre los medios públicos en el Ecuador, con el objeto de contrastar la diversidad de posiciones acerca de la creación de estos medios de comunicación públicos. Como preámbulo para comprender los alcances de este debate está la discusión sobre el significado de lo público, y de la comunicación de masas, además de la pugna desatada alrededor de la creación de los medios públicos en la realidad ecuatoriana actual, con sus repercusiones políticas e incluso culturales.

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La presente investigación desarrolla un estudio teórico descriptivo de la concesión de servicio público aeroportuario, dentro del marco analítico específico del ordenamiento positivo ecuatoriano, apoyado en la doctrina nacional e internacional especializada y en actuaciones emitidas por organismos públicos, con el objeto de demostrar que la concesión de servicios públicos es una herramienta eficaz, que permite al Estado cumplir su finalidad esencial, al viabilizar la prestación de servicios públicos en forma indirecta, por medio de terceros, en ámbitos como el aeroportuario, en circunstancias en que el Estado no cuenta con los recursos económicos suficientes para su implementación y desarrollo, generando además fuentes de empleo. El estudio busca demostrar además, que la limitación que impone la Constitución de 2008 para delegar a la iniciativa privada la gestión de los servicios públicos, inspirada en razones ideológicas, supone un obstáculo a la inversión privada, que impide la óptima utilización de esta herramienta que ofrece el Derecho Administrativo, para que el Estado ponga a disposición de la comunidad y de los usuarios servicios públicos eficientes y de calidad a precios razonables; y, que para minimizar el impacto negativo de dicha restricción, es indispensable expedir una ley, en el contexto de excepcionalidad previsto en la Carta Fundamental, que regule detalladamente las concesiones de servicios y obras públicas.

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Los problemas por los que atraviesa la Función Judicial en el país debido a la acumulación de procesos, despacho lento de las causas y otras dificultades, hacen que los usuarios no tengan confianza en la Administración de Justicia. Además en nuestro país todavía existen zonas geográficas y poblacionales aisladas de los servicios públicos y por ende del acceso a la justicia siendo necesaria su incorporación dentro de una justicia más inclusiva. Se busca entonces a través de los métodos alternos de solución de controversias, y en especial de la mediación, hacer que las personas sean sus propios jueces y que decidan sus conflictos de una manera amigable y pacífica, más aún en asuntos de interés público, de manera que se fomente una cultura de paz y en una cultura social que ha girado alrededor del litigio. Para lograr comprender el alcance de este trabajo, es necesario de dar un impulso a la mediación con un cambio en la mentalidad en los agentes de justicia ya que el conflicto no es malo por sí mismo, sino que constituye una importante fuente de dinamismo social, que acaba en el lugar común, decisivo, según el cual no importan los conflictos sino la forma de resolverlos. La investigación pretende a partir de la experiencia Argentina, EE UU y de otros países que acogieron a la mediación como requisito previo, plantear una propuesta de reforma a la actual Ley de Arbitraje y Mediación, la cual se sustentará además en los criterios de los 100 estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de tres diferentes universidades, así como se contó con el apoyo mediante las entrevistas a los Directores y Subdirectores de Centros de Mediación de la ciudad de Quito. El presente trabajo aborda además como tema de estudio la conciliación en el Derecho Administrativo con enfoque en la Contratación Pública por ser un tema de evidente interés público y de vital importancia en nuestros días.

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El concepto de servicio público, a pesar de las muchas polémicas que despierta en la doctrina, es una de las nociones que más interés despierta en los estudios del Derecho Administrativo. En efecto, se trata de una prestación técnica que satisface necesidades de carácter general, con sujeción a un régimen jurídico exorbitante del derecho ordinario. En tal virtud, como competencia de la Administración Pública, contribuye a la realización de los cometidos estatales y de los fines públicos. El presente trabajo aborda los principales aspectos que rodean a la temática del servicio público, de modo que brinda una introducción sumamente útil sobre la materia.

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Las APP son una opción frente a modalidades de contratación administrativa más agresivas como aquellas típicas de la época de las privatizaciones. Las APP conjugan la indispensable colaboración entre el sector público y el privado.

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El presente trabajo realiza un análisis teórico del funcionamiento de los impuestos monofásicos al consumo, para de esta base general analizar el caso particular del Impuesto a los Consumos Especiales en el caso de bienes gravados en el Ecuador. El énfasis del análisis guarda relación con los elementos que conforman la base imponible del ICE, poniendo relieve en las motivaciones jurídicas y lógicas que imposibilitan que el precio de venta al público (sea o no sugerido) se emplee como un mecanismo para establecer la base imponible del tributo, incluyendo un análisis de legislación comparada que también ratifica lo antes mencionado Finalmente, mediante el análisis matemático se demuestra los efectos perniciosos, tanto en la economía del sujeto pasivo como en la del sujeto de facto, y la imposibilidad aritmética de aplicar el precio de venta al público como elemento de la base imponible del Impuesto a los Consumos Especiales.