21 resultados para Función pública -- Colombia

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La relación entre empleados públicos y los órganos del estado ha ido evolucionando notablemente sobre todo en las últimas décadas, hasta el punto que ya no puede decirse que son solamente que estos empleados son un instrumento del Estado para el cumplimiento de sus fines, sino sujetos de derechos no solo subjetivos sino también de aquellos que reconocen los convenios internacionales y la Constitución de la República para el sector laboral en general. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo, a través de los convenios 87 y 98 y posteriormente con la expedición de los convenios 151 y 154 reconoce expresamente la aplicación de los derechos colectivos para los empleados públicos, que implica entre otras cosas la posibilidad de asociarse y consecuentemente negociar condiciones de empleo e incluso ejercer el derecho de huelga, lo que trastoca el carácter estatutario que tiene el régimen de la Función Pública. Si bien este tema ya ha sido tratado con mayor profundidad en otros países en donde se han incorporado en sus legislaciones mecanismos de participación directa de los empleados en las decisiones de la Administración Pública, en el Ecuador no ha sido profundamente discutido, por lo que es necesario generar un análisis crítico de esta temática, para que pueda ser motivo de debate jurídico.

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La presente investigación, trata de conocer al servidor público, su naturaleza jurídicaadministrativa, clases, así como su rol frente a la administración pública; se estudia el servicio público como actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, bien sea que su prestación este a cargo del Estado directamente, de concesionarios o mediante procedimientos peculiares del derecho público. Trata de las disposiciones constitucionales referente a la función pública, sus organismos y dependencias, las servidoras y servidores públicos que actúan en virtud de una potestad estatal, las competencias y facultades que les atribuye la Constitución y la ley. Dentro de las responsabilidades se puntualiza las tres principales que son: La administrativa, civil y penal y la competencia que ejerce la Contraloría General del Estado en estos casos. En lo referente al peculado, se realiza una síntesis histórica, citando varios conceptos y los comentarios, su clasificación en peculado propio, impropio, por uso oficial diferente, lo que permite conocer de manera objetiva cada uno de estos delitos. Se presenta el peculado en el Ecuador, su evolución a través de los Códigos Penales y los cambios que se han venido presentando a través del tiempo, se ha identificado el peculado bancario en nuestra legislación, el que se aparta de la figura de la malversación de fondos. En esta tesis se ha determinado que el delito de peculado es eminentemente doloso, por cuanto agota toda la fase del iter crimines; mientras que, lo que conocemos como peculado culposo, que está inmerso netamente dentro del campo administrativo. Se concluye con las conclusiones y recomendaciones de rigor.

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La presente es un ejercicio investigativo que intenta comprender cómo se produce en el ámbito laboral la interacción generacional al interior de la Secretaria Nacional de Educación Ciencia y Tecnología (SENESCYT), para dar respuesta a la hipótesis planteada respecto a si la diversidad de edad dentro de la organización incide en la eficiencia y eficacia de su gestión pública. De manera general, este trabajo de investigación se desarrolla en cuatro capítulos. En el primer capítulo se realiza un análisis de la situación actual y la estructura orgánica de la SENESCYT. En el segundo capítulo al ser un trabajo intelectual se parte de concebir a las organizaciones como fenómenos culturales y construcciones sociales en las que los seres humanos imprimen un conjunto de prácticas y conocimientos que corresponden al mundo simbólico al cual dan vida y pertenecen, también se conceptualiza a las generaciones que actualmente se encuentran en actividad laboral dentro de las organizaciones, que para el presente estudio se ha considerado la clasificación de Wendy Mondy como generación de los Baby Boomers, generación X y generación Y, buscando identificar en el tercer capítulo los principales elementos y características de los funcionarios que pertenecen a estas generaciones dentro de la institución objeto de la investigación, para posteriormente en el cuarto capítulo después de aplicar las herramientas metodológicas seleccionadas (encuesta, entrevista y observación participante), explicar cómo la interacción generacional, entre los funcionarios(a)s pertenecientes a las tres generaciones en estudio aporta a la eficiencia y eficacia de los resultados de la gestión pública de la SENESCYT. Al final se detallan algunas conclusiones y recomendaciones que refieren al campo académico y la función pública.

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El desplazamiento forzado es una problemática de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las más notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel político como económico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pública. Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual generó que se identificara a la población desplazada no como víctima del conflicto, sino como población pobre, lo que a su vez obligó a generar mayores rubros para atención a población vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado es la clara identificación del problema, pues aun después de más de 10 años de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la población objeto de la política, y regula la atención que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdicción constitucional al tratar de identificar la población que requiere dicha atención, y la naturaleza de la misma.

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La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales.

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En una época en la que los partidos políticos están perdiendo credibilidad y los principios ideológicos ya no constituyen el valor preponderante, la población busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez más populista y un poder más personalizado, y los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales están concentrados, monopolizados y manipulados por las élites políticas y económicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestión, sino también en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A través del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano Álvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo “gobernante-medios de comunicación-población”, con el fin de establecer y de examinar críticamente las influencias que, por motivos políticos y económicos, entran a manipular esta relación. De hecho, en esta investigación trataré de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricación, construcción y deconstrucción de noticias, pero también procuraré mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son “armas no violentas (físicamente)” utilizadas por los gobernantes y las élites para denotar y representar sus realidades, mostrándolas como verdades y, además, para controlar, dominar y direccionar la opinión pública y así legitimar su accionar.

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Debido a la gran cantidad y diversidad de cuestiones que maneja el Estado por la vía de la función administrativa, la Administración Pública tiene la necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan efectuar acciones tendientes a la consecución de sus fines, a través de relaciones con particulares. Considerando que las características diferenciadoras del derecho privado son el objeto y las prerrogativas especiales que posee la administración especialmente la modificación, esta investigación se desarrolla en tres capítulos: Capítulo I: Definición del contrato público y su modificación, los principios de inmutabilidad y mutabilidad y, la aplicación de los principios jurídicos que rigen el derecho administrativo desde el punto de vista de Cassagne. Capítulo II: La desigualdad jurídica que existe entre el Estado y el Particular, la modificación unilateral de los contratos de obra pública, prestación del servicio público y adquisición de bienes con sus consecuentes limitaciones y, la modificación unilateral de los contratos petroleros. Capítulo III: Formas de modificación de los contratos: órdenes de cambio, contratos complementarios, contratos adicionales, reajuste o revisión de precios, la renegociación y el otro sí. El estudio finiquita, con las conclusiones y recomendaciones derivadas de las legislaciones comparadas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y España.

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Este documento compara dos experiencias de comisiones creadas para enfrentar la reparación a víctimas de conflictos armados internos: la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, creada en junio del año 2001 por el presidente Valentín Paniagua y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, creada en el año 2005 por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El análisis comparado de estas experiencias tiene como propósito responder a un interrogante: ¿Cuáles son los estándares de reparación adoptados por dichas comisiones? O dicho de otra forma ¿cuáles son los referentes a partir de lo cual se materializa la reparación a las víctimas y cuales son los contenidos del concepto de reparación priorizados? El argumento que se desarrolla a lo largo de estas páginas, sostiene que los estándares de reparación están determinados en buena medida por dos aspectos del marco normativo interno: a) la legislación que regula la función de las Comisiones así como la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley; b) el marco jurídico interno sobre medidas de restablecimiento o políticas de reparación integral a víctimas del conflicto armado interno.

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La globalización como un proceso de carácter multidimensional, que abarca no sólo aspectos económicos y financieros, sino también sociales, culturales y tecnológicos, ha servido como plataforma para el surgimiento de nuevos actores sociales de índole transnacional. La creciente conformación y expansión de redes transnacionales, ha abierto una mirada hacia nuevas temáticas, conflictos y desarrollos que deben ser contemplados en el ámbito global. Por ello estas redes, entre otras cosas, han implementado nuevos mecanismos de control y garantía de los derechos humanos en el ámbito global, han desarrollado también estrategias de cooperación para que sus esfuerzos y activismo hagan eco dentro de las políticas domésticas de los Estados. Es esta investigación se ilustra bajo un ejemplo práctico, la participación y el activismo de una red transnacional feminista que con la cooperación de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, lograron crear y llevar a cabo de manera efectiva, una estrategia en aras de la despenalización del aborto, en Colombia, estado que había sido muy severo en esta materia. En América Latina, la inflexibilidad de las legislaciones en materia de aborto, ha radicado, en que éstas han tomado como base la doctrina católica, que durante mucho tiempo fue impartida y considerada como el discurso hegemónico o más relevante en la discusión de políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Entonces, teniendo en la mira a estos protagonistas que se encuentran en conflicto, bien por hacer prevalecer la autonomía individual, la salud pública la equidad social o de género en las legislaciones domésticas, o bien por salvaguardar la noción de familia tradicional que se está viendo amenazada por un relativismo moral que debe ser contrarrestado al interior de los Estados, esta investigación, analiza por un lado, si existe o no influencia de los grupos feministas transnacionales, quienes han visto la importancia de actuar globalmente para promover cambios nacionales como la liberalización del aborto en las legislaciones, dado el reconocimiento de nuevos derechos como los derechos sexuales y reproductivos avalados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos , y por otro, estudia la decadencia de la doctrina católica, ya que como actor político la Iglesia Católica ha perdido fuerza a la hora de participar en los debates sobre sexualidad y aborto. Para el fin perseguido en este documento, se analizan los principales postulados de la Teoría Liberal de las Relaciones Internacionales y se contrasta con un ejemplo práctico: el proceso de despenalización parcial del aborto en Colombia durante el periodo comprendido entre 2005 – 2006.

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Teniendo en cuenta que la reparación es un derecho con características particulares, especialmente para la infancia y la adolescencia, la presente investigación revisa los alcances del enfoque diferencial de edad en esta política en Colombia. Para cumplir este objetivo se realizó un análisis de la legislación internacional, legislación nacional actual y como un caso tipo, el Decreto de Reparación Individual Administrativa (Decreto 1290 de 2008). De esta forma, se ubica respecto a la reparación desde una visión subjetivista de los derechos humanos, entendiéndola no solo como una obligación del Estado sino como un derecho en sí mismo, y por lo tanto en este marco, revalora el enfoque diferencial de edad como un reto de la política concibiéndolo como la intencionalidad de la sociedad y el Estado de consolidar legislaciones y prácticas sociales sensibles a las subjetividades, necesidades y demandas de los niños, las niñas y los adolescentes como respuesta al principio de igualdad para incluirles como ciudadanos y superar la hegemonía del discurso adultocéntrico. De este modo, se constituye como aporte para las instituciones que tienen el deber de incluir el derecho a la reparación integral de la infancia y la adolescencia en la formulación y ejecución de la política pública y contribuye para que los niños, niñas y adolescentes sean visibilizados de manera efectiva en los mecanismos y procedimientos diseñados para tal fin en Colombia.

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El tema de la comunicación política y sus efectos en la sociedad, ha sido motivo de numerosos análisis en la actualidad, por haberse producido un descentramiento de la política como mediadora entre los ciudadanos y el gobierno, estableciendo los medios de comunicación la agenda política y generando una opinión pública vacía de contenidos. El discurso político obedece más que a una ideología seguida por partidos políticos a las estrategias publicitarias del marketing político y la video-política, empleando técnicas de mercadeo que convierten al líder político en un ‘producto’ y al ciudadano en un ‘consumidor’. De ahí que nos interesara examinar en la política sus procesos, y formas expresivas: en el teatro, la pervivencia de la ritualidad, y en el marketing y la video-política, las técnicas y procesos empleados en la construcción del personaje político. Los cambios que se han dado en la política responden sobre todo a la economización de los medios, al surgimiento de los canales privados de televisión, que actualmente representan a los intereses de consorcios globalizados. Analizamos este proceso en la realidad colombiana y aplicamos las nociones de teatralidad y videopolítica al surgimiento de un liderazgo como el de Antanas Mockus. De ello concluimos que la evolución de los procesos políticos, el cambio de valores y la inmediata emergencia de símbolos que los legitiman, son teatrales y que el ‘Estado seductor’ deberá comprender y servirse de las técnicas y recursos del teatro y la videopolítica, campos donde el orden simbólico se expresa con claridad y contundencia, para recobrar el sentido de la política, que la academia tiene mucho que aportar en este sentido, que de ello depende la independencia ideológica de América Latina y la posibilidad de dar respuestas acertadas a las demandas sociales.

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Con el presente trabajo pretendo revisar el concepto de liberalismo radical como movimiento político en su configuración estatal de Colombia y Ecuador. Ambos países comparten, para su fortuna, vidas políticas paralelas que pudieron confluir en su historia, formación y política. El primer capítulo se ocupa de la noción de radicalismo e función del liberalismo y el conservadurismo; en el capítulo segundo se desarrollan aquellas condiciones necesarias que vieron nacer al liberalismo radical y le propiciaron su oportunidad en el poder; finalmente, el capítulo tercero se concentra en ilustrar las acciones de los gobiernos radicales, sus protagonistas y su coherencia conforme obedecen a una doctrina liberal radical. Pongo de presente no solo las coincidencias políticas que permitieron el surgimiento de una fuerte corriente liberal radical sino que también destacó las consecuencias positivas y negativas que pudieron dejar sus gobiernos en la praxis y la memoria de sus pueblos. Sin duda, su momento histórico funda en cada nación una esperanza social importante y una revolución que marcaría un devenir muy favorable a los estados nacientes y su reformulación de la forma colonial de administración y la política en manos de una fuerte tradición criolla o militarista. Creo que el liberalismo radical, que con sus matices gobernó en Colombia y Ecuador, puso de presente al individuo como protagonista de la historia y a las sociedades que éstos conformaban. También lucha contra las instituciones coloniales que requieren de lo religioso para sobrevivir. Incuba, en la formación y la educación, el proyecto genuino de un hombre moderno, racional y autónomo que puede construir su futuro y autodeterminarse. Lamentablemente, fracasa en su férreo espíritu de combatir de manera compulsiva a la semilla de religión que había sido legada tres siglos antes pero sienta el Estado laico que permitirá la consolidación estatal con un definitivo quiebre de la política colonial y en la aplicación de un igualitarismo que pueda regular la sociedad naciente.

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En este artículo se tratará de determinar si la historia que se vivió en el Ecuador el 30 de septiembre de 2010 puede considerarse como “motín”, “un intento de golpe de Estado” o una “propuesta laboral”. Por otro lado se habla sobre la democracia, referida a la participación activa del ciudadano, como también de las instituciones públicas y privadas que deben encontrarse en estricto apego a los derechos fundamentales. En virtud de la antes mencionada democracia, se consigue el “orden público”, en el que la función policial es de gran importancia, debido a que ella tiene la misión de buscar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos.

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El presente trabajo es una breve descripción y análisis del funcionamiento de una política de guerra implementada en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta política hace referencia al proceso de vinculación de la ciudadanía con la Fuerza Pública, conocida como Cooperantes o Informantes. El análisis está dirigido a establecer cuál es la relación entre el Estado colombiano y sus ciudadanos y qué tipo de ciudadanía se concibe y se crea dentro de esta política que crea unas condiciones de interacción particular entre los ciudadanos y de estos con el Estado.