36 resultados para Finanças públicas

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Pone de relieve las obligaciones del Estado en la garanta del derecho a una educacin de calidad, como un derecho fundamental, exigible, inalienable e irrenunciable de la persona, y justiciable e impostergable como obligacin del Estado. As, visibilizar a la educacin como la principal fuente del desarrollo personal y social, debido a que hace posible apropiarse de de otros derechos. Con este propsito se han organizado tres captulos. En el primero, se hace un breve recorrido de los principales problemas que enfrenta la educacin bsica en el pas; luego, se describen las responsabilidades que involucran al Estado, en la proteccin, promocin y ampliacin del derecho a la educacin, y se concluye con los alcances del derecho a la educacin, segn la Observacin General nmero 13 del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (Comit DESC), en relacin al sistema de las 4-As (asequible, accesible, adaptable y aceptable). En el segundo, se elabora un marco conceptual de polticas públicas, con nfasis en el enfoque de derechos, en el que se integra: el origen y algunas definiciones, los enfoques considerados ms comunes, las tipologas; y, el ciclo de las polticas públicas. Este aparatado, facilitar hacer un anlisis del tipo de polticas educativas, implementadas en el pas en las ltimas dcadas y orientar el diseo de las polticas, en el siguiente captulo. En el tercero, se presentan unas propuestas metodolgicas de polticas públicas para la educacin bsica, centrado en las personas y el aprendizaje, en los que se considera como componentes clave: implementar un manejo curricular, desde la perspectiva del aprendizaje; ampliar y/o adecuar la infraestructura y el equipamiento; mejorar las capacidades y condiciones de los docentes; implementar un sistema de rendicin de cuentas e incentivos; impulsar un modelo de gestin educativa estratgica e integral; y, se concluye con una breve descripcin de las condiciones de educabilidad.

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El propsito central es demostrar si en Guatemala existen polticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, en situacin "regular" o "documentada", as como el tratamiento que reciben los migrantes en calidad "irregular" o "indocumentados, tomando en cuenta que el pas rene las tres categoras: origen, trnsito y destino. Para lograr este propsito se ha tenido a la vista tres objetivos principales que se resumen en: a) Conocer las polticas y acciones de las instituciones de gobierno as como de las Organizaciones no Gubernamentales conocidas comnmente como ONG, dedicadas a la proteccin de los derechos de los migrantes, b) Hacer un examen de la situacin de los derechos humanos de los migrantes y la normatividad internacional y nacional, c) Examinar los resultados de las acciones de gestin gubernamental en el rea bilateral y multilateral, con el fin de asegurar un respeto a los derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Mxico. Por los razonamientos anteriores, la tesis se concentra en analizar la situacin de los migrantes "documentados" e "indocumentados en Guatemala y su paso por Mxico as como su situacin Estados Unidos, estableciendo una relacin directa entre los instrumentos nacionales e internacionales, tambin entre las acciones de los gobiernos frente a los constantes abusos, malos tratos, violaciones sexuales, humillaciones, torturas, persecucin, detencin, secuestros e incluso asesinatos, entre otros hechos, que merecen especial atencin. En Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo hay una creciente ola de migrantes, pero a la vez los Estados han establecido mecanismos cada vez ms represivos, llegando al extremo de la criminalizacin, un prejuicio peligroso contra un migrante "ilegal" o "indocumentado" al tratarlo como "criminal" o "terrorista". Para Guatemala, el tema de los migrantes en otros pases es de fundamental importancia por el aporte econmico que brindan a travs de sus remesas, por ello, se presenta una seccin de conclusiones y recomendaciones al gobierno de Guatemala con el fin de reforzar, incluso de reformular polticas que alivien los sufrimientos de los migrantes que transitan por el pas y a la vez que logre plantear planes y programas objetivos hacia Mxico y Estados Unidos en su relacin bilateral. Tambin se quiere aportar con el medio profesional, acadmico y estudiantil.

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Exigibilidad de los derechos humanos relacionados con la comunicacin desde el mbito de las polticas públicas La construccin de las polticas públicas, por medio de las cuales se concretan o no las condiciones generales disponibles para el disfrute de los derechos relacionados con la comunicacin, ofrecen un terreno de accin de gran importancia en el cual es necesario participar, para hacer de l un espacio de exigibilidad con efectos de mayor cobertura que los que ofrece la justiciabilidad.

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El Art. 73 de la Ley de Rgimen Tributario Interno dispone que el IVA que paguen en la adquisicin local o importacin de bienes o en la demanda de prestacin de servicios las Entidades del Sector Pblico ser reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor a treinta (30) das, a travs de la emisin de la respectiva nota de crdito o cheque. El objeto del trabajo es el estudio de la diferente incidencia tributaria administrativa y tributaria procesal que puede tener el trmite de devolucin de IVA a las entidades del Sector Pblico. Para el efecto se realiza un anlisis del trmite administrativo tributario para los reclamos tributarios y el recurso de revisin partiendo de un estudio de la naturaleza jurdica del pago de IVA efectuado por las Entidades Públicas, a efectos de determinar si se trata de un pago debido o un pago indebido del tributo y su incidencia jurdica, se analiza, adems, la poltica adoptada por el Servicio de Rentas Internas frente al problema y estudio de la jurisprudencia que hubiere al respecto. Se hace un estudio del procedimiento contencioso tributario para la devolucin de IVA a Entidades Públicas, y las diferentes etapas de procedimiento contencioso tributario. Se deja constancia que el presente trabajo no pretende ser un anlisis doctrinario de las diversas instituciones del derecho tributario material y formal sino que busca referirse a las diferentes implicaciones prcticas a las que se pueden enfrentar los diferentes profesionales del derecho que tengan a su cargo el trmite de devolucin de IVA a Entidades Públicas.

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El anlisis de la relacin derechos humanos (DDHH), en particular los derechos econmicos, sociales y culturales (DESC) y las polticas públicas es fundamental para la concrecin de los derechos, y estos no sean solamente contenidos de carcter meramente declarativo. El enfoque de derechos implica la distincin entre un derecho y una necesidad. Mientras las necesidades no tienen valor de obligacin y no se pueden demandar su cumplimiento por parte del Estado, los DDHH tienen una base legal y exigible local e internacionalmente. Mientras los DDHH se relacionan con el SER, las necesidades se relacionan con el TENER, y esto implica un marco temporal acotado y no necesariamente sustentable en el tiempo. El enfoque de derechos no concierne a un gobierno especfico o a una corriente poltica sino que configura una obligacin por parte del Estado de honrar la dignidad humana. En este sentido el aparato del Estado tiene las competencias, posibilidades y mandato de implementar polticas y programas para garantizar la calidad de vida de los habitantes. En Amrica Latina, los Estados han firmado y ratificado los instrumentos fundamentales internacionales en materia de proteccin de DDHH, y por lo tanto estn obligados a proteger, garantizar y promover los DDHH de la poblacin. La proteccin y promocin de estos derechos pueden encontrar una va efectiva a travs de las polticas públicas. Analizar la vinculacin del enfoque de derechos en las polticas públicas es pues el objetivo de este artculo, de manera de contribuir ntegramente con este enfoque desde el diagnstico y diseo de las respuestas e iniciativas estatales.

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En la Amrica Latina de la transicin entre siglos la nocin/valor de desarrollo est fuertemente cruzada y oscurecida por diversos factores: uno de ellos es la articulacin de la liquidacin del modelo de desarrollo de postguerra (Segunda Guerra Mundial) con el ingreso a un modelo de crecimiento econmico (Consenso de Washington, primera y segunda fase) que cuestiona tanto la base social y humana como administrativa y geogrfica del desarrollo. Este factor de oscurecimiento acenta su incidencia porque el modelo de crecimiento, determinado por la acumulacin a escala global o mundial, suele ser utilizado como conduciendo al desarrollo. Sin embargo, aqu el ltimo trmino no hace relacin directa (algunos diran que ni siquiera indirecta) a la calidad de la existencia humana de las poblaciones involucradas en la acumulacin de capital a escala global. La modernizacin eventual de estas poblaciones no es sinnimo de una mejora en su calidad de vida, sino bsicamente de su insercin, privilegiada o no, en los circuitos de la economa transnacionalizada. Esto quiere decir que el crecimiento/desarrollo sigue una teleologa no alternativizable, lo que le confiere un carcter saturante o totalitario.

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El concepto tradicional de polticas públicas las define como programas de accin de una autoridad pblica o el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder pblico o como las acciones y omisiones del Estado, que pretenden interpretar las demandas de la sociedad e incidir en la vida de los ciudadanos. Partiendo de ah, proponemos como concepto de las polticas públicas con enfoque de derechos humanos (ddhh) a la articulacin racional de acciones y omisiones del Estado, y sus resultados, basadas en: las obligaciones contradas voluntariamente por los Estados a travs de distintos instrumentos de ddhh y la definicin participativa de los principales problemas y necesidades por parte de la poblacin; as como en su participacin en el diseo, monitoreo y evaluacin. El presente trabajo es una propuesta para la conceptualizacin y abordaje de los indicadores de ddhh como herramientas de las polticas públicas con enfoque de ddhh.

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El presente trabajo aborda la temtica de la competencia judicial en los procesos promovidos ante la negativa de la Administracin de proporcionar informacin que es indispensable para comprobar el efectivo goce de derechos de la infancia y la adolescencia; verificar la forma en la cual se le da cumplimiento a principios recogidos en la normativa nacional o internacional que le reconoce los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, o cuando dicha informacin es necesaria para realizar una tarea de contralor de las polticas públicas relativas a esos derechos.

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Las polticas públicas, independientemente de su objeto, ejercen influencia sobre la realizacin de los derechos humanos y estn llamadas a traducir las vindicaciones de los derechos humanos en reglas operacionalizables y en prcticas sociales que le permitan a los Estados cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia. Los derechos humanos, a su vez, estn llamados a inspirar las polticas públicas y requieren acciones afirmativas de los Estados, y por ende, polticas públicas que favorezcan su reconocimiento, respeto y realizacin. En este marco de ideas, el presente artculo se propone ilustrar la relacin entre los derechos humanos y las polticas públicas a travs de la presentacin de algunas propuestas para incluir el enfoque de los derechos humanos en las polticas públicas y para elaborar polticas públicas en materia de derechos humanos. El artculo concluye con la presentacin de los principales desafos frente a la plena realizacin de los derechos humanos a travs de las polticas públicas en la poca contempornea.

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La cuestin de los derechos humanos est ntimamente articulada con los diferentes contextos socio-econmicos, polticos y culturales en que se sita. Este artculo est orientado a analizar el proceso vivido en Brasil, y analiza la gran complejidad en lo referente a derechos humanos y polticas públicas, que se han abordado en las ltimas dcadas en el marco de la re-democratizacin del pas.

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En esta breve presentacin intentar una articulacin entre el campo de las polticas públicas (PP) y el de los derechos humanos, a partir de una propuesta de conceptualizacin del Enfoque de derechos humanos en las polticas públicas. Se adelantar, en un primer momento, el concepto propuesto y, en un segundo, una explicacin de sus componentes, fundamentos e implicaciones. Antes de iniciar me gustara hacer una precisin, las PP son una disciplina a medio camino entre la ciencia poltica y la accin poltica. El concepto propuesto est centrado en la segunda dimensin. Pretende dar cuenta de criterios generales sobre el cmo gobernar con perspectiva de derechos.

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Esta presentacin pretende abordar la relacin de las polticas públicas con los derechos humanos en el rea del sistema penitenciario focalizando en el problema de los hijos de mujeres presas. La prisin y la privacin de la libertad de un nio es una de las violaciones ms graves de los derechos humanos. Las consideraciones a seguir tienden a propiciar un debate pblico y contribuir para la formulacin de polticas públicas en defensa de los derechos de los nios nacidos en la crcel. El primer paso para la formulacin de polticas públicas de atencin a los derechos del nio y del adolescente consiste en realizar el diagnstico de una situacin, delimitando y especificando el problema y poder definir directrices generales. El segundo momento consiste en la fundamentacin terica de la problemtica abordada. Ser, por lo tanto, presentada la realidad de los nios encarcelados, para en seguida realizar una reflexin terica a partir de los derechos humanos de los nios, de la conceptualizacin del Estado de Derecho y de las consideraciones sobre el sistema carcelario.

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La presente investigacin tiene como propsito determinar el rol del juez en el control constitucional de las polticas públicas referentes a derechos del buen vivir o derechos econmicos, sociales y culturales. Para ello se ha enmarcado la primera fase de este trabajo en el anlisis del Estado de Derecho y su evolucin al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la exigibilidad de los derechos econmicos sociales y culturales, el derecho a la igualdad y no discriminacin y el principio de no regresividad. En la segunda parte se desarrolla el contenido del buen vivir o sumak kawsay, la comparacin entre los derechos econmicos sociales y culturales reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los derechos del buen vivir de la Constitucin ecuatoriana. Adicionalmente se analizan los mecanismos de planificacin previstos en la Constitucin para la consecucin del Buen vivir y las garantas constitucionales tiles para la exigibilidad de dichos derechos. Finalmente se analiza, desde varias perspectivas, el rol del juez o jueza frente a polticas públicas de derechos del buen vivir o DESC que vulneren lo establecido en la Constitucin. En este punto se examinan distintitas visiones: la visin tradicional, la visin activista y la visin intermedia que combina varios postulados de las dos anteriores.

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El Impuesto al Valor Agregado IVA, que pagan las entidades u organismos del sector pblico inmersos en la definicin del artculo 118 de la Constitucin de la Repblica, por los bienes y servicios que adquieren para el normal desenvolvimiento de sus actividades, de acuerdo a la Ley de Rgimen Tributario Interno debe ser devuelto por el SRI en un plazo no mayor a treinta das, basados es esta disposicin legal, este documento pretende brindar al lector, las bases fundamentales y doctrinarias del Impuesto al Valor Agregado, el hecho generador, sujetos activos y pasivos de este impuesto, para luego analizar el proceso mediante el cual las instituciones del sector pblico solicitan y obtienen de la administracin tributaria la devolucin del IVA pagado, procedimientos administrativos tributarios y aplicacin del Recurso de Revisin. Adicionalmente, de la ejecucin de los ingresos del Presupuesto del Gobierno, se puede advertir la dependencia que existe de los ingresos tributarios y dentro de estos se presenta con una participacin mayoritaria los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado, por tanto se analiza tambin la incidencia e importancia en el presupuesto del gobierno y en la Cuenta nica del Tesoro Nacional de los aportes por IVA y de los dbitos por devolucin de este impuesto.

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Las Islas Galpagos son mucho ms que los ttulos y reconocimientos que les han trado popularidad en el mbito mundial. Detrs de esta imagen de naturaleza casi prstina, se encuentran unas islas habitadas cuya dinmica social desborda muchas veces lo esperado. Las comunidades humanas asentadas en las Islas afrontan diversas problemticas, las mismas que no son aleatorias sino producto de un modelo de desarrollo inequitativo que ha sido impulsado desde diferentes instancias (nacionales e internacionales). El establecer la relacin que se da entre el diseo de polticas públicas y el desencadenamiento de conflictos socioambientales en las Islas, es la tarea que nos ocupa a lo largo de esta investigacin. En el primer captulo, analizaremos cmo la conformacin de un imaginario externo a las Islas constituye la causa de muchos de los problemas presentes, pues choca con las aspiraciones locales que enfatizan en conseguir un mayor grado de desarrollo. En el segundo captulo, nos enfocamos en el rol del Estado Ecuatoriano a lo largo del siglo XX, con la creacin del Parque Nacional, la posterior provincializacin de las Islas y las consecuencias de esta doble figura. Nuevas fuentes de conflicto se enmarcan dentro de un dbil marco de gobernanza local y nacional. En el tercer captulo, evidenciamos lo sealado con el anlisis de un caso especfico como es la designacin del Director del Parque Nacional Galpagos. Para finalizar, realizamos una breve sntesis de lo estudiado y delineamos alternativas que podrn ser consideradas por los actores locales para enfrentar estos nuevos desafos.