8 resultados para Fallas geológicas

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El propósito del presente trabajo es diseñar un documento en el que se registre y transmita la información referente al funcionamiento de los activos fijos tangibles en las unidades administrativas de Metrocar, y que además facilite la actuación de los elementos humanos para lograr cumplir con los objetivos y desarrollo de sus funciones, como son la participación, el apoyo y el control en el giro del negocio1. Este instrumento administrativo será referido como un manual de procedimientos, que permitirá establecer los mecanismos y políticas necesarios de registro y control del activo fijo, a través de la identificación de las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de las actividades inherentes al manejo de los bienes. Así mismo, dará a conocer la información detallada y ordenada de cada uno de los procedimientos que se lleven a cabo, desde el requerimiento del activo, su adquisición, codificación, registro y asignación de su custodio. El adecuado uso de este manual permitirá el ahorro de tiempos y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de instrucciones y/u omisiones; y, servirá como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a las distintas unidades administrativas. Este documento plasmará de manera más concreta y explicativa, las funciones y actividades que deberá o deberán llevar a cabo el o los funcionarios encargados de los activos fijos, logrando que con estas directrices se eviten fallas o descuidos en su manejo.

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Para las IFI´s, sean estas organizaciones sociales que han ido formalizándose o entidades reguladas por los organismos de control, una decisión puede ser incursionar o no en microfinanciamiento. Esta decisión debe considerar factores como entorno, variables y lineamientos acerca del sector, a fin de apostar a la decisión más acertada. La administración de riesgos tiene diferentes significados para diferentes personas. Para los reguladores, la administración del riesgo significa control; para los operadores, es una cuestión de cobertura, mientras que para los administradores de riesgos, significa asignar el capital necesario para obtener el máximo rendimiento con relación al riesgo. En muchas instituciones, la tradición en materia de administración del riesgo se circunscribe a un proceso donde ciertos profesionales buscan solamente minimizar las pérdidas. Desde un punto de vista organizacional, en esos casos, la responsabilidad de administrar el riesgo se delega a especialistas y ni siquiera se considera el riesgo desde el punto de vista de los accionistas, ni mucho menos como un arma competitiva El riesgo operativo se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de fallas en los factores: procesos, personas, tecnología y eventos externos. Estas fallas pueden derivarse por sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o error humano, esto incluye riesgo de ejecución, que abarca situaciones donde se falla en la ejecución de las operaciones, algunas veces conduciendo a retrasos o penalizaciones costosas. Incluye el riesgo legal pero excluye los riesgos sistémico y de reputación. Esta tesis pretende determinar aquellas deficiencias en el factor personas dentro de la gestión del oficial de Microcredito.

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En esta conferencia, Stiglitz aborda la teoría de la información imperfecta y sus implicaciones en la economía. Cuestiona los fundamentos de aquellos presupuestos económicos mantenidos durante mucho tiempo y sostiene que las fallas del mercado ocurren cada vez que la información es imperfecta o que los mercados son incompletos. Esta teoría de la información imperfecta rebate los fundamentos del conjunto de ideas usualmente denominadas como el "Consenso de Washington", basado en un fundamentalismo de mercado.

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La gestión participativa es un modelo político-administrativo y social innovador, que permitió dar solución a ciertas fallas del gobierno como: el agente principal, la falta de información, el desconocimiento de las preferencias de la ciudadanía y la descoordinación interinstitucional. La presente investigación plantea conocer y analizar los cambios e innovaciones producidas en el gobierno municipal del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi-Ecuador, gestado por el movimiento indígena y campesino, organización de segundo grado Jatarishun (Levantemos). Con la llegada al poder local del movimiento indígena y campesino en el año de 1995, se dan nuevas relaciones de poder político y social construidas y estructuradas de cara al proceso de gestión participativo, que pasó de ser una utopía a ser ejemplo de gestión, democracia participativa, y desarrollo local y regional. El primer apartado describe un referente teórico sobre la democracia y la participación ciudadana que orientará el análisis y es punto de partida para conocer y fundamentar la trama del proceso. El segundo capítulo señala a los actores protagónicos del proceso de gestión participativa. Seguidamente se realiza un análisis del proceso de gestión participativa de los diez años, a partir del 2000 hasta el año 2010, considerando que el inicio del proceso fue inaugurado en el año 1996 con la llegada del primer Alcalde indígena a la municipalidad. 5 Luego, se plantea la propuesta técnica para institucionalizar el modelo de gestión participativa que la municipalidad promueve. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas para la consecución y desarrollo de la gestión participativa en Saquisilí, con principios y valores de justicia social, libertad, solidaridad y el ejercicio pleno de derechos, los mismos que han promovido impactos positivos en la población haciendo que su gente manifieste con orgullo “Yo amo a Saquisilí”.

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El modelo económico y de mercado de las Constituciones de 1978 y 1998, la adopción de una moneda fuerte como el dólar, los procesos aperturistas y de globalización de los mercados y de la propia economía, pero sobre todo la instauración de una “nueva” Asamblea Constituyente, han provocado una revolución frente al sistema económico y de mercado que debe ser incorporado en la nueva “Constitución Económica Ecuatoriana”, nos obliga a definir de manera clara y precisa cual debe ser el papel del Estado frente al mercado, los agentes económicos y sobre todo los consumidores, a través de la respectiva política económica. La situación micro y macroeconómica en relación con el modelo económico y de mercado que ha sido escogido y establecido a nivel constitucional no han sido desarrolladas, reguladas, ni controladas adecuadamente –a través de la ley secundaria respectiva- para hacer frente a las múltiples fallas del mercado. Todo esto con la finalidad de poder dotar de un verdadero instrumento que permita diseñar una auténtica y efectiva política económica estructural –en especial de una política de competencia-, dirigida a lograr que la economía del Ecuador se situé en la senda de un verdadero crecimiento, duradero –sustentable-, competitivo, no inflacionario, generador de empleo, distributivo y no discriminatorio a favor del interés económico general. La realidad de nuestro mercado y economía, hace que resaltemos aún más que, la eficacia de la política de competencia, no depende sólo de su capacidad para encuadrar determinadas conductas como infracciones y resolver determinados problemas de eficiencia a través de correctivos estructurales o de conducta. Sino también tiene que ver con la posibilidad de generar un ordenamiento jurídico que sea aceptado y respetado por todos los agentes económicos, y de contar con Instituciones de control fuertes –autónomas e independientes- capaces de aplicar dicho ordenamiento y que todo esto se sustente en el marco de nuestra constitución económica. Para esto debemos establecer normas de competencia modernas, eficientes, legítimas y eficaces para el Ecuador. Ese es el propósito de este trabajo, el cual pretende recoger información sobre la experiencia internacional para ser tomados en cuenta al momento de su elaboración. Para finalizar, debemos manifestar que asumimos que la Asamblea Constituyente dejará claramente establecido como parte de los derechos fundamentales, el derecho de la competencia, como parte de la política económica y social de nuestro país.

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El objetivo general de la tesis es la de identificar los efectos generados en el Ecuador, a raíz de su inclusión en la lista negra del Gafi. En específico interesa estudiar cuáles han sido las fallas de su informe y cuáles son los pasos a seguir para salir de la lista. En definitiva resultó ser un proyecto de descripción y recomendación a futuro. En la primera sección del primer capítulo, buscaremos explicar la conformación de los regímenes internacionales, de acuerdo a cada escuela de pensamiento de las relaciones internacionales. Con mayor profundidad, analizaremos el alcance de las normas en el sistema mundial y qué rol cumplen en el manejo de la política internacional. A continuación, buscaremos explicar la conformación del Gafi, su estructura, normativa, legitimidad y el alcance de sus medidas en el sistema internacional. En este apartado estudiaremos el paquete de normas conocido como las 40 Recomendaciones y el anexo de 9 Recomendaciones Especiales para el control al financiamiento al terrorismo. De la misma manera, estudiaremos la vertiente regional del Gafi en Sudamérica, conocida como GAFISUD. Es importante notar que el Ecuador es parte de este organismo, más no de Gafi. Para concluir el capítulo, se incluyeron varios estudios de caso, de tal forma que se pueda observar la aplicación de la normativa del Gafi. Un punto focal de esta sección fue el estudio de Irán y de sus relaciones internacionales. Continuando con lo establecido, el primer segmento del segundo capítulo se enfocó en revisar el informe ecuatoriano y cuáles eran las fallas que determinaba GAFISUD para que el Gafi decretara que el Ecuador debía entrar en la lista negra. Posteriormente se estudiaron los efectos de la inclusión en la economía, política y sociedad ecuatoriana. Finalmente, a modo de conclusión, se trazaron recomendaciones, alternativas y se formularon ciertas consideraciones a ser tomadas a futuro.

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En diciembre de 2009, Ecuador fue incluido en la lista de alto riesgo del organismo intergubernamental GAFI1 (por sus siglas en francés), por insuficiencia de esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las fallas técnicas, al parecer, se muestran en la reunión plenaria del GAFISUD,2 organismo que responde y se encuentra bajo la jurisdicción del GAFI. En esta reunión, los estudios que comenzaron a partir de finales de 2006, demostraron que el Ecuador cumplía con tan solo una de las 40 Recomendaciones que el GAFI establece y con ninguna de las recomendaciones especiales, que tratan específicamente sobre el financiamiento al terrorismo.3 La situación se torno más grave aún, cuando Ecuador, que debía presentar un «Informe de Avance» demostrando los esfuerzos por cumplir con las normativas, únicamente presentó datos independientes que no solo generaron inconvenientes dentro del GAFISUD, sino que a raíz de los pocos datos con los que se contaba, el organismo tan solo pudo presentar un reporte parcial.

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Debido a la urgencia de aumentar la recaudación tributaria por parte de los países de Latinoamérica, principalmente por el incremento de necesidades del pueblo a ser satisfechas por parte del Estado, se optó por la creación de tributos considerados como innovadores, atípicos o heterodoxos, puesto que salen del esquema de los tributos tradicionales por medio de los cuales se venía recaudando. Con su creación y aplicación aparecieron varias quejas, tachándolos de instrumentos que facilitan la recaudación al Estado, cubriendo fallas de los regímenes tributarios de una manera cómoda, sin tener que resolver el problema de fondo, como es la necesidad de fortalecimiento de los tributos tradicionales, lo cual, consideran sus detractores, tiene como consecuencia que no se tome en cuenta la manera en la que estos nuevos tributos afectan a los derechos de los contribuyentes y a los principios constitucionales tributarios. Con el presente supuesto, se ha desarrollado una investigación en torno a este tipo de tributos, para lo cual primeramente se ha dejado claro cuáles son los tributos tradicionales u ortodoxos, con el fin de presentar una diferenciación entre aquellos; se ha expuesto cuáles son los tipos de tributos heterodoxos que existen en Latinoamérica, cuáles son los más utilizados y qué fines persiguen, además del recaudatorio. Con esto de base, se ha concretado la investigación en torno a los tributos heterodoxos existentes en los países miembros de la Comunidad Andina, cómo se han creado y aplicado y cuáles han sido las quejas puntuales que se han presentado por parte de los contribuyentes por vulneración de derechos o principios constitucionales. Así, con la información recabada y al análisis realizado, se ha llegado a conclusiones fundamentadas respecto a los problemas jurídicos que dichos controversiales tributos generan.