25 resultados para Estado de la investigación

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El presente texto busca analizar las políticas culturales del Estado ecuatoriano a fin de desentrañar sus lógicas subyacentes y contratarlas con aquellas que sustentan a la interculturalidad. El paradigma del desarrollo cultural, visto como destino final de las políticas culturales, es cuestionado en tanto pretende aparecer como naturalizado, cuando en realidad refleja una condición discursiva de la globalización. En la investigación realizada se puede advertir que el Estado sigue manteniendo una dicotomía entre la cultura letrada y la cultura popular; la primera, como expresión más acabada del “espíritu nacional”, representada por los “hombres cultos”, y la segunda, como expresión colectiva y anónima del pueblo; lo que refleja un fuerte anclaje en concepciones tradicionales sobre el hecho cultural. El tema de la interculturalidad como “superación” de lo pluri y lo multicultural es también motivo de análisis. Su “reconocimiento” por parte del Estado no ha pasado de la formalidad jurídica, puesto que la acción estatal en campos como el patrimonio cultural, los servicios culturales, las educación, etc. Refleja dinámicas diferentes y hasta contrapuestas como las declaraciones normativas que se supones sustentan a la interculturalidad. La idea de la construcción colectiva de políticas (inter)culturales que atraviesen las políticas públicas aparece como una propuesta que para el caso del Ecuador se vuelve urgente.

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La ponencia que este autor comenta ofrece algunas ideas que, desde el Derecho, aportan a la generación de un nuevo paradigma para la comprensión de la vida política en democracia. Para el efecto, la crítica a los supuestos centrales del Estado Liberal y a eventos que el ponente atribuye autoría a los ubicuos procesos de ajuste estructural, son las estrategias asumidas. Como consecuencia de ello, la propuesta transita entre la denuncia social y la reflexión académica. De allí que el trabajo permite extraer al menos tres ejes de discusión respecto a los que me referiré de forma somera a lo largo de estos comentarios. El primero tiene que ver con los vínculos entre Derecho y Política; el segundo se refiere a la distinción entre el científico y el político; y, el final, guarda relación con la investigación empírica, sus alcances y resultados sociales.

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El objetivo principal del presente trabajo es determinar si ciertas instituciones en Bolivia propician una mayor participación del Estado en la economía. El estudio considera la actual coyuntura política y, sobre todo, determinados hechos históricos que ayudan a entender los rasgos políticos y sociales propios del país. La primera parte de la investigación, referida a los elementos necesarios para comprender el rol del Estado en la economía, busca elementos presentes en el debate sobre el tema, y analiza casos concretos, como los de los países del Este asiático. Para ello, previamente discute la relación Estado, derecho, economía y desarrollo institucional. La segunda parte estudia el caso boliviano en cuatro momentos históricos clave para la configuración de la participación estatal en la economía: la Guerra Civil de 1889, la Revolución de 1952, la crisis de 1980 y la coyuntura actual, a partir del año 2000. El análisis toma en cuenta la configuración de burguesías nacionales en cada una de esas coyunturas y sus políticas económicas.

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El tema materia de esta tesis comprende cuatro partes: (i) La realización de un análisis conceptual, doctrinario y jurídico del servicio público, las condiciones para su prestación y sus características principales. (ii) La responsabilidad del Estado frente a los particulares en la dotación de servicios públicos: regulación, control y vigilancia; y, la obligación indemnizatoria del Estado por la prestación deficiente de servicios públicos. (iii) La acción de repetición, dificultad legal para ejercerla y el análisis del proyecto de Ley presentado al Congreso Nacional. (iiii) El análisis comparativo con legislaciones extranjeras y, finalmente, el resultado de la investigación de los fallos que sobre la materia han expedido los tribunales de justicia de la República. Si bien la pregunta central de este estudio se remite a la dificultad de ejercer el derecho de repetición previsto en la Constitución por la ausencia de un marco legal procedimental, considero necesario señalar que el enfoque general del estudio del derecho de repetición en el Ecuador, así como el análisis del proyecto de Ley presentado por iniciativa del Procurador General del Estado al Congreso Nacional, y el ensayo sobre legislación comparada; constituyen un trabajo inédito sobre esta materia; por tanto, reviste singular importancia desde el punto de vista académico, debiendo resaltar que complementariamente a la investigación positivista, el trabajo se respalda doctrinariamente, recurriendo al aporte teórico sustentado por varios connotados tratadistas como Bielsa, García de Enterría, Diez, Marienhoff y otros que se señalan en la bibliografía.

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El presente trabajo académico abarca un análisis en el que se define la vulneración de principios y derechos constitucionales y tributarios; así como también se constatan los vicios de forma y/o de fondo en la aprobación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (en adelante LFAIOE). Para llegar a comprobar dicha hipótesis fue utilizado el método analítico, como la misma palabra lo indica, se analizó cada paso del procedimiento adoptado para la aprobación de la mencionada ley, que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales el señor Presidente de la República, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de LFAOIE, calificado como de urgencia en materia económica. La presente investigación pretende demostrar las violaciones al procedimiento legislativo establecido en la Constitución de la República (en adelante Constitución) para la aprobación de las leyes que crean, modifican o suprimen tributos; es decir, los cuestionamientos constitucionales de forma que, desde el personal punto de vista de quien presenta esta investigación, han ocurrido en el trámite y promulgación de la LFAOIE. Comprende también el presente trabajo, un análisis de las disposiciones cuarta y décima para el cobro eficiente de las acreencias del Estado, constantes en la aludida Ley, que tiene como propósito evidenciar la vulneración del principio de irretroactividad de la ley tributaria en perjuicio de los contribuyentes; y la violación a la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, y a la seguridad jurídica; es decir, cuestionamientos constitucionales de fondo a la LFAOIE. La parte final del trabajo contiene algunas reflexiones sobre los efectos jurídicos que la aplicación de las disposiciones cuarta y décima ocasionó en los procesos contenciosos tributarios que se encontraban en conocimiento de los jueces competentes al momento de la entrada en vigencia de la manifestada LFAOIE.

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En este trabajo de investigación se analiza cómo opera la estrategia conocida como “El Estado a tu lado” que se encuentra inserta en la necesidad de “recuperar el Estado para la ciudadanía”, objetivo primordial de la transformación del Estado del autodenominado “Gobierno de la Revolución Ciudadana”. Interesa preguntar qué elementos utiliza, qué configuraciones discursivas activa, de qué manera gestiona la población y el territorio, para producir, regular y controlar al sujeto ciudadanía, del que dice preocuparse y atenderla con servicios cercanos, eficientes y de calidad en procura de garantizar su derechos y alcanzar el Buen Vivir. Para ello, se utiliza esencialmente el corpus teórico y metodológico del francés Michael Foucault del que se desprenden las categorías de poder, biopolítica, gubernamentalidad, dispositivo y discurso, y se analiza cómo se estaría reconfigurando la relación entre Estado-sujeto en el periodo 2007-2015, mediante la creación de “un nuevo territorio” para la “nueva” gestión de la población. Se plantea de qué manera la institucionalidad y la distribución de servicios, establecen nuevas prácticas, las que pensadas como “reglas de juego” generan y moldean conductas en la ciudadanía. Para complementar el análisis se reflexiona sobre las configuraciones discursivas que dan consistencia al dispositivo y contribuyen a generarle sentido, adjudicándoles un determinado orden y posesionándolo como verdad. Se cuestiona si el hecho de que los servicios públicos, ahora cercanos territorialmente, responden a la idea de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y le permite al Estado conducir la población en su cotidianidad, mediante los manuales, procedimientos, trámites y atenciones se crean los nuevos códigos de relacionamiento entre la ciudadanía y las instituciones. Alejándose, probablemente, de la noción que inspira la evocación de ciudadanía y configurando un sujeto dependiente de las prestaciones que brinda el Estado, localizado y cercado a su localidad, que sin embargo compite por el acceso a los servicios a los que tendría derecho.

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A partir de un tratamiento conceptual sobre los enfoques teóricos de la integración -que de alguna manera evalúan el rol del Estado en estos procesos- la presente publicación analiza el tema del Estado y la integración en el Ecuador. Mónica Mancero revisa el proceso que desembocó en la constitución del Grupo Andino y define dos momentos en su evolución: el primero, guiado por el enfoque estructuralista, y el actual, en el que prima una visión neoliberal y de mercado. El texto se detiene en las preocupaciones que la sociedad civil ha manifestado en el último período acerca de la integración subregional, y relieva la necesidad de exigir una mayor participación de los distintos actores sociales tanto en la definición como en la implementación de los mecanismos del Acuerdo. En la perspectiva de lograr el desarrollo regional, la autora perfila los elementos económicos que debería contemplar una teoría alternativa de la integración, considerando tanto elementos políticos que evalúen la importancia estratégica de la integración, como elementos sociales en la perspectiva de eliminar las asimetrías existentes. La autora concluye que el Estado en los países en desarrollo debe desempeñar un papel relevante en los procesos de integración, no solo para corregir distorisiones y desequilibrios, sino para promover a determinados sectores productivos como parte de una planificada estrategia de desarrollo.

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Considerar la cuestión de la crisis del Estado y la política es imprescindible dado que está claro que en nuestra región no podemos partir de que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas el entramado institucional vigente canaliza las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades; por el contrario, la experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis política de gobernabilidad en México, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democráticas y las políticas económicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendría un análisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad. Por el contrario, las instituciones existentes deben valorarse críticamente debido a que se oponen, en general, a la dinámica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernización y democracia en curso.

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En un escenario donde se privilegian las respuestas bélicas, las acciones donde el uso a discreción de la fuerza ya no se circunscribe a un solo momento si no se acepta y reverencia de manera constante, la guerra adquiere una cualidad civilizatoria y normativa, donde apunta a la creación de nuevas estrategias y valores que se presuponen universales. Sin embargo en una coyuntura cada vez más visual, la comunidad internacional demanda más pruebas de que todos los caminos tradicionales de solución de conflictos se han agotado antes de embarcarse en una aventura militarista, las acciones de guerra tienden a generar cada vez menos nivel de apoyo y de ahí que se requiere nuevos mecanismos mediante los cuales establecer el fortalecimiento de un escenario compacto y funcional a los intereses del orden constituido. Retóricamente se construyen zonas como vulnerables y estratégicas donde juega un papel importante la figura de la cooperación internacional, bajo la idea de que mediante la ayuda al desarrollo ya sea a través de donaciones monetarias o ayuda técnica se pueden vencer los limitantes de las redes internas que propician coyunturas caóticas. Estas agencias de cooperación pasan a suplir las falencias del Estado a la hora de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, en determinadas zonas estratégicas, favoreciendo la construcción de un modelo de estado funcional al orden mundial.

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Aunque ha existido un notable crecimiento del comercio en la Comunidad Andina, la integración se encuentra en una fase imperfecta de unión aduanera. No existe una verdadera solidaridad subregional, ya que cada Estado mantiene su posición en cuanto a la política exterior. Esta visión estatalista se contrapone a la integracionista. La falta de voluntad política es también la causa de una ausencia de efectividad de la Comunidad, cuya consecuencia es la responsabilidad de los países sobre la base de la protección de los derechos de los particulares que se encuentren vulnerados, por cuanto ellos son los principales destinatarios del proyecto integracionista. Por ello, cabe derivar un derecho de reparación por los daños que provoque el incumplimiento de las disposiciones comunitarias.

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Se parte de abordar un tratamiento conceptual sobre los enfoques teóricos de la integración que de alguna manera evalúan el rol que el Estado debe cumplir en estos procesos. Se advierte que la teoría liberal, basada en principios estáticos, no explica la importancia de la integración para los países en desarrollo~ y que por otra parte, el Neoliberalismo, que ha inspirado la oleada aperturista y regionalizadora en América Latina, no teoriza rigurosamente sobre el rol que el Estado debe cumplir en estos procesos, y se limita a sostener la no intervención estatal en beneficio de una participación del mercado. Así mismo se sostiene que el enfoque estructuralista -constituido desde varias vertientes, pero que tiene en el cepalismo de los sesenta su mejor expresión- ha visualizado a la integración como un mecanismo de constitución de mercados ampliados que harían posible el objetivo de la industrialización. El mercado, al no ser el mejor asignador de recursos debe dar paso a políticas estatales planificadas y a una intervención impersonal del Estado. Para la elaboración de una teoría alternativa de la integración deberían tomarse en cuenta elementos económicos, en la perspectiva de lograr el desarrollo regional, pero también deben considerarse elementos políticos que evaluen la importancia estratégica de la integración para nuestros países, elementos sociales en la perspectiva de eliminar las asimetrías existentes, e incluso sustratos culturales comunes. Al tratar el tema del Estado y la integración en el Ecuador, se parte de una definición conceptual sobre el Estado, y de un análisis de dos épocas diferenciadas dentro del Grupo Andino, la primera fase guiada por el enfoque estructuralista y la de ahora en la que prima una visión neoliberal y de mercado; se ha constatado en esta última fase una franca expansión del comercio provocada por la liberalización acelerada, sin embargo no se advierte que sea una tendencia sostenible en virtud de que no se basa en una integración productiva sino comercialista. Se plantea que ha habido un cambio de rumbo en la conducción del Estado en el Ecuador en materia de integración, tendencia que inicialmente fue provocada por la oleada aperturista que afectaba al resto de países, pero que poco a poco ha ido tomando sustento propio como consecuencia del viraje ideológico que han experimentado nuestros propios gobiernos, quienes han cambiado desde una postura tradicional en el Grupo Andino de plantear políticas heterodoxas por su condición de país de menor desarrollo relativo, en favor de posiciones más liberales. Se aborda un análisis sobre las preocupaciones que la sociedad civil ha manifestado en este último período acerca de la integración subregional. Se constata que hay un acuerdo generalizado por exigir una mayor participación de los distintos actores sociales tanto en la definición como en la implementación de los mecanismos del Acuerdo. Se concluye que el Estado en los países en desarrollo debe desempeñar un papel relevante en los procesos de integración, no solo para corregir distorsiones y desequilibrios, sino para promover activamente sectores productivos estratégicos seleccionados como parte de una planificada estrategia de desarrollo.