167 resultados para Estado Bolívar (Venezuela)

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Según la autora, en 1999 las esperanzas de renovación del sistema democrático venezolano se enfocaron en la gestión del presidente Hugo Chávez, quien prometió eliminar los privilegios de la clase política tradicional y ampliar la participación de los sectores menos favorecidos. Poner en práctica el proyecto bolivariano significó la apertura de una brecha entre aquellos que apoyaban la ideología y el liderazgo del presidente Chávez y quienes sentían vulnerados los derechos y libertades consagrados en la Constitución. La polarización de los grupos llegó a su punto máximo con el enfrentamiento violento y la interrupción del orden constitucional en abril de 2002. Esta situación impulsó la respuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual, siguiendo lo estipulado en la Carta Democrática Interamericano, ofreció su colaboración para encontrar una salida a la crisis política, a través de la figura de la mediación. La OEA asumió la mediación con una doble visión: como una forma de resolver pacíficamente el conflicto y como una herramienta de promoción democrática. Este estudio describe y analiza el funcionamiento de la mediación y revela de qué forma dicho proceso le permitió a la OEA desarrollar su agenda de promoción democrática. Se exponen también las consecuencias para Venezuela de la simultaneidad de visiones y se plantean algunas implicaciones de este caso para el sistema hemisférico.

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A partir del año 1986, Venezuela se adhiere al Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, y lo publica en la Gaceta Oficial de la República Nº 33.503, de fecha 2 de julio de 1986, por lo cual, las normas sobre refugio consagradas en dicho instrumento y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951(1), adquieren plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico desde 1986, con obligación para el Estado de adoptar la terminología y mecanismos internos necesarios para la aplicación de las normas consagradas en dicho instrumento. En este sentido, el camino de protección de los derechos de los refugiados en Venezuela a transitado desde un espacio meramente normativo, de reconocimiento de derechos contenidos en Convenios del Derecho Internacional de los Refugiados (2), lo que ha supuesto, la regulación constitucional (3), pasando por la vigente ley orgánica interna (4) y el recientemente promulgado reglamento general en la materia (5), todo lo cual, integra actualmente el marco normativo interno de protección de refugiados (as), en Venezuela, hasta llegar a la situación actual en la que nos encontramos con la instalación formal del órgano administrativo designado para el estudio y tramitación de las solicitudes de refugio, denominado "Comisión Nacional para los Refugiados"

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La crisis política que vivió Venezuela en abril pasado tuvo en papel protagónico a los medios de comunicación y a los propios periodistas. Ello generó un clima importante de debate sobre el papel de los medios y los comunicadores, el rol del Estado y la defensa de la libertad de expresión. Este trabajo realiza una aproximación desde los parámetros del derecho a la información que, en un horizonte mayor de reflexión, se inscribe en la construcción del derecho a la comunicación.

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Debido a la agudización del conflicto colombiano, a partir del año 1999 se evidenció una mayor movilización de personas que huían de la violencia desde Colombia hacia Venezuela, en especial hacia tres estados fronterizos: Zulia, Apure y Táchira. Como consecuencia, en Venezuela existen 1875 personas solicitantes de la condición de refugiados, y la situación en la que se han mantenido los solicitantes, algunos desde 1999, se ha caracterizado por una tolerancia de estadía por parte del Estado venezolano pero sin ningún reconocimiento de su condición y sin la posibilidad de ejercer derechos tales como personalidad jurídica, trabajo, asilo, recurso efectivo, entre otros.

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La realización de proyectos de protección ambiental y de control de contaminación en Venezuela ha estado inscrita en un marco legal sujeto a cambios importantes, y ya se ha anunciado que vienen otros. Si bien es cierto que este fenómeno no es exclusivo del caso venezolano, no es menos cierto que, en el caso de este país, esta situación ha tenido gran incidencia en la manera de abordar dichos proyectos. La preocupación internacional, por el impacto ambiental causado por la aceleración de las actividades de industrialización en el mundo a partir de la segunda guerra mundial, tiene menos de treinta y cinco años. La Primera Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, tiene lugar en Estocolmo, Suecia, en 1972. El Primer Congreso Internacional de Ecología se celebra en La Haya, Holanda, en 1974. Los resultados de esta actividad, en el caso de Venezuela, comienzan a sentirse en 1976, cuando se promulga la Ley Orgánica del Ambiente, y en 1977, cuando se crea el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, MARNR. Sin embargo, las primeras regulaciones que requieren inversiones en adecuación, y que establecen plazos de cumplimiento, aparecen hacia 1985, acompañadas de decretos con incentivos positivos, de naturaleza financiera y fiscal.

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El conflicto político que actualmente se vive en Venezuela ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de lo que suele denominarse “polarización social”; puede definirse como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los “bandos” que participan de un conflicto. Dicho posicionamiento es excluyente, es decir, cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras, generalmente con una fuerte carga emocional que involucra la vida personal dentro del conflicto político. La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de “la deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo” que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía. De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.

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El propósito del presente trabajo es exponer un conjunto de argumentos que sustentan la tesis sobre la naturaleza de la crisis orgánica que atraviesa actualmente la sociedad venezolana. Para ello se partió de la tradición de un marxismo crítico, abierto y problematizador (en realidad, el único digno de ese nombre) que rescata algunos de los principales aportes teórico-metodológicos de autores como Marx, Gramsci, Thompson, Mészáros y otros. En la introducción, además de las motivaciones y alcances del ensayo, se encontrará un primer acercamiento a las principales categorías empleadas, así como su articulación al interior de la perspectiva marxista. Allí se definen los conceptos de Estado, hegemonía, crisis orgánica, entre otros. El primer capítulo incluye una breve revisión de los antecedentes, génesis y consolidación de un bloque histórico en Venezuela a partir de 1958, conocido como la “democracia de Punto Fijo”. Se intenta mostrar cómo la forma en que se logró articular un modelo de acumulación “rentista” con una sistema político sui generis, le permitió a esa configuración tener una vida más o menos estable; formación que si bien se prolongó hasta finales de los noventa, ya desde mediados de los setenta había comenzado a mostrar unos primeros síntomas de agotamiento. Lo que en un comienzo se manifestó como crisis del modelo de acumulación (crisis económica) poco a poco se fue transformando en crisis político-moral integral; es decir, en una crisis orgánica o crisis estatal, siguiendo el pensamiento de Gramsci. En el mismo capítulo se exponen algunos de los principales momentos de dicha crisis, como las revueltas populares de febrero de 1989 y los intentos de golpe de Estado de 1992. El segundo capítulo prolonga la exposición de la crisis orgánica, pero ahora bajo nuevas determinaciones y con una correlación de fuerzas políticas diferente. Allí se explica cómo un conjunto de fuerzas sociales (principalmente de los sectores subalternos) lograron llevar por primera vez en 40 años a una figura totalmente ajena a las élites dominantes del puntofijismo a la presidencia de la República: Hugo Chávez. Allí se describe el proceso de nacimiento de un nuevo bloque social bolivariano producto de la convergencia de dinámicas políticas “desde arriba” y “desde abajo”. En este capítulo también se da cuenta de un ciclo insurreccional de las clases dominantes y sus auxiliares para derrocar al Presidente Chávez y de las respuestas de éste y del bloque popular. Finalmente, en el tercer y último capítulo se hace una exposición de las principales líneas de reconstitución de los vínculos estatales en crisis, en los diferentes ámbitos de la vida social: material, institucional, simbólico, etc. Con ello se pretende mostrar cómo durante los últimos años de la presidencia de Chávez se están comenzando a consolidar nuevas formas de relación entre un nuevo tipo de Estado en gestación y las clases sociales venezolanas.

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Venezuela desde la década de 1960 cuando se iniciaban los gobiernos democráticos, el de Pacto de Punto Fijo, ha tenido una política exterior muy activa, en un principio se basó en promover como modelo político la democracia representativa en América Latina, a través de la OEA, con el uso del petróleo como una herramienta de esta política exterior, igualmente realizó contactos con países productores de petróleo para formar la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP), la formación de programas de cooperación como fue el acuerdo de San José en el cual entre México y Venezuela se comprometían a vender petróleo con precios preferenciales a países de Centroamérica y El Caribe. El país se ha considerado como andino, amazónico, caribeño y occidental. Es por ellos que en los 1970’s el país fue activo en cuanto a las relaciones con los países del tercer mundo en grupos como los No Alineados, en los 80 y 90, este perfil bajó; pero a partir de 1999 con la llegada de Chávez al poder se da el desplazamiento de los actores que habían estado presentes en el escenario político desde 1959, la política exterior venezolana continuó siendo activista con el petróleo como su mecanismo de promoción, sólo que ahora es la democracia participativa, y mantiene varios esquemas de cooperación energética y solidaridad como Petrocaribe con varios países de Centroamérica y el Caribe, siendo esta región la mayor receptora de ayuda en energía que otorga Venezuela. Hasta ahora la ayuda consta solo de proveer crudo y derivados, muchos de los proyectos que anuncia el gobierno venezolano a través de Petrocaribe están por concretarse aún; de igual manera Nicaragua y Cuba son los mayores beneficiarios de la ayuda venezolana.

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La relación Colombia – Venezuela ha estado signada por un clima de conflictividad durante los periodos presidenciales de Hugo Chávez y Álvaro Uribe (2002 - 2010), se observa como la construcción de las agendas diplomáticas de Colombia y Venezuela han estado centradas en la seguridad y el conflicto. Estando, la construcción de las agendas diplomáticas de ambos Estados, configuradas por la búsqueda de resultados electorales positivos a lo interno, y en el plano internacional, buscan alianzas y legitimidad, todo esto para cumplir con las dinámicas internas de cada Estado. Evidenciándose manifestaciones de conflictividad tales como: diplomacias rígidas con ausencia de diálogo; el presidencialismo; y la diplomacia de micrófono. Esta temática ocupa el trabajo de tesis que se presenta con el propósito de exponer para la discusión la siguiente interrogante: ¿Qué factores, presentes en los respectivos gobiernos, explican la creación de una agenda de política exterior Colombia – Venezuela centrada en la seguridad y el conflicto? Plateándose como objetivo general de este trabajo de tisis: Analizar las relaciones diplomáticas Colombia – Venezuela en el marco de los conceptos de seguridad divergentes, y sus conflictividades. Durante el periodo presidencial Chávez-Uribe (2002-2010). Para alcanzar dicho objetivo, la investigación se realizó en dos fases que dan lugar a la estructura de dos capítulos. En la primera, se identificarán las lógicas de los conceptos de seguridad y su repercucion en las relaciones diplomática Colombia – Venezuela; y en el segundo capitulo, se describen las manifestaciones de conflictividad entre Colombia y Venezuela, en sus relaciones con sus dinamicas internas.

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La doctrina militar latinoamericana ha provisto a los institutos armados de la región de concepciones que justifican la intervención en el sistema democrático cuando la patria está en peligro. Ante las ineficiencias del sistema político y las profundas tensiones sociales bajo las que vivía Venezuela y Ecuador en 1992 y 2000, facciones de la institución armada intervinieron para imponer como solución la total reforma del sistema político. A pesar de lo fugaz de estos movimientos, sus líderes se posicionaron en el imaginario popular como una suerte de héroes de la nueva independencia. Utilizando un discurso antipolítico, Hugo Chávez alcanzó la presidencia venezolana en 1998, y retomando los mismos elementos discursivos Lucio Gutiérrez logró también la presidencia ecuatoriana en 2003. No obstante, las distancias entre los dos presidentes tienen un origen ideológico, que se vuelve más evidente en la dirección gubernamental de cada uno. Un elemento que en el fondo acerca las posiciones de los dos presidentes es la preservación de la estabilidad de su mandato, aunque la forma de lograrlo es diametralmente opuesta, pues mientras en Venezuela se intenta relegar a la vieja clase política, en Ecuador la estrategia utilizada es aliarse con esa clase. Al final, los partidos dirigidos por estos coroneles ingresaron al sistema político generando grandes expectativas cuyo cumplimiento puede señalar la fundación del nuevo Estado, mientras que su falla al hacerlo significará un paso deslucido por la presidencia.

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Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, reunido en sesión extraordinaria en Lima el 18 de abril de 2013, acuerda la designación de una Comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril de 2013.

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Viernes negro, comedia bufa, pesadilla monstruosa, jornada trágica, golpismo, atentado contra la democracia. Así fue descrita por la prensa la rebelión popular que, el 21 de enero de 2000, derrocó a Jamil Mahuad y reclamó para sí la conducción del Estado ecuatoriano. En contraste, la movilización de febrero de 1997, que anunció el fin del gobierno de Abdalá Bucaram, fue llamada revolución de las conciencias, amanecer de la dignidad, carnaval multicolor, campanada democrática, plebiscito espontáneo del pueblo... ¿A qué obedece la distante manera con que las mass-media socializaron ambos acontecimientos? ¿Por qué una movilización popular fue aclamada en 1997 y otra semejante fue estigmatizada en el 2000? ¿Por qué los medios reaccionaron con formas opuestas ante los mandatos de Bucaram y Mahuad? Las técnicas utilizadas por la comunicación de masas descubren en las mass-media contemporáneos a factores de formación de instancias políticas representativas, estimulan la movilización social y, al mismo tiempo, la enmarcan en la institucionalidad o en sus símbolos; todas éstas son funciones que rebasan el campo de lo periodístico y los han convertido en un importante pilar del orden imperante. En el presente trabajo Gabriela Córdova indaga sobre la distinta y contrapuesta posición y función de los media en los golpes de Estado mencionados, para revelar al lector cómo en ambos casos, ese carácter contradictorio se justificó en la defensa del establecimiento.

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El presente estudio tiene por objeto analizar y valorar, de manera integradora, las ideas, discusiones, actividades y polémicas que plantearon y establecieron los intelectuales de Ecuador y Venezuela durante la década de los sesenta. Dado que una de las características resaltantes del ambiente cultural latinoamericano en esos años fue la influyente y abundante presencia de grupos conformados por escritores, filósofos y artistas, que hicieron de la revista literaria el medio para expresar sus cuestionamientos y propuestas al stablishment intelectual, este trabajo se centra en las que pueden considerase como principales revistas literarias de cada país para aquel entonces: Pucuna, Indoamérica y La bufanda del sol, en el Ecuador; Sardio, Tabla Redonda, Rayado sobre el techo y En letra roja, en el caso de Venezuela. Aunque limitado a estos dos países, este texto constituye un punto de partida para estudios de mayor alcance y magnitud que, con la misma perspectiva integradora que aquí se presenta, intenten comprender una etapa crucial del proceso cultural latinoamericano de este siglo.

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A partir de un tratamiento conceptual sobre los enfoques teóricos de la integración -que de alguna manera evalúan el rol del Estado en estos procesos- la presente publicación analiza el tema del Estado y la integración en el Ecuador. Mónica Mancero revisa el proceso que desembocó en la constitución del Grupo Andino y define dos momentos en su evolución: el primero, guiado por el enfoque estructuralista, y el actual, en el que prima una visión neoliberal y de mercado. El texto se detiene en las preocupaciones que la sociedad civil ha manifestado en el último período acerca de la integración subregional, y relieva la necesidad de exigir una mayor participación de los distintos actores sociales tanto en la definición como en la implementación de los mecanismos del Acuerdo. En la perspectiva de lograr el desarrollo regional, la autora perfila los elementos económicos que debería contemplar una teoría alternativa de la integración, considerando tanto elementos políticos que evalúen la importancia estratégica de la integración, como elementos sociales en la perspectiva de eliminar las asimetrías existentes. La autora concluye que el Estado en los países en desarrollo debe desempeñar un papel relevante en los procesos de integración, no solo para corregir distorisiones y desequilibrios, sino para promover a determinados sectores productivos como parte de una planificada estrategia de desarrollo.