¿Quién debe ser el intérprete supremo de la Constitución?: el precedente constitucional en la acción de amparo en el Ecuador

La regulación jurídica es contradictoria respecto de la validez de la jurisprudencia como fuente del derecho. Sin embargo, los cambios constitucionales que se vienen dando desde las reformas de 1992 y 1996, y la Constitución de 1998, abren la posibilidad de la construcción, a través del diseño legislativo o judicial, de lo que se ha denominado “precedente constitucional”. En este trabajo se busca explicar la naturaleza de este precedente respecto de las sentencias de amparo constitucional; evidenciar los modelos de regulación y determinar dentro de cuál está o debería estar el caso ecuatoriano; determinar cuáles son los fines que se buscan con su aplicación a los casos concretos. Las grandes líneas de abordaje de este trabajo son la interpretación constitucional, el análisis de la jurisprudencia y las legislaciones comparadas, y el nuevo rol que los jueces tienen como creadores de derecho. El objeto principal de este estudio será el análisis de la problemática del precedente constitucional para dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo se aplica el precedente de manera general y cómo debe aplicárselo a las sentencias de amparo constitucional?; y, ¿cómo esta aplicación puede fortalecer la justicia constitucional y al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución? En definitiva, esta obra retoma la cuestión discutida entre Kelsen y Schmit: quién debe ser el defensor de la Constitución?, Pregunta reformulada frente a la nueva realidad constitucional: “¿Quién debe ser el intérprete supremo de la Constitución?: el precedente constitucional en la acción de amparo en el Ecuador.”

La Defensoría del Pueblo: estudio comparado y evaluación del funcionamiento de esta institución en el Ecuador

Constituye una investigación que comprende en primer lugar un recuento histórico de lo que ha sido esta institución desde su creación hace más de doscientos años en Suecia y su posterior expansión en casi toda Europa, hasta llegar a España. Es desde este país, España, donde comenzó a trasladarse la idea de instituir la Defensoría del Pueblo en algunos países latinoamericanos, pero de forma diferente a como había sido concebida en sus inicios: el Defensor del Pueblo es entendido como un garante de los Derechos Humanos, es más, hasta se convierte en sí mismo en una garantía constitucional reconocida en muchas legislaciones y constituciones. Por medio de un estudio comparativo de las experiencias de la Defensorías del Pueblo en países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú y Colombia, se aborda el tema central de esta investigación que es precisamente evaluar y comparar el funcionamiento de esta institución en nuestro país luego de más de diecisiete años de reconocimiento constitucional. Finalmente, se realizará, a modo de conclusión, una evaluación de la misión de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, como garante de los derechos humanos y como garantía constitucional. Igualmente, se incluirán los desafíos que tiene la Defensoría del Pueblo dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

Impacto de la figura del defensor del cliente en el sistema financiero ecuatoriano

La presente investigación analizará el posible impacto que ha generado la introducción de la figura del defensor del cliente en el sistema financiero ecuatoriano, una vez que ha transcurrido más de un año desde su implementación. Para la realización del trabajo se ha considerado que existen elementos, información y datos, que permiten esbozar ciertos lineamientos para tratar de establecer el alcance que ha tenido el desarrollo de la figura del defensor del cliente, en el ámbito de las relaciones cliente–entidad financiera. Es también la oportunidad para analizar la normativa que actualmente rige el accionar del defensor del cliente, a partir de lo cual, se buscará proponer de ser el caso, lineamientos que contribuyan a mejorar su desempeño, observando para ello, lo que puede aportar la legislación comparada pertinente.

Defensor del Pueblo de Bolivia y la perspectiva de género

Después de muchos años de gobiernos nacionalistas, populistas y neoliberales que alternaron precarios momentos de estabilidad económica y política con períodos de graves crisis, Bolivia aún sufre los efectos negativos referidos a la economía, a la profundización de la diferenciación y exclusión social y a la vulneración de los derechos humanos. En medio de tal panorama, es lógico que las demandas de las mujeres permanezcan postergadas. La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) el 22 de enero de 2006, producto de un contundente resultado electoral, no significa únicamente un gran cambio en términos económicos, sociales e ideológicos. Es sobre todo y desde una perspectiva de derechos humanos, un suceso inclusivo en términos de equidad y participación política de los indígenas, la mayoría poblacional de Bolivia. En este proceso, la equidad de género forma parte de las redefiniciones que vive el país, en un escenario de cambio de los sujetos impulsores de la transición en el Estado y en la sociedad civil. Ello se debe a que el nuevo gobierno está conformado por actores que se desplazaron desde partidos políticos y movimientos sociales corporativos de base campesino-indígena y de productores urbanos y rurales de culturas heterogéneas, ligados a un referente comunitario significativo. Estos y otros eventos en diferentes escenarios, no precisamente políticos, marcaron el ritmo de avances y retrocesos en el papel fundamental que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

La Doctrina Monroista de Estados Unidos de Norteamérica y el Unionismo latinoamericano: historia de una asimetría

La derrota de Napoleón Bonaparte fue el antecedente del congreso de Viena (1814-1815) en cuyo seno se intentó restaurar la Europa pre revolucionaria y equilibrar el poder geopolítico de la región abriendo la posibilidad de enfrentar a quienes estuvieran dispuestos a desestructurar las monarquías; aquella voluntad geo-politica-económica estuvo diseñada, además, para incidir en América en donde diversos sectores procuraban las independencias del coloniaje europeo que a su vez, en esos mismos años, reforzó su conducta a causa del “imperio de los cien días de Napoleón” y de la conformación de la triple y de la cuádruple alianzas. La referida determinación europea y sus coletazos históricos, formaron parte, luego en 1823, de la justificación para que los Estados Unidos de América pretendiera erigirse en defensor de los países Americanos. Tal política, expresada por el Presidente Monroe, escondió la visión expansionista que habría de marcar, hasta hoy, la relación entre Estados Unidos y el resto del Continente. Ante la circunstancia provocada en 1823, fue convocado, en 1826, por el Libertador Bolívar, el Congreso de Panamá como una respuesta al proyecto expansionista en ciernes y a fin de edificar el proceso unionista que intentó construirse con la presencia de los países que habían logrado en América sus independencias. Desde entonces estas dos concepciones asimétricas -la de la doctrina Monroe y de la unidad latinoamericana- han marcado la huella de la región americana que aún batalla por su autodeterminación.