Defensor del Pueblo de Bolivia y la perspectiva de género

Después de muchos años de gobiernos nacionalistas, populistas y neoliberales que alternaron precarios momentos de estabilidad económica y política con períodos de graves crisis, Bolivia aún sufre los efectos negativos referidos a la economía, a la profundización de la diferenciación y exclusión social y a la vulneración de los derechos humanos. En medio de tal panorama, es lógico que las demandas de las mujeres permanezcan postergadas. La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) el 22 de enero de 2006, producto de un contundente resultado electoral, no significa únicamente un gran cambio en términos económicos, sociales e ideológicos. Es sobre todo y desde una perspectiva de derechos humanos, un suceso inclusivo en términos de equidad y participación política de los indígenas, la mayoría poblacional de Bolivia. En este proceso, la equidad de género forma parte de las redefiniciones que vive el país, en un escenario de cambio de los sujetos impulsores de la transición en el Estado y en la sociedad civil. Ello se debe a que el nuevo gobierno está conformado por actores que se desplazaron desde partidos políticos y movimientos sociales corporativos de base campesino-indígena y de productores urbanos y rurales de culturas heterogéneas, ligados a un referente comunitario significativo. Estos y otros eventos en diferentes escenarios, no precisamente políticos, marcaron el ritmo de avances y retrocesos en el papel fundamental que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

La implementación de REDD+ en el Ecuador: análisis de la estructura de gobernanza y mecanismos de financiamiento

Sobre la base de la problemática del fenómeno de cambio climático y potencial de los bosques para contribuir a la mitigación del mismo, el objetivo de este estudio es analizar si el mecanismo REDD+, puede constituir una alternativa viable en el Ecuador para la reducción de la tasa de deforestación, la mitigación del cambio climático y el desarrollo local. Para el efecto, se analizará el contexto internacional del mecanismo REDD+ y el proceso que Ecuador lleva adelante para implementar dicho mecanismo. Particularmente, se profundiza en los aspectos de gobernanza y financiamiento para la implementación de REDD+. Sobre la base del caso ecuatoriano se pueden derivar lecciones interesantes para la implementación de REDD+ en otros países que enfrentan contextos similares, en términos de la estructura de gobernanza y mecanismos de financiamiento. Además, Ecuador es un ejemplo interesante sobre un enfoque de gobernanza hibrido con múltiples niveles de implementación pero a la vez el rol prominente del gobierno en cuanto a los mecanismos financieros y mecanismo de distribución de beneficios. Los resultados de la investigación muestran que la implementación del mecanismo REDD+ a múltiples niveles es fundamental y necesaria para el éxito de la política en los países. El liderazgo del gobierno en la fase de diseño es clave para asegurar una escala de implementación a nivel nacional, de manera que se contribuya a metas más amplias, tanto ambientales como de desarrollo. Sin embargo, un proceso inclusivo donde los actores no gubernamentales formen parte de los procesos y la fase de implementación es fundamental para garantizar la sostenibilidad de REDD+.

Declaración Conjunta de la Cumbre de Brasilia de Líderes de China y de Países de América Latina y Caribe (Archivos)

Los Jefes de Estado y de Gobierno y los Representantes Especiales de Brasil, China, así como Costa Rica, Cuba, Ecuador, Antigua y Barbuda, también miembros del Cuarteto de CELAC – y Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guyana, México, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, realizamos una reunión en Brasilia, el 17 de julio de 2014, bajo el tema “Igualdad y Beneficio Mutuo, Cooperación Recíproca y Desarrollo Común”, emiten una declaración conjunta reconociendo que el mundo está experimentando por un proceso de globalización económica y cambio político y que nuestros países tienen un rol clave que desempeñar contribuyendo a la paz, la estabilidad, el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible, la prosperidad y para la forja de un mundo multipolar.

La acción de inconstitucionalidad: una acción de defensa y un medio de depuración del sistema jurídico

En Bolivia, la promulgación de la Constitución del año 2009 marca un hito importante respecto a la modificación de la estructura estatal del país a partir de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Parte del trabajo de esta Magna Asamblea, fue la reestructuración del sistema de garantías constitucionales y la consolidación del sistema de control de constitucionalidad concentrado (instaurado por primera vez en la Constitución de 1994), preponderando por el cumplimiento efectivo de los derechos individuales y colectivos, a fin de garantizar la primacía y supremacía constitucional. La modificación de los recursos constitucionales por las acciones de defensa, permitió el replanteamiento de la acción de inconstitucionalidad como un sistema inclusivo de participación ciudadana dentro del control de constitucionalidad de las normas a partir del control abstracto de constitucionalidad. Sin embargo, el procedimiento constitucional restringe esta participación ciudadana, limitando la legitimación activa dentro del control de constitucionalidad concreto y la existencia de un caso en particular. Por lo que, a partir del análisis teórico y el desarrollo conceptual, buscaré determinar: el alcance y la finalidad de la acción de inconstitucionalidad, a fin de establecer la importancia de la participación de la ciudadanía dentro del control de constitucionalidad de las normas, como una facultad constituyente derivada de la titularidad de la soberanía. Y a partir del estudio comparativo de la realidad jurídica de los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú), como referentes de participación ciudadana dentro de sus estructuras de control, sustentaré cuáles son los principios normativos que facultan a las personas el poder recurrir de forma directa al órgano encargado de control de constitucionalidad y cuál la importancia de esta participación ciudadana.