24 resultados para Conflicto armado -- Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia)

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La realización de cuatro estudios de caso sobre los Pueblos Indígenas Nasa del norte del Cauca, Embera Katío, del Alto Sinú (Córdoba), Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar) y U'wa y Sikuani, del departamento de Arauca, con el apoyo de Pensamiento y Acción Social, PAS- SUIPPCOL, han servido al Consejo Nacional Indígena de Paz, CONIP, para presentar al país casos emblemáticos de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos por la que atraviesan los Pueblos Indígenas en Colombia. El presente documento analiza los factores asociados a los cuatro estudios de caso, basados en el marco jurídico internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El período del estudio es de dos años y medio, de 2004 al primer semestre del 2006, aunque las cifras relativas al mismo no están necesariamente discriminadas por las cuatro regiones en todos los casos, pero toman las desarrolladas por el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ONIC, SINDHO, y la base de datos del Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN y otras fuentes oficiales y no gubernamentales.

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Colombia es el epicentro de una situación humanitaria y de derechos humanos crítica como consecuencia de un conflicto armado anacrónico que persiste sin solución militar posible, pero que continúa sin salida política y negociada a la vista. Las migraciones forzadas, que se expresan en desplazados internos, refugiados y formas de movilidad asociadas a la crisis económica, van más allá de las fronteras y representan una expansión de las consecuencias de una guerra irregular en territorios de países vecinos. Este artículo se limita a describir los cambios políticos que siguieron a la ruptura del proceso de paz, a ofrecer otra lectura del Plan Colombia y sus consecuencias específicas en el campo humanitario, a visibilizar las migraciones forzadas y el refugio y a proponer alternativa de acción conjunta y concertada en la región.

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Este documento compara dos experiencias de comisiones creadas para enfrentar la reparación a víctimas de conflictos armados internos: la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, creada en junio del año 2001 por el presidente Valentín Paniagua y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, creada en el año 2005 por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El análisis comparado de estas experiencias tiene como propósito responder a un interrogante: ¿Cuáles son los estándares de reparación adoptados por dichas comisiones? O dicho de otra forma ¿cuáles son los referentes a partir de lo cual se materializa la reparación a las víctimas y cuales son los contenidos del concepto de reparación priorizados? El argumento que se desarrolla a lo largo de estas páginas, sostiene que los estándares de reparación están determinados en buena medida por dos aspectos del marco normativo interno: a) la legislación que regula la función de las Comisiones así como la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley; b) el marco jurídico interno sobre medidas de restablecimiento o políticas de reparación integral a víctimas del conflicto armado interno.

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Teniendo en cuenta que la reparación es un derecho con características particulares, especialmente para la infancia y la adolescencia, la presente investigación revisa los alcances del enfoque diferencial de edad en esta política en Colombia. Para cumplir este objetivo se realizó un análisis de la legislación internacional, legislación nacional actual y como un caso tipo, el Decreto de Reparación Individual Administrativa (Decreto 1290 de 2008). De esta forma, se ubica respecto a la reparación desde una visión subjetivista de los derechos humanos, entendiéndola no solo como una obligación del Estado sino como un derecho en sí mismo, y por lo tanto en este marco, revalora el enfoque diferencial de edad como un reto de la política concibiéndolo como la intencionalidad de la sociedad y el Estado de consolidar legislaciones y prácticas sociales sensibles a las subjetividades, necesidades y demandas de los niños, las niñas y los adolescentes como respuesta al principio de igualdad para incluirles como ciudadanos y superar la hegemonía del discurso adultocéntrico. De este modo, se constituye como aporte para las instituciones que tienen el deber de incluir el derecho a la reparación integral de la infancia y la adolescencia en la formulación y ejecución de la política pública y contribuye para que los niños, niñas y adolescentes sean visibilizados de manera efectiva en los mecanismos y procedimientos diseñados para tal fin en Colombia.

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Señalan las voces expertas que una de las principales consecuencias de la violación sexual es dejarte muda, silenciarte, vivir con la certeza de que gritaste pero nadie escucho, es transformar la culpa en vergüenza. En el Perú el silencio ha cubierto lo que mujeres campesinas y asháninkas susurran: sus cuerpos fueron botín de guerra de las Fuerzas Armadas y los grupos subversivos. La violación sexual fue sistemática y masiva. Pero entre las masacres, desapariciones y torturas de uno y otro bando, lo que las mujeres vivían en sus cuerpos no tenía y tiene suficiente importancia. Hasta hoy no existe un solo caso judicializado y ningún culpable tras las rejas. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, CVR, concluyó que las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos humanos que vulneraron fundamentalmente el territorio más privado e intimo: su cuerpo y su libertad sexual. Estas violaciones a sus derechos humanos son expresión de situaciones previas de desigualdad de género, étnicas y sociales. El conflicto armado se instala en un contexto de autoritarismo, violencia contra la mujer, discriminación y exclusión social.

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Analiza la influencia del conflicto colombiano en los procesos de intercambio comercial de Colombia con Ecuador, centrándose en la profundización y localización del conflicto armado colombiano. El autor recopila de forma sistemática información referida a la evolución del intercambio comercial entre Ecuador y Colombia, para responder a su pregunta de investigación sobre los efectos generados por la dinámica del conflicto armado colombiano a partir de la implementación del Plan Colombia. El análisis de algunas manifestaciones del conflicto, como los cierres de carretera por parte de los grupos irregulares y los desplazamientos militares para controlarlos, le permite establecer su impacto en los flujos comerciales bilaterales por vía terrestre. El estudio se plantea, desde la perspectiva de las relaciones económicas internacionales, como una reflexión puntual, con un interés principalmente metodológico, que quiere dar cuenta de las formas en que las alteraciones del orden público y las respuestas estatales frente a ellas, afectan los intercambios y la cotidianidad de la región fronteriza entre los dos países.

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En Colombia, los movimientos sociales buscan recuperar el espacio público y el de la ciudadanía, en un contexto donde el Estado bipartidista es débil a la vez que excluyente, donde los conflictos sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados. Parte de estos movimientos sociales, el movimiento de los Derechos Humanos enfrenta diversos obstáculos: conflicto armado interno, paramilitarismo, impunidad, desplazamiento forzado, que dificultan el desarrollo de su labor.

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El desplazamiento forzado es una problemática de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las más notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel político como económico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pública. Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual generó que se identificara a la población desplazada no como víctima del conflicto, sino como población pobre, lo que a su vez obligó a generar mayores rubros para atención a población vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado es la clara identificación del problema, pues aun después de más de 10 años de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la población objeto de la política, y regula la atención que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdicción constitucional al tratar de identificar la población que requiere dicha atención, y la naturaleza de la misma.

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La violencia contra las mujeres en Colombia se presenta como un contínuum en sus vidas y no como hechos aislados que tienen por escenario los denominados espacios públicos y los espacios privados, la cual se exacerba en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de seis décadas, la cual ha tenido como escenario sus cuerpos-territorios. Ciertamente los cuerpos de las mujeres en Colombia han sido leídos como premios para los guerreros de los distintos bandos, y se han utilizado como arma de guerra para agredir, debilitar al enemigo, y provocar terror dentro de las comunidades de tal manera que se generen desplazamientos masivos y así lograr el control de los distintos territorios. Si bien las últimas cifras dadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que durante los años 2007 y 2008 se realizaron 41.475 informes periciales sexológicos, en los que el 84% de los casos las víctimas fueron mujeres, aún resulta imposible cuantificar el número de mujeres que han sido y son víctimas de alguna modalidad de violencia sexual en los casi sesenta años de conflicto armado, en especial por el altísimo subregistro que se presenta ante el miedo a las represalias, estigmatización y revictimización que deben enfrentar las mujeres al denunciar.

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El artículo reflexiona sobre la política exterior de Colombia, sus prioridades y desafíos. Iniciando con un recorrido de lo que fue la diplomacia tradicional colombiana, el autor analiza las relaciones de Colombia con Estados Unidos en la última parte del Siglo XX, caracterizadas por altibajos y por su concentración en el tema de lucha contra las drogas. Fernando Cepeda analiza además el papel de la llamada diplomacia por la paz, las condiciones que dan lugar a la internacionalización del proceso de paz y los objetivos prioritarios que ha definido la política exterior colombiana, alrededor de la búsqueda de una solución definitiva al conflicto armado.

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La autora explora la posibilidad de un cambio en las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Las relaciones de Colombia con esos dos países vecinos, por un largo período, se han caracterizado por su complejidad expresada en roces y desencuentros, configurando un escenario conflictivo. Esta dinámica se origina en dos factores: el conflicto armado colombiano de larga duración, y la alineación de Colombia con Estados Unidos. La autora sostiene que los cambios en el segundo factor podrían conducir a una modificación del conflicto doméstico colombiano, y por extensión a mejorar las relaciones con Ecuador y Venezuela.

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Este trabajo apunta a evidenciar la representación del Plan Colombia en Colombia y en Estados Unidos, a partir de la promesa retórica de la pacificación forzosa para hacer viable la prosperidad democrática como paso obligado para lograr el fortalecimiento del Estado. El Plan Colombia se vislumbra en este estudio, insertado en un diseño global imperial que ilustra por analogía un patrón de dominación que opera con estrategias discursivas equiparables en otras partes del planeta, donde la intervención militar, económica y cultural del poder contemporáneo impone discursos, a través del poder simbólico, la seducción y la fuerza militar, económica y jurídica. Como entrada metodológica se presenta el sistema-mundo moderno, la macroestructura de la colonialidad del poder y los elementos teóricos que soportan la perspectiva decolonial del análisis del discurso; la propuesta conceptual de la heterogeniedad histórica estructural planteada por Quijano, y la Teoría Crítica de la Cultura, elaborada por Santiago Castro-Gómez. Se ubica a Colombia en su sitio en la jerarquía de poder del sistema mundo y se introducen los principales elementos contextuales tanto históricos como presentes, en los cuales se desarrolla el Plan Colombia. Se analiza el impacto de la lucha global contra las drogas y el terrorismo global como ejes principales de articulación simbólica y discursiva para justificar la implementación del Plan desde dos historias locales, la de los Estados Unidos y la de Colombia, enmarcados en uno de los diseños globales y guerras privadas del Siglo XXI. Se aborda el tema de la hegemonía política en el sistema-mundo y su estructura a nivel local y global. La dimensión geopolítica que permite la continuidad de las hegemonías globales y locales se estructura desde discursividades e imaginarios simbólicos inscritos en ellas, tanto desde los diseños globales imperiales como desde las historias locales, manipuladas políticamente por las élites económicas y políticas de los Estados Unidos y por la élites del Tercer Mundo. La promesa para Colombia de avanzar en el esquema del sistema – mundo moderno hacia la semiperiferia, impulsó al Estado colombiano a profundizar el conflicto armado de más de 50 años de duración, entre otros, gracias al aporte militar, al apoyo técnico y al respaldo a Colombia de los Estados Unidos a través del Plan Colombia. En este contexto ¿Cómo entender y develar las intencionalidades del Plan Colombia de sus gestores globales y de quienes lo apoyan en Colombia y en Estados Unidos? A través del análisis discursivo en perspectiva decolonial, situado histórica y contextualmente, el texto se adentra en las respuestas de éstas y otras preguntas relacionadas con el esquema de dominación global contemporáneo. La perspectiva de análisis decolonial apunta al desmonte del modelo civilizatorio occidental euroestadounidense pues no es cierto que exista una sola tradición epistémica de la que se derive la verdad y la universalidad, aunque el totalitarismo colonial autoritario de occidente se haya erigido como universal obligatorio para todos. Se toma a “occidente” como referente epistemológico que nos rige porque es en occidente y a través de occidente que se ha enquistado la colonialidad del poder en el mundo, derivada del proyecto moderno colonial eurocéntrico, perpetuado a través del tiempo y que se mantiene en el Siglo XXI. La aproximación al Plan Colombia se presenta desde la jerarquía geopolítica y geo cultural para el caso colombiano, así como su lugar en el mundo de acuerdo con el esquema centro – periferia – semiperiferia de dicho sistema. Lo anterior implica ubicar a Colombia en el sistema-mundo, teniendo en cuenta la matriz colonial de larga duración que nació con la invasión a América y que se perpetúa hasta hoy en el Estado nación colombiano, a través de los esquemas de dominación física, de poder material y de control simbólico.

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La justicia transicional es implementada en sociedades donde se han producido graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las experiencias internacionales de superación de conflictos armados o de dictaduras evidencian la aplicación de algunos postulados de la justicia transicional, justamente a partir de estas prácticas surgen elementos aplicables al caso del conflicto armado colombiano. Las leyes de amnistía se convierten en un instrumento de la justicia transicional, que aplicando lo aprendido en otros países puede contribuir en la consecución de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, la paz y la reconciliación de la sociedad colombiana, no siendo la unigénita herramienta jurídica a implementar en un proceso de transición. Esto coloca de presente la necesidad de utilizar simultáneamente diversos instrumentos en el marco de la justicia transicional, que como en el caso colombiano, pueden contribuir en la superación del conflicto armado y en las etapas posteriores a la desmovilización de los grupos alzados en armas, logrando que sea un proceso integral hacia la paz.

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El proceso de paz como elemento que redefine las relaciones internacionales de Colombia con algunos actores del sistema internacional, presenta un avance importante en la construcción de la política exterior de Colombia, que busca dar respuesta al interrogante ¿Cómo el proceso de paz ha redefinido las relaciones internacionales de Colombia con algunos actores del sistema internacional?. Este trabajo aborda un análisis teórico descriptivo sobre la incidencia que ha tenido el proceso de paz en las relaciones internacionales de Colombia (2010-2014), respaldado en los aportes teóricos en los que se estructura esta investigaciòn como el Realismo, Neorrealismo Cooperativo y Constructivismo social, con especial atención en la política de seguridad frente al manejo de los diálogos de paz, que serán utilizados para presentar y advertir el cambio o continuidad en las relaciones internacionales de Colombia. Para cumplir con el objetivo trazado esta investigación se divide en dos capítulos. En el primero, se caracteriza la política exterior de Colombia enfocada en la seguridad democrática durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, con una lógica operativa ligada a Estados Unidos, que llevó a la fragmentación de las relaciones internacionales con Ecuador y Venezuela, En el segundo, se describe y define el cambio en las relaciones internacionales con la presidencia de Juan Manuel Santos, con la puesta en marcha de un proyecto ambicioso -los diálogos de paz-, que buscan poner fin al conflicto armado mediante la vía negociada con el grupo beligerante de mayor trayectoria las FARC. Este hecho, permitió a Colombia recomponer las relaciones con Ecuador y Venezuela, todo ello bajo un manejo discrecional de su relación con Estados Unidos.

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Esta investigación busca dar cuenta del estado de cumplimiento del derecho a la educación a partir del principio de igualdad y no discriminación de los niños y niñas colombianos/as en condición de refugio en Ecuador. El derecho a la educación posibilita la disminución de las brechas sociales a partir del cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del Estado, implica el principio de igualdad y no discriminación durante todo el proceso educativo. Colombia sufre un conflicto armado de más de 50 años, que ha provocado el desplazamiento de muchas personas. A partir del año 2000 se presenta una afluencia masiva de personas colombianas en situación de refugio al Ecuador. El marco normativo nacional e internacional en materia del derecho a la educación de los niños y niñas en situación de refugio, ratificado por Ecuador, es amplio y ofrece un marco importante para la realización de este derecho. Sin embargo, las condiciones sociales y políticas de Ecuador, el aumento de la discriminación, el desconocimiento de los derechos, entro otros factores, dificultan la realización de este derecho. Las políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos implican el cumplimiento de las obligaciones estatales y la participación de la población, sobretodo de aquella más vulnerada en sus derechos, en la definición de los problemas públicos y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La adopción de acciones positivas es necesaria para el logro de condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso de niños y niñas colombianos/as en situación de refugio. La atención psicosocial brinda posibilidades para subsanar las secuelas del conflicto armado y la situación de desplazamiento y refugio en niños y niñas y además contribuye a la reconstrucción del tejido social que fortalece a las comunidades en la participación política.