13 resultados para Conciliación

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La Presente investigación describe, analiza y proyecta la realidad del funcionamiento del Sistema de Mediación en Ecuador y de Conciliación en el Perú. Partiendo de raíces comunes: valores de la cultura Andina y raíces históricas incaicas proyectadas en el espacio y tiempo, como una visión de solución de conflictos que se mestizó o se mantuvo pura luego de la conquista. Posteriormente ser asumida por las comunidades como Justicia de Paz. La migración masiva de pobladores andinos a los barrios populares en las grandes ciudades, determina una situación particular, debido a la dura realidad que enfrentan, frente a la resolución de sus conflictos por el anquilosado Poder Judicial y como la Mediación y la Conciliación pueden potencializar antecedentes socioculturales en la solución de conflictos a través del diálogo y la buena fe, presentes profundamente en los migrantes, quienes respetan a un tercero con prestigio y calidad moral, identificado como padrino o líder comunal, quien debe ser también un profesional muy preparado y actualizado con experiencias foráneas , Actuar como maestro vinculado y comprometido con su comunidad. El estudio se orienta a impulsar el desarrollo económico de sectores vulnerables que podrían ahorrar dinero, tiempo, salud y sobre todo conquistar la Paz interior y social al utilizar estas formas de resolver conflictos. Al mismo tiempo que los gobiernos podrían destinar más recursos para dar mayor oportunidad educativa, mejorar servicios y adoptar más políticas preventivas frente al conflicto Finalmente nos orientamos a impulsar, así como reforzar el capital intelectual y en valores de los pobladores de estas zonas populares.

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Este estudio pretende desentrañar las razones que han pesado en el imaginario social a la hora de asignar los roles domésticos y de cuidado familiar exclusivamente a las mujeres, con la consecuencia de disminuir y, en algunos casos, casi anular sus oportunidades a la hora de acceder a un trabajo remunerado o de mejorar sus condiciones laborales. La propuesta frente a esta realidad es que el derecho actúe como equilibrador de las oportunidades de hombres y mujeres en el acceso al empleo y en el derecho al trabajo, lo que se logrará si se atacan las causas que generan esas desigualdades, entre ellas, unas de las más poderosas son las responsabilidades familiares y domésticas, que deben ser redistribuidas equitativamente entre hombres y mujeres, y donde el Estado debe intervenir facilitando espacios de cuidado y atención para niños/as y adultos mayores.

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During the 18th Century, the northeast of the Amazonian region, especially the jurisdiction of Quixos, was one of the most ignored regions of South America. Its dominions, dependents in part to the Real Audiencia of Quito, did not enjoy sufficient attention from the monarchial administration; therefore, the territorial domination and its natives did not take shape in absolute terms given the difficulties of indigenous resistance against strategies to slowly subordinate and eventually dismantle the Spanish politics of border territories.

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Trata sobre la aplicación del procedimiento oral en materia laboral en el Ecuador, a través de la audiencia preliminar, dirigida por el Juez de Trabajo, considerando la trascendencia que este sistema tiene en el derecho procesal, en función de la simplicidad, uniformidad, eficacia y agilidad, que permite fortalecer el estado social de derecho. En el capítulo primero establecemos aspectos históricos del proceso, aspectos doctrinarios del proceso civil y laboral, y las características e importancia de este último. En una segunda parte tratamos la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, como la primera expresión de la oralidad; determinamos sus objetivos, tendientes a establecer el objeto procesal y la solución, a remediar incidentes, a fijar pruebas; destacándose la conciliación, que persigue la finalización de las controversias, y fijamos también sus momentos procesales. Finalmente, revisamos la prueba, los diferentes medios, la práctica, la importancia de solicitarla oportunamente, la oficialidad, en función del interés social y de brindar plenos elementos de convicción al juzgador, tendiente a resolver con total seguridad la controversia. Se enfatiza que la audiencia preliminar pretende la solución de los conflictos laborales mediante un procedimiento rápido y eficaz, contando con una destreza forense apropiada, donde las partes alegan verbalmente, procurando efectivizar el derecho de los trabajadores, acorde a los principios del derecho social.

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El ejercicio de la administración de justicia de los pueblos indígenas es uno de los derechos colectivos más visibilizados en la sociedad ecuatoriana; sus prácticas, vistas desde una concepción occidental, han sido cuestionadas al argumentar que los usos y costumbres propios contravienen los principios de los derechos humanos. El presente estudio pretende aclarar el contexto y la definición de la justicia indígena como derecho propio, diferenciándola de otros hechos, tales como el linchamiento y ajusticiamiento. Reflexiona sobre cómo los derechos individuales (a la vida, la libertad, integridad, propiedad) están garantizados en la aplicación de la justicia indígena y analiza los mecanismos de conciliación que pueden interactuar y fortalecer los dos sistemas de justicia, a partir del reconocimiento y respeto del derecho propio, el diálogo intercultural, el desarrollo de las leyes y la constitución de un sistema jurídico de los pueblos indígenas. Para lograr el pleno ejercicio del derecho propio, el estudio analiza la Constitución del Ecuador, los instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas, normas que de una u otra manera garantizan los principios, procedimientos y autonomía de la justicia indígena. Finalmente, a partir del análisis de expedientes, el trabajo reflexiona sobre las fiscalías indígenas, independientemente de cada uno de los actores: indígenas, instituciones, jueces, fiscales. En relación a la incidencia en la justicia indígena, se plantea la preocupación de si las fiscalías indígenas pueden llegar a constituirse en un espacio que atente contra la autonomía y la facultad jurisdiccional que tienen las autoridades indígenas, principio consagrado en el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador.

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El autor lee a Carrera Andrade como un creador surgido en el quiebre de los presupuestos, ideologías y esperanzas del siglo XIX e inicios del XX, más plagado de incertidumbres que de certezas. Acaso el rasgo autobiográfico de su poesía, y su apego a una temática múltiple –no apartada nunca del desciframiento de los sentidos de lo pequeño– han oscurecido la intención del autor de reflexionar sobre la condición y el destino del hombre moderno. Cercano al existencialismo, en tanto filosofía develadora de la fragilidad y soledad humanas, de la futilidad de sus construcciones intelectuales, Carrera fue testigo –en un siglo de confrontaciones– «de la fealdad triunfante y la libertad encadenada». El poeta describe tres atributos definitorios del hombre moderno: soledad, imposibilidad de ser libre, y su condición de desterrado. Plantea Carrera que estas condiciones ontológicas de soledad y de ser prisionero no se agotarían en el hombre, sino que conformarían también a otros seres y objetos del universo. El destierro aludiría no solo a la condición literal del exiliado, sino también a la ausencia de un hogar espiritual, aunque, en relación a este punto, parece arribar a una cierta conciliación mediante la idea de que es posible trascender la finitud del individuo en la pervivencia de la humanidad entera –destino común el del «hombre planetario», cantado por el poeta a pesar de su soledad y sus prisiones.

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Durante los últimos años Venezuela ha experimentado un proceso de cambio de tipo político, económico y social, en el que el poder popular, y con ello las organizaciones de base, han sido identificados por la política gubernamental como el motor de cambio y transformaciones sociales. Conforme con ello, la conformación de Consejos Comunales, a través de disposiciones legales e institucionales, se han configurado como la instancia básica de organización, a través de la cual el pueblo está en capacidad de formular, ejecutar, controlar y evaluar las políticas públicas, aunado a la formulación de proyectos, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades. En ese sentido, como instancia de participación y articulación de las diversas organizaciones comunitarias, en el que se redefine la concepción de democracia, los Consejos Comunales combinan estrategias desde arriba y dinámicas desde abajo. Por lo que se considera, que más que un lineamiento político derivado de la estrategia gubernamental, es una instancia que responde a un proceso de larga trayectoria, que tiene sus orígenes en la contienda política de los años ochenta y noventa. Por ende, su conformación deriva del proceso de deslegitimación del sistema populista de conciliación de élites de la democracia puntofijista y del deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana, en el marco de la aplicación de políticas de corte neoliberal. Escenario, en el que el gobierno de Hugo Chávez, viene a canalizar el descontento existente, para pasar a la ampliación de las oportunidades políticas de la organización popular. Se genera entonces un proceso organizativo en el que no sólo se plantean oportunidades, sino también límites a la acción comunal. Donde la polarización moviliza y los pequeños cambios culturales que se logran desde las reivindicaciones económicas y de los logros obtenidos en la transformación de la calidad de vida, podrían apuntar hacia conformación de una voluntad colectiva nacional-popular.

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La liberalización del comercio de bienes es un medio que establece la CAN para alcanzar sus objetivos de integración aún más ambiciosos, para lo cual ha estructurado un sistema supranacional con un órgano de tipo jurisdiccional independiente que solucione las controversias que surjan del Acuerdo. En la OMC su mecanismo de solución de diferencias se compone de elementos propios de la investigación internacional y de la conciliación, así como de ciertos procedimientos contenciosos. En ambos casos, la liberalización comercial tiene semejanzas, como su fin último de mejorar el nivel de vida de la población, y diferencias como el tipo de normativa que sustenta cada caso: Derecho Comunitario o Derecho Internacional. Ese marco institucional y normativo en el que se encuentra cada mecanismo analizado, permite que se haga un acercamiento de los objetivos de cada uno, que en definitiva se circunscriben a que la normativa que los respalda sea cumplida y de este modo se puedan alcanzar los objetivos del Acuerdo. Por ello, en el presente estudio se hace un análisis detallado y novedoso sobre aspectos puntuales de cada mecanismo, como su estructura, conformación, financiamiento, los legitimados para intervenir ante ellos, los procedimientos y plazos establecidos —que incluyen recuadros ilustrativos sobre el tiempo que debería tomar una controversia—, los tipos de decisiones que adopta cada órgano, los recursos que procede ante cada decisión, su fuerza vinculante y exigibilidad. Tras breves pero claras reflexiones sobre la necesidad de que una norma sea efectiva para que pueda ser eficaz, y sólo de este modo sea posible valorar su eficiencia, se llega a afirmar que no será por un excelente o mal mecanismo de solución de controversias que las normas sobre libre comercio serán reconocidas por los Estados parte, y por ende se cumplan sus objetivos. Sobre esa base se realiza un estudio detenido de la estadística que reflejan las causas tramitadas ante el TJCA y el OSD, a fin de valorar el nivel de actividad de cada uno, los tiempos promedios que tarda cada mecanismo en resolver las causas, y lo eficiente o no de cada etapa en que se lleva a cabo el procedimiento para solucionar la diferencia. También se analizan los costos promedios para acudir ante cada mecanismo, la relación porcentual entre los aportes de los países y su grado de intervención, para demostrar, por ejemplo, que habría más eficiencia si los países que contribuyen con financiarlos actúan de buena fe frente a la normativa correspondiente. También se valora la calidad e importancia de las decisiones y pronunciamientos emitidos por el TJCA y el OSD, a fin de medir sus costos políticos y sociales. De este modo podemos extraer criterios que miran al fiel cumplimiento de la norma como única solución a los conflictos que se presentan, y otros que buscan restablecer la reciprocidad de intereses potencialmente afectada ante lo cual sólo caben acuerdos políticos. Ello permite concluir que si la liberalización comercial viene a ser un elemento para alcanzar un grado de integración que trascienda el libre flujo de bienes entre dos o más países, es oportuno adoptar un auténtico mecanismo de tipo jurisdiccional de solución de controversias. Si el acuerdo comercial no persigue ese tipo de integración, se deberían prever mecanismos de solución de controversias que busquen alcanzar cierta equidad entre lo preceptuado en la norma y las necesidades comerciales del momento y caso concretos.

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Los problemas por los que atraviesa la Función Judicial en el país debido a la acumulación de procesos, despacho lento de las causas y otras dificultades, hacen que los usuarios no tengan confianza en la Administración de Justicia. Además en nuestro país todavía existen zonas geográficas y poblacionales aisladas de los servicios públicos y por ende del acceso a la justicia siendo necesaria su incorporación dentro de una justicia más inclusiva. Se busca entonces a través de los métodos alternos de solución de controversias, y en especial de la mediación, hacer que las personas sean sus propios jueces y que decidan sus conflictos de una manera amigable y pacífica, más aún en asuntos de interés público, de manera que se fomente una cultura de paz y en una cultura social que ha girado alrededor del litigio. Para lograr comprender el alcance de este trabajo, es necesario de dar un impulso a la mediación con un cambio en la mentalidad en los agentes de justicia ya que el conflicto no es malo por sí mismo, sino que constituye una importante fuente de dinamismo social, que acaba en el lugar común, decisivo, según el cual no importan los conflictos sino la forma de resolverlos. La investigación pretende a partir de la experiencia Argentina, EE UU y de otros países que acogieron a la mediación como requisito previo, plantear una propuesta de reforma a la actual Ley de Arbitraje y Mediación, la cual se sustentará además en los criterios de los 100 estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de tres diferentes universidades, así como se contó con el apoyo mediante las entrevistas a los Directores y Subdirectores de Centros de Mediación de la ciudad de Quito. El presente trabajo aborda además como tema de estudio la conciliación en el Derecho Administrativo con enfoque en la Contratación Pública por ser un tema de evidente interés público y de vital importancia en nuestros días.

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Las sociedades desde sus inicios se han preocupado por entender y comprender determinados fenómenos sean estos físicos, sociales o biológicos, con lo cual interviene el raciocinio del ser humano que se preocupa por dar un significado a todas estas manifestaciones. La preocupación se genera en admitir un acto o un hecho como algo valedero que sea aceptado por todos los congéneres, para que tenga una categoría de admisibilidad y si bien se discuta su presencia, ésta sea al menos considerada por una mayoría. Así empieza la existencia de la verdad que tiene significados variados dependiendo de su origen semántico, pero que todos ellos empiezan por desentrañar la esencia de un objeto o de una exteriorización, pero a la vez son condiciones de convivencia social y hasta una forma de alcanzar la libertad. Claro está, que el ideal filosófico es precisamente que exista una correspondencia entre la concepción humana y el objeto que se analiza; pero este esfuerzo no es fácil, al contrario, dependerá inclusive del criterio subjetivo de cada individuo. Surge con preeminencia ante las situaciones difíciles en el campo jurídico, la imperiosa necesidad de ser avalada a través de una resolución que se plasma al final de una investigación; estatus que se configura en un decisión que declara oficialmente un hecho. Por este motivo, la verdad procesal es materia de un análisis, pero a la vez la forma en la que se arriba debe tener despliegues importantes para generar igualdad y equidad de los sujetos procesales para acceder a través de la prueba y mantener una condición de lealtad y transparencia. Este esfuerzo investigativo, devela la misteriosa verdad, aterriza en una condición jurídica y se asienta en la realidad diaria de la prueba, para encontrar en este escenario la paz y conciliación social.

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La presente investigación tiene como finalidad demostrar que la planificación tributaria constituye un instrumento lícito y técnico que las sociedades dedicadas al turismo receptivo pueden utilizar para alcanzar altos niveles de eficiencia en la gestión del impuesto a la renta, para lo cual se detalla el marco legal y doctrinario relacionado con la planificación tributaria, con el impuesto motivo de estudio y con las regulaciones tributarias referentes a los beneficios e incentivos tributarios; posteriormente se realiza un diagnóstico del sector económico del turismo en el Ecuador, resaltando la situación actual de las operadoras de turismo, sector al cual está dirigida esta investigación. Previo al planteamiento de la metodología de planificación, se realiza el análisis de cada uno de los incentivos aplicables a las operadoras turísticas, citando su base legal, los requisitos y la forma de cálculo de cada estímulo, luego se analiza el impacto de estos beneficios en el ahorro fiscal y en el monto de las utilidades una vez que se ha elaborado la conciliación tributaria y determinado el impuesto causado. En el ámbito de la planificación, se presentan varios hechos económicos proyectados para una empresa creada con fines académicos en dos contextos: con planeación y sin planeación fiscal, con el propósito de que el lector reconozca las bondades de este proceso. Se concluye con el desarrollo de la metodología de planificación, tomando como ejemplo uno solo de los hechos proyectados, con el cual se explica cada una de las etapas y, finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones que a criterio de la autora son el resultado de esta investigación, las cuales están dirigidas al contribuyente y a la Administración Tributaria.

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Sin duda el sector automotriz constituye un gran aporte en el desarrollo económico del País, a pesar de varios obstáculos y restricciones gubernamentales se ha logrado mantener a flote y esto debido a que ha sabido buscar oportunidades de mejora a los problemas que se presentan. Hemos querido presentar este trabajo, como una guía de planificación tributaria para el sector automotriz, pues la concesionaria en estudio está dentro del parámetro de mediana empresa, lo que ha hecho que existan muchos beneficios a los cuales pueda acogerse, de tal manera que logre disminuir considerablemente su carga tributaria. Iniciaremos nuestro estudio con los antecedentes de la empresa; su constitución, organización jurídica, análisis de los estados financieros y para culminar este capítulo analizamos los riesgos a los que está expuesto este segmento. Continuamos con el desarrollo de la situación impositiva de la empresa, mediante la explicación del vector fiscal; es decir; las obligaciones tributarias a las que está sujeta la empresa, posteriormente exponemos de carácter general los gastos deducibles y no deducibles; ingresos gravados y exentos. En el tercer capítulo exponemos de manera general mediante conceptos, la Planificación Tributaria Local e Internacional, para adentrarnos al tema principal que es; la Planificación Tributaria de este sector; detallamos los tipos de gastos e ingresos de la empresa, posteriormente realizamos un esquema de la conciliación tributaria; y para culminar exponemos varias alternativas legales, con el objeto de minimizar la carga fiscal y que puedan ser elegidos como criterios en la aplicación del proceso de planificación tributaria del sector automotriz.

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La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de la Resolución No. 06.Q.ICI-004 de 21 de agosto de 2006, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y dispuso su aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia de la Superintendencia, en este sentido estableció un cronograma de implementación de dichas normas mediante Resolución 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, en la que se establecieron tres grupos de aplicación a partir del año 2010, 2011 y 2012. Con estas disposiciones, a partir del año 2012 absolutamente todas las compañías sujetas al control por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debieron registrar sus estados financieros bajo las referidas normas contables, las cuales permiten obtener información financiera transparente y uniforme, que sirve para la toma de decisiones a los usuarios de esos estados financieros. Un rubro importante que se presenta en los estados financieros, sin duda son la propiedad, planta y equipo, cuyo tratamiento contable se encuentra en las NIC 16 y NIC 36, esta última en cuanto al reconocimiento del deterioro, mientras que tributariamente, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establecen el cumplimiento de ciertas condiciones para que las depreciaciones de esa propiedad, planta y equipo, sea deducibles a efectos del Impuesto a la Renta. En este sentido tanto la norma contable (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) como la norma tributaria (Servicio de Rentas Internas), con el pasar del tiempo confluyen hacia tratamientos contables y tributarios que permiten a las compañías una mejor conciliación entre las mismas, como es el caso del Reglamento a la Ley orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención de Fraude Fiscal, publicado en el R.O. No. 407 de 31 de diciembre de 2014, que permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos en ciertos casos y condiciones, que de acuerdo a la norma contable deben registrarse.