Vigencia y garantía de los derechos colectivos y ambientales en el Ecuador 2009. Repercusiones de la aprobación de la Ley de Minería

La Constitución de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobación de la Ley de Minería (y de la Ley de Seguridad Pública) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalización de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Acción Ecológica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Se demanda la garantía de derechos, entre éstos el de la resistencia.

Derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador I

Elaborado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, la Fundación Centro Lianas, la Fundación Pachamama y la Fundación Selva Viva. Presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Autoría: Bolívar Beltrán, David Cordero, Pablo Fajardo, Wilton Guaranda, Mario Melo y Marcelo Orellana. Septiembre de 2009. Este informe se basa en la respuesta al Cuestionario para los Estados, pueblos indígenas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de evaluar la legislación y políticas públicas del Estado de Ecuador en materia de pueblos indígenas. Texto completo en: ‹www.inredh.org›.

Derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador II

Informe elaborado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Centro Lianas, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH y la Fundación Pachamama. Presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Autoría: Bolívar Beltrán, David Cordero, Pablo Fajardo, Wilton Guaranda y Mario Melo. Analiza el período 2008- 2009. Noviembre de 2009. Este informe tiene como finalidad presentar los avances normativos en cuanto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador en cuanto a la Constitución de 2008 y contrastar con las contradicciones de la nueva legislación infra constitucional. Texto completo en: ‹www.inredh.org›.

La “Otra Campaña”: ¿un proyecto político intercultural?

Durante las últimas tres décadas, en América Latina, una serie de movimientos y organizaciones sociales y políticas han cuestionado severamente la forma en que las relaciones sociales se tejen en torno al sistema mundo moderno/colonial. Los pueblos indígenas han sido los primeros en levantarse y proponer formas otras de relaciones sociales, más justas y dignas. Sin embargo, desde los sectores urbanos populares hemos comenzado a aprender de sus formas de subversión contenidas en sus diferentes proyectos políticos, aunque aún resta mucho por hacer al respecto. La presente tesis tiene el objetivo general de pensarnos desde nuestra realidad concreta (lo urbano popular) el objetivo de la transformación del Estado, de sus instituciones y de la sociedad que estas generan, en una constante comunicación con lo que movimientos como la CONAIE en Ecuador, la ACIN en Colombia y el EZLN en México están aportando desde sus propias trincheras. Para esta labor, la interculturalidad, una herramienta política conceptual acuñada en los movimientos y organizaciones indígenas andinos es nuestro eje vertebral. Primero para descubrir que se trata también de una herramienta utilizada implícitamente en el movimiento indígena zapatista mexicano y después para analizar una propuesta política convocada en 2005 por éste, la Otra Campaña, la cual invita a la realización de una serie de alianzas entre organizaciones, colectivos e individuos, de izquierda y de los sectores sociales de abajo, para transformar la realidad mexicana desde nosotros mismos y desde nuestras diferencias propias, como trabajadores del campo y la ciudad, amas de casa, jóvenes, mujeres, artistas, intelectuales, etc. La idea principal es que la interculturalidad, a la vez que permite visibilizar la clasificación jerárquica tanto económica como racial dominante, propone la unidad de los diferentes sectores sociales de abajo, respetando las diferencias de cada uno de ellos, para la transformación de las estructuras del Estado, las instituciones y la sociedad que éstas generan y su articulación con el sistema capitalista.

Los derechos colectivos indígenas al territorio y autodeterminación en la Constitución ecuatoriana

Los derechos colectivos indígenas al territorio y autodeterminación en la Constitución ecuatoriana del 2008, son analizados con base en dos elementos fundamentales: la injusticia cultural y a la injusticia distributiva de las que han sido objeto los pueblos originarios a lo largo de los siglos. Para el efecto se parte de una caracterización del Estado de Derecho y se concluye con la del Estado plurinacional. La crisis del Estado de derecho y del Positivismo jurídico, introducen al estudio del paradigma neoconstitucional; en el marco del constitucionalismo social latinoamericano y de lo que en esta investigación de designa como constitucionalismo originario indígena, y su incidencia en la conformación del Estado constitucional de derechos, plurinacional. Los derechos colectivos al territorio y autodeterminación se elucidan en el marco de la acción emancipadora del movimiento y su enfoque socio-cultural, considerando las prescripciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita en el 2007. Tales derechos se problematizan a partir del “Proyecto histórico” de la CONAIE, su positivación en la Constitución ecuatoriana del 2008, y como se operacionalizan en el gobierno de la Revolución Ciudadana, para la transferencia de las competencias políticas, administrativas, económicas y legales que demanda el ejercicio del poder indígena en los territorios ancestrales. Desde esta perspectiva se connota la tensión de las relaciones entre el movimiento indígena y el Estado, debido a la inobservancia de la prioridad axiológica de los derechos de los pueblos originarios establecida en los instrumentos internacionales y en la propia Constitución. Se trata de ver si la constitucionalización de los “derechos al territorio y autodeterminación” coadyuva a profundizar la base teórica, categorial e institucional del Estado plurinacional, que guie a la subsunción del Estado en lo colectivo y a la transformación de las relaciones de poder.