32 resultados para Camino del cielo
em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar
Resumo:
El presente trabajo académico tiene como objetivo determinar cuáles son los presupuestos jurídicos de la punibilidad en el marco de la Constitución de la República de Ecuador del año 2008, a propósito de la entrada en vigencia de un nuevo régimen penal en el Ecuador suscitado por la inminente expedición de la ley del Código Orgánico Integral Penal. Es decir que, dentro del régimen garantista que ha sido dibujado por los constituyentes, podamos establecer cuándo el Estado está en capacidad de sancionar penalmente a una persona. En principio nos ocuparemos de justificar la necesidad de la ley penal, y estableceremos los principios constitucionales que marcan el camino del legislador a la hora de dictar el nuevo régimen penal. Posteriormente, fundamentado en la dogmática penal, desarrollaremos una teoría del delito acorde a lo que corresponde a un estado democrático. Finalmente, más allá de ser un trabajo descriptivo, un deber ser, este trabajo pretende elaborar un análisis crítico de lo que puede ser el nuevo régimen penal, examinando las categorías dogmáticas del delito paralelamente con el último borrador disponible del Código Orgánico Integral Penal.
Resumo:
¿Por qué en los circuitos judiciales se obtienen procedimientos y resoluciones jurídicas que no necesariamente son valoradas como “justos”? Bueno, el orden jurídico o sistema de leyes no proviene del Cielo ni de ninguna naturaleza humana abstracta. Proviene de legisladores que buscan o constituir o contribuir a la reproducción de un determinado orden social que, en las sociedades que conocemos, se sigue de correlaciones determinadas y conflictivas de fuerzas sociales. En sencillo, un orden jurídico expresa, en su nivel, dominaciones de clase, de sexo-género, de generación, de etnia o ‘raza', internacionales o geopolíticas, etc., e intentan contribuir con las condiciones que facilitan la reproducción de esas dominaciones o imperios. Por supuesto, ello implica tanto funcionalidades como contraposiciones y conflictividad. Los jueces y magistrados son funcionarios públicos que deben conocer y resolver en el marco de esa legislación que, desde luego, no hace materialmente “justicia” a los dominados (aunque pueda ofrecer posibilidades para que algunas situaciones conflictivas, o ‘casos', se resuelvan en su beneficio). A la básica consideración anterior debe añadirse la observación, para nada marginal, respecto de que los órdenes jurídicos existentes en América Latina poseen amplias secciones “trasplantadas” desde otras formaciones sociales e historias. Esto quiere decir que no se siguen de los patrones de comportamiento efectivo o sociohistórico de la población, y que esas secciones entran en conflicto (de no correspondencia) con otras secciones del mismo orden jurídico más sociohistorizados y también con ‘privilegios' premodernos a los que son muy adictos los legisladores en sistemas políticos determinados por la corrupción y la venalidad (clientelismos incluidos), y que estos y otros factores hacen de los cuerpos jurídicos latinoamericanos sistemas para “expertos” y también para “oportunistas”.
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Presenta las reseñas de los siguientes libros: VICENTE ROBALINO, La invención del cielo, Quito, Eskeletra, 2008, 54 pp. -- JUAN VALDANO, Juegos de Proteo, Quito, Eskeletra, 2008, 267 pp. -- CRISTÓBAL ZAPATA, Jardín de arena, Arequipa, Cascahuesos Editores, 2009, 57 pp. -- CAROLINA ANDRADE Frágiles, Guayaquil, b@ezeditor.es, 2009, 123 pp. -- Luis Carlos Mussó, Evohé, Guayaquil, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, 2008. -- JORGE VELASCO MACKENZIE, Tatuaje de náufragos, Quito, Ministerio de Cultura del Ecuador/Abya-Yala, 2008, 425 pp. -- RAÚL SERRANO SÁNCHEZ, En la ciudad se ha perdido un novelista. La narrativa de vanguardia de Humberto Salvador, Quito, Ministerio de Cultura de Ecuador/Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2009, 237 pp. -- ALFONSO ORAMAS VELASCO El sacrilegio de Maruja Hernández Guayaquil, b@ezeditor.es, 2010, 109 pp.
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En su objetivo del establecimiento de una pena frente a la existencia de la infracción, la legitimidad de la misma (pena) proviene del cumplimiento del debido proceso que, en su esencia, son los derechos que tiene el procesado para defenderse del poder punitivo, a efectos de que éste no vaya más allá de los límites establecidos legal y constitucionalmente. Sin embargo, el cumplimiento cabal del debido proceso ha sido visto como un obstáculo en el camino del Estado cuando pretende imponer una pena con el mayor ahorro de tiempo y recursos, porque supuestamente genera que el procedimiento y trámite penal de cada caso emplee mayor tiempo del que debería, generándose una crisis del sistema de justicia penal, que no podría tener la capacidad para dar la respuesta (imposición de una pena) frente a cada delito, respuesta que de no ocurrir, a su vez hipotéticamente causa mayores niveles de impunidad e inseguridad ciudadana, factores que unidos a la supuesta crisis del sistema de justicia penal, han hecho que el Estado –fundamentado en el eficientismo penal– promueva reformas procesales penales con la creación de mecanismos que tengan como objeto principal el castigo de los delitos en el menor tiempo posible, tal es el caso del procedimiento penal abreviado, que para cierto tipo de delitos promueve que la pena sea sólo el producto de un acuerdo entre el fiscal y el procesado. Bajo la mirada desde el garantismo penal de Luigi Ferrajoli, nuestro estudio pretende analizar si el procedimiento penal abreviado cumple o no el debido proceso o, si el mismo cede ante el eficientismo penal.
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El trabajo que se presenta a continuación indaga sobre la forma en que Ecuador se inserta en la tercera ola de extracción de minerales metálicos tomando el caso de la provincia de Zamora Chinchipe, y cómo esta inserción se constituye en un factor catalizador de la conflictualidad social y ambiental reproductor de tensiones al interior de la sociedad y el Estado. El influjo del ecologismo; la histórica aspiración por una sociedad más equitativa resumida en el principio indígena del sumak kawsay; la gravitación de distintos imaginarios dedesarrollo social y territorial;la emergencia de una nueva constitución política que se reafirma en el reconocimiento de los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza; así comola permanencia de intereses políticos y comerciales ligados al nuevo boom exportador, confluyen en el debate nacional en torno a la minería metálica a gran escala y cielo abierto: una actividad económica, un proyecto político, un territorio mental y geográfico, una forma específica de expansión del capitalismo contemporáneo que sitúa al país en el dilema de convertirse en el gran abastecedor de cobre para el mercado mundial o ensayar un camino más sustentable de desarrollo basado en la preservación de su principal riqueza: la diversidad natural y cultural.
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Este trabajo pretende contribuir a la reconstrucción y comprensión de las vertientes y trayectorias intelectuales que configuran el pensamiento político afrocolombiano en sus conexiones y diálogos con la intelectualidad africana y afrodiaspórica, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando claramente se puede precisar la existencia reconocida de algunos pensadores, hasta llegar a la década de los 80 del siglo XX. En diversas rutas este pensamiento se consolida y produce formas organizativas consistentes, con niveles importantes de autonomía que se relacionan con el Estado y otros agentes transnacionales bajo progresistas agendas reivindicativas de sus derechos. La inquietud que lo orienta está contenida en el análisis en torno a: ¿qué cambios, rupturas y continuidades ideológicas internas que soportan la producción del pensamiento político letrado u oral afrocolombiano, se pueden captar en el proceso de constitución de una intelectualidad comprometida con la transformación social, en el mapa del proyecto nacional mestizo o blanco- criollo en el periodo mencionado? Para ello se asume un enfoque relacional que permita elaborar una mirada contextualizada de este fenómeno, evitando el aislacionismo metodológico que lleva muchas veces a pretender explicar un fenómeno por sí mismo, siendo una de sus consecuencias, entre otras, un nacionalismo metodológico que termina provincializando y reduciendo la complejidad y las múltiples intercepciones de un acontecimiento, hecho o estructura.
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El estudio presenta un análisis de la determinación socioambiental de la salud de recicladores(as) del basural a cielo abierto de la ciudad de Portoviejo. En el marco de las corrientes de la psicología comunitaria y la salud colectiva latinoamericanas, desarrollamos un proceso de investigación acción participativa que parte de la comprensión de los contextos sociohistóricos generadores de inequidad, develando cómo condicionan los modos de vida de recicladores(as) informales y sus familias, quienes laboran y habitan en uno de los vertederos a cielo abierto más grandes del Ecuador. Finalmente, el estudio valora los impactos y procesos psicosociales (mecanismos de defensa) que se expresan a nivel de los individuos y sus familias.
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El presente trabajo abarca un amplio estudio de la exposición, vulnerabilidad y el perfil epidemiológico de los recicladores informales y sus familias en el vertedero a cielo abierto del Cantón Portoviejo. Entrevistas y encuestas extensas posibilitaron la evaluación del proceso integrado de reciclaje y develaron detalles de las condiciones de vida y exposición ambiental de los trabajadores informales y sus familias. Además del proceso de discusión y reflexión colectiva, los trabajadores informales fueron sometidos a un examen clínico, a dos pruebas psicológicas (Epiestrés y Goldberg), y una prueba neuroconductual (Pentox). El estudio etnográfico transversal permitió la identificación y delimitación de los trabajadores informales y sus familias en 5 clases distintivas en función del tipo de actividad de reciclaje, las condiciones socio- económicas y de vida, la exposición y la vulnerabilidad a la contaminación, y el perfil epidemiológico. Se sugiere utilizar los resultados del estudio como base para un debate público por el fortalecimiento de las iniciativas de reciclaje informal así como la eliminación de la discriminación y la opresión hacia los recicladores y sus familias, que pertenecen a los estratos más pobres de la sociedad.
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El presente trabajo abarca un amplio estudio de la exposición, vulnerabilidad y el perfil epidemiológico de los recicladores informales y sus familias en el vertedero a cielo abierto del Cantón Portoviejo. Entrevistas y encuestas extensas posibilitaron la evaluación del proceso integrado de reciclaje y develaron detalles de las condiciones de vida y exposición ambiental de los trabajadores informales y sus familias. Además del proceso de discusión y reflexión colectiva, los trabajadores informales fueron sometidos a un examen clínico, a dos pruebas psicológicas (Epiestrés y Goldberg), y una prueba neuroconductual (Pentox). El estudio etnográfico transversal permitió la identificación y delimitación de los trabajadores informales y sus familias en 5 clases distintivas en función del tipo de actividad de reciclaje, las condiciones socio- económicas y de vida, la exposición y la vulnerabilidad a la contaminación, y el perfil epidemiológico. Se sugiere utilizar los resultados del estudio como base para un debate público por el fortalecimiento de las iniciativas de reciclaje informal así como la eliminación de la discriminación y la opresión hacia los recicladores y sus familias, que pertenecen a los estratos más pobres de la sociedad.
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La presente tesis tiene como objetivo mostrar cual fue el papel, que a nivel simbólico, tuvo la fotografía en la consolidación de los procesos modernizadores puestos en marcha en las ciudades de Cartagena de Indias y Santiago de Guayaquil, a comienzos de siglo XX (1900-1920). De forma particular atiendo a las formas en que se representa a la ciudad como espacio moderno en las fotografías seleccionadas. Para esto, parto del estudio de tres álbumes de fotografía que se produjeron en dichas ciudades en la primera treintena del siglo XX: Cartagena Ilustrada de Carlos y Francisco Valiente, Álbum de Cartagena de Indias 1533-1933 de Pedro Donoso, y Guayaquil a la vista de Juan De Ceriola. Considero que las representaciones de ciudad que se encuentran en los álbumes fotográficos se entretejen con los procesos sociales y económicos que tienen lugar en ambas ciudades. Entonces, haciendo un seguimiento de los lugares escogidos para ser representados en las fotografías consignadas en estos álbumes, muestro la imagen de ciudad moderna que se construye visualmente desde las élites en las dos ciudades de mi interés. De este modo, en la medida en que se establece una relación entre la organización del campo de la visualidad y las estructuras sociales, económicas y políticas que caracterizan la modernidad, se puede decir que en este trabajo se evidencia la constitución de una economía visual moderna en las ciudades señaladas.
Resumo:
A partir del año 1986, Venezuela se adhiere al Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, y lo publica en la Gaceta Oficial de la República Nº 33.503, de fecha 2 de julio de 1986, por lo cual, las normas sobre refugio consagradas en dicho instrumento y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951(1), adquieren plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico desde 1986, con obligación para el Estado de adoptar la terminología y mecanismos internos necesarios para la aplicación de las normas consagradas en dicho instrumento. En este sentido, el camino de protección de los derechos de los refugiados en Venezuela a transitado desde un espacio meramente normativo, de reconocimiento de derechos contenidos en Convenios del Derecho Internacional de los Refugiados (2), lo que ha supuesto, la regulación constitucional (3), pasando por la vigente ley orgánica interna (4) y el recientemente promulgado reglamento general en la materia (5), todo lo cual, integra actualmente el marco normativo interno de protección de refugiados (as), en Venezuela, hasta llegar a la situación actual en la que nos encontramos con la instalación formal del órgano administrativo designado para el estudio y tramitación de las solicitudes de refugio, denominado "Comisión Nacional para los Refugiados"
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1. Introducción. 2. La élite de la Sierra Norcentral en busca de un camino al mar. 3. Pedro Vicente Maldonado el nuevo empresario vial (s.XVIII). 4. El Barón de Carondelet el camino a Malbucho.
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El “Imperio de los Incas” que estuvo en proceso de consolidación, fue exterminado y esclavizado por el colonizador “español”, pues la población “del Imperio Incaico, conforme a cálculos prudentes, no era menor de diez millones. Hay quienes la hacen subir a doce y aun a quince millones” y “podemos señalar que disminuyó aproximadamente en un 75% hacia 1561”; y “entre 1821-1823, en los países de Perú, Ecuador y Bolivia, el 90% de la población eran siervos indígenas”; habiéndose suprimido el tributo indígena en el Perú, recién durante el gobierno de Ramón Castilla en 1854. Genialmente, José Carlos Mariátegui publica sobre “El problema de la tierra”, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde establece que el problema del indio es “fundamentalmente económico”, afirmando que “No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categóricamente, su derecho a la tierra”. Sin embargo, José María Arguedas señaló que las “luchas sociales tienen un trasfondo no sólo económico, en un país como el nuestro, sino un denso trasfondo cultural”. Siendo así, nos preguntamos ¿Por qué a través de la historia el indígena peruano ha sido y es invisibilizado?, entonces ¿Qué pasó y en que parte del tiempo se detuvo la lucha del reconocimiento y respeto del indígena peruano?
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Las exigencias de la globalización han expuesto la severa vulnerabilidad de los países caribeños, y por lo tanto, el fenómeno se ha convertido en el catalizador principal de un acelerado proceso hacia la integración regional para evitar la marginación de los estados pequeños caribeños en la escena internacional. Con el fin de fortalecer su presencia en el contexto global, los países miembros de la Caricom, han echado la vista atrás al decidir proceder con un proyecto que inicialmente surgió en 1989, pero por varias razones, lo más notable, las diferencias y pleitos entre las diferentes islas, había quedado estancado. El proyecto se radica en la creación de un Mercado y Economía Únicos, y pretende tener un papel casi estrictamente geopolítico, porque muchos optimistas se aferran al sueño de que unida, la región incrementará su capacidad de lidiar con los países poderosos e impresionarles sobre su naturaleza vulnerable para que por lo menos intenten suavizar sus leyes que son diseñadas de sofocar la economía caribeña. De particular importancia es la protección de las dos industrias principales que sostienen los estados pequeños de la región-el turismo y el sector offshore. La región ha percibido su carácter vulnerable y existe el consenso que la integración representa un paso decisivo para combatirlo, sin embargo, muchos aún creen que el establecimiento del Mercado y Economía Únicos de Caricom es una estrategia prematura debido al hecho que las islas de la región no han superado sus diferencias que a lo largo del siglo pasado han destrozado cualquier camino hacia la integración. El éxito del MEUC dependerá de la voluntad de los estados pequeños para cooperar plenamente al desechar sus antiguas diferencias por un bien común; y este representa el desafío más grande para la integración caribeña.
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La apertura del mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador se inicia en el año 1995 cuando se reforma la Ley Especial de Telecomunicaciones para permitir la privatización de las telefónicas locales; esta reforma fue guiada y asesorada por el Banco Mundial. Si bien la privatización fracasó, se siguió el camino hacia la apertura del mercado. Los principales objetivos de la intervención del Estado en un sector de la economía son solucionar los problemas del mercado, mejorar la eficacia económica y obtener mejores servicios para los usuarios. Es así que considerando la necesidad de mejorar la calidad de los servicios y con intención de tener mejores tarifas, de conformidad con el marco legal vigente a partir del año 2000, en el país los servicios de telecomunicaciones se prestan en un régimen de libre competencia. Hasta la diciembre de 2007, el Estado había otorgado 10 concesiones de telefonía fija local; sin embargo, no se ha efectivizado la competencia, el mercado en su gran mayoría sigue en manos de los operadores establecidos y las tarifas y los servicios ofrecidos se han mantenido sin mayores cambios, los usuarios no han sentido el efecto de la competencia. En este trabajo se analizan las causas de esta falta de desarrollo de la telefonía fija local y, de manera especial, la incidencia de la operación de los operadores establecidos todos estatales. Para este efecto se estudiará el marco teórico de la competencia, se revisará el contexto en el que se ha desarrollado el mercado de la telefonía fija local, se analizará cada uno de los aspectos de la competencia, para finalmente establecer en base a un trabajo de campo, el estado de este mercado y los posibles servicios sustitutos.