60 resultados para CONFLICTOS POLÍTICOS

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La relación Colombia – Venezuela ha estado signada por un clima de conflictividad durante los periodos presidenciales de Hugo Chávez y Álvaro Uribe (2002 - 2010), se observa como la construcción de las agendas diplomáticas de Colombia y Venezuela han estado centradas en la seguridad y el conflicto. Estando, la construcción de las agendas diplomáticas de ambos Estados, configuradas por la búsqueda de resultados electorales positivos a lo interno, y en el plano internacional, buscan alianzas y legitimidad, todo esto para cumplir con las dinámicas internas de cada Estado. Evidenciándose manifestaciones de conflictividad tales como: diplomacias rígidas con ausencia de diálogo; el presidencialismo; y la diplomacia de micrófono. Esta temática ocupa el trabajo de tesis que se presenta con el propósito de exponer para la discusión la siguiente interrogante: ¿Qué factores, presentes en los respectivos gobiernos, explican la creación de una agenda de política exterior Colombia – Venezuela centrada en la seguridad y el conflicto? Plateándose como objetivo general de este trabajo de tisis: Analizar las relaciones diplomáticas Colombia – Venezuela en el marco de los conceptos de seguridad divergentes, y sus conflictividades. Durante el periodo presidencial Chávez-Uribe (2002-2010). Para alcanzar dicho objetivo, la investigación se realizó en dos fases que dan lugar a la estructura de dos capítulos. En la primera, se identificarán las lógicas de los conceptos de seguridad y su repercucion en las relaciones diplomática Colombia – Venezuela; y en el segundo capitulo, se describen las manifestaciones de conflictividad entre Colombia y Venezuela, en sus relaciones con sus dinamicas internas.

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Este artículo se centra en el papel de UNASUR frente a las diversas crisis nacionales e internacionales que ha vivido Suramérica desde 2008. Igualmente, analiza su accionar en dos casos concretos: Ecuador en 2010 y Paraguay en 2012, que son ejemplos extremos de la vulnerabilidad institucional prevaleciente en la región. Se evidencia, además, que el proceso de resolución de conflictos es un tema frágil en la agenda política e institucional de UNASUR que se vincula, sobre todo, con la defensa de la democracia y el mantenimiento de la paz, factores importantes para los Estados.

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El propósito de la presente Tesis de Maestría consiste en permitir, en primera instancia, comprender la naturaleza y la propia problemática de la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada y de lo que conllevó la “Guerra del Gas Boliviana”, principalmente desde la acción a nivel internacional que tuvieron los periódicos: El Comercio (Ecuador), La Nación (Argentina), El Universal (México), y El Mundo (España); en relación a la información que difundieron sobre dicha conflictividad. En este marco, se siguió una estrategia teórica que buscó indagar las situaciones fundamentales relacionadas con la historia, economía, política y cultura del conflicto; además de la directa implicación a nivel internacional que ello conllevó gracias al tratamiento y emisión de contenidos realizados por los medios analizados. Las páginas que siguen, por lo tanto, permitirán mostrar cómo se estructuraron y sistematizaron los aspectos centrales implicados en la denominada “Guerra del Gas”, principalmente desde la perspectiva de la prensa internacional y su repercusión en el ámbito exterior. Aspectos formalizados a partir de la recopilación de una amplia bibliografía y documentación, con la intención de brindar una propuesta interesante de ser tomada en cuenta a la vez de original en relación a la problemática planteada. A partir de esto se podrán apreciar contenidos imprescindibles desarrollados en los dos primeros capítulos, el primero de los cuales permite comprender la forma en que los medios trataron y difundieron los contenidos, mientras que el segundó brinda la posibilidad de entender a la problemática boliviana como un factor estructural e históricamente complejo. Contenidos que interactúan y desarrollan a lo largo del último capítulo.

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Este documento busca analizar en detalle las causas del incremento en los niveles de inestabilidad que se han presentado entre Ecuador y Colombia –y que han contado con la participación de Venezuela– a través del análisis de los procesos de securitización en cada uno de estos países y en las consecuentes interrelaciones de seguridad. Para ello, primeramente analizaremos las dinámicas de seguridad tradicionales de los países andinos, para identificar sus interrelaciones. Después estudiaremos los procesos de securitización en los EUA desde los ataques del 11/S y su vinculación con las dinámicas de seguridad colombianas. Continuaremos con un vistazo del impacto de los procesos de securitización de Colombia en Ecuador y finalizaremos analizando la crisis de marzo de 2008.

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Analiza el período transcurrido entre octubre de 2011 y diciembre de 2012 resaltando tres ejes centrales de conflictividad: 1. los conflictos entre el gobierno, por un lado, y, por otro, las organizaciones y movimientos populares; 2. la conflictividad institucional; 3. los conflictos entre el gobierno y (sectores de la burguesía). Cada cual presenta, a su vez, ramificaciones. A ellos se añade un conjunto de líneas secundarias de conflictividad: 4. entre el Estado y los sectores informales; 5. entre el capital y el trabajo; 6. las demandas de moradores; 7. la pugna entre sectores formales e informales de pequeños (y acaso medianos) propietarios; 8. la conflictividad que expresa las secuelas sociales de la violencia; 9. La conflictividad derivada de la situación de la frontera norte; 10. los conflictos al interior de la burguesía.

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El presente estudio analiza las tensiones y conflictos presentes entre el Estado ecuatoriano y los pueblos o nacionalidades amazónicas, en particular con los Kichwa de Pastaza, cuyo proceso organizativo ha estado ligado no solo a la defensa territorial, sino a una demanda constante por ser reconocidos, como sujetos políticos, entes colectivos de derechos y dentro de éstos en particular, aquellos que les permitan consolidar y asegurar lo que en la práctica ejercen: el autogobierno y la autodeterminación dentro del Estado ecuatoriano. Aquello lo hacen además, en un escenario plagado de presiones nacionales y globales, por la presencia cada vez más amplia y agresiva del capital, que con el apoyo estatal procura asegurar la explotación intensiva y extensiva de recursos del subsuelo como el petróleo y los minerales. Este escenario, absolutamente asimétrico, torna urgente tal reconocimiento, que pasa a su vez por direccionar los procesos de reforma política, jurídica e institucional del Estado, para que ajusta su visión y sus prácticas, a la condición dentro de la cual existe la sociedad ecuatoriana: heterogénea, diversa, con inequidades y exclusiones estructuralmente presentes. O lo que es su reto relativamente más cercano: la deconstrucción de la estructura colonial para dar paso a un modelo fundado en sociedades interculturales a las que se corresponda un Estado de nuevo tipo, incluyente, plural, abierto, participativo, horizontal, llámese como se llame.

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El objetivo general de este trabajo consiste en entender cómo la subjetividad se manifiesta en los conflictos y en las negociaciones colectivas. Para esto se analizó los elementos que componen la subjetividad de los actores involucrados en la mesa de negociación y su relación e influencia dentro del ámbito de las negociaciones, con el objetivo de entender los orígenes de los conflictos; caracterizar las estrategias de negociación de los actores e identificar la relaciones entre subjetividades y su importancia, en procesos de negociación colectiva. Desde el punto de vista de los procedimientos técnicos y metodológicos, esta tesis combina tres estrategias: la investigación bibliográfica; los análisis de tres estudios de caso de negociaciones colectivas, basados en el método interpretativo y cualitativo elaborado por Robert Yin (1994). Y finalmente, la experiencia transmitida por el negociador de la empresa. En los conflictos y negociaciones hay tres elementos que influyen en forma preponderante: la lucha por el poder, las subjetividades y la actitud de los actores. Cuando el poder es legitimado por la presión de los grupos, y esta presión es real, hace que las partes se sienten en la mesa de negociación. En el caso de las subjetividades, estas incluyen la cultura, hábitos, costumbres, regionalismos y forma de pensar. En lo que se refiere a la actitud, en esta afloran las características individuales, temperamentos, carácter y las formas de posesionarse ante los conflictos. Estos elementos son clave para comprender la imposibilidad de construir modelos o recetas únicas en los procesos de negociación. Dentro del marco referencial de conflictos y negociación estudiados, debemos considerar que se requiere hacer un análisis de los actores e involucrados para aproximarnos más a la realidad al momento de diseñar una planificación con estrategias de acción en la obtención de acuerdos. El presente trabajo nos llevó a concluir que la subjetividad individual, está estrechamente vinculada con la subjetividad del otro, es decir, en una relación intersubjetiva, la cual influye de manera determinante en los conflictos y negociaciones colectivas.

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En esta investigación, se realiza un análisis cualitativo del proceso de evolución del Derecho del Mar, aplicación y limitaciones, hasta llegar a su institucionalización en el año de 1982, en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho el Mar, donde se concreta una codificación con carácter normativo sobre temas del mar, llamada Convención sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que entra en plena vigencia en 1994. Esta se convierte, en definitiva, en la nueva era del Derecho el Mar acogida por gran parte de los países ribereños y no ribereños alrededor del mundo. Partiendo de este marco normativo institucional, es de vital importancia el análisis de las implicaciones de la posible adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, UNCLOS por sus siglas en inglés), y a los impactos que tendría la misma sobre la soberanía y delimitación de los espacios marítimos, así como el uso, goce y disposición de los recursos vivos o no vivos que se encuentran tanto en las columnas de agua, donde tiene jurisdicción el país ribereño, como en el lecho y subsuelo marino. De igual manera se abordará la situación de las Islas Galápagos, y la incidencia, en temas jurisdiccionales, ambientales y de reconocimiento, de la posible membrecía del Ecuador a la CONVEMAR. Por último, se analizará la situación de delimitación fronteriza marítima del Ecuador con sus países vecinos, poniendo especial énfasis en la problemática frontera sur y la posición del Perú respecto a la misma. Se abordará también, el análisis de los posibles impactos sobre el Ecuador, de la resolución que emita la Corte internacional de la Haya, respecto al diferendo de delimitación marítima entre Chile y Perú. Y finalmente se analizará, de manera prospectiva, la posible solución de este problema en el marco de los entes jurisdiccionales de la CONVEMAR.

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El presente trabajo tiene como objetivo demostrar cómo los conflictos en materia de inversiones sometidos al arbitraje internacional se refieren cada vez más a medidas y políticas de carácter público adoptadas por los Estados receptores de la inversión, para este fin se examinan las tendencias que ha recibido el tratamiento a la inversión extranjera desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, las obligaciones y derechos constantes en los Acuerdos Internacional de Inversión actuales cuyas normas de trato a la IED y procedimientos de resolución de conflictos se hallan estandarizados. De la misma manera se revisan las directrices del arbitraje internacional; las deficiencias en las reglas procesales generales aplicadas a éste método y los principios de acceso a la jurisdicción del CIADI. Por otro lado se trata de analizar de forma rápida tres procesos arbitrales en los cuales ha intervenido el Estado Ecuatoriano como demandado. De esta forma se puede evidenciar como la capacidad reguladora y controladora del Estado se ha visto limitada en la toma de decisiones nacionales referentes a reglas de tratamiento de la IED, y medidas ambientales, fiscales y sociales, principalmente porque afectan de forma directa o indirecta al inversionista, y además porque la nueva red mundial de tratados internacionales sobre inversión establecen normas que son de obligatorio cumplimiento de los Estados.

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Las organizaciones indígenas han hecho una rigurosa defensa de su cosmovisión y concepción de justicia, remarcando diferencias con el derecho estatal moderno. Las expresiones del ejercicio del poder interpuestas ante el Estado, permiten entender las formas de poder étnico como factor constitutivo de la cuestión étnica. Los derechos humanos de los Pueblos indígenas deben hacer parte integral de una política de Estado, que armonice con el resto de políticas, especialmente con las de desarrollo económico.

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El escenario caucano expresa en toda su complejidad el problema agrario y la resistencia del campesinado a la expulsión hacia los centros urbanos, determinada por la evolución de la gran propiedad territorial. Se mantiene latente el problema de los campesinos sin tierra y persisten reductos de alzados en armas. Coexisten sectores y movimientos sociales y políticos diversos, como el Movimiento campesino del Macizo Colombiano y las organizaciones indígenas, cuyas luchas, conquistas y reivindicaciones se han prolongado por dos siglos.

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Colombia es el epicentro de una situación humanitaria y de derechos humanos crítica como consecuencia de un conflicto armado anacrónico que persiste sin solución militar posible, pero que continúa sin salida política y negociada a la vista. Las migraciones forzadas, que se expresan en desplazados internos, refugiados y formas de movilidad asociadas a la crisis económica, van más allá de las fronteras y representan una expansión de las consecuencias de una guerra irregular en territorios de países vecinos. Este artículo se limita a describir los cambios políticos que siguieron a la ruptura del proceso de paz, a ofrecer otra lectura del Plan Colombia y sus consecuencias específicas en el campo humanitario, a visibilizar las migraciones forzadas y el refugio y a proponer alternativa de acción conjunta y concertada en la región.

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En una época en la que los partidos políticos están perdiendo credibilidad y los principios ideológicos ya no constituyen el valor preponderante, la población busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez más populista y un poder más personalizado, y los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales están concentrados, monopolizados y manipulados por las élites políticas y económicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestión, sino también en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A través del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano Álvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo “gobernante-medios de comunicación-población”, con el fin de establecer y de examinar críticamente las influencias que, por motivos políticos y económicos, entran a manipular esta relación. De hecho, en esta investigación trataré de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricación, construcción y deconstrucción de noticias, pero también procuraré mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son “armas no violentas (físicamente)” utilizadas por los gobernantes y las élites para denotar y representar sus realidades, mostrándolas como verdades y, además, para controlar, dominar y direccionar la opinión pública y así legitimar su accionar.

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El concepto de ciudadanía-ejercicio de derechos y deberes- es coemergente con el de democracia. No existe democracia sin ciudadanía ni ciudadanía sin democracia. De allí que el análisis de la ciudadanía (estado en el que se encuentran el ejercicio de los derechos y deberes) está obligadamente ligado al análisis de la democracia (características de las normas sobre la toma de decisiones de interés público). La democracia es posible solamente donde existen ciudadanos, es decir, sujetos con iguales derechos y deberes. De la misma manera, el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía solo es posible donde las decisiones de carácter público se las toma según las reglas de la democracia. Históricamente, la ampliación de la ciudadanía a todos los individuos ha resultado en la profundización de la democracia y esta última se ha consolidado como resultado de las luchas por la ampliación de los derechos a todas las personas. Ciudadanía y democracia son dos caras de una misma moneda.

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La evolución de la sociedad ha determinado nuevos mecanismos para la solución de conflictos entre los individuos, este proceso ha tenido un fuerte impulso en el Ecuador, a partir que en el Art. 191, inciso 3, de la Constitución Política de la República del Ecuador, se reconoce al arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación y una participación cada vez más activa de organismos como la Cámara de Comercio de Quito. El propósito de esta Tesis, es en primer lugar establecer el sustento legal de la Mediación como mecanismo alternativo en la solución de conflictos; si bien la mediación garantiza su éxito o fracaso en la voluntad de las partes, es importante la vinculación que tiene con las otras normas legales del país, con el objetivo final de conocer que modificaciones importantes se requiere para impulsar su debida utilización. Así como es importante conocer como este mecanismo tiene su reglamentación en cada uno de los órganos establecidos, sea la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Comercio de Quito, el Centro de Mediación Judicial de Quito, la Procuraduría General del Estado, y el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Pichincha. El objetivo de esta Tesis es tratar de proponer mecanismos que impulsen la Mediación, como un proceso idóneo para la solución de conflictos, vinculado siempre a la legislación existente y verificar las posibilidades de mediación en el ámbito del sector privado y público. En este contexto se hace una revisión del proceso en los distintos órganos de mediación a través de una pequeña evaluación de los logros obtenidos y se profundiza en el análisis de casos en el sector público en los cuales se confirma que los procesos de mediación no pueden oponerse a la legislación general vigente para la administración de los recursos públicos.