13 resultados para Brechas salariales

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Este trabajo analiza las tasas de retorno a la educación en Ecuador. El estudio inicia con un panorama teórico que contiene un análisis de la ecuación de Mincer. Posteriormente, se desarrolla la sección empírica utilizando datos correspondientes a la Encuesta de Empleo y Desempleo Urbano y Rural (ENEMDUR) para el periodo 2003-2014 que constituye la primera serie ininterrumpida con representación de área urbana y rural. En la estimación se usa una ecuación semi-logarítmica que se desagrega por nivel de educación y por obtención del título -sheepskin effect-; además, se utiliza un modelo de Heckman en dos etapas para estimar las brechas salariales. Los resultados se presentan por grupos de género, área de residencia, grupo étnico, región y categoría de ocupación, y sobresale la existencia del premio por título, la disminución de brechas por género (12%) y grupos minoritarios (5%), y la presencia de un mercado laboral más especializado.

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El presente trabajo tiene por finalidad visibilizar las brechas territoriales en el ingreso, la pobreza y la desigualdad de Ecuador en el período 2007 – 2013, el análisis se apoya en técnicas de estadística descriptiva para analizar la evolución del ingreso per cápita; gráficas de densidad Kernel para el análisis comparativo de la distribución del ingreso entre territorios; estadística inferencial aplicada a las variaciones de la incidencia de la pobreza y el coeficiente de Gini; y finalmente mediante técnicas econométricas del enfoque de crecimiento “pro-pobre” se identifica la relación entre los niveles de pobreza, el crecimiento del ingreso per cápita y la redistribución del ingreso en los territorios sub nacionales. Los resultados evidencian una estructura territorial sub nacional con marcadas brechas en los niveles y distribución del ingreso, con incidencia irregular de la pobreza a lo largo del país, no obstante durante el período 2007-2013 estas brechas tienden a reducirse, observándose además un crecimiento económico “pro pobre” en la mayoría de provincias entre el 2010 y 2013.

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Esta investigación busca dar cuenta del estado de cumplimiento del derecho a la educación a partir del principio de igualdad y no discriminación de los niños y niñas colombianos/as en condición de refugio en Ecuador. El derecho a la educación posibilita la disminución de las brechas sociales a partir del cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del Estado, implica el principio de igualdad y no discriminación durante todo el proceso educativo. Colombia sufre un conflicto armado de más de 50 años, que ha provocado el desplazamiento de muchas personas. A partir del año 2000 se presenta una afluencia masiva de personas colombianas en situación de refugio al Ecuador. El marco normativo nacional e internacional en materia del derecho a la educación de los niños y niñas en situación de refugio, ratificado por Ecuador, es amplio y ofrece un marco importante para la realización de este derecho. Sin embargo, las condiciones sociales y políticas de Ecuador, el aumento de la discriminación, el desconocimiento de los derechos, entro otros factores, dificultan la realización de este derecho. Las políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos implican el cumplimiento de las obligaciones estatales y la participación de la población, sobretodo de aquella más vulnerada en sus derechos, en la definición de los problemas públicos y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La adopción de acciones positivas es necesaria para el logro de condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso de niños y niñas colombianos/as en situación de refugio. La atención psicosocial brinda posibilidades para subsanar las secuelas del conflicto armado y la situación de desplazamiento y refugio en niños y niñas y además contribuye a la reconstrucción del tejido social que fortalece a las comunidades en la participación política.

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Entre los años 1980 y 2000 el Perú vivió un episodio de violencia política, un conflicto armado interno sin precedentes, que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ha sido el episodio de violencia interna más cruento y prolongado de toda la historia de la República; este conflicto fue desatado por grupos alzados en armas (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA) y el estado, que puso en manifiesto varios desencuentros y brechas de todo orden, brechas que albergaron profundo dolor en la sociedad. Se llevaron a cabo diversas acciones, omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana; factores que desencadenaron una crisis moral y política de graves consecuencias, que el país necesita reparar, lo cual requiere la aplicación de la sanción efectiva a los responsables de las violaciones. La violencia política enfrentó a peruanos que de una manera u otra fueron partícipes en este escenario de violencia, unos mas que otros; según el grado de vulnerabilidad e indefención propio de las condiciones económicas y sociales, que se originaron en brechas insalvables, terminando por destruir el tejido social, la base productiva material, la organización familiar y la infraestructura publica, provocando así la pérdida de acceso a servicios estatales, la institucionalidad pública y la afección a la salud mental de casi todos los peruanos.

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El control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, por parte de los contribuyentes es una de las herramientas que utiliza la administración tributaria, para disminuir las brechas fiscales, y para ello utiliza parcialmente a los auditores externos, al solicitarles un informe complementario a los exámenes financieros que practican a las sociedades, mediante el cual atestan respecto a éste cumplimiento, observando y apegándose a normas tanto técnicas como legales - tributarias. El ampliar el número de contribuyentes, en base a una cobertura más amplia de actividades económicas y obligatoriedad de contratar auditores es analizada y propuesta en la presente Tesis, obteniéndose conclusiones importantes y válidas para la administración tributaria respecto a como obtener resultados mas significativos, rápidos y confiables. El autor considera que la presente Tesis puede ser puesta a consideración de la Administración Tributaria Ecuatoriana, diseñando un sistema de calificación de profesionales dedicados exclusivamente a exámenes fiscales, en los términos propuestos en este trabajo investigativo y analítico.

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De 1997 a 2005 tres presidentes ecuatorianos democráticamente elegidos fueron removidos de sus cargos. En ninguno de los tres casos se observó el procedimiento formal –juicio político– constitucionalmente establecido; por el contrario, las destituciones presidenciales involucraron a un conjunto de actores sociales, políticos y militares; las crisis fueron consecuencia de una serie de escándalos públicos; estuvieron seguidas de movilizaciones populares que condujeron a la destitución presidencial por parte del Congreso, y, en todos los casos, las Fuerzas Armadas cumplieron el papel de árbitro. Las semejanzas en el comportamiento y expectativas de los diversos actores dan cuenta del surgimiento de la destitución presidencial como institución política informal, con su propia lógica, normas y reglas. A partir del marco conceptual del institucionalismo histórico, este estudio establece los orígenes de la inestabilidad presidencial en el Ecuador; en su parte central, analiza la innovación institucional implícita en el surgimiento de un patrón de destitución presidencial, e identifica algu - nos factores que permiten diferenciar el caso ecuatoriano de otros observados en la región. En suma, la obra analiza los desempeños de la democracia en el Ecuador, deteniéndose en las brechas existentes en tre los arreglos institucionales formales y los de carácter informal, lo que en definitiva permite una cabal comprensión del proceso político ecuatoriano.

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Analiza la eficacia de las acciones tendientes a una mayor efectividad de las garantías jurisdiccionales. Concluye que los datos presentados evidencian aún profundas brechas entre la Constitución escrita y la situación real de los derechos y las garantías de las personas y los colectivos.

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Este artículo presenta una aproximación general al mundo obrero de Quito, tomando como estudio de caso una de las fábricas de textiles e hilados de la ciudad, entre los años treinta y noventa del siglo XX. El autor presenta, en primer lugar, una descripción sobre la industria en la ciudad, para centrar, luego, su atención en la Fábrica La Industrial, su producción textil, ambiente de trabajo y dinámicas internas, la vida de los obreros, su organización sindical y relaciones con los propietarios de la fábrica. Las fuentes que alimentan el análisis son documentación proveniente de los acervos administrativos de la fábrica, litigios, notas de prensa relacionadas con las protestas y movilizaciones sociales de los trabajadores en reivindicación de sus demandas salariales y laborales, así como testimonios de exobreros de La Industrial.

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En las primeras décadas del siglo XX, la Argentina sufrió un desajuste económico y social respecto del plan estratégico de 1880. Los acontecimientos históricos rompieron el modelo de la prosperidad infinita y pusieron de manifiesto la disolución del ser nacional en revueltas militares, fraude electoral, corrupción, caudillismo y brechas profundas entre regiones y clases sociales. Hacia 1930, la escritura de Roberto Artl se presenta como un cuestionamiento acerca de los límites del proyecto modernizador y de las instancias más significativas del mandato de progreso histórico. Los personajes de sus ficciones le permiten al escritor proyectar una interpretación no solo de su ser caído y angustiado, sino también del sujeto desligado de aquella sociabilidad propuesta por la generación de los románticos y que en 1880 parecía determinar una identidad estable, según reglas aparentemente seguras. El escritor posee la visión de que 1930 es el momento histórico que exige otro estatuto de lo real. El efecto de lectura de la obra de Arlt reside en la manipulación indefinida del lenguaje literario a través de la propuesta de personajes anclados en la percepción de un mundo que los excluye y de una peripecia narrativa que devela la descentración de la Historia como relato total. Consecuentemente, su eficacia es impactar y movilizar el cuerpo social a través de la producción imaginaria como una versión literaria de la Historia.

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“La comunicación para el desarrollo ha seguido un itinerario de parentescos no resueltos en la teoría y de experiencias más intuitivas que sistemáticas en la práctica”. Así introdujimos un trabajo anterior: Imágenes e Imaginarios de la Comunicación – Desarrollo, que recuperamos en esta nueva aproximación a las relaciones entre Comunicación y Desarrollo, en la perspectiva de ir cerrando brechas en las deudas del desarrollo con la sociedad y de la comunicación con el desarrollo. Dos modelos dan cuenta de estas relaciones con concepciones distintas de desarrollo, de proyectos de sociedad y de comunicación: 1) Los Modelos de Difusión que cobijan a la Comunicación de Desarrollo y a la Comunicación de Apoyo al Desarrollo; y 2) los Modelos de Participación, donde ubicamos la Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático y la Comunicación – Desarrollo o Comunicación con Desarrollo. La legitimación del Vivir Bien o Suma Qamaña, o Buen Vivir o Sumaj Kausay como paradigma y como base de políticas nacionales de desarrollo en países latinoamericanos, complejiza aún más las relaciones entre comunicación y proyectos de sociedad, puesto que se rompe con las concepciones tradicionales de desarrollo equivalente a modernización y progreso, con una apuesta por la vida en armonía espiritual, social y con la naturaleza. La comunicación debe entonces repensarse en sus sentidos; en sus formas de producción, circulación y apropiación; así como en sus marcos normativos que sustentan las formas de propiedad y de producción, para contribuir a construir –participativamente- estas sociedades del post-desarrollo que renuevan la utopía de democratizar la comunicación para democratizar la sociedad.

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Tanto por la dinámica del contexto que persiste en tendencias que refuerzan los intercambios desiguales en el mercado internacional y las brechas sociales en nuestra región, así como por las dinámicas nacionales que están transformando positivamente las condiciones de desarrollo en nuestra región encarando políticas de transformación productiva e inclusión social, la integración se ha convertido en el camino para que nuestro continente transite de la periferie al centro de decisiones de las políticas mundiales. En América Latina y el Caribe se vive un regionalismo de nueva generación, caracterizado por su carácter multidimensional, dinamizador de derechos supranacionales, enriquecedor de las políticas nacionales; y sistematizador de las conquistas de los esquemas subregionales y regionales. Está compuesto de manera combinada por esquemas de integración, mecanismos de cooperación y sistemas multilaterales remozados. Cuatro dinámicas caracterizan el funcionamiento del regionalismo latinoamericano y caribeño en la actualidad: 1) la creación de estadios superiores de integración como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); 2) el reacomodo de los bloques subregionales ya existentes, como la CAN y MERCOSUR, o regionales como el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés); 3) el surgimiento de esquemas de cooperación con afinidad o alineamiento, como el ALBA y la Alianza del Pacífico; y 4) una exigencia de remozamiento de los sistemas multilaterales con mayor presencia en la región. En este contexto, la democratización de la comunicación tiene como desafíos principales: 1) contribuir a la unidad continental; 2) democratizar los sistemas de integración con la participación ciudadana; y 3) construir una cultura de integración.

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La educación de las mujeres ecuatorianas a través de los Informes de Ministros de 1930 a 1940 muestra cómo ellas salieron de la vida privada de madres, esposas y cristianas abnegadas hacia una vida pública que les brindaba muchas oportunidades. Las que primero sobresalieron fueron las educadoras pertenecientes a la clase media de aquella época, siendo sus principales estrategias la secularización y prácticas pedagógicas como la escuela activa. Los cambios fueron sustanciales y repercutieron tanto en el ámbito social como en las políticas públicas educativas de los diferentes Ministros de Instrucción Pública destinadas a satisfacer las necesidades de la población estudiantil femenina. Fueron educadas a partir de mallas curriculares que favorecían la capacitación de la mano de obra y el fomento de valores como el trabajo en equipo y la solidaridad. Esto se realizaba en escuelas normalistas rurales y urbanas, algunas de ellas incluso nocturnas. Se estableció un esquema de unidad nacional que incluía al sector indígena, para evitar brechas en el progreso y la reconstrucción del país. La educación femenina ecuatoriana desde 1930 hasta 1940 experimentó acontecimientos esenciales para el desarrollo de una concepción de igualdad. Esto justifica y establece la relevancia de esta problemática, puesto que gracias a ello hoy en día existe en el país una visión de equidad de género que inclina la balanza hacia el reconocimiento de las mujeres en la historia de la educación nacional, que por su valor y coraje salieron del anonimato para reclamar sus derechos y una posición digna en la sociedad. El presente trabajo se realiza con el afán de analizar la participación de las mujeres dentro de las clases obreras en la primera mitad del siglo XX y su repercusión trascendental para la creación formal de organizaciones que apoyan su visibilización y el reconocimiento de sus capacidades con el único objetivo de mejorar su vida y la de su familia.

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La vigente Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador (Ley de Comercio Electrónico), publicada en el Registro Oficial número 557 (17 de abril de 2002), define la factura electrónica como el "conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes". Se desprende de esta definición, en primer lugar, que la factura electrónica documenta la transferencia de bienes y servicios, así como también, que los mensajes de datos y los documentos escritos tienen el mismo valor jurídico, siempre y cuando, los primeros cumplan los requisitos establecidos en este cuerpo legal. La emisión de documentos electrónicos se traduce como una solución innovadora que permite integrar los procesos internos de un negocio o empresa, con la generación, firma y envío de comprobantes de venta, retención o documentos complementarios tributarios electrónicos, logrando reducir los costos operativos e incrementando la productividad de una compañía, así como el fortalecimiento de los procesos de control tributario para reducir las brechas de evasión fiscal. En este sentido, este trabajo recoge en primer lugar la fundamentación teórica sobre la facturación electrónica y el marco normativo que ha implementado el SRI para su uso obligatorio; posteriormente analiza las ventajas y desventajas que trae consigo este nuevo esquema de emisión electrónica frente a la facturación física y los desafíos que representa tanto para la Administración Tributaria como para los contribuyentes; y por último, exhibe el proceso que se ha seguido para establecer el sistema, así como los resultados que se han obtenido después de algún tiempo de experiencia en los países más avanzados en el proceso de implementación de facturación electrónica en América Latina, tales como: Chile, Brasil, México, Argentina y Colombia.