La ayuda de los Estados Unidos a Colombia luego del 11/9

Este trabajo pretende determinar si los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001 generaron un cambio en el enfoque de la política de asistencia de Estados Unidos hacia Colombia. Con este fin se analizan las posiciones del Congreso de Estados Unidos antes y después de los atentados. En un primer momento, Yamile León estudia el discurso de los congresistas norteamericanos previo a la aprobación del Plan Colombia en 2000 y de la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Emergencia de 2002 para desentrañar los principales elementos manejados por los legisladores en su argumentación a favor o en contra de la destinación de recursos hacia Colombia. A partir de la identificación de estos elementos, la autora establece el grado de incidencia del 11 de Septiembre sobre el enfoque de la política de asistencia hacia Colombia, en un momento en el cual la seguridad nacional pasa a ocupar las prioridades de la agenda internacional de Estados Unidos y en el que el discurso antiterrorista legitima acciones unilaterales llevados a cabo por este país.

Retos de una nueva institucionalidad estatal para la protección de los derechos humanos

Los “Retos de una nueva institucionalidad estatal para la protección de los derechos humanos” serán abordados desde tres ideas preliminares: (1) la conceptualización de los elementos constitutivos de una institucionalidad, (2) el proceso de su construcción, y (3) los paradigmas históricos que la contextualizan, los cuales serán descritos en la primera parte de este ensayo. En un segundo momento retrataremos, con los elementos conceptuales determinados en la primera parte, la institucionalidad en el estado liberal o estado legal de derecho. En la tercera parte, intentaremos demostrar que la institucionalidad de lo que debería ser el estado social de derecho o estado constitucional democrático todavía no está a la altura de las exigencias que emanan de las promesas de los derechos humanos. El objetivo de este ensayo es tratar de señalar algunas falencias que tiene la institucionalidad actual y sugerir algunas pistas para lograr una nueva que sea acorde con los derechos humanos. Sugeriremos al final que, para asumir los retos de una nueva institucionalidad, no debemos descuidar el generar paradigmas conceptuales, bajo la premisa de que las ideas y la movilización social pueden generar cambios que alteren realidades opresoras y excluyentes.

La investigación científica y el papel del investigador: algunos comentarios a la ponencia “Retos de una nueva institucionalidad estatal para la protección de los derechos humanos”

La ponencia que este autor comenta ofrece algunas ideas que, desde el Derecho, aportan a la generación de un nuevo paradigma para la comprensión de la vida política en democracia. Para el efecto, la crítica a los supuestos centrales del Estado Liberal y a eventos que el ponente atribuye autoría a los ubicuos procesos de ajuste estructural, son las estrategias asumidas. Como consecuencia de ello, la propuesta transita entre la denuncia social y la reflexión académica. De allí que el trabajo permite extraer al menos tres ejes de discusión respecto a los que me referiré de forma somera a lo largo de estos comentarios. El primero tiene que ver con los vínculos entre Derecho y Política; el segundo se refiere a la distinción entre el científico y el político; y, el final, guarda relación con la investigación empírica, sus alcances y resultados sociales.

Consenso o contradicción de las reformas de segunda generación en el ámbito educativo: caso proyecto a ganar

El presente trabajo está dirigido a determinar cómo operan las reformas de segunda generación en el ámbito educativo, así como los consensos y contradicciones encontrados en su implementación. El primer capítulo está dedicado a describir la segunda generación de reformas desde una visión retrospectiva, iniciando con la adopción del Consenso de Washington, su crítica por la exclusión de los temas sociales y del rol estatal en el modelo económico; hasta culminar con la visión neo institucional contenida en las reformas de segunda generación, donde se regula la interacción humana, limitando el papel del estado como catalizador del desarrollo. Este nuevo enfoque ubica a la educación y capacitación como su sustento, la primera al concebirla como la herramienta capaz de interiorizar y fomentar la aceptación del Consenso; y la segunda al cualificar y complementar la educación. La segunda parte corresponde al análisis de los límites y aciertos de la implementación de las reformas de segunda generación en las políticas de educación y capacitación impulsadas desde la gestión de agencias multilaterales de financiamiento (BID y BM) y el estado ecuatoriano, actores que desde una perspectiva neoliberal promueven que la inversión en conocimiento se convierta en el impulso a la competitividad de la fuerza laboral, a través de aspectos como calidad, equidad, sistemas de evaluación, inclusión de nuevos actores, adaptabilidad geográfica, entre otros. El desarrollo de la tercera parte se centrará en el impacto del programa A Ganar en Ecuador, una iniciativa que nace desde el BID para insertar a los jóvenes en el mundo laboral a través de la capacitación en valores (cuya metodología emplea la disciplina del fútbol), cursos técnicos y una experiencia laboral.

La responsabilidad estatal en la Constitución del Ecuador de 2008 (Tema Central)

La Constitución ecuatoriana promulgada el 20 de octubre de 2008 prescribe en el art. 11.9 que la responsabilidad estatal consiste en la reparación de las violaciones a los derechos por la falta o deficiente prestación de servicios públicos o por acciones u omisiones en el ejercicio de potestades públicas, reparación que es integral conforme el principio garantista de protección los derechos previsto en el art. 86.3. El presente estudio aborda aspectos generales de la naturaleza jurídica de la responsabilidad estatal –de la irresponsabilidad a la responsabilidad estatal–, su evolución –de la concepción civil indemnizatoria a la concepción reparadora integral–, y los denominados títulos jurídicos de imputación objetiva –falla del servicio, desequilibrio de las cargas públicas–, que serán de trascendental importancia para la comprensión de nuevo régimen, y cuyos aspectos específicos ameritarían un examen más amplio.

Relaciones Estado-Compañías petroleras. Estudio de caso: caducidad de contrato entre la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador Petroecuador y Occidental Exploration and Production Company OEPC

Esta tesis tiene como propósito demostrar las relaciones inequitativas entre las empresas transnacionales y las empresas nacionales de petróleo. Aborda inicialmente desde el contexto de las relaciones internacionales que se dan en torno al petróleo y a los hidrocarburos en general, para luego examinarlas desde una visión desde las transacciones globales y sus tendencias. Posteriormente enfatiza el análisis jurídico-político en el estudio del caso Occidental – Petroecuador, con una revisión previa en el marco institucional y económico en el que se desarrolla este caso. El análisis se establece especialmente en un marco temporal contemporáneo, refiriéndose, cuando es necesario para contextualizar el complejo manejo de los hidrocarburos, a fechas claves que permiten entender determinados fenómenos actuales.

Propuesta de la estructura de una organización estatal que administre el Sistema de Verificación y Aforo Físico en el Ecuador

Dentro de las tendencias actuales de cambio e innovación, el Ecuador debe lograr los mejores acuerdos dentro de las negociaciones y el comercio internacional. Con el propósito de entrar en un proceso modernizador y disminuir los problemas de la aduana del país se concesionó a las empresas verificadoras la verificación y el aforo físico en la importación de mercancías. Empresas que debían implementar guías de control trayendo el orden y la eficiencia a la aduana nacional. A los diez años de ésta concesión, diversos criterios cuestionan la eficiencia de su servicio, por lo que nos preguntamos si aún es necesario contar con el servicio de estas empresas, o si el Estado es el indicado para tomar las riendas de este trabajo. Luego de realizar consultas, encuestas y entrevistas a actores relacionados al servicio de las verificadoras y analizar los resultados del servicio de estas empresas en otros países de la región, se reafirma la opción de que el Estado termine el contrato con las verificadoras. Se propone crear una institución autónoma de derecho público, que ponga tarifas reducidas, que incremente las arcas fiscales, que implemente nuevas tecnologías, que ofrezca servicios de calidad, tarifas equitativas, celeridad, eficiencia y la participación de profesionales capacitados. Esperamos que en base al estudio realizado, el gobierno considere la creación de la Dirección Nacional de Aforo (DNA).

Las políticas de ayuda al desarrollo de los miembros de la OCDE

El propósito de este trabajo es realizar un análisis de las políticas de Ayuda Bilateral al Desarrollo de los países miembros del CAD - OCDE desde la implementación de dicha institución, luego del término de la Segunda Guerra, hasta la década actual, teniendo en cuenta las condiciones históricoeconómicas de su evolución.

Jurisdicción indígena especial y su respeto en la jurisdicción estatal

El presente trabajo de investigación, responde a la inquietud sentida por las autoridades comunitarias y personas que anhelamos poner en práctica los derechos colectivos de los pueblos indígenas: ¿los jueces y fiscales, respetan o no las resoluciones de las autoridades de los pueblos indígenas que han sido dictadas aplicando normas y procedimientos propios, tal como lo ordena el inciso cuarto del Art. 191 de la Constitución Política?, y consiguientemente si respetan las disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales debidamente ratificados por ei Ecuador y sus causas. Para cumplir con nuestro objetivo, partimos del análisis del significado e implicaciones del principio de "multíetnicidad" y "pluriculturalidad", que permite el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho a conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de autoridad y a "Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico" contemplados en el Art. 84 numeral 7 y 1 de la Constitución, como consecuencia de ello el reconocimiento del pluralismo jurídico del Art. 191 inciso cuarto de la Carta Magna. Seguidamente analizamos en forma pormenorizado la jurisdicción especial indígena, las autoridades indígenas que administran justicia, sus competencias, normas y procedimientos propios y ios elementos de la jurisdicción indígena, lo cual nos permite diferenciara de la "justicia por mano propia" y "linchamiento", figuras con las cuales pretenden asimilar al Derecho Indígena, especialmente por los medios de comunicación, así mismo nos permite demostrar que el Derecho Indígena está vigente y vivo. A base de ese marco teórico, analizamos la relación entre el jurisdicción especial indígena con el Ministerio Público y la Función Judicial, cuando de por medio existe una resolución en tirme de la autoridad indígena, donde tomamos como referencia cinco casos concretos y otros que son considerados a lo largo del análisis, con los cuales se demuestra que los jueces y fiscales sin ningún fundamento constitucional y doctrinario violentan normas constitucionales, entre ellos el inciso cuarto del Art. 191 de la Constitución, el debido proceso y otros principios. Actitud que demuestra desconocimiento del alcance de los principios de pluriculturalidad, multicmicidad, pluralismo jurídico, la Constitución como norma, principios elementales del Derecho Indígena, etc. El análisis de los principios que rige el Derecho Indígena y sus características suplen a lo que en el Derecho estatal se conoce como garantías del debido proceso. y nos permite salir de la dogmática jurídica tradicional y obliga a desarrollar métodos interculturales, interdisciplinarios para analizar los derechos humanos y los principios del debidos proceso.

La ayuda oficial externa para el desarrollo regional del Ecuador

La presente tesis, intitulada "La Ayuda Oficial Externa para el Desarrollo Regional del Ecuador, se enmarca principalmente en las áreas de Relaciones Internacionales y Economía y tiene como objetivos fundamentales establecer el efecto que tienen las políticas de cooperación de los países donantes en el desarrollo regional del Ecuador y como son utilizados los recursos de ayuda oficial destinada al desarrollo regional. Para cumplir con este objetivo, se consideró el estudio de algunos proyectos que son financiados con asistencia oficial no reembolsable proveniente de los gobiernos de España, Suiza y Canadá. La tesis está constituida por tres capítulos. El capítulo uno de introducción versa sobre la historia de los Regímenes Internacionales de Cooperación y realiza un breve análisis de las tendencias de la distribución de la Ayuda Oficial Externa en América del Sur y concluye con una ligera explicación de las políticas de cooperación de los principales países donantes del Ecuador. El capítulo dos dirige su enfoque específicamente al Ecuador, se analiza en primer lugar la evolución reciente de la Ayuda Oficial Externa Bilateral y su relevancia para el desarrollo regional del País, luego se realiza un estudio de la coordinación gubernamental en materia de cooperación no reembolsable, para finalizar con una sistematización de los logros y fracasos obtenidos en los proyectos sujetos de investigación. En el capítulo de conclusiones y recomendaciones, se indica que el éxito de los proyectos responde no solo a la política de los países donantes, responde además, al sistema de planificación establecido, a la honestidad de los administradores del proyecto y la capacidad que tienen los gobiernos locales y los beneficiarios para exigir la rendición de cuentas, supervisar y monitorear la ejecución del proyecto.

Decisiones de la justicia estatal ecuatoriana sobre arbitraje: un análisis desde la perspectiva del principio favor arbitralis

El presente artículo analiza a la luz del principio favor arbitri o favor arbitralis, pronunciamientos relevantes de la justicia estatal ecuatoriana en los tres últimos años, sin perjuicio de realizar conexiones con decisiones judiciales anteriores, cuando así sea pertinente. El objetivo final consiste en aportar insumos para la evaluación de los aproximadamente catorce años de vigencia de la Ley de Arbitraje y Mediación en el país (LAM).

Representación de lo popular/indígena/campesino en tiempos de refundación estatal. El caso de la revolución nacional de 1952 y la revolución democrática-cultural de 2006 en Bolivia

Luego de un importante ciclo de insurrecciones populares producidas en la primera mitad del siglo XX y principios del siglo XXI en contra de las políticas excluyentes de los gobiernos liberales y neoliberales, se abrió paso a la consolidación de dos acontecimientos políticos de gran trascendencia para la historia de Bolivia: la Revolución Nacional de 1952 y la Revolución Democrática-Cultural de 2006. Si bien ambos procesos revolucionarios responden a determinadas especificidades, existe en ambos procesos un componente común, y es la intervención directa -en distintos espacios de poder político- de los sectores populares: obreros, indígenas y campesinos. La presencia y participación directa de estos sectores en el escenario político nacional, hizo que el mapa soiciopolítico boliviano sea profundamente trastocado. Enfocada en la Revolución Nacional de 1952 y la Revolución Democrática-Cultural de 2006, la presente investigación tiene como objetivo, realizar un análisis a las representaciones discursivas que se desprendieron desde las páginas de los periódicos Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba y El Diario de la ciudad de La Paz, sobre la presencia y participación de los actores sociales populares en el desarrollo de los procesos de transformación estatal en Bolivia.

De las cuotas a la paridad: avances y límites del derecho a la participación política de las mujeres en el Ecuador

La paridad, formulada como un derecho para que hombres y mujeres accedan en igualdad de condiciones a los distintos espacios de poder, es un principio consagrado constitucionalmente, que tiene su origen en la lucha de los distintos movimientos de mujeres por democratizar el escenario político, área tradicionalmente masculina, para que incluya equilibradamente, la presencia, intereses y necesidades de hombres y mujeres en el quehacer estatal. En el Ecuador, una mayor participación política electoral de las mujeres ha sido posible por la aplicación progresiva de las leyes de cuotas, instrumentos sustentados en la necesidad de acelerar, jurídicamente, la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres, con la ayuda de medidas de acción afirmativa de carácter temporal. La Constitución de 2008 es novedosa en tanto da un salto cualitativo, al pasar de la progresiva aplicación de cuotas de carácter temporal, a una medida definitiva como la paridad, que se aplica a las listas pluripersonales en procesos de elección popular y también a los altos cargos públicos de nominación, en las cinco funciones del Estado. El presente trabajo analiza desde la perspectiva de género instrumentos internacionales, normas constitucionales y legales; jurisprudencia constitucional y electoral, estudios académicos e históricos previos, notas periodísticas, información estadística y entrevistas a mujeres políticas; con el fin de establecer avances y límites del derecho a la participación política de las mujeres en el Ecuador, desde la superación de las cuotas como medidas de carácter temporal, con la declaración constitucional de paridad, vigente desde 2008.