12 resultados para Autodeterminación

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Los derechos colectivos indígenas al territorio y autodeterminación en la Constitución ecuatoriana del 2008, son analizados con base en dos elementos fundamentales: la injusticia cultural y a la injusticia distributiva de las que han sido objeto los pueblos originarios a lo largo de los siglos. Para el efecto se parte de una caracterización del Estado de Derecho y se concluye con la del Estado plurinacional. La crisis del Estado de derecho y del Positivismo jurídico, introducen al estudio del paradigma neoconstitucional; en el marco del constitucionalismo social latinoamericano y de lo que en esta investigación de designa como constitucionalismo originario indígena, y su incidencia en la conformación del Estado constitucional de derechos, plurinacional. Los derechos colectivos al territorio y autodeterminación se elucidan en el marco de la acción emancipadora del movimiento y su enfoque socio-cultural, considerando las prescripciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita en el 2007. Tales derechos se problematizan a partir del “Proyecto histórico” de la CONAIE, su positivación en la Constitución ecuatoriana del 2008, y como se operacionalizan en el gobierno de la Revolución Ciudadana, para la transferencia de las competencias políticas, administrativas, económicas y legales que demanda el ejercicio del poder indígena en los territorios ancestrales. Desde esta perspectiva se connota la tensión de las relaciones entre el movimiento indígena y el Estado, debido a la inobservancia de la prioridad axiológica de los derechos de los pueblos originarios establecida en los instrumentos internacionales y en la propia Constitución. Se trata de ver si la constitucionalización de los “derechos al territorio y autodeterminación” coadyuva a profundizar la base teórica, categorial e institucional del Estado plurinacional, que guie a la subsunción del Estado en lo colectivo y a la transformación de las relaciones de poder.

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En todos los problemas y conflictos ambientales y en el ejercicio de las políticas de desarrollo hay implícito un sentido de arrasamiento; no sólo de la naturaleza sino del conjunto de derechos. El primero el de la vida, pero igualmente el de la salud, el de la alimentación, el del trabajo; y, desde otra óptica, aquellos otros que son definidos como derechos de los pueblos: el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y, con cuanta frecuencia, también el derecho a la paz. Todo se arrasa en conjunto y de ahí la importancia creciente de demandar el cumplimiento de los derechos medioambientales, a sabiendas que se confronta la voluntad de poderosos intereses privados y multinacionales. Todos los derechos que tienen que ver con la soberanía, el manejo del territorio y el derecho a la vida tienen estrecha relación con el ambiente; adicionalmente hay varias menciones en nuestra legislación que reconocen el derecho a un medio ambiente sano, que garantizan la salud de la gente y la conservación de la naturaleza. Hay suficientes fundamentos legales para la protección del medio ambiente, el problema es que estos no se cumplen, se sustituyen o son subordinados a otros.

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La presente investigación titulada “ El tema indígena en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana de 1999”, busca aproximarnos a través de un análisis interpretativo de los pronunciamientos de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en relación al tema indígena y sus demandas, a partir de la cual, trataremos de establecer las diferente posiciones ideológicas sobre los temas de referente a la tierra, la territorialidad, autodeterminación entre otras, que constituyeron las demandas centrales de los grupos indígenas. El análisis de las distintas intervenciones nos acercará como fueron percibidos los indígenas y sus demandas por los “no indígenas”, en este caso por los políticos venezolanos. De igual manera, el contraste de las intervenciones de los Constituyentes que expusieron sus ideas sobre el tema indígena, podremos definir las posiciones y principios de los actores políticos venezolanos

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Este trabajo se constituye en un intento por abordar de manera crítica el tema de las políticas culturales convencionales o tradicionales, a la luz de las teorías de desarrollo económico y la necesidad de repensarlas de acuerdo con los poderes locales alternativos y el desarrollo humano. Asimismo, pretende dar una mirada a las distintas teorías y propuestas de políticas culturales que se han venido manejando en América Latina desde el poder central y se establecen las principales diferencias con las políticas “alternativas” que emergen desde las reales necesidades de las comunidades. Para tal efecto se observó el caso del Cantón Cotacachi y los relaciones conflictivas que se presentan en la práctica de la interculturalidad. Para cotejar estas teorías con la práctica, el estudio de caso realizado en el Cantón Cotacachi, en Ecuador y los procesos que se han venido desarrollando desde hace varios años, lo cual permitió que las comunidades de base orienten sus luchas hacia la construcción de los poderes locales alternativos, propicien el crecimiento humano, el respeto por los principios de autonomía y autodeterminación de los pueblos y fomenten la unión de fuerzas en aras de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general.

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El presente trabajo investigativo aborda una temática, que aunque de viejo cuño sigue y seguirá siendo de trascendental importancia para la ciencias sociales. Hablar del desarrollo y de la educación no ha sido una tarea nada fácil; sin embargo considero que, luego de haber revisado una prolífica literatura sobre el tema, mis inquietudes lejos de satisfacerse se ha ensanchado por lo complejo del asunto y las nuevas ideas en boga. La educación puede ser considerada como un fin en sí misma en la medida que amplía las capacidades de las personas para vivir con mayor plenitud. En tal sentido, la finalidad de la educación excede el ámbito económico e incluye valores más trascendentes como la libertad, justicia, autodeterminación, etc. La educación es un determinante esencial del crecimiento y desarrollo económico debido al papel que desempeña en la formación de recursos humanos. Este rol es avalado por modernas teorías de crecimiento económico y por recientes enfoques que estudian la competitividad de empresas y naciones. Mientras las teorías tradicionales de crecimiento enfatizaban la importancia de la inversión en capital físico las teorías modernas postulan que la acumulación de capital 2 humano, las teorías modernas postulan que la acumulación de capital humano y desarrollo tecnológico forman la base del crecimiento sostenido de las economías. Las estrategias para el mejoramiento de la educación y el desarrollo científico - tecnológico son factores fundamentales para que los países alcancen un patrón de crecimiento sostenido. La importancia de las relaciones entre la educación y el desarrollo de alguna manera las he dejado expuestas en el presente trabajo.

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El trabajo examina, por un lado, los criterios fundamentales que alientan la formación de bloques comerciales en la economía mundial, y por otro, la progresiva convergencia entre los esquemas de integración en América Latina. Describe los avances hacia la convergencia entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina y presenta como alternativa de integración regional, la conformación del bloque Sudamericano como una respuesta racional a los procesos mundiales y las iniciativas hemisféricas. El trabajo concluye: "Sudamérica dispone de todos los elementos necesarios para la conformación de una comunidad sólida y dinámica: talla continental, recursos, comunidad de valores e intereses, tradiciones y experiencias. Los compromisos integradores y el rápido crecimiento del comercio llevan a que tanto el MERCOSUR como la Comunidad Andina propicien una mayor articulación que permitiría consolidar la formación del espacio en América del Sur. Empero, la concreción real de la "Unión Sudamericana" como un proceso de integración profunda dependerá de una gran voluntad política, la cual se convierte imperativa en la medida en que la región pretenda conservar ámbitos de autodeterminación en asuntos internos y adquirir presencia en el nuevo escenario mundial". El estudio consta de 6 capítulos. El primer capítulo identifica los principales aspectos que configuran el actual "escenario" mundial y sus elementos: la globalización económica, el comercio mundial y el nuevo regionalismo. Plantea lo posibles "escenarios" futuros y describe las tendencias del sistema económico internacional. El Capítulo II, considera los aspectos teóricos, metodológicos y conceptuales del Comercio internacional y la integración económica; desarrolla diversos enfoques y establece los elementos y variables que explican los actuales fenómenos económicos. El Capítulo III, examina el Proceso de integración desde la posguerra y los principales acuerdos, asimismo describe los efectos de la integración en el comercio y las inversiones. La Integración en América Latina y los Acuerdos: Grupo Andino y Mercosur son analizados en el Capítulo IV, identificando los avances, tendencias y perspectivas de ambos acuerdos. El Capítulo V, analiza el proceso de Convergencia entre MERCOSUR y la Comunidad Andina. Examina la propuesta hemisférica del ALCA, sus limitaciones y las perspectivas. Finalmente, el Capítulo VI desarrolla la propuesta: la "Unión Sudamericana" como alternativa de integración regional. Examina los criterios que alientan la conformación de la Comunidad y establece elementos teóricos para una futura integración.

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La sentencia a favor de la comunidad Mayangna de Awas Tingni contra Nicaragua, marca un hito jurisprudencial en el Derecho Ambiental internacional, a partir del reconocimiento de la propiedad colectiva. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humano resuelve reparar los territorios indígenas aplicando principios jurídicos internacionales sobre la propiedad; pero, además desarrolla interesantes políticas medioambientales entorno al uso y respeto de los bosques indígenas, que deben observar los Estados y que califican como propiedad. Bajo este enfoque, buscaremos aplicar la jurisprudencia y las políticas ambientales de Awas tingni al caso concreto de los pueblos afroecuatorianos que habitan dentro Reserva Manglares Cayapas, como lineamiento para la reparación territorial, a través, de la desconcentración de las políticas medioambientales a favor de los colectivos que habitan allí. En otras palabras, se trata de desconcentrar las políticas ambientales de la Reserva Ecológica para ejercer políticas de reparación territorial indígena. Sin embargo, para llegar a reconocer la propiedad colectiva y reparar el uso y respeto de los bosques de las comunidades negras. Se hace necesario reconocer que se trata de pueblos indígenas con derecho a la autodeterminación; por lo que construiremos un marco teórico que nos permita la aplicación de todos los instrumentos internacionales pertinentes para pueblos indígenas. Por otra parte, habrá que determinar la necesidad imperiosa de reparar la autodeterminación; para ello buscaremos cuáles han sido las políticas discriminatorias estatales con respecto al uso, regulación y reparto territorial que han sufrido estas comunidades, en las últimas décadas.

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El presente estudio analiza las tensiones y conflictos presentes entre el Estado ecuatoriano y los pueblos o nacionalidades amazónicas, en particular con los Kichwa de Pastaza, cuyo proceso organizativo ha estado ligado no solo a la defensa territorial, sino a una demanda constante por ser reconocidos, como sujetos políticos, entes colectivos de derechos y dentro de éstos en particular, aquellos que les permitan consolidar y asegurar lo que en la práctica ejercen: el autogobierno y la autodeterminación dentro del Estado ecuatoriano. Aquello lo hacen además, en un escenario plagado de presiones nacionales y globales, por la presencia cada vez más amplia y agresiva del capital, que con el apoyo estatal procura asegurar la explotación intensiva y extensiva de recursos del subsuelo como el petróleo y los minerales. Este escenario, absolutamente asimétrico, torna urgente tal reconocimiento, que pasa a su vez por direccionar los procesos de reforma política, jurídica e institucional del Estado, para que ajusta su visión y sus prácticas, a la condición dentro de la cual existe la sociedad ecuatoriana: heterogénea, diversa, con inequidades y exclusiones estructuralmente presentes. O lo que es su reto relativamente más cercano: la deconstrucción de la estructura colonial para dar paso a un modelo fundado en sociedades interculturales a las que se corresponda un Estado de nuevo tipo, incluyente, plural, abierto, participativo, horizontal, llámese como se llame.

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¿Cuáles son los avatares y desencuentros presentes en el proceso de constitución de las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTIs) en relación a la vigencia del derecho a la autodeterminación y autogestión territorial de las nacionalidades indígenas en el Ecuador? Para responder a dicha interrogante, el artículo considera el reconocimiento al derecho a la autonomía y autodeterminación de las nacionalidades y pueblos indígenas en Ecuador. Posteriormente, analiza el alcance de los procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política como en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización (COOTAD), y su alcance potencial en generar un nuevo tipo de institucionalidad y una nueva organización territorial en el marco de la definición del Estado plurinacional Ecuatoriano. Esta contribución analiza además el proceso derivado de una hoja de ruta acordada entre el Estado y las nacionalidades amazónicas en el periodo comprendido entre 2010 y 2012, y analiza las diferentes acciones desplegadas desde entonces, enfatizando en los avances y contradicciones, tanto a lo interno del movimiento indígena como en su relación con otras instancias estatales centrales y locales. Se examinan los desencuentros y tensiones a lo interno del aparato Estatal y los sectores mestizos, que no se plantean ningún reparo al momento de obstaculizar los avances del proceso. El artículo analiza el desafío de crear las CTIs en el territorio de los Kichwa de las provincias de Napo y Orellana y en los territorios Kichwa y Achuar en la provincia de Pastaza, en la Amazonía central. Finalmente, el texto puntualiza críticamente algunas de las perspectivas y dilemas que dicho proceso plantea al futuro de la relación Estado-nacionalidades indígenas y al proceso de construcción del Estado plurinacional e intercultural en Ecuador.

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La derrota de Napoleón Bonaparte fue el antecedente del congreso de Viena (1814-1815) en cuyo seno se intentó restaurar la Europa pre revolucionaria y equilibrar el poder geopolítico de la región abriendo la posibilidad de enfrentar a quienes estuvieran dispuestos a desestructurar las monarquías; aquella voluntad geo-politica-económica estuvo diseñada, además, para incidir en América en donde diversos sectores procuraban las independencias del coloniaje europeo que a su vez, en esos mismos años, reforzó su conducta a causa del “imperio de los cien días de Napoleón” y de la conformación de la triple y de la cuádruple alianzas. La referida determinación europea y sus coletazos históricos, formaron parte, luego en 1823, de la justificación para que los Estados Unidos de América pretendiera erigirse en defensor de los países Americanos. Tal política, expresada por el Presidente Monroe, escondió la visión expansionista que habría de marcar, hasta hoy, la relación entre Estados Unidos y el resto del Continente. Ante la circunstancia provocada en 1823, fue convocado, en 1826, por el Libertador Bolívar, el Congreso de Panamá como una respuesta al proyecto expansionista en ciernes y a fin de edificar el proceso unionista que intentó construirse con la presencia de los países que habían logrado en América sus independencias. Desde entonces estas dos concepciones asimétricas -la de la doctrina Monroe y de la unidad latinoamericana- han marcado la huella de la región americana que aún batalla por su autodeterminación.

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En la Constitución de 1998 se produjo el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y del pluralismo jurídico existente en el país, ello permitió la legitimación de las resoluciones tomadas por sus autoridades competentes de sus conflictos internos en base a sus propios procedimientos, usos y costumbres ancestrales, garantizando el derecho a su identidad, autodeterminación y autonomía de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas a fin de restablecer el equilibrio y armonía dentro de la misma. Estas resoluciones por norma constitucional tienen el mismo carácter jurídico y fuerza vinculante que las sentencias expedidas por autoridades jurisdiccionales estatales. Por tanto, sin que se necesite ratificación del sistema judicial estatal, las decisiones jurisdiccionales indígenas surten el efecto de cosa juzgada, debiendo ser obedecidas por las partes involucradas, consideradas por la comunidad y respetadas por las autoridades y las instituciones del Estado respetando y garantizando la aplicación del principio non bis in ídem constitucionalmente reconocido. Sin embargo, se hace necesaria su limitación explícita a fin de evitar que sus procedimientos y sanciones vulneren derechos humanos, razón por la cual la Corte Constitucional debe ser la encargada de controlar la conformidad de estas resoluciones con los preceptos constitucionales, respetando el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que les son reconocidas, esto es, sobre la base de sus tradiciones ancestrales y derecho propio, conforme lo reconoce la vigente Constitución.

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Esta tesis está concentrada en analizar elementos fundamentales que deben pervivir en un país con coexistencia diversa, es así que la interculturalidad, la plurinacionalidad, la autonomía y sobre todo la identidad cultural son elementos que deben estar presentes en la refundación de un Estado diverso. Entonces, la construcción del concepto de interculturalidad, en lugar de acudir a una práctica uninacional de corte hegemónico, debe sustentarse sobre un quehacer de respeto hacia las diferencias, como proceso para la autodeterminación en su concepción más profunda –no teórica únicamente–, nos propone potenciar un ejercicio serio de respeto mutuo y no a órdenes de la política estatal, acudiendo a reflexiones descontextualizadas de tinte universal. Actualmente, la propia globalización trabaja sobre elementos diferentes, pero a manera de asimilación acentuando un contexto multiculturalista, argumentando tolerancia y solidaridad, pero en realidad actúa como una fuerza conservadora, que sostiene el mismo orden colonialista nutriéndose de esquemas propios de la cultura occidental. Dado este contexto es que la interculturalidad surge como propuesta de diálogo directo y un descentramiento de la racionalidad monocultural-occidental, potenciando una razón ínter-discursiva. Por eso considero en primer lugar una genealogía de la noción de interculturalidad, recogiendo, los procesos de lucha desde los movimientos indígenas y los movimientos sociales, hasta llegar a posiciones teóricas, que critican prácticas interculturales desde la institucionalización y otros enfoques que la defienden como propuesta de diálogo. Luego observo la noción de interculturalidad adoptada tanto por los waodani así como por el Estado, acogiendo su propia dirección, respondiendo a su trayectoria y posicionamiento. Una segunda parte se centra en la explicación de la normativa internacional, nacional y local, como decidora de fundar derechos basados en las prácticas consuetudinarias de nacionalidades indígenas, sobre todo aquellas que impliquen territorio, para no afectar formas de vida. La tesis cierra con un análisis que aborda, el resultado de prácticas sistemáticas de violencia, la irrupción en la autonomía, en la preservación de la identidad y la subsunción formal de los sujetos waodani en el posicionamiento de políticas públicas, apoyadas en mantener el eje administrativo del Estado-nación, como única forma de desarrollo basado en los ejes del Plan Nacional del Buen Vivir.