53 resultados para América Latina-Vida y costumbres religiosas

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La comentarista considera que la democracia es una condición necesaria para la vigencia plena de los derechos humanos, pero no es una condición suficiente. Diría más bien que es bastante insuficiente para la plena vigencia de los derechos humanos, al menos si nos referimos a las “democracias” que vivimos en América Latina. Cree que para plantear una discusión sobre esta relación y dilucidar si hay más tensiones o más complementariedades, hay que partir de una clarificación teórica o de una cierta precisión conceptual, sobre todo del término “democracia” pues en el ámbito de los derechos humanos parece que está más claro el concepto. Para ello echar mano de una distinción entre régimen político democrático, sistema político democrático y cultura política democrática.

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América Latina presenta algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto. Si bien sólo tres países—Chile, El Salvador y República Dominicana—no contemplan ningún tipo de excepción o rebaja de la pena por la realización de abortos, en la mayoría de los países y jurisdicciones la ley incluye excepciones a la pena sólo cuando resulta necesario para salvar la vida de una mujer embarazada y en otras circunstancias puntuales específicamente definidas. Aún en los casos donde el aborto no está penalizado por ley, las mujeres suelen tener un acceso severamente limitado al mismo como consecuencia de la ausencia de regulaciones adecuadas y de la voluntad política necesaria. El acceso al aborto seguro y legal puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. Las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos abstractos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad. Los obstáculos existentes para este tipo de decisiones en América Latina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos, dando lugar a prácticas clandestinas e inseguras que constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en gran parte de la región.

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En la América Latina contemporánea, la herencia de las formas coloniales del poder ha perpetuado un régimen de dominación a través de un sistema jerarquizado que ha operado desde la fuerza legítima del Estado, con la aparición de los regímenes republicanos. La entrada en la modernidad ha acarreado para nuestro continente la agudización de las inequidades, lo que inevitablemente ha desembocado, desde los años 1960 en una serie de conflictos internos, guerrillas y gobiernos dictatoriales. La inestabilidad política y la fragilidad democrática, así como las tendencias autoritaristas de los gobiernos de la región han conllevado a un recurrente ambiente de violencia social. Paralelamente, las políticas de seguridad, en la época de la “guerra fría” se sustentaron, para los Estados Unidos en la lucha anticomunista como justificativo para su intervención en otros países. Una vez finalizada, ésta derivó, desde la década de 1990, hacia la lucha antiterrorista y antinarcóticos, fenómenos identificados como las nuevas amenazas a la seguridad de los Estados Unidos y del planeta. La identificación de este nuevo “enemigo” ha sido reforzada por un conjunto de representaciones estigmatizantes sobre el narcotráfico y quienes estarían involucrados en este fenómeno Junto al discurso oficial emitido desde los Estados Unidos, y se ha difundido globalmente, se ha configurado en los países más azotados por el narcotráfico como Colombia y México, un modo de representación del fenómeno del narcotráfico que ha alimentado el imaginario social. Es así que se han desarrollado formas culturales que relacionan los modos de vida e interacciones sociales locales propias del narcotráfico con símbolos regionales y nacionales particulares: este fenómeno ha aparecido en la escena bajo el nombre de “narco cultura” En tanto la cultura es un escenario de lucha entre diversas representaciones del mundo, el propósito de este trabajo de investigación es el análisis de una de las expresiones de la llamada “narco cultura”: la telenovela “narco” colombiana, que será definida aquí en como un producto de la industria cultural televisiva. A través de este trabajo se pretenderá dilucidar, cual es el papel ideológico que ésta desempeña a través de sus construcciones discursivas, el peso que alcanza en medio de la lucha de poder entre la imposición de políticas de seguridad anti-drogas globales y la posibilidad de construcción de un sentido alternativo a la negatividad del discurso securitista contra el narcotráfico y, que además, recoge rasgos culturales y sociales desde los contextos en los que se produce, en el caso de esta investigación, en Colombia.

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Los textos de este libro se proponen contribuir al debate sobre los procesos de cambio que se están dando en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Se abordan críticamente las experiencias de los tres países, con un particular énfasis en las tensiones/contradicciones entre los objetivos de los procesos de cambio, tal como fueron formulados en sus procesos constituyentes fundantes y programas de gobierno, y lo logrado hasta el momento1. Se parte entonces de los propósitos formulados públicamente por los gobiernos, y para evaluar sus avances se toma como referencia cifras oficiales que éstos presentan en diversas fuentes.

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Este ensayo se refiere a varios procedimientos narrativos en la ficcionalización de la historia y lo hace a partir del análisis de la novela El entenado, del argentino Juan José Saer. Propone una reflexión acerca de tres aspectos claves en esta obra: 1. La representación del caníbal y su existencia en el tiempo mítico, 2. La memoria y la conciencia del exterminio, y 3. La figura del testigo como una voz históricamente autorizada en los relatos. La noción del tiempo, el desarrollo de la conciencia, la memoria y el lenguaje de un pueblo caníbal de la región del Río de la Plata son narrados por un joven marinero español del siglo XVI, que comparte esa vida durante diez años como prisionero. En esta novela Saer se embarca en un viaje ficcional y especulativo orientado a desentrañar la noción de la vida y la muerte en un pueblo y un tiempo míticos.

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El artículo explora los orígenes de la representación de la Trinidad y su declive en Europa, durante el siglo XVI, luego de la Contrarreforma. Prohibida en Europa por considerársele herética y confusa para los fines pedagógicos de la iconográfía católica, el tema trinitario floreció en América durante la segunda mitad del siglo XVII en variadas formas y adaptaciones. La prohibición se derivaba del hecho de que esta iconografía podía generar significados idolátricos al relacionar la representación del Espíritu Santo con manifestaciones religiosas animistas. El análisis se basa en un amplio corpus de imágenes recopiladas en varios contextos latinoamericanos y, finalmente, identifica la persistencia de esta representación en el arte moderno mexicano.

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A comienzos de septiembre del año 2001, el Congreso de los Estados Unidos se encontraba inmerso en el debate de algunos temas de seguridad nacional relacionados con América Latina, entre ellos, la nueva Iniciativa Andina Antidrogas propuesta por la administración Bush y la continuidad de la presencia militar en la isla puertorriqueña de Vieques. Después del 11 de septiembre, y a pesar de su importancia crucial en la región, ambos temas pasaron a ser señales casi imperceptibles en la pantalla del radar político de Washington, y si bien es cierto que los programas militares que los Estados Unidos desarrollan en América Latina no se detendrán, es posible anticipar algunos cambios en su desarrollo como respuesta a los ataques terroristas de que fue objeto este país.

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Considerar la cuestión de la crisis del Estado y la política es imprescindible dado que está claro que en nuestra región no podemos partir de que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas el entramado institucional vigente canaliza las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades; por el contrario, la experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis política de gobernabilidad en México, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democráticas y las políticas económicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendría un análisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad. Por el contrario, las instituciones existentes deben valorarse críticamente debido a que se oponen, en general, a la dinámica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernización y democracia en curso.

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A lo largo de la década de los 90, numerosos países de América Latina y el Caribe vivieron el inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales que, en cuestionamiento de las políticas neoliberales imperantes, fue protagonizado en gran medida por movimientos sociales y populares distintos de aquellos que habían ocupado la escena de la contestación social en décadas pasadas. Esta irrupción en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal de los sectores sociales más castigados por la aplicación de este recetario (campesinos e indígenas, los sin trabajo y sin tierra, los trabajadores y sectores urbanos empobrecidos) no sólo abrió nuevos horizontes de futuro -agrietando la hegemonía del pensamiento único- sino que significó también el desarrollo de una intensa experimentación democrática, de reconstitución de alternativas societales, de reapropiación social de lo público y revitalización y ampliación de la autonomía que caracterizaron la emergencia de estos movimientos.

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Se percibe en estas sociedades de principios de siglo que los medios de comunicación masiva y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) al igual que las instituciones sociales aportan, de uno u otro modo, a la construcción de ciudadanía comunicativa, la misma que puede ser activa y participativa o vinculada exclusivamente al consumo, como se percibe en la mayoría de los casos. El consumo de la oferta mediática y, especialmente, de la información periodística de calidad, coadyuva en la En este proceso de constitución de lo que se llamaría la ciudadanía comunicativa, es nuclear la información porque se basa en el principio de reducción de la incertidumbre. Esta certeza se logra por medio del despliegue de las facultades del derecho humano a la información (recibir, investigar y difundir información y opinión) que influyen sobre la persona en alguna forma de conocimiento y modifica o transforma su comportamiento en un proceso de “maduración social”, donde desarrolla las virtualidades de la sociabilidad.

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La pregunta central que busca responder la presente investigación es: ¿Cómo se considera la violencia doméstica en América Latina y qué respuestas genera? Después de la introducción del tema a través de una panorámica que toma en consideración su definición, percepciones y respuestas a nivel general, se realiza un análisis a nivel regional, considerando las respuestas generadas por actores como instancias estatales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos normativos y de políticas públicas. Finalmente, se comparan dos países específicos, Ecuador y Panamá. El enfoque académico de referencia del presente trabajo considera la violencia doméstica contra la mujer como una violación de los derechos humanos, siguiendo las tendencias que van estableciendo los principales organismos y foros internacionales a través de sus decisiones, resoluciones, declaraciones, etc. A pesar de las complejidades conceptuales que genera el tratar la violencia doméstica como violación de los derechos humanos, la evolución del movimiento tradicional de los derechos humanos y los logros alcanzados, ya hacen que el fenómeno adquiera reconocimiento creciente. Además, dicho reconocimiento se refuerza cuando se comparan las características fundamentales de la violencia doméstica con aspectos similares que caracterizan otros fenómenos, los cuales se suelen incluir sin margen de duda entre las violaciones de derechos humanos y por esto implican claras responsabilidades por parte del Estado. Este trabajo de investigación se propone seguir entonces la corriente académica antes descrita, recolectando y confrontando los principales análisis que se han realizado con respecto a aspectos diferentes de la violencia doméstica contra la mujer. El propósito del trabajo es, en primer lugar, confirmar las teorías según las cuales la violencia doméstica constituye una violación de derechos humanos en larga escala, con respecto a la cual los Estados nacionales no están cumpliendo adecuadamente con su papel. Partiendo del análisis de cómo el fenómeno de la violencia doméstica se considera a nivel global, se pasará a confrontar los trabajos que han analizado las concepciones del mismo, específicamente en la región latinoamericana, para luego dar seguimiento a este tipo de análisis profundizando de forma aún más puntual a nivel de dos países.

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En este artículo se presentan algunas hipótesis que contribuyen a explicar el contraste entre el acceso más amplio y universal a la educación y la mayor inequidad social. Se enfocan obstáculos a la equidad en varias dimensiones, con especial referencia al mercado laboral, las desigualdades étnicas y de género en los retornos educativos, las “trampas de pobreza” relacionadas con la interacción entre desnutrición infantil y retornos educativos, las desigualdades étnicas y de género en los retornos educativos, y aspectos vinculados tanto con la calidad de la educación como al limitado acceso a la instrucción formal en sectores rurales y otras áreas marginales de la región.

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Caricaturizada por años con la figura de un campesino pobre sentado sobre un voluminoso bulto de fique que contenía gran cantidad de metales preciosos, Bolivia por estos días ha dejado de representarse bajo esta sarcástica imagen, efigie sin lugar a dudas, de gran parte de la historia de esta nación. Ahora caracterizada con la figura de un poblador originario, quien detenta en sus manos gran cantidad de recursos mineros escasos en el mundo, mientras se le observa meditabundo reflexionando en la necesidad de replantear nuevas reglas de juego con las cuales poder afrontar aquella etapa crítica en la que esta nación andina se sumió en la absoluta pobreza durante más de la mitad del siglo XX, Bolivia se erige como una nación que además de estar dispuesta a dar la lucha contra la crisis e inestabilidad política, social y económica que tanto la ha caracterizado, se apresta a convertir su proceso legislativo en lo que podría considerarse la fase inicial en la proposición de una nueva generación de constituyentes latinoamericanas a puertas de la segunda década del siglo XXI; constituyentes donde se recalcará en la importancia de planificar una política nacional a partir no sólo de aspectos económicos, políticos y socioculturales que caracterizan los proyectos constitucionales recientes, sino también resaltando dos tópicos centrales, que sin lugar a dudas la experiencia boliviana ha impulsado, y que será parte fundamental de los proceso legislativos subsiguientes en América Latina: la cuestión de la reconfiguración territorial y la necesidad de impulsar la autonomía local y regional, donde además, se incluirá temas espinosos como la explotación y acceso a los recursos naturales, así como la permanente corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil en general, en lo que concierne a la preservación del contexto medioambiental de una localidad, región e incluso, de toda una nación.