295 resultados para CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR


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La investigación que planteamos pretende visualizar, en un período histórico corto, los mecanismos utilizados por el Estado para lograr el reconocimiento político de la comunidad internacional, ya sea a través de la suscripción de Tratados Comerciales, al establecimiento de relaciones diplomáticas o la apertura de oficinas consulares, entre otros. Simultáneamente, la investigación se propone utilizar el manejo de la Política Exterior como uno de los vehículos para entender la organización del Estado. Los principales objetivos de esta investigación se encaminan primeramente a lograr un esquema claro de la configuración burocrática a inicios de la República, poniendo énfasis en lo que toca a la institucionalidad de las Relaciones Internacionales, para lo cual, recreamos de manera particular la composición burocrática del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores en su estructura interna y externa. En segundo lugar, esta investigación se propone definir las estrategias aplicadas por el Estado para lograr el reconocimiento internacional de su soberanía, así como para propiciar vínculos comerciales con diversas naciones.

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El presente trabajo se ubica en la discusión en torno al modelo de desarrollo extractivista en la medida en la que el Ecuador está a las puertas de la explotación minera a gran escala. Por un lado, el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución y de las políticas públicas previstas para efectivizarla, ha concebido un Estado que supere el paradigma moderno de desarrollo, así como el modelo extractivista y la dependencia de materias primas, y por otro, ha creado un marco legal e institucional para permitir el desarrollo de esta industria y cubrir el pago de la deuda social. Este trabajo aborda varios aspectos teóricos sobre la pertinencia o no del extractivismo, así como los conflictos existentes y potenciales que se han desarrollado en la provincia de Zamora Chinchipe por el otorgamiento de concesiones mineras para la explotación de cobre, entre varios actores involucrados en la pugna por los recursos de ese sector del país.

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En el presente documento se presenta un análisis de la sentencia No. 009-13-SEPCC adoptada por la Corte Constitucional del Ecuador. El documento aborda criterios respecto de las formalidades establecidas para el acceso a los recursos, particularmente del recurso de casación, el derecho a la motivación de la sentencia, el tratamiento que se debe dar a un contrato de trabajo en su relación con los derechos laborales y la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, y, finalmente, el esbozo de algunas ideas sobre la cultura de un juez constitucional para la supremacía de los derechos.

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La presente tesis tiene como propósito realizar una breve investigación sobre la trata de personas con fines de explotación laboral en el Ecuador, tomando en cuenta la política migratoria establecida en el 2008. Para esto se expone la situación de los derechos humanos en la trata de personas; se aborda las dimensiones de este delito y el modus operandi de las organizaciones delictivas transnacionales. Así también se pone en discusión la relación entre los derechos humanos y la movilidad humana. Por otro lado, se expone la propuesta de fronteras abiertas que fue adoptada por el país y cómo ella encaja en la política migratoria. La investigación abarca los años 2008-2012 y recoge los datos de los registros de entradas salidas de personas proporcionadas por el INEC. Así también se expone el número de denuncias proporcionado por la fiscalía y los datos obtenidos de investigaciones realizadas por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO) Con todo esto, la presente tesis responde a cómo la política migratoria del Ecuador de eliminar el requisito de visa consular para fines turísticos implementada en el 2008 incidió en el reporte de casos de trata de personas con fines de explotación laboral entre el 2008 al 2012; y si bien la evidencia empírica no permite llegar a una conclusión clara, conceptualmente se evidencia que las fronteras abiertas y la trata de personas no poseen una relación directa de causalidad.

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Supported by newspaper, collected letters and other documents, this article explores the relationships between politics and religion, taking into account the proposal of “politicized religion” contextually bound to the times of Gabriel García Moreno in Ecuador. It seeks to deepen understanding concerning the use of spirituality, representations and religious institutions for purposes of strengthening the State and its legitimacy of power. At the same time, it goes beyond the limits of this plane in order to advance the construction of a model of a Catholic nation based on an opposition to impiety.

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El autor a través de la sistematización del proceso de negociaciones -el análisis del contexto mundial, las características del sistema político ecuatoriano, la conformación de la estructura de la negociación y la dinámica decisoria- arriba a tres conclusiones: en primer lugar, que la condicionalidad implícita en los programas de reestructuración de la deuda externa y los programas de ajuste de la economía son de tal naturaleza que a la apertura externa y la liberalización de la economía ecuatoriana se anticipan y superan a las normas librecambistas de la OMC convirtiendo a las negociaciones en un simulacro. En segundo lugar, que las negociaciones reproducen las características del sistema político nacional, convirtiéndose en un proceso excluyente, cerrado y poco transparente, conducido desde la opción ideológica neoliberal del grupo negociador. Y, en tercer lugar, que la falta de sistematización de esta experiencia, el anacronismo y burocratismo institucional y la formulación “reactiva” de la política exterior convierten a la actual negociación para la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en un calco: desde la disputa interburocrática entre los ministerios de Comercio y de Relaciones Exteriores para presidir las negociaciones, hasta la exclusión deliberada de actores importantes de la “sociedad civil”, y la ausencia de mecanismos de participación.

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Desde hace algunos años se ha desarrollado una preocupación por el estudio de las relaciones internacionales de nuestro país, entendiéndolas como elemento de su proyecto como Estado-Nación, como vehículo de su inserción en el sistema mundial, e inclusive como mecanismo de estructuración de la administración pública. Este trabajo enfrenta el tema desde esta nueva perspectiva. En los primeros años de vida del país, la prioridad de la inicial diplomacia ecuatoriana fue suscribir tratados de amistad y comercio con los países vecinos y también con las grandes potencias de la época. Pablo Núñez, valiéndose de la documentación del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en algunos casos consultada por primera vez, enfrenta el estudio de las estrategias y acciones desplegadas entonces para lograr un espacio internacional para el país y para ampliar el comercio con otros países. El autor estudia la misión de quien puede ser considerado como el primer diplomático de nuestra historia, Diego Noboa, enviado a Lima para la suscripción del tratado que lleva su nombre. Núñez estudia también las características de la administración pública dedicada a dirigir y apoyar las relaciones exteriores del Ecuador. En opinión de Enrique Ayala Mora: "la obra de Pablo Núñez enfrenta con solidez profesional temas pioneros y ofrece significativos aportes y orientaciones para la comprensión de los momentos iniciales de la vida del Ecuador".

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El contar con una norma constitucional que garantice su aplicación permite agilitar el desarrollo de los procesos, fue el propósito del legislador al dictar la nueva ley para niños, niñas y adolescentes, plasmada en el Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro Oficial N.737 del 3 de enero del 2003 y que entrara en vigencia el 3 de julio del mismo año, en el cual se recogen los principios y garantías de los niños, niñas y adolescentes, dividido en 4 libros, Capítulos, disposiciones transitorias y final. El libro que ha servido como base para esta investigación es el cuarto, en él se encuentra establecido el conjunto de deberes y responsabilidades penales juveniles de los adolescentes compatibles con su edad y desarrollo, expresa en forma clara y concisa las medidas de protección y garantías de los derechos que le asisten a los adolescentes acusados del cometimiento de infracciones penales. Esta investigación busca encontrar una verdadera estructura en la legislación nacional, preferentemente en la temática de los niños, niñas y adolescentes. Su relación con la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales donde se garanticen, cumplan y ejerciten todos los derechos de los adolescentes que infrinjan la norma y que resultaren responsables de su cometimiento. Esta investigación fue dividida en 5 capítulos, el primero refiere sobre el nuevo sistema penal juvenil, el capitulo segundo a las garantías procesales y de ejecución en el sistema de la justicia penal juvenil, en el tercer capítulo un análisis normativo de la responsabilidad y juzgamiento de los adolescentes infractores, el cuarto capítulo refiere sobre los sujetos procesales que intervienen en el juzgamiento del adolescente infractor y el quinto sobre las conclusiones y recomendaciones. En el desarrollo de esta tesis ha tenido parte fundamental el trabajo que realizo y que está relacionado con los adolescentes infractores, más aún cuando la provincia de Esmeraldas tiene un alto índice de delincuencia juvenil.

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En la presente tesis titulada: La eficacia de la consulta previa en la realidad del mundo indígena Amazónico del Ecuador, explico cómo a través del esquema mono cultural de ciudadanía, aplicado desde al origen de la Nación ecuatoriana, se han invisibilizado un sinnúmero de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la consulta previa. Bajo éste parámetro es menester explicar los perjuicios ocasionados a las llamadas sociedades minoritarias, también conocidas como pueblos indígenas a lo largo de su existencia. El derecho a la consulta previa y participación ciudadana, es un proceso mediante el cual cualquier persona o grupo de personas que se sientan vulnerados en sus derechos e intereses como consecuencia de decisiones gubernamentales, pueden hacer valer sus demandas ante las autoridades competentes, con la finalidad de precautelar sus derechos constitucionalmente reconocidos. El derecho a la consulta previa y al consentimiento, en la actualidad deben ser entendidos como unos mecanismos viables de protección y defensa de los serios intereses de la ciudadanía ecuatoriana, superando el paradigma clásico de derechos estrictamente de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, esto, en razón de que su incorrecta interpretación haya permitido que ciertos grupos queden bajo indefensión. Mediante la interpretación de los marcos legales nacionales e internacionales describo los derechos en los cuales se encuentran circunscritas las garantías a la consulta previa y al consentimiento previo infirmado, para argumentar el incumplimiento del derecho a la consulta en el Ecuador. Analizo los casos planteados por los pueblos indígenas ( Embera- Katio de Colombia, Kichwa de Sarayaku Pastaza y Shuar de Morona Santiago de Ecuador), por la violación de sus derechos colectivos y sociales.

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La inestabilidad en el precio del petróleo, la creciente preocupación por la contaminación ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero se ha convertido en la motivación para la realización de este trabajo. En la actualidad el mundo ha presenciado grandes cambios en su estructura social, económica, política y sobretodo ambiental; la contaminación desmesurada de ciertos países y la falta de preocupación de los organismos internacionales a provocado un cambio climático que ha sido el causante del calentamiento global, afectando así grandes regiones y provocando desastres naturales nunca antes imaginados. No podemos continuar dependiendo de energías contaminantes como el petróleo, el carbón, la energía nuclear, etc., como las principales alternativas energéticas, debemos de buscar opciones más eficientes que nos ayuden a mantener un desarrollo sostenible y más aún, que no perjudiquen al medio ambiente que en la actualidad se encuentra muy vulnerable por la poluciones de CO2. El presente trabajo tiene por finalidad analizar al gas natural como una alternativa de combustible limpio para el mercado automotriz, al igual que las ventajas y desventajas que el Ecuador tendría en el uso del Gas Natural como fuente energética, así como sería su mejor aprovechamiento y que beneficios obtendría a nivel, económico, de seguridad y sobretodo medio ambiental.

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En la actualidad los mercados de energía eléctrica pasan por una profunda reestructuración; especialmente en la creación de instrumentos para agilitar las transacciones y reducir el riesgo comercial entre los diferentes agentes del mercado eléctrico. El riesgo comercial, aparece debido a la disponibilidad de las unidades y centrales de generación que forman el sector eléctrico de manera especial el caudal de los ríos que alimentan a las centrales hidroeléctricas que poseen una elevada aleatoriedad. Esto hace que el sistema hidrotérmico presente precios muy volátiles los cuales dependan de la disponibilidad del parque generador. En las primeras etapas de la reestructuración todos los esfuerzos se han centrado en resolver los problemas particulares de cada mercado; de esa manera tender a la creación de mercados suficientemente líquidos y con una adecuada estructura competitiva, todo ello encaminado a garantizar que la oferta de energía se adecue a la demanda en todo momento, más las señales económicas para la oferta de generación; debe buscar ser estables y con mecanismos claros y transparentes para todos los agentes lo que permita la instalación de capacidad de potencia disponible en el sistema y con ello sea sustentable el sistema de una manera técnica, política como económicamente. Dichas características la presentan los mercados financieros específicamente las opciones. Para poder enfrentar estos inconvenientes presentes en el mercado, resulta útil analizar a otros mercados con características similares; el presente trabajo realiza el estudio del mercado de opciones para la remuneración de potencia aplicado al sector eléctrico y la aplicabilidad de esta metodología en Ecuador.

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La presente tesis que lleva por título “La delegación del Poder Tributario en el Poder Ejecutivo, su regulación en el Perú y en otros países andinos” trata sobre la delegación legislativa tributaria regulada en los artículos 74 y 104 de la Carta del Perú aprobada en el año 1993, y en los países andinos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. La doctrina admite que el poder tributario ya no es atribución exclusiva del Poder Legislativo, que originariamente gozaba de esta facultad por estar allí representados los ciudadanos y ser el único que emite leyes, toda vez que el principio de reserva de ley (o legalidad como también se le suele denominar), en el cual se sustentaba dicho poder del Estado, se ha flexibilizado ante la necesidad de “distribuir” el poder tributario en otros entes estatales, para regular los aranceles, en situaciones de emergencia y crisis, y por la necesidad de dotar de facultades legislativas tributarias a entes que gozan de autonomía relativa como los municipios, y delegar atribuciones al Poder Ejecutivo para que legisle sobre temas tributarios. En la presente tesis contrastamos opiniones a favor y en contra sobre la figura en estudio, e identificamos ciertas incongruencias y falencias en el ordenamiento constitucional y tributario peruano que es menester corregir; siendo necesario delimitar el ámbito, los plazos para su ejercicio y las materias sobre las que debe legislar el Poder Ejecutivo, asimismo se reflexiona sobre la necesidad que el Parlamento ejerza un control previo sobre los proyectos de las normas que apruebe el Ejecutivo, cuidando que sean congruentes con las disposiciones y principios tributarios que la Constitución contempla, como garantía de respeto a los derechos de los contribuyentes. Finalmente, exploramos las Constituciones de los países andinos antes citados para conocer si acogen la delegación legislativa tributaria en el Poder Ejecutivo y, de ser el caso, como han desarrollo su tratamiento.

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La presente investigación tiene como propósito determinar ¿cuál es límite que el principio constitucional de legalidad impone a la administración tributaria en el ejercicio de la facultad normativa?. Interrogante que a través de los distintos capítulos que componen la presente tesis pretende ser resuelta mediante el desarrollo, en primer lugar de las implicaciones del principio constitucional de legalidad tributario enmarcados en el contexto constitucional actual y de las transformaciones que éste sufre a raíz del “Estado Constitucional de derechos y justicia”. El principio de legalidad pilar básico del Derecho Tributario tiene una concepción tanto formal como material, formal en tanto procedimiento legislativo que se traduce en la ley que lo impongan, y material relativo al contenido mínimo del tributo que debe constar en la ley o norma primigenia para su exigibilidad, para lo cual dilucidamos que elementos deben son los esenciales. Luego recurrimos a un análisis crítico de la función que ejerce el Servicio de Rentas Internas en el ejercicio de la facultad normativa que consagra la ley, empatando al principio de legalidad con esta actividad, estableceremos la naturaleza de los actos emitidos por la administración tributaria, la necesidad de la facultad y sobre todo la existencia de ciertos conceptos y situaciones que hacen imprescindible el ejercicio de dicha potestad. Terminamos con el examen de legalidad a ciertos actos normativos emitidos por el Servicio de Rentas Internas bajo la vigencia de la Constitución del 2008, con lo cual justificamos la necesidad de la existencia de la facultad, y los excesos también en los que incurre bajo pretexto del uso de la potestad normativa.

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Este artículo examina la estructura de la Función Judicial en la vigente Constitución Política de la República, se anotan los problemas que se han presentado a partir de 1998 en que entró en vigencia la Carta Fundamental y se insinúan algunas posibles reformas en orden a alcanzar una organización de la Función Judicial que supere las falencias detectadas.

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La Constitución Ecuatoriana de 1998 reconoce la no discriminación “por orientación sexual”, sin embargo, este principio no ha logrado efectivizarse en las normas menores, ni por vía legislativa, ni por vía judicial, a pesar de que socialmente se ha llegado a un consenso de aceptación del homosexualismo. Este trabajo pretende afirmar que la vía más adecuada para consolidar los derechos de las personas homosexuales es el Tribunal Constitucional, si embargo éste se ve bloqueado por sistemas de dominación de género y por la politización del que es víctima.