165 resultados para COMUNIDADES INDÍGENAS - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES - COLOMBIA
Resumo:
Reflexiones en torno a la globalizacin, mundializacin y su vnculo con el respeto de los derechos humanos y de manera particular con la Corte Penal Internacional.
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El artculo hace referencia a la jerarqua de los tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurdico ecuatoriano, resume el procedimiento establecido por la Constitucin Poltica del Ecuador para la aprobacin y ratificacin de los tratados internacionales en general y del Estatuto de Roma de creacin de la Corte Penal Internacional y establece la relacin entre las obligaciones del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos y la aprobacin y ratificacin del Estatuto de Roma.
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El mundo est atravesando una transicin de una sociedad industrial, que giraba en torno del trabajo como fuerza y valor, hacia una sociedad del conocimiento, cuyo ncleo es la informacin y la capacidad para manejarla y producirla. Esta transformacin, que tiende a darse a escala global, ha sido impulsada fundamentalmente por los cambios producidos en el plano de la tecno-economa, cuyos actores primordiales son las transnacionales y los cientficos y profesionales de la informacin. En el plano de la poltica, que no alcanza a dar respuesta a estos cambios, han cumplido un rol importante los nuevos movimientos sociales, que desplazaron la centralidad de los partidos polticos y de los movimientos sociales clsicos, como los sindicatos.
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Por muchos aos la lucha por la igualdad de las mujeres centr sus esfuerzos en problemticas como la violencia contra las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, la participacin social y poltica de gnero y los derechos sexuales y reproductivos. Es indudablemente que a travs de estas luchas se alcanzaron conquistas en el mbito legislativo y en las polticas pblicas, adems del reconocimiento social sobre las desigualdades existentes, aspectos que el Estado, por iniciativa propia, jams los hubiera reconocido. Sin embargo estos cambios demandan procesos que sobrepasen los temas antes aludidos; ahora, corresponde a las mujeres debatir temas econmicos, de integracin econmica y los dems problemas estructurales de la sociedad, desde una perspectiva distinta a la tradicional; estos son los actuales desafos de los movimientos de mujeres.
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En la presente tesis titulada: La eficacia de la consulta previa en la realidad del mundo indgena Amaznico del Ecuador, explico cmo a travs del esquema mono cultural de ciudadana, aplicado desde al origen de la Nacin ecuatoriana, se han invisibilizado un sinnmero de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la consulta previa. Bajo ste parmetro es menester explicar los perjuicios ocasionados a las llamadas sociedades minoritarias, tambin conocidas como pueblos indgenas a lo largo de su existencia. El derecho a la consulta previa y participacin ciudadana, es un proceso mediante el cual cualquier persona o grupo de personas que se sientan vulnerados en sus derechos e intereses como consecuencia de decisiones gubernamentales, pueden hacer valer sus demandas ante las autoridades competentes, con la finalidad de precautelar sus derechos constitucionalmente reconocidos. El derecho a la consulta previa y al consentimiento, en la actualidad deben ser entendidos como unos mecanismos viables de proteccin y defensa de los serios intereses de la ciudadana ecuatoriana, superando el paradigma clsico de derechos estrictamente de los pueblos indgenas y afro ecuatorianos, esto, en razn de que su incorrecta interpretacin haya permitido que ciertos grupos queden bajo indefensin. Mediante la interpretacin de los marcos legales nacionales e internacionales describo los derechos en los cuales se encuentran circunscritas las garantas a la consulta previa y al consentimiento previo infirmado, para argumentar el incumplimiento del derecho a la consulta en el Ecuador. Analizo los casos planteados por los pueblos indgenas ( Embera- Katio de Colombia, Kichwa de Sarayaku Pastaza y Shuar de Morona Santiago de Ecuador), por la violacin de sus derechos colectivos y sociales.
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Considerar la cuestin de la crisis del Estado y la poltica es imprescindible dado que est claro que en nuestra regin no podemos partir de que en la mayora de las sociedades latinoamericanas el entramado institucional vigente canaliza las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades; por el contrario, la experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis poltica de gobernabilidad en Mxico, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indgenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democrticas y las polticas econmicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendra un anlisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad. Por el contrario, las instituciones existentes deben valorarse crticamente debido a que se oponen, en general, a la dinmica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernizacin y democracia en curso.
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Es posible pretender la paz dadas la marcadas inequidades que caracteriza nuestra estructura social, poltica y econmica en los pases de Amrica Latina?. Qu paz?, ausencia de conflictos?. A qu costo?, callar y aguantar unos, y ser cmplices todos? Lo que sigue quiere ser una reflexin en torno a estas preguntas, acercndose a ellas con la intencin de esbozar algunas ideas desde la muy concreta perspectiva que nos da el participar en procesos de defensa y educacin de los derechos humanos en Venezuela, un pas en que la violencia poltica, los discursos excluyentes, la intolerancia, han ido haciendo parte de nuestra cotidianidad, en un proceso complejo en el que los venezolanos y venezolanas hemos ido descubriendo verdades que siempre han estado ah pero que no queramos ver. Un proceso en el que hemos ido aprendiendo de leyes y reconociendo la necesidad de participar en los asuntos pblicos; un proceso en el que nos hemos ido convirtiendo en permanentes analistas polticos y juristas populares; al mismo tiempo, un proceso en el que el pueblo, independientemente de sus preferencias polticas, est aprendiendo a organizarse, a exigir sus derechos, a proponer alternativas
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Caricaturizada por aos con la figura de un campesino pobre sentado sobre un voluminoso bulto de fique que contena gran cantidad de metales preciosos, Bolivia por estos das ha dejado de representarse bajo esta sarcstica imagen, efigie sin lugar a dudas, de gran parte de la historia de esta nacin. Ahora caracterizada con la figura de un poblador originario, quien detenta en sus manos gran cantidad de recursos mineros escasos en el mundo, mientras se le observa meditabundo reflexionando en la necesidad de replantear nuevas reglas de juego con las cuales poder afrontar aquella etapa crtica en la que esta nacin andina se sumi en la absoluta pobreza durante ms de la mitad del siglo XX, Bolivia se erige como una nacin que adems de estar dispuesta a dar la lucha contra la crisis e inestabilidad poltica, social y econmica que tanto la ha caracterizado, se apresta a convertir su proceso legislativo en lo que podra considerarse la fase inicial en la proposicin de una nueva generacin de constituyentes latinoamericanas a puertas de la segunda dcada del siglo XXI; constituyentes donde se recalcar en la importancia de planificar una poltica nacional a partir no slo de aspectos econmicos, polticos y socioculturales que caracterizan los proyectos constitucionales recientes, sino tambin resaltando dos tpicos centrales, que sin lugar a dudas la experiencia boliviana ha impulsado, y que ser parte fundamental de los proceso legislativos subsiguientes en Amrica Latina: la cuestin de la reconfiguracin territorial y la necesidad de impulsar la autonoma local y regional, donde adems, se incluir temas espinosos como la explotacin y acceso a los recursos naturales, as como la permanente corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil en general, en lo que concierne a la preservacin del contexto medioambiental de una localidad, regin e incluso, de toda una nacin.
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En el Per, por regulacin constitucional el Estado se obliga a realizar una serie de servicios a favor de los ciudadanos a efectos de cumplir en forma prioritaria, con los tres primeros artculos constitucionales (dignidad, fin supremo, derechos fundamentales) obligacin que parte del principio de creacin del Estado como figura jurdica. Sin embargo una serie de factores han impedido que mltiples derechos constitucionales y algunos fundamentales tengan una viabilidad positiva en la realidad nacional. Entre estos factores encontramos aquellos de carcter objetivo, que estn vinculados al mbito econmico, los cuales se producen por la situacin de crecimiento econmico de naciones como la peruana, que enfrenta situaciones de pobreza extrema, as como la falta de servicios pblicos como: salud, educacin, vivienda, seguridad ciudadana, que puedan mejorar la calidad de vida de poblacin.
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El concepto tradicional de polticas pblicas las define como programas de accin de una autoridad pblica o el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder pblico o como las acciones y omisiones del Estado, que pretenden interpretar las demandas de la sociedad e incidir en la vida de los ciudadanos. Partiendo de ah, proponemos como concepto de las polticas pblicas con enfoque de derechos humanos (ddhh) a la articulacin racional de acciones y omisiones del Estado, y sus resultados, basadas en: las obligaciones contradas voluntariamente por los Estados a travs de distintos instrumentos de ddhh y la definicin participativa de los principales problemas y necesidades por parte de la poblacin; as como en su participacin en el diseo, monitoreo y evaluacin. El presente trabajo es una propuesta para la conceptualizacin y abordaje de los indicadores de ddhh como herramientas de las polticas pblicas con enfoque de ddhh.
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El desplazamiento forzado es una problemtica de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las ms notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel poltico como econmico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pblica. Durante el gobierno del Presidente Andrs Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual gener que se identificara a la poblacin desplazada no como vctima del conflicto, sino como poblacin pobre, lo que a su vez oblig a generar mayores rubros para atencin a poblacin vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la poltica pblica de atencin al desplazamiento forzado es la clara identificacin del problema, pues aun despus de ms de 10 aos de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la poblacin objeto de la poltica, y regula la atencin que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdiccin constitucional al tratar de identificar la poblacin que requiere dicha atencin, y la naturaleza de la misma.
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Desde fines de los aos noventa, en Amrica Latina se comenzaron a implementar una serie de programas sociales de transferencia de ingresos condicionados. Dichos programas han tenido entre sus principales objetivos el apoyo a las familias para mejorar sus condiciones de vida y la inversin en capital humano a travs de las responsabilidades asumidas por sus beneficiarios en la asistencia en salud y educacin. Asimismo, se caracterizan por incorporar el lenguaje de derechos humanos, exigir condicionalidades y otros elementos modernizantes que los diferencia de sus antecesores. Estos programas de transferencia de ingresos, no debe oscurecer la perspectiva aqu adoptada: la consideracin de que la pobreza se profundiz en Amrica Latina por razones macroeconmicas vinculadas a opciones de poltica que exceden ampliamente la dbil institucionalidad caracterstica de los programas asistenciales. A partir de este enfoque el presente artculo se propone analizar tres experiencias en materia de programas sociales de transferencias de ingresos: el Programa Familias para la inclusin Social (en adelante: Programa Familias) de Argentina-, Oportunidades (ex Progresa) de Mxico-, y el Programa Puente de Chile- como ejemplos de programas de transferencias monetarias condicionadas a las madres de familias. Algunas de las preguntas que guiarn el anlisis son las siguientes: En qu medida estos programas garantizan el ejercicio de derechos por parte de su poblacin destinataria? Qu consecuencias tiene que sean mayoritariamente las mujeres las titulares de los beneficios? Qu puntos de encuentros y diversidades se pueden establecer entre los casos? Existen efectos no queridos, no deseados? Si es as cules son y cmo se manifiestan?
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El presente trabajo ha sido elaborado a partir de una experiencia educativa llevada a cabo en el Centro de Rehabilitacin Social de Varones de Cuenca en el perodo acadmico 2006-2007. Esta prctica est sostenida en el pensamiento tico-Crtico Freireano que reivindica la dignidad del ser humano. La prctica se encauzaba a recuperar, interpretar, teorizar y visualizar algunos elementos bsicos de las vivencias y prcticas cotidianas de los estudiantes voluntarios del Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca-Fundacin Ubuntu Somos Familia participantes en ese proceso educativo. Educar en la crcel ha significado una vivencia de humanizacin, tanto para los participantes como para los educandos para humanizarnos y humanizar nuestra educacin y nuestra vida cotidiana, rescatando el dilogo como el acto comn de conocer y como el encuentro del sujeto con el mundo, con los seres humanos, con todos los seres vivientes y la naturaleza, construyendo un saber que no opta por un ms de inteligencia sino que reflexiona crticamente la realidad en la que vivimos en cada da.
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El objetivo bsico de este artculo es demostrar cmo, en primer lugar, la mirada y la perspectiva de las vctimas se han convertido en un elemento esencial a la hora de abordar las violaciones graves y sistemticas de los derechos humanos. Si tradicionalmente los protagonistas han sido el Estado y el victimario, normalmente un funcionario o un agente del Estado, ahora se observa un nfasis creciente en las vctimas y en todo lo que las rodea, lo que ha hecho que estn comenzando a dejar de estar situadas en la periferia de la agenda poltica tanto a nivel interno como en la esfera internacional. Este novedoso proceso ha hecho que est emergiendo cada vez con ms fuerza una autntica cultura de las vctimas, lo que, segn algunas opiniones autorizadas, est conduciendo a la necesidad de construir una cultura de la memoria que permita a las generaciones presentes construir un futuro en el que el pasado no se repita. Asimismo, y en parte como consecuencia de este nuevo horizonte hermenutico, se ha ido afirmando progresivamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la jurisprudencia de los Tribunales internacionales de derechos humanos el derecho de las vctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparacin. Esta reparacin es entendida en un sentido amplio, incluyendo, adems de la tradicional compensacin econmica, aspectos simblicos que pretenden una satisfaccin plena y equitativa y aspectos mdicos y psico-sociales que tienen como objetivo la rehabilitacin de las personas que han sufrido las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos. Es en el marco de esta concepcin integral de la reparacin donde cobran sentido las polticas de memoria, ya que la memoria y el recuerdo se convierten en un ingrediente esencial de la reparacin que se debe a las vctimas.
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En el presente trabajo investigativo se hace un anlisis de las medidas cautelares como instrumento de proteccin autnoma de derechos humanos y/o constitucionales. Est dividido en tres captulos, constando adems con un acpite de conclusiones. En el primer capitulo hacemos un estudio de las caractersticas, finalidad, presupuestos de concesin y concepto de las medidas cautelares; todo esto desde el punto de vista de la concepcin clsica y desde la perspectiva de la proteccin de derechos humanos, en esta ltima concluimos adquieren matices especiales que hace difcil encuadrar de manara absoluta a estos pedimentos en la estructura cautelar clsica; En el segundo capitulo se estudia las medidas cautelares y provisionales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como un antecedente necesario para una mejor comprensin de la regulacin de estas medidas en nuestro pas, las cuales tiene como punto de partida y/o modelo principal el sistema autnomo de medidas cautelares y provisionales de la Corte y Comisin Interamericana. Finalmente en el tercer captulo analizamos la regulacin ecuatoriana de las medidas cautelares autnomas, institucin que se encuentra contemplada en el artculo 87 de la Constitucin. Institucin que as establecida y con ese fin especfico es totalmente nueva en nuestro pas. No decimos que antes de dicha norma no haban medidas cautelares en Ecuador, as en los procesos civiles, penales, e incluso constitucionales, siempre concurrieron medidas cautelares, pero no existi una regulacin de medidas cautelares como institucin autnoma de proteccin preventiva de derechos humanos y/o constitucionales.
