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Estados Unidos es sin duda uno de los actores más importantes en el actual contexto internacional, ya que no solo cuenta con la fuerza militar más poderosa y tecnificada del mundo, sino que además tiene una influencia política determinante; tanto que no se po dría hablar del actual sistema internacional sin nom brarlo reiteradamente. Uno de los puntos más polémicos de la política exterior estadounidense es la Estrategia de Seguridad Nacional –promulgada por George W. Bush un año después de los ataques del 11 de septiembre de 2001–, que transforma el panorama de las relaciones internacionales, al iniciar una nueva era bélica en la que la fuerza militar se impone a la razón. El concepto de «guerra anticipada» (preempt war, en inglés), que se aplica como eje articulador de esta nueva era, tiene como primeras evidencias del cambio de postura de Estados Unidos en su política exterior, a las guerras de Afganistán e Iraq, pues, como el autor lo demuestra –para responder la pregunta central de su investigación: ¿en qué consiste la gue rra anticipada y cómo este concepto se convirtió en eje central de la política de defensa estadou nidense en la era de Bush?–, en estas se em plea la anticipación como fórmula para la se guridad, convir tiendo a la guerra en el me jor mecanismo de defensa. En este libro también se explica la verdadera significación entre acciones preventivas y acciones anticipadas, y las connotaciones par ticulares que estas tienen en su aplicación. Temas con trascendentales implicaciones globales y regionales, y que no han sido suficiente mente analizados desde la óptica de América Latina.

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El trabajo es un análisis de sociología histórica comparada que, siguiendo la propuesta de B. Moore, se pregunta por el rol de las organizaciones indígenas y campesinas en el proceso de modernización de la sociedad ecuatoriana. En una perspectiva histórica establece los lazos entre el avance del capitalismo en el campo y las transformaciones socioeconómicas que dan paso, por un lado al debilitamiento de las viejas élites terratenientes, y por otro lado a la emergencia de los movimientos indígenas y campesinos. Asumiendo que la movilización social y política de las organizaciones rurales constituyen un impulso fundamental para eliminar las herencias coloniales y de hacienda, y así avanzar en la construcción de sociedad más democrática y justa, muestra las compleja trama de instituciones y prácticas que median la relación entre las élites terratenientes y los sectores indígenas campesinos: relaciones de propiedad y de poder que aseguran la posición de privilegios desde donde las élites terratenientes se han “modernizado” o, propiamente dicho, han diversificado sus actividades económicas, sin perder el control de la gran propiedad. Finalmente, al interrogarse por el rol de los indígenas y campesinos y las élites terratenientes, nos muestra que hay dos vías de “modernización conservadora”: una en la Sierra y otra en la Costa, una vía indígena en Chimborazo y una vía campesina en Los Ríos.

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Partiendo de la requisitoria de emprender estudios desde la academia que den cuenta de la problemática urbana, la presente tesis indaga las relaciones de poder en un contexto histórico problemático y de importantes transformaciones de la sociedad ecuatoriana. La investigación, en tal sentido, se enfoca sobre el proceso de modernización urbana de la ciudad de Quito entre los años 1895-1932. El objetivo principal, que guía la interpretación, es mirar sobre la escena urbana la superposición, yuxtaposición y re-significación de mecanismos tradicionales de ejercicio del poder y de dispositivos modernos de control social. En atención al objetivo planteado, la pregunta que surge como vertebradora del desarrollo de la investigación es ¿cómo se expresan discursivamente las relaciones de poder y las estrategias de resistencia sobre la escena urbana?, sin embargo, para dar respuesta a la interrogante planteada y considerando, además, el contexto de transición política, económica y social de la ciudad de Quito a inicios del siglo XX, se puede pensar en la posibilidad del desplazamiento y continuidad de los dispositivos de dominación del campo a la ciudad. Esta última observación, pensada como hipótesis, articula el texto en una propuesta de entendimiento del fenómeno urbano que considera un continuum de análisis tanto la realidad del campo (rural) como de la ciudad (urbano).

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Con carácter exploratorio y descriptivo, esta investigación tiene por objeto analizar la participación en el escenario internacional de los gobiernos de Bogotá D.C. a partir de la pregunta ¿puede considerarse que los gobiernos de Bogotá D.C. en el periodo 2001-2013 desarrollan una política exterior de estado local, que no desafía las prerrogativas exclusivas del Estado colombiano, a partir de la caracterización de los elementos de las políticas públicas locales orientadas a la internacionalización de la ciudad? Teóricamente se sitúa desde los enfoques funcionalistas del transnacionalismo en relaciones internacionales, los mismos que han propuesto el concepto paradiplomacia para abordar el fenómeno de la participación en el escenario internacional de los gobiernos no centrales (GNC). Metodológicamente, el caso se desarrolla a partir del análisis bibliográfico y documental sobre dos variables: la agenda política de internacionalización, establecida por los gobiernos de Bogotá D.C. en sus Planes de Desarrollo Distritales; y el desarrollo de arreglos institucionales para la internacionalización. El principal hallazgo es que los gobiernos de la capital colombiana han desarrollado una participación internacional “muy alta”, a pesar de que formalmente ésta no ha logrado constituir una política exterior de estado local. En poco más de una década, no se ha construido una agenda política de internacionalización que defina prioridades temáticas y geográficas con sus socios internacionales; y los arreglos institucionales desarrollados evidencian falta de coordinación al interior del gobierno distrital, así como con otros actores estratégicos del territorio.

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Este trabajo verifica si el tiempo estimado por el Estado Ecuatoriano para la transición hacia la Televisión Digital Terrestre en el país, es razonable. Esta comprobación se la hace a partir del concepto de la Cadena de Valor de la Televisión y su evolución hasta llegar a la Televisión Digital Terrestre, la descripción de los distintos hitos del proceso de transición hacia la nueva tecnología, la evaluación del Plan Maestro de transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador y la visión de los potenciales oferentes respecto al tiempo establecido para el Apagón Analógico, enfoque este último realizado sobre la base de los diferentes aspectos contemplados en el Plan Maestro, los pasos dados hasta la fecha y los restantes requeridos para completar el Apagón Analógico. Complementariamente, el repaso histórico de los principales hechos ocurridos hasta la definición de los diferentes estándares disponibles en el mercado mundial, la descripción de los procesos seguidos en los distintos países de la Región y de aquellos referentes en el mundo, resaltando los aspectos más relevantes en cada caso y el estado en el que se encuentran dichas transiciones, son aspectos proporcionados para el análisis. Todos estos elementos constituyen insumos suficientes para abordar la perspectiva de la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador, referida al tiempo requerido de transición hacia la nueva tecnología en el país. Al final del trabajo la sección de Conclusiones y Recomendaciones, escritas sobre la base de los resultados de la investigación, da respuesta a la pregunta e hipótesis planteadas.

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La curiosidad académica y la preocupación política que guía esta investigación se resume en la siguiente pregunta: ¿Cuál es el modelo de Estado y proyecto político al que apunta el proceso de transición, iniciado luego de la aprobación de la Constitución 2008? Esta pregunta presupone que la transición no necesariamente traerá como resultado la concreción del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, proclamado constitucionalmente. Para responder esta pregunta, esta investigación analiza la transición, entendida como momento refundacional, tanto en términos institucionales como normativos, circunscribiéndola al período que se inicia con la aprobación de la nueva Constitución (septiembre de 2008) y que se cierra con la integración definitiva del CPPCS (marzo 2010). El ensayo concluye que las decisiones excepcionales que se tomaron en los momentos críticos del proceso de transición, lejos de responder a una aplicación directa de los principios y normas de la Constitución 2008, respondieron conscientemente a la lógica de los plenos poderes que asumió la Asamblea Constituyente. Este es, sin duda, un mal síntoma y un enorme riesgo. Si bien no determina inexorablemente el resultado final del proceso, sí indica claramente que la transición estuvo desde el inicio marcada por una lógica de excepcionalidad política; hecho que institucionaliza dicha excepcionalidad y pone en riesgo todo el andamiaje constitucional. En suma, este texto demuestra que en la fase inicial de la transición avanzó hacia desbancar los rasgos liberales del Estado social de derecho anterior, sin quedar aún del todo claro que éste será reemplazado por un Estado constitucional de derechos y justicia. Evidentemente, aquello va más allá de lo que dice el texto constitucional y solamente se expresa, como lo ha dicho Carl Schmitt, cuando se hace necesario tomar decisiones excepcionales.

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Ante la creciente visibilidad, importancia y problematización del discurso de los derechos humanos, la persistencia de conflictos y violaciones masivas de los mismos alrededor del mundo, el impacto profundo que tiene el arte sobre los individuos y las sociedades así como el protagonismo del arte y los artistas en busca de transformaciones, surge la pregunta por el rol del arte en la defensa y promoción de los derechos humanos. Para abordar y responder a esta pregunta, se busca en la presente investigación determinar el papel del arte en el proyecto “Destierro y Reparación”, organizado por el Museo de Antioquia y la Corporación Región en la ciudad de Medellín en 2008. Para este fin, se establecen en primera instancia los antecedentes sociopolíticos del evento caso de estudio sobre la base de una caracterización general de la violencia resultante del conflicto colombiano, de la situación de desplazamiento y de la respuesta estatal en esta materia a nivel nacional y de la ciudad de Medellín. En segundo lugar, se hace una caracterización del proyecto, incluyendo sus antecedentes más específicos, participantes y sus motivaciones, organización general y balance. Tercero, se analizan las potencialidades del arte en relación con la defensa y promoción de los derechos, asumiendo el arte sobre todo como una herramienta y espacio de comunicación para tal efecto. Dichas potencialidades se abordan en tres planos: a) arte como vía para transmitir el mensaje de DD.HH.; b) arte como ejercicio de derechos en sí; y c) arte como potencia transformadora de la sociedad y del discurso de los derechos. Finalmente, se proveen recomendaciones respecto a la defensa y promoción de los DD.HH. a través del arte a partir de los hallazgos y se plantean algunas reflexiones adicionales.

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En el primer capítulo se presenta el marco teórico que ha servido de referencia para esta tesis, contiene los temas como formulación de la pregunta central, hipótesis, objetivo general, objetivo específico, alcance, perspectiva teórica, descripción de los parámetros de la tesis, la secuencia del contenido. En el segundo capítulo, a su vez se trata del concepto de test psicométricos, los tipos de test psicométricos, clasificación de los test por sus objetivos, concepto de test psicométricos de personalidad y el análisis del test psicométrico de personalidad Big Five (BFQ). El tercer capítulo se refiere al análisis estadístico, del test psicométrico de personalidad Big Five (BFQ). En el cuarto capítulo se realiza el desarrollo estadístico de la muestra de estudio, el análisis de la confiabilidad del test, la validez, y con los resultados de las contestaciones de la muestra de estudio, se elaboró el baremo adaptado a la realidad de la empresa de servicio público, cuyas características dependen de variables como nivel de instrucción, experiencia laboral, edad. Finalmente el capítulo quinto conclusiones y recomendaciones. Hay que destacar que se recomendó que se realice la aplicación del test a una muestra de estudio de mayor tamaño para disponer de un baremo que contenga un rango de frecuencia más pequeño.

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Una comparación entre las tres provincias ubicadas en la Sierra centro del Ecuador muestra que Tungurahua destaca por una menor proporción de población rural pobre, con más capacidad de consumo y con mayor igualdad social que la población rural de Chimborazo y Cotopaxi (Larrea et al. 2011). Otra comparación a nivel regional muestra que la economía de Tungurahua se caracteriza por una más dinámica actividad económica, una más amplia diversificación sectorial y por una estructura productiva más basada en pequeños y medianos emprendimientos. Finalmente, un tercera mirada comparativa indica que Ambato, la capital provincial de Tungurahua, desempeña una serie de funciones en la articulación de la economía hacia dentro y fuera del territorio que las capitales provinciales de Cotopaxi y Chimborazo –Latacunga y Riobamba, respectivamente– no cumplen. Tungurahua depende de dos aspectos fuertemente imbricados. Por un lado, la concentración de la producción agrícola y manufacturera dentro de los confines del territorio genera mayores tasas de crecimiento. Por el otro, las estructuras productivas espacial y socialmente desconcentradas al interior del territorio aseguran un grado mayor de inclusión social y de participación económica. En la primera sección nos interesa analizar cómo los factores estructurales (los llamaremos también factores “duros”), fuera del alcance inmediato de la sociedad territorial, tales como la localización geográfica y los costos de transporte, han aportado a la concentración económica, es decir, a la creación de una economía de aglomeración. Argumentamos en seguida, sin embargo, que los factores duros no pueden dar más que una respuesta parcial a la pregunta sobre las razones de la dinámica territorial y su configuración espacial. Algo que los factores duros no explican más que marginalmente, son las estructuras sociales que definen el funcionamiento interno del aparato económico territorial. Siempre existe un grado de libertad de acción que en el caso de Tungurahua fue aprovechado para desconcentrar la economía, dispersarla en las zonas rurales y basarla predominantemente en pequeños y medianos emprendimientos. Para explicar este segundo aspecto, nos serviremos de un conjunto de factores (los llamaremos “blandos”) que subrayan el proceso de construcción social de la economía. Concluimos con algunas reflexiones sobre la relación entre los factores duros y blandos, y sus consecuencias sobre posibles políticas públicas proactivas para reducir la pobreza rural en Latinoamérica.

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Desarrollar un balance crítico del impacto del Convenio 169 de la OIT y sus repercusiones en el ámbito del pluralismo jurídico y la justicia comunitaria en América Latina constituye un desafío complejo. Durante buena parte del siglo XX, muchos países ni siquiera reconocían que a lo interno de sus territorios existían pueblos indígenas u originarios. La huella y la herida colonial simplemente estaban vigentes. La época en que se aprueba el Convenio 169 de la OIT coincide con el auge neoliberal y el multiculturalismo en la región, pero también con la emergencia a la escena política de un vigoroso movimiento indígena. ¿Ha cambiado la situación de los pueblos indígenas desde entonces hasta ahora? ¿Se han reconocido su condición de pueblos y culturas diferenciadas, y junto con ello, de sus instituciones, autoridades y prácticas de administración de justicia? ¿Ha sido suficiente impulsar cambios en el campo jurídico para afectar una matriz colonial de poder que excluye, invisibiliza y controla al mismo tiempo? Sin duda respuestas a fondo a estas y otras interrogantes rebasan por completo los alcances del presente texto. Apenas se pretende desarrollar un primer esbozo de la situación, a manera de un balance urgente. Hay algunos trabajos y estudios (algunos de ellos citados) que muestran de manera más específica el camino recorrido. La interrogante central que anima estas líneas gira en torno a, ¿cuáles son los principales avances y dificultades existentes en torno a la justicia comunitaria y el pluralismo jurídico a raíz de la ratificación y vigencia del Convenio 1609 de la OIT en algunos países de América Latina? Para responder a esta pregunta, el texto presenta una panorámica y retrospectiva, y está organizado en cinco ítems centrales: a) situación de los pueblos indígenas antes de la aprobación del Convenio 169 de 1989; b) los (principales) efectos y repercusiones generadas por la aprobación del Convenio 169 en el ámbito de la justicia comunitaria; c) las reformas constitucionales y legales, especialmente en relación al pluralismo jurídico y la justicia comunitaria; d) un repaso de algunas de la agenda de políticas públicas en torno a tema; y finalmente e) la situación de las mujeres indígenas y la justicia comunitaria.

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Este libro pretende contribuir a los esfuerzos sociales y académicos de visibilizar y debatir la interculturalidad como proyecto político-social y subversivo que busca descolonizar, y el género como elemento clave en la construcción de la diferencia colonial y en el patrón global de poder. Se presta cada vez más atención al valor de la interculturalidad, particularmente en América Latina, pero a veces se pone tanto énfasis en temas étnicos o culturales, que el tema de la desigualdad de género queda de lado, fuera del debate y del estudio. Con esta investigación, la autora intenta rescatar la importancia de la discriminación por género y el sexismo como partes fundamentales de la opresión y exclusión en nuestras sociedades. Para tal efecto, observó el caso de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), ubicada en la Sierra ecuatoriana, y las relaciones complejas y conflictivas que se presentan en dicho espacio respecto a la interculturalidad y al género. La pregunta que guía esta reflexión es ¿cómo se concibe la relación entre interculturalidad y género desde el discurso hasta la administración y práctica de la UNORCAC y, en particular, de su Comité Central de Mujeres? La diversidad de opiniones dentro de la UNORCAC en torno a los conceptos de interculturalidad y género indica que, pese a una posible confusión respecto a los términos, sí se relacionan los conceptos en los proyectos realizados por la UNORCAC, particularmente en el Comité de Mujeres, donde se desafía la persistencia de la desigualdad de género en las comunidades y dentro de la Unión con planteamientos propios que se basan en principios interculturales: respetar y tener derecho a la diferencia, tratar el conflicto dialogando con el otro, crear espacios de igualdad y fortalecer valores culturales propios.

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Seguir las huellas de la oralidad en algunos cuentos de la narrativa ecuatoriana de los treinta es, sin duda, una tarea compleja, porque no se trata de textos que se inscriben dentro de lo que Walter J. Ong llama oralidad primaria, es decir, “a la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o de la impresión”,1 sino de la literatura (letra) hecha, precisamente, por letrados, por escritores y constituida por textos fijados, hasta cierto punto, por la escritura, es decir, de la oralidad secundaria, de aquella que depende de la impresión y en general de la tecnología. Por lo tanto es necesario considerar, para este estudio, tanto la oralidad como la escritura –oralidad primaria y oralidad secundaria– como dos niveles dialógicos de análisis e interpretación, no excluyentes sino complementarios. Por esta razón sería más apropiado hablar de los efectos de la oralidad en textos escritos, que modelizan un tipo de cultura, en este caso, la del montubio de las primeras décadas del siglo XX – la de la época del cacao–. Entonces, la pregunta básica a la que vamos a tratar de responder es: ¿cómo se representa dicha cultura oral en los textos seleccionados? (“El cholo del cuerito e venao” y “El cholo que se castró”, de Demetrio Aguilera Malta; “El Guaraguao” y “La salvaje”, de Joaquín Gallegos Lara; “Mardecido llanto” y “El malo”, de Enrique Gil Gilbert; y “Banda de pueblo”, de José de la Cuadra.)

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Considerando que el texto artístico, en este caso Bínÿbeoboyejuayëng (Danzantes del viento) del poeta camëntsá de Colombia, Hugo Jamioy Juagibioy, es un producto cultural, un hecho semiótico, a decir de Lotman, que informa y comunica, que está estructurado por varios códigos que se interseccionan entre sí, mi posición como interlocutora, supone dialogar con su poética desde una historia común de violencia frente a los pueblos indígenas, las mujeres y los pueblos no indígenas en América Latina; lo cual supone que existen puntos de encuentro histórico e intercultural que ensayaré entender y traducir; empero, como sabemos, ninguna traducción es exacta por la multiplicidad de códigos que convergen en el texto, en el receptor y en la audiencia, pese a la unicidad del texto y su carácter relativo. La policromía de la Madre Tierra aparece como un arco iris en los versos de Jamioy, belleza y diversidad que posee un movimiento propio y al mismo tiempo sujeto a otro sumamente hostil que los engloba y destruye. Belleza y diversidad de la que provenimos. La pregunta es cómo supervivir tanto los pueblos “indígenas” como los “no indígenas” en un entorno que invade y hace trizas la coexistencia de esa diversidad en armonía.

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El presente estudio tienen por objeto responder a dos interrogantes: ¿el minimalismo es aplicable a la realidad ecuatoriana? y de haber un problema de incompatibilidad ¿existe un marco conceptual alternativo que permita gestionar la conflictividad criminal de manera efectiva? La importancia de la primera pregunta radica en que esta postura político criminal es la que se ha impuesto dentro del Derecho comparado y en el caso de nuestro país es la postura aceptada en la Constitución, por tanto si la respuesta es negativa, implica que el Ecuador se ha quedado sin un norte para gestionar su criminalidad. La segunda pregunta, conlleva la posibilidad de forjar un esquema conceptual alternativo que permita superar el inmovilismo y populismo en que ha caído la política criminal en las últimas décadas. Su estructura consta de tres libros: Libro I “El Derecho penal mínimo: análisis conceptual”, se enfoca en fijar los ejes conceptuales del minimalismo. El segundo libro “La aplicabilidad del derecho penal mínimo en el Ecuador”, aborda la primera pregunta planteada. Mediante un conjunto de reformas legislativas que han puesto a prueba la capacidad de los gobernantes de disminuir el ámbito de protección penal, revela que en el caso de las normas estructurales para el funcionamiento de la sociedad ecuatoriana los intentos han fracasado de manera sucesiva. El tercer libro “El derecho penal estratégico: una propuesta político criminal desde el Ecuador” aborda la segunda pregunta; sobre la base de una sucesión de rupturas conceptuales se diseña una propuesta político criminal alternativa. El estudio mantiene un profundo vínculo con la realidad tanto en el diagnóstico como en la propuesta político criminal. Constituye una apuesta por construir un marco conceptual basado en experiencias de las dos últimas décadas de nuestro país, para abordar el problema que hoy más preocupa a nuestra sociedad: la criminalidad.

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Artículo teórico que se origina a partir de un proyecto más amplio que investiga la construcción del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV 2013-2017) en Ecuador. Su primordial preocupación teórica es responder a la siguiente pregunta: cómo estudiar los procesos de formación del Estado en Ecuador desde el año 2008. El documento responde a esta amplia cuestión argumentando, a nivel general, que el Estado se reproduce en parte mediante la creación de espacios donde efectivamente puede intervenir en la sociedad. Este trabajo se refiere, por lo tanto, con el examen de las formas particulares en que los Estados penetran la sociedad a través de regímenes gubernamentales. En términos más específicos, este trabajo sostiene que los procesos de intervención del Estado pueden ser ampliamente entendidos por la observación de tres procesos complementarios e interrelacionados: a. La forma en la que el Estado busca legitimar su presencia en la sociedad; b. Prácticas gubernamentales: las formas en las que el Estado aprende, organiza, distribuye y en última instancia crea campos específicos de intervención; c. El ejercicio de diferentes y complementarias modalidades de poder. En base a los citados elementos analiza la construcción de un "régimen gubernamental".