La responsabilidad social en el plan estratégico de las empresas. Caso: Camari

El propósito de esta investigación es determinar en qué medida, mediante la propuesta de un modelo de gestión, la responsabilidad social debe ser parte del plan estratégico de las empresas, el estudio de caso se realiza en Camari una empresa creada por el Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GSFEPP), Camari es una empresa social establecida en 1981, con 32 años en el mercado, desarrolla prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), por lo que es necesario determinar si esta gestión está definida y alineada con la estrategia empresarial. Para lo cual se ha preparado los siguientes capítulos: en el capítulo I se realiza una revisión teórica de las principales teorías de responsabilidad social, resultados de una investigación realizada sobre el tema en Ecuador y algunos modelos de RSE que se conoce; en el capítulo II se describe a Camari sus antecedentes y actividades, así como las prácticas de responsabilidad social desarrolladas actualmente por esta empresa; en el capítulo III se realiza una descripción y análisis de la planificación estratégica de Camari, a través del análisis de las herramientas de gestión como: Cadena de Valor y Diamante de Porter; en el capítulo IV se propone el modelo de gestión de RSE para Camari basado en la metodología de Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral; finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación. El plan de tesis aprobado no establece un diseño específico de estrategia de RSE, no obstante evalúa la introducción de los principios de RSE en la estrategia general de la empresa. El Cuadro de Mando Integral contiene los elementos de control y cumplimiento de la inserción estratégica de la RSE en el caso de Camari.

Diseño de un modelo de gestión basado en responsabilidad social empresarial. Caso: Nokia Siemens Networks Ecuador S.A.

El presente trabajo de investigación: “Diseño de un Modelo de Gestión basado en Responsabilidad Social Empresarial. Caso: Nokia Siemens Networks Ecuador S.A.” se compone de 3 capítulos: 1.- Responsabilidad Social Empresarial, 2.- Diagnóstico de la empresa Nokia Siemens Networks Ecuador S.A. y 3.- Diseño del Modelo de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial. El primer capítulo contempla el marco teórico donde se analizan los conceptos de varios autores acerca de la Responsabilidad Social Empresarial, de la norma ISO 26000, así como ejemplos de empresas ecuatorianas que ya utilizan a la RSE como parte fundamental de su estrategia de negocios. Finalmente se citan entidades que promueven la Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador. En el segundo capítulo se realiza un estudio estratégico de la situación actual de la empresa, se analiza su modelo de gestión y su estrategia de negocios. Finalmente en el tercer capítulo se realiza el diseño del Modelo de Gestión basado en Responsabilidad Social Empresarial para la empresa Nokia Siemens Networks Ecuador S.A. El método de investigación de la tesis se basó en el estudio descriptivo de esta empresa en su conjunto, de su modelo de gestión y de sus principios (visión, misión, valores corporativos, objetivos estratégicos, políticas) para determinar de una manera inferencial y con un enfoque predominante cualitativo las acciones y cambios que debe implementar Nokia Siemens Networks Ecuador S.A. en su modelo de gestión actual para que esté enfocado en una Responsabilidad Social Empresarial. La empresa Nokia Siemens Networks es una multinacional de Telecomunicaciones que nació en 2007 como la fusión de la empresa alemana Siemens con la finlandesa Nokia. En Ecuador, esta multinacional tiene su representación con la empresa Nokia Siemens Networks Ecuador S.A. Palabras Claves: Responsabilidad Social, Modelo de Gestión, competitividad, sustentabilidad, estrategia de negocio, stakeholders.

El debido proceso en el procedimiento penal abreviado

En su objetivo del establecimiento de una pena frente a la existencia de la infracción, la legitimidad de la misma (pena) proviene del cumplimiento del debido proceso que, en su esencia, son los derechos que tiene el procesado para defenderse del poder punitivo, a efectos de que éste no vaya más allá de los límites establecidos legal y constitucionalmente. Sin embargo, el cumplimiento cabal del debido proceso ha sido visto como un obstáculo en el camino del Estado cuando pretende imponer una pena con el mayor ahorro de tiempo y recursos, porque supuestamente genera que el procedimiento y trámite penal de cada caso emplee mayor tiempo del que debería, generándose una crisis del sistema de justicia penal, que no podría tener la capacidad para dar la respuesta (imposición de una pena) frente a cada delito, respuesta que de no ocurrir, a su vez hipotéticamente causa mayores niveles de impunidad e inseguridad ciudadana, factores que unidos a la supuesta crisis del sistema de justicia penal, han hecho que el Estado –fundamentado en el eficientismo penal– promueva reformas procesales penales con la creación de mecanismos que tengan como objeto principal el castigo de los delitos en el menor tiempo posible, tal es el caso del procedimiento penal abreviado, que para cierto tipo de delitos promueve que la pena sea sólo el producto de un acuerdo entre el fiscal y el procesado. Bajo la mirada desde el garantismo penal de Luigi Ferrajoli, nuestro estudio pretende analizar si el procedimiento penal abreviado cumple o no el debido proceso o, si el mismo cede ante el eficientismo penal.

La motivación como garantía penal: estudio doctrinario y situacional

La motivación en materia penal: Aplicación de esta garantía por parte de los Tribunales Penales en el año 2011, es un estudio sobre la identificación normativa y dogmática de la garantía de motivación de las resoluciones judiciales en general; y en el ámbito penal, con sus características particulares, para analizar las sentencias emitidas por los Tribunales Penales de Pichincha en el año 2011. La finalidad de proponer en este trabajo lo que debería ser una sentencia debidamente motivada en materia penal, es justamente considerar que la teoría del delito y los esquemas del delito son dos herramientas jurídicas valiosas para limitar el ejercicio del poder punitivo de parte del estado y sobre todo proscribir la discrecionalidad. A través del análisis de cada una de las sentencias entramos en el mundo de la arbitrariedad en las decisiones que declaran la culpabilidad o ratifican la inocencia de los procesados, encontrando en las mismas, refugios donde se sigue albergando la discrecionalidad, en algunos casos escudándose en la extensión de la resolución, y en otros, en la impertinencia de citas normativas y de autores.

El funcionamiento de las intendencias de policía a la luz del garantismo penal. Estudio sobre Tungurahua en el 2011

Las intendencias de policía en nuestro país, por varias décadas han ejercido jurisdicción penal, facultad que las ha habilitado a privar de la libertad a las personas –hoy por hoy- hasta por treinta días, en condiciones aparentemente arbitrarias, carentes de filtros constitucionales, en las que frecuentemente se ha denunciado la vulneración de derechos humanos. El hecho de que sean un órgano de la función ejecutiva y además sus representantes sean de libre nombramiento y remoción por las gobernaciones provinciales, hace mucho más cuestionable su administración de justicia, por la exigua independencia orgánica que ofrecen, consecuentemente la endeble imparcialidad en el juzgamiento contravencional. Este problema se maximiza cuando analizamos la estructura jurídica del sistema contravencional en el que administrarán justicia; un sistema de siglos pasados que ha sobrevivido hasta nuestros días, que en el campo sustantivo contiene tipos penales que prohíben actos obscenos, impúdicos, inmorales, y contrarios a las buenas costumbres y, en el ámbito adjetivo prevé un proceso eminentemente inquisitivo. Razones por las que, el objetivo de la presente tesis será la confrontación del sistema contravencional con el sistema garantista desarrollado por Luigi Ferrajoli, y el estudio e investigación concreta de la jurisdicción penal ejercida por una intendencia de policía del país, para así evidenciar los niveles de arbitrariedad, decisionismo o ejercicio ilimitado de poder que puede habilitar este sistema penal.

El derecho penal económico: rupturas en la esfera procesal

En un contexto de reiterados fracasos en la lucha contra la criminalidad económica, las herramientas procesales adquieren un papel preponderante, porque hasta el momento son el instrumento que ha conseguido romper la inercia y producir resultados palpables. El presente artículo desentraña figuras existentes en leyes especiales y abre un espacio de reflexión sobre su legitimidad. Se centra en dos ejes: el primero se ocupa de tres figuras investigativas que caben en el concepto de operaciones encubiertas -agente encubierto, entrega vigilada y delación compensada-; el segundo, se reserva para la estrategia destinada a conseguir una disminución en la carga probatoria y un trámite más sencillo, a través de la imposición de sanciones que se las ha considerado penales por trámites administrativos o civiles. El análisis de legitimidad utiliza una visión ecléctica, además del enfoque jurídico centrado en los derechos de los procesados, se incorpora una perspectiva centrada en la efectividad social. Con el fin de conseguir un estudio asentado en la realidad nacional, se privilegia el análisis de ejemplos concretos extraídos de nuestra vivencia; esta visión aplicada permite evidenciar lo parcial e insuficiente que resulta el solo examen de la coherencia normativa y muestra la riqueza de aproximar la dogmática a las necesidades sociales.

Del derecho penal mínimo al derecho penal estratégico una propuesta político, criminal desde el Ecuador

El presente estudio tienen por objeto responder a dos interrogantes: ¿el minimalismo es aplicable a la realidad ecuatoriana? y de haber un problema de incompatibilidad ¿existe un marco conceptual alternativo que permita gestionar la conflictividad criminal de manera efectiva? La importancia de la primera pregunta radica en que esta postura político criminal es la que se ha impuesto dentro del Derecho comparado y en el caso de nuestro país es la postura aceptada en la Constitución, por tanto si la respuesta es negativa, implica que el Ecuador se ha quedado sin un norte para gestionar su criminalidad. La segunda pregunta, conlleva la posibilidad de forjar un esquema conceptual alternativo que permita superar el inmovilismo y populismo en que ha caído la política criminal en las últimas décadas. Su estructura consta de tres libros: Libro I “El Derecho penal mínimo: análisis conceptual”, se enfoca en fijar los ejes conceptuales del minimalismo. El segundo libro “La aplicabilidad del derecho penal mínimo en el Ecuador”, aborda la primera pregunta planteada. Mediante un conjunto de reformas legislativas que han puesto a prueba la capacidad de los gobernantes de disminuir el ámbito de protección penal, revela que en el caso de las normas estructurales para el funcionamiento de la sociedad ecuatoriana los intentos han fracasado de manera sucesiva. El tercer libro “El derecho penal estratégico: una propuesta político criminal desde el Ecuador” aborda la segunda pregunta; sobre la base de una sucesión de rupturas conceptuales se diseña una propuesta político criminal alternativa. El estudio mantiene un profundo vínculo con la realidad tanto en el diagnóstico como en la propuesta político criminal. Constituye una apuesta por construir un marco conceptual basado en experiencias de las dos últimas décadas de nuestro país, para abordar el problema que hoy más preocupa a nuestra sociedad: la criminalidad.

Responsabilidad social empresarial, RSE en las Pymes: estudio en el Distrito Metropolitano de Quito

La Responsabilidad Social Empresarial, en la actualidad es un tema de relevancia, exige a los empresarios de las PYMES, una variedad de ideas creativas que deben implementar en sus estrategias empresariales para obtener como resultado características de diferenciación que fomenten una ventaja competitiva. La situación de las PYMES en el D.M. de Quito, es un tema de estudio, enfrentan varios factores limitantes para implementar RSE como estrategia corporativa, como una baja asignación de recursos, altos costos, falta de experiencia, da lugar a cierto grado de incertidumbre y por consecuencia un alto riesgo. Existe diversos conceptos y procesos de implantación sobre RSE, inclusive el que menciona la ISO 26000, al cual el estudio hace referencia, se debe indagar en el sector de estudio para asimilar la situación actual y como la RSE se constituye en elemento de diferenciación en su estrategia, para ello se obtiene información de la observación directa del mercado, fuentes secundarias como el INEC y como fuente primaria el desarrollo de una entrevista dirigida para expertos. Las pymes del D.M. de Quito y su mercado no están preparados para implantar RSE en su estrategia empresarial, se identificó que existen 99.275 pymes al 2010, los expertos menciona que 2 de 10 pymes podrían trabajar con RSE bajo una planeación estratégica, por otro lado el aporte económico es significativo, los ingresos promedio son $219.044.93 (miles de $), la RSE debe considerarse como un proceso transversal al plan estratégico y a la cadena de valor de la empresa, así crear cultura y consciencia en la comunidad.

Análisis de la responsabilidad social practicada por las universidades cuya sede está en el Distrito Metropolitano de Quito

El desarrollo del presente trabajo investigativo se fundamenta en una visión global sobre la responsabilidad social universitaria (RSU) que gestionan los centros de educación superior ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito. El propósito fundamental de este trabajo es analizar los supuestos teóricos y las prácticas de responsabilidad social universitaria llevadas a cabo por las universidades, cuya sede está en el Distrito Metropolitano de Quito, las mismas que nos permitan desarrollar un contraste de la teoría y la práctica de la responsabilidad social universitaria, para identificar los comportamientos comunes y discrepancias de la aplicación o gestión de la RSU en los establecimiento de educación superior analizados. El estudio inicia detallando los aspectos generales de la responsabilidad social empresarial y aspectos teóricos de la responsabilidad social universitaria, impactos, grupos de interés, principales variables, subraya la importancia de la RSU en el Ecuador y el aporte que significa para el desarrollo de la categorización de las universidades en el país. Luego el estudio procede a analizar e identificar las universidades tomando en consideración las etapas de revisión bibliográfica (Identificación de variables), revisión documental (matrices comparativas) y la investigación de campo (entrevistas a profundidad) para generar un sistema de matrices que nos permitan contrastar las prácticas de RSU sobre una misma base de estudio. Finalmente a partir de los elementos anteriores, el estudio conlleva a desarrollar un análisis comparativo de las matrices para contrastar las prácticas de responsabilidad social universitaria y explicar su comportamiento.

El fideicomiso mercantil inmobiliario en el Ecuador y su responsabilidad tributaria

La presente tesis versa sobre la responsabilidad tributaria en el ámbito ecuatoriano que poseen las fiduciarias al momento de constituir un fideicomiso mercantil inmobiliario. La adopción del fideicomiso en nuestro país ha servido como un instrumento de desarrollo en términos bursátiles y a la vez como una herramienta para la evasión y elusión tributaria. La figura fiduciaria constituye uno de los contratos más interesantes y novedosos en el ámbito del derecho mercantil; ésta ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en varios tipos de negocio debido a su versatilidad y a la seguridad que brinda, tomando en cuenta la buena fe de los intervinientes en el contrato fiduciario. El fideicomiso mercantil implica una forma de control en el ámbito tributario para la Administración Tributaria; sin embargo, no ha sido tomado en su verdadera dimensión, es decir, la figura financiera y económica que sirve para el intercambio de información de los negocios fiduciarios que se desarrollen en nuestro país. El poco conocimiento que se tiene con respecto de los negocios fiduciarios no permite un eficaz control y utilización como herramienta para obtener información de primera mano de las fiduciarias.

Límites de la actividad jurisdiccional indígena en relación con el debido proceso en materia penal

En la Constitución de 1998 se produjo el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y del pluralismo jurídico existente en el país, ello permitió la legitimación de las resoluciones tomadas por sus autoridades competentes de sus conflictos internos en base a sus propios procedimientos, usos y costumbres ancestrales, garantizando el derecho a su identidad, autodeterminación y autonomía de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas a fin de restablecer el equilibrio y armonía dentro de la misma. Estas resoluciones por norma constitucional tienen el mismo carácter jurídico y fuerza vinculante que las sentencias expedidas por autoridades jurisdiccionales estatales. Por tanto, sin que se necesite ratificación del sistema judicial estatal, las decisiones jurisdiccionales indígenas surten el efecto de cosa juzgada, debiendo ser obedecidas por las partes involucradas, consideradas por la comunidad y respetadas por las autoridades y las instituciones del Estado respetando y garantizando la aplicación del principio non bis in ídem constitucionalmente reconocido. Sin embargo, se hace necesaria su limitación explícita a fin de evitar que sus procedimientos y sanciones vulneren derechos humanos, razón por la cual la Corte Constitucional debe ser la encargada de controlar la conformidad de estas resoluciones con los preceptos constitucionales, respetando el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que les son reconocidas, esto es, sobre la base de sus tradiciones ancestrales y derecho propio, conforme lo reconoce la vigente Constitución.

La expansión penal en el Ecuador: ¿un salto al vacío? (Tema Central)

El presente artículo confronta la teoría del derecho penal mínimo con algunos ejemplos de tipificación penal en la propuesta de Código Orgánico Integral Penal, como posibilidad de advertir un proceso de expansión penal, en que una serie de conflictos y hechos sociales buscan ser resueltos vía privación de libertad como único mecanismo. Se busca reflexionar sobre la necesidad de ampliar la discusión de las normas penales antes de su entrada en vigencia o alertar al menos de la eventual necesidad de demandar la inconstitucionalidad de varios delitos y contravenciones que podrían aprobarse en los próximos meses.

El recurso de casación en materia penal

El recurso de casación desde la perspectiva de la doctrina penal y en especial desde la óptica práctica del órgano de jurisdicción penal, tiene por objeto reparar los errores de derecho en que pudo haber incurrido el juzgador al momento de pronunciar sentencia por una parte y, por otra, coadyuvar a la unificación normativa a fin de garantizar la correcta aplicación de la ley. Sin embargo cabe señalar que este instituto procesal penal, en los últimos tiempos ha presentado una inusitada evolución que nace de la aplicación de los sistemas neoconstitucionalistas que propenden a la constitucionalización del derecho penal originando que la naturaleza del recurso de casación se transforme y evidencie rasgos netamente garantistas que trascienden el propio fin con el único objetivo de implantar a los derechos como el principio mismo de su esencia. Es evidente que una institución de la complejidad de la Casación, destinada a velar por la exacta y correcta observación de la ley, a unificar la jurisprudencia y a controlar el sistema judicial, no puede haber surgido espontáneamente, sino que como ya lo analizaremos, es el resultado de la incorporación de varios principios jurídicos, doctrinarios y prácticos de los sistemas judiciales; cuya aplicación corresponde al más alto tribunal de justicia, a fin de que sus fallos sean acatados y de esta manera cumplir con el objetivo básico que no es sino la defensa del derecho objetivo, la reparación del agravio sufrido a través de una sentencia que puede ser anulada total o parcialmente, cuando es evidente el vicio de “in juricidad” por errores en la aplicación del derecho. La investigación que planteamos, no trata de desarrollar una nueva teoría sobre el tema, ya que existen varios escritores que lo han abordado desde diferentes perspectivas, sin embargo, consideramos que la visión de este recurso en el Ecuador, cambió a raíz de la implementación del sistema acusatorio oral, porque los principios de inmediación y contradicción que rigen la presentación de la prueba en la audiencia oral de juzgamiento, originan que las sentencias sean el producto de la percepción directa del juzgador sobre los hechos narrados, lo que de alguna manera debería contribuir a acrecentar la confianza en el hacer judicial, es por ello, que pretendemos ilustrar la doctrina y describir la normativa vigente sobre la casación a fin de comprender su naturaleza y función, lo que nos releva de realizar análisis críticos por necesarios que sean.

Propaganda y castigo en la reforma penal ecuatoriana

El Estado tiene múltiples formas de responder frente al fenómeno de la criminalidad. El principal mecanismo desde el cual lo hace es, sin lugar a dudas, el Derecho Penal. El fundamento desde el cual opera el Derecho Penal es el castigo ejercido sobre quienes violenten la norma penal establecida. No obstante, siendo fundamental el contenido de estas normas, es necesario establecer cuáles son los diversos elementos que intervienen dentro de la producción de esta norma. Sin embargo, el proceso de construcción de la norma penal es un proceso complejo que no se agota dentro de la actividad legislativa. Entonces, es preciso dimensionar, dentro de una dimensión perceptible, la influencia que tiene sobre este proceso la amplificación de la cultura del castigo, a través de los aparatos de propaganda del delito. De este modo, el objetivo fundamental de esta investigación es construir una base teórica y fáctica consistente, sobre la cual sea posible determinar si la criminología mediática en el Ecuador existe, y en caso de existir, observar cómo influye dentro de múltiples ámbitos, tomando como punto de referencia al proceso de construcción y reforma de la norma penal del Ecuador realizado entre el año 2009 y 2010 en la Asamblea Nacional.

Delito de grooming. ¿Necesidad de tipificación en la legislación penal ecuatoriana?

Existen conductas netamente sexuales, en las que la red ha llegado a convertirse en un fin o un medio para que ciertos individuos busquen y logren satisfacción sexual a través del chantaje sexual a menores de edad, delito conocido en la normativa penal anglosajona como “grooming” o “child grooming”, conducta que actualmente en el COIP se encuentra tipificada en su Art.- 173; siendo entonces que a través del presente trabajo pretendemos, en base a la teoría el derecho penal mínimo consagrado en el Art 195 de nuestra Constitución, analizar si el tipo penal incluido en el COIP referente al grooming, o como se lo ha denominado, delito de “Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos”, cumple o no con aquella conducta considerada como tal por la doctrina y las legislaciones extranjeras; y especialmente establecer, conforme a los axiomas de Ferrajoli, si existe efectivamente la necesidad y la lesividad como para tipificar esta conducta a través de un tipo penal autónomo o si bien pueden estos actos encontrar su verbo rector y características especiales en otros tipos penales ya existentes en la legislación sustantiva penal, pues es claro que el Derecho Penal, para legitimar su existencia en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, debe limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado.