Ciudad, poder y resistencia. Modernización urbana de Quito, 1895-1932

A inicios del siglo XX Ecuador era un país eminentemente rural. Por lo tanto, abordar el tema de la modernización urbana de Quito de 1895 a 1932 exige un tratamiento que incluya necesariamente la realidad del campo. Un acercamiento a este hecho descubre a una fracción de la élite terrateniente que mantuvo un vínculo orgánico con los procesos de modernización urbana. Desde este punto de vista, la ciudad no solo era destino de la renta extraída en el sistema de la hacienda, sino que tenía importancia como espacio para la representación del poder. En ese contexto, nos parece lógico pensar en la posibilidad del desplazamiento y continuidad de los dispositivos de dominación del campo a la ciudad. Pero ¿cómo ocurre y cómo entender este desplazamiento? Pensamos que introducir el componente espacial en el análisis de las relaciones de poder nos permite evidenciar este proceso. Proceso que en este estudio está delimitado a una noción particular de «espacio público» marcado por el liberalismo y que tiene como correlato la construcción de un tipo ideal de ciudadano.

La letra pequeña del contrato social. Legitimidad del poder, resistencia popular y criminalización de la defensa de los derechos

«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.