67 resultados para Disposiciones
Resumo:
Los modelos de medición de riesgo se han convertido en piezas fundamentales en la administración del riesgo de crédito en las entidades financieras; al respecto, si bien, la normativa de riesgo de crédito expedida por la Superintendencia de Bancos aborda conceptos fundamentales como: pérdida esperada, probabilidad de incumplimiento, nivel de exposición del riesgo de crédito, severidad de la pérdida, tasa de recuperación, y promueve a que las entidades conformen bases de datos para la cuantificación del riesgo de crédito; se observa que dichas disposiciones no han sido suficientes ni entendidas. En este contexto, el presente estudio de investigación contiene un análisis de los lineamientos emanados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para la cuantificación del riesgo de crédito; un análisis histórico de la evolución de la cartera de consumo en el sistema bancario ecuatoriano desde el año 2002 hasta diciembre de 2014, así como de los indicadores de morosidad y cobertura. Se realiza un repaso de las disposiciones de la normativa para la gestión del riesgo de crédito, y de la norma de calificación de activos de riesgo en la parte pertinente a la calificación de créditos de consumo; y se analiza y compara con los avances establecidos en la norma de riesgo de crédito, contemplado en el denominado Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC) definido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Así también, se definen los aspectos mínimos a considerar en la construcción de modelos internos para créditos de consumo, y se enfatiza en el análisis de 15 bancos privados para el cálculo de matrices de transición, a fin de establecer los días a partir del cual el ente de control podría contemplar la definición del default, aspectos que se fundamentan en Anexo 2; se aborda también la importancia que tiene para preservar la solvencia de las entidades, la determinación adecuada no únicamente de las pérdidas esperadas, sino también de las pérdidas inesperadas. Se concluye con un análisis de los lineamientos mínimos que una entidad financiera debe considerar para la construcción de un modelo score sea de aprobación o de comportamiento, basado en las mejores prácticas internacionales, y de fácil entendimiento por parte de la alta gerencia y unidades de riesgos, mismos que se traducen en procedimientos o lineamientos que se sugiere sean acogidas por el ente de control, y están expuestos en Anexos 1, 3, 4 y 5.
Resumo:
Sobre el acceso a medicamentos y el derecho a la salud en el marco de la propiedad intelectual, múltiples cuestionamientos se pueden plantear, en esta tesis. Lo cierto es que a la fecha, el trabajo normativo, jurisprudencial y doctrinario que se ha suscitado entorno a él, da cuenta de una realidad que ya se había evidenciado en el Informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública «Salud Pública, innovación y derechos de propiedad intelectual» de la Organización Mundial de la Salud en el año 2006 “una cuestión fundamental es la relación entre la combinación de políticas que podrían fomentar la innovación biomédica de interés para los países en desarrollo y la capacidad de los países para poner a disposición del público los productos de la innovación, lo que contribuiría a hacer realidad el derecho de las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud”. En este contexto, los Estados miembros de la Comunidad Andina como signatarios de diversos instrumentos internacionales y de las disposiciones normativas contenidas en sus Cartas Fundamentales en materia del derecho a la salud, no pueden ser ajenos a su obligación de garantizar el acceso a medicamentos para su población, así deban, entre otras posibilidades, «valerse» del régimen de flexibilidades y/o excepciones «licencias obligatorias» que consagra el régimen de protección de las innovaciones farmacéuticas «principalmente el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y/o la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina» en procura de materializar la eficacia del derecho a la Salud. Por todo lo anterior el problema a analizar con la presente investigación académica estará orientado a demostrar cuáles son las razones por las que las flexibilidades que contiene el régimen de patentes farmacéuticas, particularmente las licencias obligatorias, resultan insuficientes o no para garantizar el acceso equitativo a los medicamentos de la población de los Estados miembros de la Comunidad Andina.
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Al tema relativo a los sujetos procesales en el sistema procesal acusatorio que mantiene en la actualidad la República del Ecuador, resulta imperioso ponerlo sobre la palestra de investigación, especialmente por las consecuencias jurídicas que, en este caso tiene, la presencia de la Contraloría General del Estado, como una de estas partes, sin obtener tal calidad. Precisamente, el alcance de la presente investigación está destinado a establecer –sobre la base de disposiciones constituciones y legales, y los valiosos aportes doctrinales nacionales y extranjeros– cuáles son las personas naturales o jurídicas que pueden ser consideradas como partes procesales; sin embargo, en el ámbito nacional, las limitaciones están marcadas por la inoperante actuación de ciertos magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia que, sin considerar esas disposiciones constituciones y legales –mucho menos los aportes doctrinales– dieron un status especial a la Contraloría General del Estado, con una simple resolución, que inclusive reformó tácitamente el Código de Procedimiento Penal de entonces, además que se la atribuyó funciones que le correspondían a la Función Legislativa. Por lo que queda anotado, el tema es absolutamente justificado dentro de una actualidad jurídica que requiere una respuesta adecuada y oportuna de las diferentes instancias, especialmente de la Función Judicial –tal como lo dejamos planteado en la investigación–, y que se comprobó que la actuaciones pasadas están siendo corregidas. Por ello, la idea que se mantuvo como hipótesis –y que se deja planteada para los lectores– es que el órgano de control no puede ser considerado como parte procesal en el sistema procesal penal ecuatoriano. La presente investigación, a través de un análisis jurídico-crítico, pretende establecer una realidad jurídica que debe ser aplicada de forma inmediata, para buscar una adecuada aplicación de la justicia.
Resumo:
El presente trabajo analiza las propuestas doctrinarias, ponencias, alcances técnicos, estudios jurídicos y legislación comparada, respecto a la teoría de la responsabilidad fiscal y de los sujetos pasivos como elemento subjetivo de la obligación tributaria; y, las teorías relacionadas a la extensión o vinculación de la obligación tributaria a terceros. Concomitantemente esta tesis valora el alcance de las disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano relacionadas a la obligación impositiva, la responsabilidad en materia tributaria, la extensión de la vinculación fiscal a terceros y sus límites, así como la dinámica de su aplicación en casos reales respecto a la gestión tributaria de la administración central. Para estos propósitos, el capítulo primero de esta obra se concentra en realizar un exhaustivo examen de las propuestas doctrinarias nacionales e internacionales, relativas a los fundamentos jurídicos de la responsabilidad y los elementos constitutivos y significativos del fenómeno de la extensión de la responsabilidad, para así profundizar sobre el universo comprendido por los sujetos pasivos, y la influencia que ha recibido este instituto, respecto de las corrientes de vinculación de terceros a la obligación tributaria. En el segundo capítulo, luego de una valoración pormenorizada del ordenamiento jurídico relativo a la responsabilidad y los sujetos tributarios, se estudia sobre la gestión tributaria relativa a estas disciplinas, para así identificar los problemas jurídicos que conlleva la aplicación de la extensión de la responsabilidad, para luego delinear las perspectivas que tendría este fenómeno en nuestro régimen. En suma todos los elementos presentados en el presente trabajo, nos conducen y acercan al conocimiento sobre el tratamiento y consecución de la valoración de los límites de la extensión de la responsabilidad fiscal a terceros, ofreciendo una respuesta acreditada a la comprensión de este fenómeno en el régimen jurídico ecuatoriano.
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En esta tesis se enfoca y analiza los medios previstos en el régimen jurídico ecuatoriano vigente, que viabilizan las transferencias de dominio de bienes inmuebles entre instituciones públicas. En ese cometido, se estudia los mecanismos que plantea la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) para la adquisición por parte de una institución pública de bienes inmuebles de propiedad de otra institución de igual carácter. Se procura dejar claramente diferenciadas las dos vías que enuncia tal normativa: la una referida a la transferencia de dominio por acuerdo, instrumentada a través de distintos actos jurídicos que la misma ley prevé; y, la otra, que hace mención a la expropiación como transferencia de dominio forzosa, vía que se encuentra reconocida constitucionalmente. En ese sentido, se analiza conceptual y normativamente la figura de la expropiación, y luego el procedimiento expropiatorio a cargo de las instituciones públicas, empezando con la declaratoria de utilidad pública o de interés social, que permita justificar la necesidad de la adquisición del inmueble para la satisfacción de las necesidades públicas, se analiza también la importancia del acuerdo entre las partes respecto del precio del inmueble afectado dentro del proceso expropiatorio, para evitar el juicio de expropiación, y de otros aspectos a observar para consumar la transferencia de dominio por esta vía. En este desarrollo se deja expuesto la necesidad de contar con normativa más clara sobre los dos mecanismos que pueden promoverse para la adquisición de bienes inmuebles por parte de instituciones públicas, enfatizando el acuerdo como la primera opción; y, en ese sentido, se plantea la necesidad de reformar la LOSNCP y a su Reglamento de aplicación en las disposiciones tocantes al tema abordado.
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¿La «medida de seguridad» en Brasil actúa como un instrumento de violación de la dignidad de las personas que cometieron crímenes y que sufren algún trastorno mental? Para contestar esta pregunta, la obra empieza por analizar las tensiones existentes entre las concepciones sobre la locura, y expone los modelos de control social que justificaron la historia de segregación de estos sujetos. La dignidad humana, en esta investigación, se articula a partir de la concepción individualista de Kant y de la relacional de Hannah Arendt, estableciendo una base teórica donde ambas dimensiones de dignidad se complementan para conseguir el desarrollo pleno, el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana en el ámbito jurídico. La obra problematiza, además, la visión teórico-dogmática detrás de la medida de seguridad como mecanismo de control en el derecho penal, y analiza críticamente su aplicación en contrapunto con el respeto a los derechos humanos. Finalmente, estudia el parámetro jurídico para el tratamiento digno a los enfermos mentales autores de delito, a partir de las normas de los sistemas global e interamericano de protección de los derechos humanos, de las disposiciones de la Constitución brasileña, de las normas pertinentes de ese país, de la jurisprudencia del órgano de control constitucional, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, además del aporte de la Corte Constitucional de Colombia.
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El tema de investigación se centra en el ámbito urbano de la ciudad de Quito, durante la colonia tardía, concretamente en las dos últimas décadas del siglo XVIII, que estuvieron caracterizadas por cambios políticos y económicos, especialmente derivados de la implementación de las Reformas Borbónicas. Este trabajo analiza la normatividad y regulaciones que fueron impuestas por el Estado Colonial para realizar el control de la moral pública y cómo los dispositivos de control incidieron en las relaciones de género de la plebe quiteña que se debatía en una dinámica de contradicciones y tensiones. Para abordar este tema recurrimos a las fuentes históricas que dan cuenta de la estructura de vigilancia y control creada por las autoridades coloniales, donde se destaca la figura del Alcalde de Barrio y la emisión de los Autos de Buen Gobierno en la implementación de las políticas de disciplinamiento. Utilizamos varios procesos judiciales sobre contravenciones y sexualidades transgresoras, específicamente los relativos al adulterio, concubinato y amancebamiento, que fueron también formas de convivencia en las que se estructuró la vida familiar colonial. Dentro del análisis será de relevancia los períodos que corresponde a las Presidencias de la Real Audiencia, en donde las cifras de enjuiciamientos aumentan considerablemente. La casuística utilizada permite exponer las situaciones bajo las cuales se producen esas relaciones ilícitas al interior de los barrios quiteños; el accionar de las autoridades, el desempeño de los testigos como involucrados en los expedientes, los métodos punitivos y las estrategias utilizadas por los transgresores cuando apelan para gestionar su libertad. Acompaña a esta investigación cuatro anexos que contienen la sistematización de la información documental utilizada: las funciones de los alcaldes de barrio; disposiciones y sanciones que se establecieron para imponer un orden social en la ciudad y los procesos judiciales analizados, incluyendo la información correspondiente a las sentencias.