72 resultados para DERECHOS DE LOS ANIMALES
Resumo:
La presente tesis aborda el tema de las bestias urbanas o monstruos urbanos, seres míticos que deambulan en los imaginarios de la urbe, llámense asesinos, ladrones, asaltantes, pandilleros, prostitutas, travestíes u homosexuales. Sus cuerpos anómalos y deformes asemejan a las grandes fauces de cerbero, su malicia es tan grande como el más endemoniado de los animales de la tierra y sus gritos harían estallar los tímpanos de Odiseo. De esa zoología monstruosa surge el rostro de Juan Fernando Hermosa, el “niño del terror”, quien atemorizó a la población ecuatoriana con los asesinatos de taxistas cometidos en diciembre de 1991. Bestias, Hidras y Cancerberos: los mundos recorridos por Hermosa, es un intento de descubrir la ciudad y sus delitos, la cultura del silencio y del terror, lo cual para la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, es conocido solo mediante la palabra de otros. Voces que fueron silenciadas ganan un espacio en esta narración, son múltiples alaridos que hablan desde el terror y el miedo. La famosa banda del terror devela el enmarañado mundo de los poderes: militar, policial y judicial. ¿Quién es este monstruo, esta bestia, esta hidra ? ¿Quién es realmente Hermosa? ¿Cuáles son los crímenes que cometió y cuáles no? Tal vez nunca se podrá desentrañar totalmente su historia, lo cierto es que el mito de Hermosa está vivo en las calles, hay quienes gritan en los callejones de Quito, “esclarezcan los crímenes”, hay ronquidos de ultratumba que cuentan una y otra vez la versión de los once taxistas asesinados a fines del año 91. Esas voces pululan en mi tesis, develando lo que hay oculto en la cultura del terror.
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El presente trabajo, intenta demostrar la indefensión legal en la que se encuentra el consumidor de bienes y servicios en Bolivia, frente a las cláusulas abusivas contenidas en los contratos por adhesión a condiciones generales. Para alcanzar dicho objetivo, comenzamos por revisar brevemente los cambios económicos y sociales que se han producido en el mundo a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, como referentes históricos imprescindibles para entender la adopción del sistema filosófico y económico del individualismo liberal hasta llegar a la sociedad de la información y del consumo, que se caracteriza por el tráfico masivo de bienes y servicios. El tráfico masivo referido origina la utilización de nuevas técnicas contractuales por parte del proveedor, técnicas que le permiten comercializar los productos de forma rápida y masiva. Como respuesta a dichos requerimientos, surge el contrato por adhesión a condiciones generales como técnica contractual que abrevia el proceso de negociación previa entre las partes contratantes, reduciendo el consentimiento a una simple adhesión a condiciones preestablecidas por el proveedor en el contrato y, que además, facilita la inserción de cláusulas abusivas que causan, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Ante la problemática planteada, se revisan los recursos legales con los que se cuenta actualmente en Bolivia para la defensa del consumidor frente a las cláusulas abusivas. Dicho estudio, resalta la insuficiente protección derlos consumidores en el ámbito contractual. Tal situación nos impulsa a elaborar una propuesta teórica y normativa que estructure un sistema de control administrativo previo a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos por adhesión a condiciones generales a fin de que se constituya en un aporte para la promulgación de una ley que proteja los derechos del consumidor boliviano.
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Sumario: Introducción. I. La teoría neoconstitucional: aspectos generales y aclaraciones metodológicas. 1. Las precisiones metodológicas y la perspectiva crítica. 2. El neoconstitucionalismo como nominación y teoría. 3. Los teóricos del neoconstitucionalismo transformador. 4. La estratósfera académica y el rol de la teoría. II. La teoría de la norma: los principios, las reglas y los derechos. 5. Los principios y las reglas. 6. La función de los principios y la interrelación con las reglas. 7. Los principios, las normas penales y civiles, y la seguridad jurídica. 8. El rol de los jueces y los derechos. 9. El liberalismo, los derechos individuales y colectivos. 10. La constitucionalización del derecho privado. III. El neoconstitucionalismo y el estado. 11. El estado de derechos. 12. ¿ Puede el estado ser titular de derechos? 13. Rol del estado ¿estado mínimo o fuerte? 14. Las políticas públicas. 15. La Constitución de Montecristi y la desinstitucionaliación del estado. 16. El hipepresidencialismo, el caudillismo y la plurinacionalidad. IV. La utopia andina 17. La utopía constitucional y la realidad. 18. Reflexiones finales: el saber indígena y la utopía andina. Bibliografía.
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Este trabajo de investigación, versa sobre los principios generales del procedimiento administrativo, dado que en la actualidad estimo que no existe una normativa común que establezca los principios generales del procedimiento administrativo, lo cual a todas luces evidencia una falta de organización en cuanto al manejo del aludido tópico y sobre todo el lamentable rezago en que actualmente se encuentra el Derecho Administrativo en el Ecuador. La falta de uniformidad de los principios generales del procedimiento administrativo en el sistema jurídico ecuatoriano, configura un verdadero conflicto que puede lesionar los derechos de los administrados, produciéndoles indefensión, al existir normas dispersas e incluso anquilosadas que no están a tono con el Estado constitucional de derechos, de igual manera, la situación descrita genera confusión en las mismas autoridades y/o funcionarios que forman parte de la Administración Pública. Por consiguiente hago presente que no existe unificación de principios, circunstancia que pretendo demostrar a lo largo de esta investigación y a la vez he podido concluir que independientemente del ámbito jurídico, los principios jurídicos son comunes dentro de un procedimiento administrativo, verbi gratia, la juridicidad, el debido proceso, la confianza legítima deben ser las directrices a través de las cuales se guíe la autoridad para poder adoptar una resolución correcta y adecuada, máxime cuando el procedimiento administrativo tiene doble función por un lado es una garantía para el administrado y por otro permite a la Administración Pública emitir decisiones adecuadas, correctas y sujetas al ordenamiento jurídico vigente, particularmente a la Constitución que goza del principio de fuerza normativa y por tanto en el procedimiento administrativo, primigeniamente debería respetarse el principio de juridicidad.
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Los principales propósitos de esta investigación son comprender si los modos de extinción previstos en las legislaciones de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, tienen un desarrollo acorde a las posiciones doctrinarias sobre el tema, respetan los principios que orientan el establecimiento de una obligación tributaria y si éstos terminan realmente con la obligación tributaria sustancial, pues existiendo facultades de determinación, fiscalización e inspección otorgadas a las Administraciones Tributarias, podría darse el caso de que algunos modos de extinción de la obligación tributaria sustancial, puedan ser extintivos de la misma en ciertos casos y en otros constituirse como simplemente suspensivos. Para ello hemos dividido nuestro estudio en dos capítulos; el primero nos brinda los fundamentos doctrinarios necesarios para comprender los alcances de la obligación tributaria sustancial, su origen, definiciones, naturaleza, elementos, principios que la rigen y modos de extinción, donde se confrontarán las diferentes posiciones al respecto. El segundo capítulo busca aterrizar las concepciones doctrinarias en la problemática vigente tanto de la normativa Constitucional, cuanto interna de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, aquí se evidenciará, si las problemáticas que se preveían en la doctrina, ocurren fácticamente al ejercer la potestad de imposición Estatal y si esta potestad puede originar ciertas ventajas para el sujeto activo de la obligación tributaria, en detrimento de los derechos de los administrados. Con este análisis se espera contribuir a la discusión sobre el tema y sembrar inquietudes para nuevas investigaciones.
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Desarrolla un panorama del trabajo de la Defensoría del Pueblo en sus ejes de protección y promoción de derechos. En materia de protección presenta cifras de las atenciones brindadas a nivel nacional y provincial, destacando aquellas peticiones que tienen alcance nacional. En promoción de derechos presenta los procesos de educación y formación, investigación, incidencia y transparencia. Presenta los informes temáticos desarrollados y el resultado del monitoreo defensorial respecto de la información pública.
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Presenta las tendencias del proceso de adecuación constitucional y la vigencia de los derechos en 2011, evidenciando la persistencia del manejo inadecuado de una creciente conflictividad; una producción legislativa limitada y una práctica democrática deficitaria en la tramitación de proyectos de ley en materia de derechos humanos; los límites en la actuación de la justicia, cuyo diseño constitucional fue alterado con las reformas introducidas luego de la consulta popular; la situación de los derechos colectivos y de la naturaleza en inminente riesgo ante el modelo extractivista de recursos naturales; el deterioro del derecho a la seguridad integral y la insuficiencia en las políticas públicas sobre derechos humanos. Plantea recomendaciones para lograr el ejercicio material de los derechos.
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El Fondo Monetario Internacional tiene un programa de condicionalidad que materializa por diferentes métodos, entre los que se encuentra las cartas de intención, a través de ellas exigió a Colombia modificar la política macroeconómica a cambio de asistencia financiera y técnica en las que se determinó la orientación de la normatividad jurídica en materia macroeconómica, es decir, la política fiscal, monetaria, de comercio exterior, financiera y política cambiaria; de esta manera, el FMI interviene directamente en la política interna de Colombia bajo el pretexto de ayudar al crecimiento económico sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza. La aplicación de estos condicionamientos se dio a través de reformas laborales, tributarias, de reestructuración al Estado, financiera, de comercio exterior, régimen cambiario, de seguridad social y pensiones, y de regalías. Por lo tanto, en estas circunstancias es importante analizar el tema desde el ámbito del derecho económico, constitucional e internacional, a fin de determinar cuáles son los problemas jurídicos y sociales que han generado estos condicionamientos al supeditar la estabilidad macroeconómica a la balanza de pagos y a los ajustes fiscales, sin importarle el coste social generado y el desmedro a los derechos de los colombianos, contrariando los fines del Estado, debilitando la Constitución y poniendo en crisis el Estado Social de Derecho.
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Debido a la urgencia de aumentar la recaudación tributaria por parte de los países de Latinoamérica, principalmente por el incremento de necesidades del pueblo a ser satisfechas por parte del Estado, se optó por la creación de tributos considerados como innovadores, atípicos o heterodoxos, puesto que salen del esquema de los tributos tradicionales por medio de los cuales se venía recaudando. Con su creación y aplicación aparecieron varias quejas, tachándolos de instrumentos que facilitan la recaudación al Estado, cubriendo fallas de los regímenes tributarios de una manera cómoda, sin tener que resolver el problema de fondo, como es la necesidad de fortalecimiento de los tributos tradicionales, lo cual, consideran sus detractores, tiene como consecuencia que no se tome en cuenta la manera en la que estos nuevos tributos afectan a los derechos de los contribuyentes y a los principios constitucionales tributarios. Con el presente supuesto, se ha desarrollado una investigación en torno a este tipo de tributos, para lo cual primeramente se ha dejado claro cuáles son los tributos tradicionales u ortodoxos, con el fin de presentar una diferenciación entre aquellos; se ha expuesto cuáles son los tipos de tributos heterodoxos que existen en Latinoamérica, cuáles son los más utilizados y qué fines persiguen, además del recaudatorio. Con esto de base, se ha concretado la investigación en torno a los tributos heterodoxos existentes en los países miembros de la Comunidad Andina, cómo se han creado y aplicado y cuáles han sido las quejas puntuales que se han presentado por parte de los contribuyentes por vulneración de derechos o principios constitucionales. Así, con la información recabada y al análisis realizado, se ha llegado a conclusiones fundamentadas respecto a los problemas jurídicos que dichos controversiales tributos generan.
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La violación de los derechos humanos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas en general y del pueblo kichwa en particular, no ha cesado desde la invasión española. Precisamente por esas prácticas de violación de derechos, en la época temprana de la invasión, luego en el proceso de consolidación del sistema colonial y posteriormente republicano, la reflexión sobre los derechos del otro fueron debatidos en diferentes niveles. En el caso al que hacemos referencia, los pueblos indígenas, la reflexión sobre el rol de la lengua fue un tema que estuvo presente en todo el proceso de de la invasión, dichos derechos se expresan en documentos como las cédulas reales de la Corona española, las bulas; papales de la iglesia, las resoluciones de los concilios provinciales de la iglesia, que dictaminan inicialmente la enseñanza de la lengua española. Luego, al percatarse de las dificultades de comunicación existentes y constatar la existencia de lenguas diversas, optarán por instrumentalizar el uso de la lengua, es decir, exigir el aprendizaje de la lengua kichwa, la lengua general, con fines netamente políticos asociados a la evangelización, para lo cual dictarán normas, procedimientos, estrategias que garantizarán el cumplimiento de dichos objetivos.
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El presente texto realiza acercamientos reflexivos de tipo socio-jurídico frente a distintas perspectivas normativas presentadas por el régimen de propiedad intelectual en instituciones del sistema de comercio global contemporáneo sobre protección de conocimientos tradicionales. Para ello, la presente investigación ha seleccionado como grupo representativo de los denominados conocimientos tradicionales a los pueblos y comunidades indígenas especialmente del sur y centro de la Abya Yala (América) con el objeto de contextualizar y observar las perspectivas planteadas desde una cosmovisión y enfoque distinto sobre el conocimiento y los aspectos vinculados a este -de varios que podrían existir- respecto a aquel paradigma normativo que interpreta al conocimiento como propiedad. Este estudio ha logrado plantear criterios normativos alternativos sobre protección de conocimientos tradicionales con los que se pueden nutrir las discusiones sobre segmentos actualmente descuidados en las relaciones jurídicas y económicas internacionales, en especial, aquel entre pluralismo jurídico y la corriente vigente de universalismo normativo, y por otra parte, criterios que aportan a la reflexión sobre la necesidad de acuerdos de prelación entre los distintos tipos de derecho a nivel internacional acompañados de vínculos de cooperación y coherencia entre distintos sistemas jurídicos. En el documento usted puede encontrar: Explicaciones sobre las prácticas frecuentes entre las comunidades indígenas acerca de los conocimientos que administran junto con la incidencia que estos tienen sobre su organización y vida social, además de las circunstancias históricas externas que aún se encuentran afectando sus posibilidades de existencia y protección. Una radiografía del contenido ideológico y del modelo económico comercial que se encuentra marcando actualmente la normatividad global sobre el intelecto. Una presentación de perspectivas críticas en debate con las perspectivas del régimen de propiedad intelectual en el comercio internacional; y, Conclusiones y recomendaciones para la protección global de los conocimientos tradicionales.
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La presente investigación está centrada en el régimen impositivo tributario seccional; cuyo enfoque principal esta dirijo al análisis de dos ordenanzas municipales, las cuales fueron emitidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Azogues y Cuenca, en donde se imponen prestaciones patrimoniales públicas en base de la utilización de bienes de dominio público, la primera mediante el establecimiento de un servicio de estacionamiento rotativo tarifado y la segunda con la finalidad de permitir la colocación de publicidad en los medios de transporte dentro del respectivo Cantón. El objetivo buscado con esta investigación es identificar cuál es la naturaleza jurídica de dichas prestaciones y determinar si estamos frente a una prestación tributaria, específicamente una tasa. Este análisis se lo realizó en base a un estudio previo de la teoría doctrinaria sobre la tasa, buscando instrumentos que nos permitan individualizarla para entender su origen y razón de ser; además de realizó una revisión de sus características y elementos para distinguirla de otras prestaciones patrimoniales; de igual forma se tomó como pilar fundamental de este trabajo las disposiciones constitucionales y legales que regulan a esta clase de tributo. Todo este esfuerzo nos ha permitido evidenciar como se está aplicando la tasa dentro de los gobiernos municipales, concebida esta, como instrumento generador de ingresos en pos de lograr una independencia financiera; al igual que nos ha posibilitado identificar respecto de los casos en estudio, si se están cumpliendo con los requisitos tanto de fondo cuanto de forma necesarios para su pleno establecimiento y validez. Finalmente, nos permitimos establecer recomendaciones dirigidas hacia una correcta aplicación de la potestad tributaria que ostentan los gobiernos subnacionales, es decir, procurando que el ejercicio de dicha facultad guarde armonía y respeto a las regulaciones establecidas por la ley, lo que a nuestro entender constituye el camino adecuado que garantizará la no afectación de los derechos de los ciudadanos.