Conflictos de la alteridad en una sociedad multicultural. (La supervivencia y el diálogo de las diferencias)

Las organizaciones indígenas han hecho una rigurosa defensa de su cosmovisión y concepción de justicia, remarcando diferencias con el derecho estatal moderno. Las expresiones del ejercicio del poder interpuestas ante el Estado, permiten entender las formas de poder étnico como factor constitutivo de la cuestión étnica. Los derechos humanos de los Pueblos indígenas deben hacer parte integral de una política de Estado, que armonice con el resto de políticas, especialmente con las de desarrollo económico.

Administración de justicia indígena

El reconocimiento de la pluriculturalidad del Estado ecuatoriano lleva implícito el respeto a las formas de organización social y de control del comportamiento de los miembros de los pueblos indígenas, para mantener la armonía interna y preservar sus formas de vida. Por tanto, el reconocimiento de la pluriculturalidad implica el reconocimiento del pluralismo jurídico.

Indigenización versus faccionalismo

Los pueblos indígenas en Latinoamérica pasan por un proceso desigual y contradictorio de indigenización, proceso por medio del cual un grupo, facción, movimiento o sector amplísimo de la sociedad asume que la identificación con su raíz cultural es una orientación válida para su acción. La indigenización tiene como su principal oponente al faccionalismo que es la maximización de los intereses de una facción que, cuando logra desestructurar un movimiento social y cooptarlo, puede reproducirse casi ilimitadamente. Su remoción requiere de juventud, liderazgo e integridad. Para ello, Latinoamérica y sus pueblos indígenas tienen una herramienta formidable a su alcance: la cultura.

Multiculturalismo, derechos humanos y Constitución

Constitucionalmente, Ecuador es un Estado "pluricultural y multiétnico". La participación indígena en el último proceso constituyente, 1998, sostuvo dicho reconocimiento, el cual ha sido rehuido por el Estado ecuatoriano desde la misma independencia. Es que, aunque el reconocimiento de la multiculturalidad se redujera tan sólo a un gesto de la Constitución, ya podría resultar de por sí comprometido.

El desplazamiento indígena en Colombia. Caracterización general

En 1991, cerca de 200 indígenas Wounáan de la comunidad de Curiche en la Costa Pacífica norte se desplazan hacia Juradó, presos del terror por las agresiones propinadas y las amenazas de los narcotraficantes. Estas mismas comunidades en diciembre de 2000 (frente a un ataque de las FARC a Juradó), salen hacia Panamá; cuatro meses más tarde retornan a Colombia. Sin embargo los Embera de Aguas Calientes y Guayabal (comunidades cercanas), víctimas del terror producido por una masacre paramilitar, se desplazan a Juradó y allí, a pesar de la muerte de su principal dirigente Armando Áchito por parte de las FARC, asumen el retorno, reconfigurando un nuevo poblamiento y una nueva estrategia de resistencia desde lo organizativo. Esta es solo una muestra de lo que ha significado el itinerario de una desconocida y dolorosa tragedia de los pueblos indígenas colombianos.

¿Es posible conciliar los derechos colectivos y los derechos individuales en la justicia indígena en el Ecuador?

El ejercicio de la administración de justicia de los pueblos indígenas es uno de los derechos colectivos más visibilizados en la sociedad ecuatoriana; sus prácticas, vistas desde una concepción occidental, han sido cuestionadas al argumentar que los usos y costumbres propios contravienen los principios de los derechos humanos. El presente estudio pretende aclarar el contexto y la definición de la justicia indígena como derecho propio, diferenciándola de otros hechos, tales como el linchamiento y ajusticiamiento. Reflexiona sobre cómo los derechos individuales (a la vida, la libertad, integridad, propiedad) están garantizados en la aplicación de la justicia indígena y analiza los mecanismos de conciliación que pueden interactuar y fortalecer los dos sistemas de justicia, a partir del reconocimiento y respeto del derecho propio, el diálogo intercultural, el desarrollo de las leyes y la constitución de un sistema jurídico de los pueblos indígenas. Para lograr el pleno ejercicio del derecho propio, el estudio analiza la Constitución del Ecuador, los instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas, normas que de una u otra manera garantizan los principios, procedimientos y autonomía de la justicia indígena. Finalmente, a partir del análisis de expedientes, el trabajo reflexiona sobre las fiscalías indígenas, independientemente de cada uno de los actores: indígenas, instituciones, jueces, fiscales. En relación a la incidencia en la justicia indígena, se plantea la preocupación de si las fiscalías indígenas pueden llegar a constituirse en un espacio que atente contra la autonomía y la facultad jurisdiccional que tienen las autoridades indígenas, principio consagrado en el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador.

Diversidad y derechos humanos. Un desafío para la administración de justicia penal

La administración de justicia oficial en las dos últimas décadas es interpelada permanentemente por el desafío de convivir y coordinar con la administración de justicia indígena. Este desafío asume diferentes matices, pero sin lugar a dudas se convierte en uno complejo y difícil de enfrentar cuando incorporamos a su análisis el tema de los derechos humanos traducido en los límites -discutibles en cuanto a su existencia- que deben imponerse a la justicia de los Pueblos indígenas ante la potencial violación a los derechos fundamentales. De este modo, la diversidad cultural frente a los derechos humanos se ha convertido en uno de los temas más sensibles tanto en su análisis teórico como en los modos de instrumentación. Pero antes de presentar concretamente el problema que constituye la relación entre diversidad y derechos humanos (y sus posibles soluciones), vale la pena señalar algunos presupuestos que dan forma y contenido al sistema de justicia frente a los Derechos de los Pueblos indígenas, dentro de un determinado modelo de Estado que se encuentra en permanente construcción.

La eficacia de la consulta previa en la realidad del mundo indígena amazónico del Ecuador

En la presente tesis titulada: La eficacia de la consulta previa en la realidad del mundo indígena Amazónico del Ecuador, explico cómo a través del esquema mono cultural de ciudadanía, aplicado desde al origen de la Nación ecuatoriana, se han invisibilizado un sinnúmero de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la consulta previa. Bajo éste parámetro es menester explicar los perjuicios ocasionados a las llamadas sociedades minoritarias, también conocidas como pueblos indígenas a lo largo de su existencia. El derecho a la consulta previa y participación ciudadana, es un proceso mediante el cual cualquier persona o grupo de personas que se sientan vulnerados en sus derechos e intereses como consecuencia de decisiones gubernamentales, pueden hacer valer sus demandas ante las autoridades competentes, con la finalidad de precautelar sus derechos constitucionalmente reconocidos. El derecho a la consulta previa y al consentimiento, en la actualidad deben ser entendidos como unos mecanismos viables de protección y defensa de los serios intereses de la ciudadanía ecuatoriana, superando el paradigma clásico de derechos estrictamente de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, esto, en razón de que su incorrecta interpretación haya permitido que ciertos grupos queden bajo indefensión. Mediante la interpretación de los marcos legales nacionales e internacionales describo los derechos en los cuales se encuentran circunscritas las garantías a la consulta previa y al consentimiento previo infirmado, para argumentar el incumplimiento del derecho a la consulta en el Ecuador. Analizo los casos planteados por los pueblos indígenas ( Embera- Katio de Colombia, Kichwa de Sarayaku Pastaza y Shuar de Morona Santiago de Ecuador), por la violación de sus derechos colectivos y sociales.

La iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) en Ecuador desde un enfoque de derechos humanos: el caso del proyecto del eje multimodal Manta-Manaos

La Iniciativa IIRSA, que consiste en el impulso de la integración regional sudamericana a través de obras de infraestructura para el comercio, amenaza seriamente los derechos de las poblaciones y los sistemas ecológicos del continente. Tanto el ambiente como las personas están en riesgo por proyectos de gran envergadura con inadecuada planificación, que abarcan represas hidroeléctricas, carreteras, oleoductos, gasoductos, hidrovías, etc. En Ecuador, el eje multimodal Manta-Manaos es el proyecto de IIRSA que más ha motivado la alerta en la sociedad civil y las organizaciones indígenas, ya que buscaría convertir al río Napo en una hidrovía para el transporte de mercaderías en grandes cantidades, poniendo en peligro uno de los puntos de mayor diversidad biológica del planeta por su especial ubicación, así como los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas de la zona. En este marco, es de suma importancia el respeto y garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, quienes han conservado su modo de vida tradicional a lo largo de los años. Dada la particular relación con sus territorios, son ellos quienes deben decidir, por medio de adecuados procesos de consulta previa y consentimiento libre e informado, sobre la posibilidad de ejecutar proyectos de “desarrollo” o “integración regional” en sus territorios ancestrales. Los objetivos específicos de este trabajo son dar a conocer la existencia de la Iniciativa IIRSA y su cartera de proyectos en el Ecuador, definir los estándares ambientales y de derechos humanos que debe cumplir un proyecto de infraestructura y analizar el proyecto Manta-Manaos desde un enfoque jurídico, tomando como eje su adecuación a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. En este sentido, resultan fundamentales los avances jurídicos recogidos en la normativa internacional, principalmente en el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que constituyen instrumentos jurídicos clave para la exigibilidad de estos derechos. Del mismo modo, el establecimiento de garantías ya no sólo jurisdiccionales, sino también políticas y normativas en la nueva Constitución, son avances que debemos aprender a utilizar para la protección de los derechos y el ambiente. En esta investigación, en primer lugar se hace una aproximación descriptiva a IIRSA, a continuación se describe la cartera de proyectos de la iniciativa en el Ecuador, tanto del Eje Andino como del Eje Amazónico, pasando directamente al análisis del proyecto del eje multimodal Manta-Manaos y los estándares internacionales ambientales y de derechos humanos aplicables en el diseño, ejecución y funcionamiento de proyectos de infraestructura. En esta sección se tratan los estándares internacionales en materia de participación social, consulta previa, consentimiento libre e informado en relación a derechos colectivos de los pueblos indígenas, acceso a la información pública, beneficios compartidos y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, así como del derecho al desarrollo como un derecho síntesis, que pretende un reforzamiento y profundización de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Finalmente, esbozamos algunas conclusiones y recomendaciones.

Aplicación del rediseño curricular de EIB en el sexto y séptimo nivel de educación básica del Centro Educativo Experimental Intercultural Bilingüe "CEDEIB-Q" de San Roque, Quito, Pichincha

El reto de los sistemas educativos debe centrar en ofrecer la calidad que la sociedad exige: primero por la atención a la diversidad, que demanda de una oferta educativa de atención definida, que cada alumno requiere en términos de equidad y segundo por una permanente evaluación que es el medio de disposición de elementos de juicio fiables y válidos, para tomar medidas inmediatas de mejora de los diferentes componentes del sistema educativo, con mayor convencimiento de que la educación intercultural sigue siendo una de las prioridades centrales de la humanidad, sustentada en la equidad, pertinencia, eficacia y eficiencia característica, de la excelencia. En este contexto el trabajo que se presenta en esta tesis, es un intento por entregar una visión representada como un proceso de investigación, análisis e interrelación de reformas educativas de los sistemas, con la historia de los procesos de lucha de los pueblos indígenas exteriorizado en experiencias educativas previas y las sugerencias de las concepciones técnico-científicas de la educación vinculado con el siglo XXI la sociedad del conocimiento y de la información, un interés por comprender en educación la realidad socio-lingüística, político-económica y socio-cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo en el esfuerzo de realizar esta investigación, sobre la “Aplicación del Rediseño Curricular de EIB., en el sexto y séptimo nivel de Educación Básica del CEDEIB-Q” de San Roque, Quito, Pichincha, a pesar de que las experiencias previas antes de la creación de la DINEIB han sido exitosas, el sistema de EIB., no ha contribuido a fortalecer estas expectativas, puesto que según los resultados, existiendo un instrumento curricular, no ha apoyado a su real aplicación: las “clases” se realizan en español, no existen materiales de consistencia en LM., no se evidencia la presencia de los factores asociados al proceso, se demuestra un descuido total del sistema en los procesos de reconceptualización del currículo, capacitación, acompañamiento y evaluación continua.

Compañías incluyentes: ¿una nueva receta para doblegar a la pobreza en el Ecuador?

En varias provincias del Ecuador se puede evidenciar la pobreza extrema, siendo las poblaciones afroecuatorianas e indígenas las más afectadas. La mayor concentración indígena se encuentra en la provincia del Chimborazo, en donde las condiciones esenciales de vida son incipientes dando como resultado un alto índice de desocupación, escaso acceso a la salud y educación; favoreciendo de esta manera a la emigración. Razón por la cual, surge la idea de un grupo de familias indígenas del Chimborazo; para que sean parte de la cementera de la provincia, a través de la venta de acciones. A esta propuesta se la conoce con el nombre de compañías incluyentes y en el caso de la provincia del Chimborazo se lo denomina como Pobres Inc. La idea en mención es una adaptación de casos exitosos como son la aldea Huaxi en China, pueblos indígenas en Alaska, los ESOPS (Plrules de la Propiedad de Acciones de Empleado, o Employee Stock Ownership Plans) en Estados Unidos entre los más relevantes. Uno de los objetivos de esta tesis es determinar si esta propuesta es de carácter incluyente o solo puede ser aplicada bajo ciertos parámetros y hacia ciertas personas, determinaremos sí las compañías incluyentes son una nueva alternativa para combatir a la pobreza o solo se convertirá en otro proyecto fallido de la región.

Foro: revista de derecho. 7 (Recensiones)

Presenta las reseñas de los siguientes libros: Velasco, Agustín Grijalva Jiménez, TEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INTERNET Y DERECHOS DE AUTOR. LOS DERECHOS INTELECTUALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. LAS PATENTES DE SEGUNDO USO. Serie Estudios Jurídicos, vol. 28. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Corporación Editora Nacional, 2007, 242 pp. -- Valencia Amores, ECUADOR Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH). ESTUDIO SOBRE LA COMPATIBILIDAD ENTRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO Y LAS NORMAS DEL DIH. Quito, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Delegación Regional para Bolivia, Ecuador y Perú, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006, 212 pp. -- Iván Castro Patiño, INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN: TEORÍA GENERAL, DERECHO COMPARADO, REFORMA NECESARIA EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA, Guayaquil, Editorial Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2006, 205 pp.

Derechos intelectuales colectivos: un localismo que se debate entre poderes y redefiniciones globales

En medio de una dinámica de cambios y redefiniciones política, económicas y sociales de tipo global, un localismo representado por los conocimiento que poseen comunidades indígenas y locales ubicadas al interior de los Estados nacionales, representa el tipo de conflictos que deben ser resueltos por la sociedad política actual, esto es, un conflicto que para su resolución, depende no solo de las políticas que se adopten al interior de los Estados, sino que involucran las definiciones que se den tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Los pueblos indígenas demandan el reconocimiento de derechos de los conocimientos que han acumulado y que generan como fruto de su sistema de vida comunitario y consideran que despojan las grandes corporaciones internacionales en su afán ilegítimo e ilegal de acceso y uso de la biodiversidad, de los recursos genéticos y de los conocimientos asociados a ellos. El sistema legal internacional, regional y nacional ha venido estableciendo normas y procedimientos para regular este conflicto, sin embargo, no resultan suficientes debido a la asimetría de poder entre unos y otros, a la falta de eficacia de algunos instrumentos legales y al escaso desarrollo de la legislación secundaria para regular realidades específicas. En este contexto, la ubicación de mecanismos y procedimientos específicos de protección de conocimientos colectivos así como la identificación de contenidos para el desarrollo de un sistema sui generis de protección de tales derechos contribuirá a encontrar salidas favorables a la integridad de la biodiversidad y a los derechos de los pueblos indígenas.

El microcrédito en las comunidades de Luz María y Tamarindo, parroquia Molleturo - Azuay

El presente trabajo estudia la incidencia del microcrédito en el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos de mujeres de las comunidades de Luz María y Tamarindo, de la parroquia Molleturo, provincia del Azuay, del cantón Cuenca. Se analiza el microcrédito en el contexto ecuatoriano, la distinción entre lo urbano y lo rural, las características y tendencias de estos sistemas y las particulares del programa en las Cajas Solidarias. Se aborda la presencia de instituciones financieras formales no reguladas, los sistemas financieros informales que hacen que esta maquinaria crediticia funcione en los diferentes espacios del territorio ecuatoriano. A partir de estas instituciones, se desarrollan tendencias y enfoques que van dirigidos para los diferentes estratos económicos y sociales en el Ecuador. La presencia de programas de microcréditos que irrumpen en el país, como respuesta y mecanismo para combatir la pobreza, nace desde diferentes iniciativas de organismos internacionales, del Estado, de Organizaciones No Gubernamentales y de grupos organizados de la sociedad civil como es el caso que nos ocupa, las Cajas Solidarias impulsadas por las organizaciones campesinas con el apoyo del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, Prodepine. El funcionamiento de las Cajas Solidarias, es un testimonio vivo, que demuestra claramente que los pobres, y particularmente las mujeres, pueden ser sujetos de microcréditos, demuestran que son fiables para el retorno de los recursos financieros y al mismo tiempo permite mejorar la calidad de vida de las familias que acceden a estos recursos con un valor agregado, el microcrédito se convierte en una herramienta educadora, transformadora, de mejoramiento de la autoestima y de desarrollo.

La supremacía constitucional en Bolivia (Tema Central)

Este artículo analiza la supremacía de la Constitución, en el escenario boliviano, frente al resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Se estudia de manera particular a los tratados internacionales –en particular aquellos que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos– en relación al debate sobre su jerarquía en el ordenamiento jurídico boliviano y, en particular, frente a la Constitución. Finalmente, se precisa la jerarquía que le corresponde a las normas propias de los pueblos indígenas, originarios y campesinos en el ordenamiento jurídico boliviano.