59 resultados para Crisis orgánica


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La “Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 del 10 de diciembre de 2012, es el objeto principal de esta investigación. La forma en la que fue planteada, el proceso seguido hasta su aprobación, y la esencia misma de la Ley, dejan dudas respecto de la constitucionalidad de la norma. Para el análisis ha sido necesario referirse tanto a los principios constitucionales como a los principios legales y a aquellos comunes a la generalidad del Derecho, previo a un análisis de la protección jurídicoconstitucional del contribuyente. Se hace referencia a dos fuentes del Derecho, la Constitución y los Acuerdos Internacionales, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los mismos que consagran el principio de igualdad ante la ley y no discriminación de personas, grupos o comunidades, que es aplicable en cualquier situación jurídica. El principio de igualdad, es en nuestra constitución, un principio de aplicación de los derechos fundamentales, y por tanto antecede a la igualdad tributaria, en cuanto exige una actitud de los poderes públicos contra la discriminación y un imperativo de su actuación para el legislativo. El trabajo incluye una visión del sistema económico político y social imperante antes de la reforma legal; un examen de la Ley y las diferentes facetas de la carga tributaria y de las sanciones previstas; un análisis de las finanzas públicas, del gasto social y de los efectos de la Ley en la economía, así como la incidencia de los impuestos; y, un estudio sobre el papel del sistema financiero en la economía y el marco de regulación y control al que está sujeto. Al final se ensaya una perspectiva sobre la economía para el 2014, advirtiéndose las señales que inquietan al inversionista y los riesgos sistémicos sobre los cuales las autoridades de control deben tomar atención especial. Se realiza un breve análisis sobre hechos subsecuentes, como la aprobación del Código Monetario y Financiero por parte de la Asamblea Nacional. Tanto en el campo del Derecho, como en el de la Economía, se recurre a criterios de destacados expertos que han enriquecido la investigación.

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El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo principal analizar la aplicabilidad del principio de igualdad en los procedimientos precontractuales establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al incorporar la institución jurídica de la contratación preferente, y realizar un estudio comparado respecto de las contrataciones preferentes en otras legislaciones. El principio de igualdad, uno de los más importantes en el ámbito de la contratación pública, exige que todos quienes se hallen aptos para concurrir a un proceso de contratación reciban igual trato sin discriminación alguna. Las entidades contratantes deben establecer condiciones que permitan una participación igualitaria, sin incluir requisitos que limiten o sitúen a determinados oferentes en una posición de superioridad o de preferencia. La incorporación de la institución jurídica de la contratación preferente, al parecer, quebrantaría el principio de igualdad; por ello, se pretende analizar su aplicabilidad en los procedimientos precontractuales, con énfasis en la cotización y menor cuantía, e identificar como opera este principio al incluirse márgenes de preferencia a favor de actores de economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas empresas, y si tal preferencia, convierte a estos procedimientos en incluyentes y excluyentes a la vez, por las características establecidas en cada uno de ellos. La investigación que consta de tres capítulos, se desarrolla desde la óptica del Derecho administrativo, se aborda el principio de igualdad como equidad, lo que permite identificar la importancia del mismo en los procedimientos precontractuales, a través del análisis jurídico comparativo, histórico y jurídico constitucional, así como el legal actual, que establece ciertas excepciones que relativizan al principio de igualdad; permitiendo despejar las dudas respecto de su aplicabilidad.

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Desde fines del año pasado, ocho años de administración de la bonanza parecían sucumbir precipitadamente ante la obligada gestión de la austeridad. Esta vez todo hace pensar que la crisis económica no será como la de 2009, cuando un problemático semestre siguió a dos años de esplendoroso desafío a cualquier sombra de disciplina fiscal. Inmediatamente vino la recuperación. En ese entonces todavía quedaban reservas monetarias provenientes de los ahorros obligados por la ortodoxia neoliberal. A pesar de ambas cosas -tanto de las reservas remanentes como de la corta duración de la crisis-, el año 2009 se recuerda aún como el período de más baja popularidad en ocho años de gobierno: la valoración positiva de la gestión gubernamental llegó a casi el 50% de aprobación cuando el promedio en años posteriores ha superado el 70%.

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Se repasa sobre colonialidad y modernidad para entender los procesos entrelazados que existen entre estas dos figuras, modernidad como la figura donde la colonialidad del poder se estructura. Se introduce al fenómeno moderno en el arte y cómo este se deriva en la posmodernidad de las artes visuales en Occidente y en Latinoamérica. Esto permite situar al arte visual como lenguaje para poder mirar la situación del arte en Ecuador y específicamente en Quito. Hasta la década de los ochenta, Ecuador se mantuvo al margen de la escena contemporánea del arte visual del mundo y del continente. En los noventa el Ecuador atravesó momentos delicados, en lo cultural, lo económico y lo político, circunstancia que puso en crisis algunos sistemas de las prácticas modernas del Estado nacional; entre otras, la institucionalidad de las artes plásticas, migrando a una serie de prácticas que se sitúan en el borde del arte, resultando la expansión del campo. El arte visual en Quito durante los noventa había sido penetrado por estas circunstancias que expandieron la acción, el debate y los circuitos de difusión. Dentro de lo cultural se posicionaron nuevos actores que abrieron un campo independiente de las instituciones legitimadoras del arte nacional por fuera del discurso hegemónico.

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En la actualidad, uno de los temas que presenta mayor relevancia en el contexto mundial es la crisis energética, cuyas manifestaciones se han representado en la escasez de reservas de petróleo generado altos costos en las explotaciones y volatilidad en los precios. Por tanto, los países dependientes han conducido sus propósitos a la búsqueda de fuentes de energía alternativa y renovable. La más importante la constituye los biocombustibles, los cuales se derivan de la biomasa de materia orgánica, proveniente de diversos cultivos, generalmente agrícolas y forestales, y que ha presentado un incremento de producción mundial a un ritmo anual del 10% desde el año 20101. Esta dinámica va acompañada del rol activo de los Estados que articulan instrumentos que favorecen la multiplicación de cultivos energéticos, ocasionando intensos debates en el ámbito mundial, que conllevan a revisar los efectos que en la actualidad estas políticas han generado en el mundo y en Colombia, país que desde el año 2002 ha realizado apuestas en torno a esta posibilidad de conseguir energía de forma alternativa.

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La presente tesis contiene un estudio crítico del sistema de arbitraje en el ámbito nacional, su naturaleza jurídica, los principios que rigen el sistema, la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes, las clases de arbitraje y la materia transigible. Constatamos la relevancia y bondades del arbitraje en general y revisamos las características propias de un sistema especializado de arbitraje de consumo. Realizamos un análisis de la protección constitucional a los consumidores, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que rige la materia y sus principios. Arribamos así a los mecanismos de solución de conflictos en materia de consumo, concluyendo que hoy por hoy no se encuentran efectivamente garantizados nuestros derechos como consumidores y por ello la necesidad de proponer un mecanismo adecuado para que los consumidores cuenten con una vía efectiva y eficaz de solución de las controversias, que rijan en torno a una relación de consumo. Como señala Cueto Rúa, el común de los ciudadanos considera una desgracia el verse involucrado en trámites ante los tribunales. Sostiene que la hondura de la crisis judicial es tal que quienes la experimentan y la padecen –como jueces y abogados- han comprendido que la solución requiere mucho más que la modificación de determinados artículos del Código Procesal.1 Este trabajo toma mayor cuerpo cuando realizamos una aproximación a las legislaciones de países pioneros en su implementación -que resultan determinantes-, como lo son España y Argentina, abordando así las características principales de éste arbitraje especializado como son la gratuidad, simplicidad, celeridad, voluntariedad, la oferta pública de adhesión, el convenio arbitral y la fuerza del laudo arbitral y el procedimiento en general. En base al estudio del funcionamiento de sistemas exitosos como los que indicamos, que sin duda son un referente internacional, proponemos en esta tesis unos lineamientos para el diseño de un sistema arbitral especializado en el campo del consumo en el Ecuador.

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Desde el año 2008, los países de la zona euro conocen una crisis muy profunda que no tiene visos de concluir. Las recientes decepciones de varios países del sur de Europa (España, Grecia y Chipre) podrían sugerir que esta crisis es el resultado de decisiones políticas no adecuadas o de la crisis financiera mundial. La idea principal de este artículo es que los fundamentos de la crisis actual de la zona euro son mucho más complejos que aquellos expuestos de forma cotidiana por la prensa e incluso por analistas económicos. En el caso del euro, los problemas ocurridos son resultado principalmente de una arquitectura monetaria y financiera incoherente e incompleta. El euro nació como una moneda única con deficiencias estructurales e institucionales que no han sido corregidas desde su creación e implementación.

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Esta tesis indaga qué fue el sujeto revolucionario para la intelectualidad orgánica de la izquierda ecuatoriana en el período comprendido entre 1975 y 1986. Se parte de la existencia de interpretaciones diversas y divergentes del tema, tanto para las corrientes comunistas (PCE, MRT), las socialistas (PSE, PSRE); las maoístas (PCMLE), las nacionalistas (AVC, MPL) y las guevaristas (MIR). El corte temporal escogido (1975-1986) comienza con: I) la declaratoria de la Primera Huelga Nacional del FUT el 13 de noviembre de 1975, y el ascenso de la lucha de clases encabezada por el movimiento obrero; y culmina con: II) el decaimiento de los proyectos devenidos, de una u otra forma, del campo de la revolución (descabezamiento de AVC, liquidación de otras formas de subversión como MPL y OPM, extinción del PSRE, consolidación de la línea electoral en la mayor parte de los partidos de izquierda –como el PSE, el PCMLE y el PCE–, disgregación del MIR en varias fracciones, desaparición del MRT), y el ascenso de formas de lucha no clasistas con el advenimiento de los denominados movimientos sociales. Se entiende a los intelectuales orgánicos como la expresión de un ‘intelectual colectivo’ (el Partido para Gramsci) que abandera una determinada tendencia políticaideológica, integrada en un particular contexto histórico y social. En esta línea, los partidos analizados representan la voz de una intelectualidad de carácter colectivo. La ‘categoría’ sujeto revolucionario, hace referencia a actores sociales específicos que actúan, dinamizan y se crean en una determinada conflictividad. No se aborda al sujeto revolucionario como algo acabado, sino más bien como una creación particular, que se forja en el terreno de la lucha de clases concreta. A nivel de la estructura metodológica se establece un diálogo entre las preguntas: ¿cómo se pensó al sujeto revolucionario en la tradición marxista internacional? (capítulo uno), y ¿cómo se pensó el sujeto revolucionario en la izquierda ecuatoriana del período 1975-1986? (capítulo dos). Con la finalidad de determinar las tesis y puntos de vista convergentes de cada una de las tradiciones partidarias estudiadas (capítulo tres), agrupándose al sujeto revolucionario pensado desde la izquierda en las siguientes figuras o denominaciones: I) el militante revolucionario; II) el pueblo; III) la población sufragante; IV) el proletariado como clase obrera industrial; y, V) el proletariado como sujeto negativo.

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Un creciente número de actores extraterritoriales del sector privado, a menudo en asociación con el estado, están expandiendo las fronteras de economías extractivas y de exportaciones primarias a nuevos territorios rurales en América Latina. Este artículo analiza las condiciones que podrían impulsar esfuerzos significativos para abordar problemas ambientales en territorios dominados por actividades extensas, controladas externamente y basadas en recursos naturales. Se estudian tres casos: la acuicultura del salmón en Chiloé (Chile), la fruticultura en O’Higgins (Chile) y la producción de gas en Tarija (Bolivia). Concluimos que es poco probable que dichos esfuerzos ocurran, a menos que los problemas ambientales amenacen directamente la viabilidad a corto plazo de las actividades o emerjan movimientos sociales para exigir cambios.

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La crisis financiera y económica internacional originó una convulsión mundial con altísimos costos económicos y sociales, y motivó un fuerte cuestionamiento a la supuesta solidez del pensamiento económico dominante. Ecuador, un país marginal y que vivió su mayor crisis financiera en los años 90 del siglo anterior, también sufrió el impacto de esta crisis. Con el objeto de comprender mejor este fenómeno, este libro aborda aspectos relevantes sobre los canales de transmisión de la crisis, describiendo sus efectos en el sistema financiero latinoamericano. Se analiza particularmente el caso del Ecuador y se presenta una comparación con las situaciones de Colombia y Perú. El autor se pregunta cuáles fueron los efectos de la crisis financiera mundial y cómo reaccionaron los países en desarrollo frente a los choques negativos en el comercio y las finanzas, para luego discutir el comportamiento procíclico del sistema bancario privado del Ecuador y el rol de la banca pública en esta coyuntura. El libro familiariza al lector con temas económicos de gran importancia en la actual coyuntura internacional. Concluye con varias consideraciones sobre el neoliberalismo, la importancia del rol del Estado, los desafíos para los países en desarrollo y para las finanzas del Ecuador. De esta forma acerca al lector a la profundización y reflexión sobre los retos que estas cuestiones plantean.

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La conflictividad por el uso del agua, tanto a nivel local como global, tiene sus raíces en la relación del ser humano con la naturaleza. Dicha relación ha entrado en conflicto desde la constitución del modelo capitalista que mira a la Naturaleza como una caja de recursos, en donde se inserta el agua. El presente estudio pretende ilustrar la evolución del concepto de conflicto: ambiental, socioambiental e hídrico; con el fin de conocer de manera general la conflictividad por el uso del agua dentro del contexto de la crisis hídrica (local, regional y global) y agudizada por el cambio climático, mediante la presentación de un caso de conflicto por el uso del agua entre el campo y la ciudad, en la Sierra centro-norte del Ecuador. La metodología empleada en esta investigación parte del análisis y evolución del conflicto socioambiental hídrico, para luego (desde lo general a lo particular) revisar la dinámica de la crisis hídrica y los conflictos emblemáticos internacionales, regionales y locales. El trabajo incluyó la lectura y el diálogo académico con autores expertos en conflictos socioambientales, la integración del componente científico del cambio climático mediante la revisión de los informes técnicos más actualizados en todo nivel y la investigación in situ del caso de la conflictividad local en la zona de estudio (cuenca social de Güitig versus la ciudad de Quito). El resultado principal de la investigación afirma la hipótesis de la investigación: el cambio climático se presenta como un factor no tradicional integral que agudiza, acelera, complejiza y potencia los impactos de los demás factores estructurales, que tradicionalmente determinan la conflictividad hídrica: socioeconómicos, socioambientales, socioculturales, políticos e institucionales. Dependiendo de la gestión que se aplique, el mismo puede convertirse en una oportunidad para solucionar la conflictividad estructural.

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Esta investigación busca determinar si los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor permiten que los consumidores puedan acceder a una tutela eficaz de sus derechos como consumidor en la adquisición de bienes o servicios. En un inicio, se identificarán nociones fundamentales de lo que es el derecho del consumidor; su avance histórico a nivel mundial centrándose posteriormente en América Latina, para finalmente explicar su formación y desarrollo en el Ecuador; a continuación se explicarán cúales son los derechos que los justiciables tienen como consumidores, así como cúales son los procesos a los que en las vías administrativas o judiciales tienen la posibilidad de acceder. Se realizará un trabajo de campo e investigativo, que consiste en obtener información en los órganos administrativos (Defensoría del Pueblo) y judicial (Comisarías e Intendencia de Policía Nacional de Quito, Juzgados de Contravenciones y Juzgados de Garantías Penales de Quito) desde el 2005 hasta la fecha, a fin de elaborar una base de datos que permita identificar cuántos procesos de defensa de consumidor se han realizado y se han resuelto en los ámbitos administrativos y judiciales. La investigación realizada determinará si se han establecido sanciones por incumplimiento a los derechos del consumidor por la adquisición de bienes o servicios, en los ámbitos administrativos y judiciales. Finalmente, tendremos como resultado de esta investigación, un aporte de información para los organismos encargados de tutelar los derechos del consumidor, para tomar acciones que permitan a los justiciables acceder a mecanismos adecuados y expeditos que los amparen, cuando por la adquisición de un bien o servicio sus derechos hayan sido vulnerados.

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La Constitución del año 2008 establece que uno de los deberes primordiales del Estado es la planificación del desarrollo nacional, que tiene como propósito a corto, mediano y largo plazo, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para de esta forma acceder a lo que se ha denominado como el buen vivir. Para su realización y consecución el denominado Régimen de Desarrollo, contiene normas que guardan concordancia con algunos aspectos fundamentales como son el sistema económico y las políticas económica,fiscal y comercial; y los intercambios económicos y comercio justo que integran las compras públicas y la regulación y control del mercado, en el cual interactúan los proveedores deobras, bienes y servicios, tanto para el sector público como privado. En la misma línea de pensamiento, debo mencionar que el ordenamiento jurídico ha evolucionado en relación con los preceptos constitucionales, para lo cual contamos a la fecha con relativamente reciente legislación en materia de contratación pública y derecho de la competencia. No obstante, la presente investigación pretende determinar si se aplica o no el principio de libre competencia en los procedimientos de Régimen Especial realizados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya naturaleza de contratación en la mayoría de los casos es directa. Para el cumplimiento de lo anterior, primeramente se hará un repaso de la libre competencia y la evolución del derecho de la competencia en derecho comparado y lo que ha sucedido en el Ecuador, para posteriormente introducirnos en el análisis de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Posteriormente continuaré con el estudio de la libre competencia y la contratación pública desde la perspectiva constitucional, la confluencia de ambas ramas del derecho, y una introducción a los procedimientos de Régimen Especial. Finalmente, se profundizará en el estudio sobre aplicabilidad y eficacia del principio constitucional de libre competencia en los procedimientos de Régimen Especial realizados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.