165 resultados para COMUNIDADES INDÍGENAS - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES - COLOMBIA
Resumo:
Desarrolla un panorama del trabajo de la Defensora del Pueblo en sus ejes de proteccin y promocin de derechos. En materia de proteccin presenta cifras de las atenciones brindadas a nivel nacional y provincial, destacando aquellas peticiones que tienen alcance nacional. En promocin de derechos presenta los procesos de educacin y formacin, investigacin, incidencia y transparencia. Presenta los informes temticos desarrollados y el resultado del monitoreo defensorial respecto de la informacin pblica.
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Este trabajo busca encontrarle una salida a la creciente criminalizacin de la defensa de los derechos humanos, mediante su reconocimiento como actividad legtima dentro de la garanta social del derecho a la resistencia y los mecanismos que dicho derecho podra ofrecer a los cientos de personas que, en nuestro pas y en todo el mundo, luchan por sociedades ms justas, por eliminar la justicia, por la plena vigencia de la Constitucin y que, para lo cual, se toman los derechos en serio. El presente trabajo est dividido en dos captulos. El primer captulo, titulado El derecho a resistir el Derecho, presenta los antecedentes histricos para el reconocimiento del derecho a la resistencia, desarrolla un anlisis respecto a los elementos que tiene el derecho, los momentos de su ejercicio y su garanta. El segundo captulo, titulado Nosotros los terroristas. Criminalizacin de la resistencia, desarrolla la nocin del enemigo en el Derecho, el enemigo en el contexto latinoamericano, las defensoras y defensores de derechos humanos como enemigos de estado y, finalmente, se exponen algunas ideas de cmo evitar la criminalizacin. Una vez concluido el trabajo, se ha logrado demostrar que el derecho a la resistencia genera ciertas obligaciones al Estado en cuanto a la disminucin de la intervencin penal en la esfera de la defensa de los derechos humanos. El derecho a la resistencia, ms que un derecho fundamental comn, es una garanta social que permite el acceso al debate pblico a quienes tradicionalmente estn excluidos. Es adems un ltimo recurso de proteccin de los derechos amenazados por alguna accin u omisin estatal. Queda claro que la resistencia que se da ante la negativa del Estado de tutelar derechos, en una sociedad plural, respetuosa y democrtica, este tipo de recursos no sera necesario.
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El propsito de la presente tesis es realizar un estudio comparativo de los derechos, obligaciones y prohibiciones de las y los servidores pblicos permanentes y ocasionales desde octubre 06 de 2010, en el marco de la legislacin ecuatoriana, ya que desde dicha fecha se encuentra legalmente vigente la Ley Orgnica del Servicio Pblico. Para el desarrollo del presente documento se iniciar conceptualizando algunos trminos y conociendo algunos de los principios universales que regula el derecho al trabajo. Posteriormente se identificarn los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores pblicos, contemplados en la Constitucin y en la Ley Orgnica del Servicio Pblico; subsiguientemente se realizar un contraste de los derechos entre los servidores permanentes y ocasionales, asimismo se efectuar un breve contraste de las formas de desvinculacin laboral entre la Ley Orgnica del Servicio Pblico y el Cdigo de Trabajo. Finalmente este trabajo pretende proponer polticas que eviten la precarizacin laboral de los servidores pblicos bajo la modalidad de contrato por servicios ocasionales en el servicio pblico, de tal manera que las unidades de administracin del talento humano de las instituciones del Estado, acten objetivamente para reducir la brecha de desigualdad de derechos de los servidores ocasionales con respecto a los servidores permanentes en el servicio pblico.
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Este ejercicio de repensar el derecho humano a la salud en clave transformadora tiene como propsito avanzar en la definicin de un lenguaje del derecho que no slo resulte polticamente correcto, sino que posibilite el desarrollo de acciones judiciales, legislativas y polticas (sociales, econmicas, culturales y ambientales) en torno a la salud tambin polticamente correctas. El enfoque basado en los derechos humanos tiene como basamento el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituido en marco referencial de la promocin, prevencin y proteccin de los derechos. Los instrumentos internacionales universales y regionales vinculantes y no vinculantes, la jurisprudencia y la doctrina hacen parte de esta matriz referencial globalizada y legitimada. La teora crtica de los derechos humanos, uno de los referentes tericos de este trabajo de investigacin, cuestiona no slo el carcter abstracto de las normas tambin el sistema de valores en que se basa su desarrollo. La idea de definir y desarrollar el derecho humano a la salud en trminos ms reales, ms humanos y comprometidos con la opcin transformadora de realidades sociales constitutivas de la violacin sistemtica de este derecho hace parte del propsito de la tesis. El marco conceptual que aqu se propone tiene en el enfoque de la determinacin social de la salud, desarrollado por la corriente crontrahegemnica latinoamericana de Salud Colectiva y la Epidemiologa Crtica, otro referente clave para el desarrollo del derecho humano a la salud ya no slo como un derecho social fundamental, tambin como un derecho socialmente determinado. Ello implica que el derecho de acceso a bienes, servicios y sistemas de salud supone tambin el acceso a condiciones de vida humana y natural saludable. La determinacin social en clave interpretativa del derecho humano a la salud explica el poder determinante individual en relacin con el poder determinante colectivo de la salud en varias dimensiones que dan cuenta de la interaccin que hay entre las condiciones biolgicas, los estilos de vida, las condiciones y modos sociales y, los procesos generales sociales y productivos que impactan la vida y la salud de las personas y de la naturaleza tambin. En otras palabras, impactan las condiciones en que se ejerce el derecho humano a la salud. La extensin del contenido y alcance en relacin con las obligaciones del derecho, con base en el enfoque de la determinacin social de la salud, se constituye adems en oportunidad para el desarrollo de marcos ms efectivos en prevenir, garantizar, respetar y proteger el derecho humano a la salud. La metodologa de la investigacin es de carcter cualitativo con apoyo en fuentes documentales, referencia bibliogrfica, instrumentos internacionales de derechos humanos y marco constitucional venezolano, doctrina y jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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Este libro indaga sobre tres niveles discursivos que se interrelacionan entre s: la ciudad quimrica (la ciudad de los recuerdos), la ciudad trashumante (el lenguaje de los usos citadinos contemporneos) y la ciudad real (el lenguaje de la poltica y de la participacin ciudadana) en tres espacios: la Tribuna de los Shyris, la Plaza de Santo Domingo y la Tribuna del Sur. El primer captulo, Ciudad quimrica, explora los distintos cambios histricos, demogrficos, sociales y polticos de los tres espacios que representan el norte, centro y sur de la urbe, cuyos contrastes y diferencias estn determinados por sus luchas histricas. El captulo 2, Ciudad trashumante, se detiene en las dinmicas sociales y culturales con el anlisis de las prcticas de los actores urbanos y sus distintas maneras de ocupacin y representacin. El captulo 3, Ciudad real, describe los diversos actos de participacin social y protestas populares que en la dcada 1997-2007 terminaron con el derrocamiento de tres gobiernos: Quito como espacio de la protesta y sitio estratgico para mirar lo nacional. Esta investigacin muestra que, a travs de estas prcticas polticas, los habitantes trascienden los esquemas urbanos, tienden puentes y disean estrategias colectivas que convierten los espacios pblicos en lugares de circulacin social, donde se generan dinmicas de significacin espacial (lugares) y formas de participacin e interaccin social.
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La evolucin normativa respecto la tortura, generalmente nos ha permitido entenderla en el contexto de los delitos de lesa humanidad, por tanto, se entienden por lo general como delitos imprescriptibles siempre que se susciten como una prctica generalizada y sistemtica en contra de una poblacin civil, pero qu sucede cundo se comenten actos de tortura que no se suscitan con estas caractersticas particulares?. Este problema es tratado en el presente artculo, haciendo un anlisis de los elementos normativos que brindan la categora de grave violacin de derechos humanos a la tortura y determinando las razones por las cuales esta categora dota del elemento de imprescriptibilidad a estos delitos desde un enfoque de derechos humanos en aplicacin de la normativa ecuatoriana.
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Este artculo estudia el Proyecto de Declaracin Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas como un intento de comprensin del fenmeno indgena en el contexto latinoamericano, imbuido de los caracteres de universalidad e individualidad de los derechos humanos, en el que se refleja la predisposicin de los rganos del Sistema Interamericano para incentivar un dilogo intercultural, en el que, los derechos individuales convivan con los colectivos, procurando que en esta simultaneidad, los conflictos entre ambas filosofas se reduzcan. Este trabajo trata fundamentalmente cuatro temas: 1) la eventual obligatoriedad de este Proyecto, 2) la futura personalidad jurdica de los pueblos indgenas, 3) el tratamiento jurdico de la interaccin entre derechos individuales y colectivos en el contexto indgena cuando el Proyecto sea aprobado como Declaracin definitiva, y 4) el ejercicio grupal o individual del derecho de peticin internacional de los pueblos indgenas. La referencia a la actual jurisprudencia de la Comisin y la Corte Interamericana de Derechos Humanos brindar luces para anticiparnos, por as decirlo, a la inauguracin de este prximo instrumento internacional.
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La presente investigacin: El territorio del pueblo indgena Aw de Colombia a travs de una interpretacin jurdico crtica, se propone indagar desde una perspectiva y anlisis socio-jurdico crtico, la problemtica del acceso real de la comunidad indgena Aw al derecho colectivo fundamental del territorio y su efectivizacin, como expresin de los derechos humanos indgenas consagrados en la Constitucin Poltica de Colombia de 1991. A lo largo del desarrollo de los captulos se pretende vincular el contexto social y poltico, al anlisis ideolgico de los discursos jurdicos hegemnicos, las estructuras y dispositivos de poder y el colonialismo, que an prevalece y dominan el ordenamiento jurdico, y la institucionalidad jurdico gubernamental y administrativa, que son las llamadas a efectivizar en la prctica cotidiana los derechos colectivos de los pueblos indgenas. El trabajo se divide en cuatro captulos. En el captulo primero se describe la perspectiva social y filosfica sobre el territorio dentro de la cosmovisin indgena Aw. En el segundo captulo se aborda el territorio en la dimensin valorativa, pragmtica y jurisprudencial dentro de la evolucin histrica de la visin hegemnica colonial, hasta los avances posteriores a la Constitucin de 1991. En el tercer captulo se realizar un breve recuento sobre las diversas problemticas de contexto que originan la desterritorializacin del pueblo Aw y controvierten la efectividad de los derechos colectivos indgenas consagrados en el ordenamiento jurdico del Estado social de derecho Colombiano. En el cuarto captulo se dimensiona desde una ptica poltica e histrica los factores y contradiciones ms importantes de carcter estructural, que inciden objetivamente en el acceso, respeto y garanta del derecho al territorio de las comunidades indgenas tomando como centro al pueblo Aw. Finalmente, se analizan las tensiones vigentes entre el derecho colectivo al territorio consagrado en el ordenamiento jurdico colombiano y la cosmovisin Aw, aunado a los factores polticos e ideolgicos y las problemticas estructurales que impiden su real efectivizacin.
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La realizacin de cuatro estudios de caso sobre los Pueblos Indgenas Nasa del norte del Cauca, Embera Kato, del Alto Sin (Crdoba), Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar) y U'wa y Sikuani, del departamento de Arauca, con el apoyo de Pensamiento y Accin Social, PAS- SUIPPCOL, han servido al Consejo Nacional Indgena de Paz, CONIP, para presentar al pas casos emblemticos de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos por la que atraviesan los Pueblos Indgenas en Colombia. El presente documento analiza los factores asociados a los cuatro estudios de caso, basados en el marco jurdico internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El perodo del estudio es de dos aos y medio, de 2004 al primer semestre del 2006, aunque las cifras relativas al mismo no estn necesariamente discriminadas por las cuatro regiones en todos los casos, pero toman las desarrolladas por el Sistema de Informacin en Derechos Humanos de la ONIC, SINDHO, y la base de datos del Centro de Cooperacin al Indgena, CECOIN y otras fuentes oficiales y no gubernamentales.
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El presente artculo tiene como finalidad analizar si realmente los pueblos indgenas de la Costa Caribe de Nicaragua se han beneficiado del estatus de autonoma en cuanto a lograr un mayor respeto de sus derechos como indgenas. En algunos pases en vas de desarrollo se ha tomado en consideracin la posibilidad de lograr el desarrollo, crecimiento econmico y eliminacin de desigualdades a travs de procesos de descentralizacin. En el caso de Nicaragua, este proceso se llev a cabo para dar respuesta a las necesidades de los pueblos indgenas de la Costa Caribe. Despus de muchos aos de lucha, los pueblos indgenas de la Costa Caribe o Costa Atlntica lograron su autonoma del gobierno central del pas en 1987. El proceso en s tom 3 aos para dar fruto al Estatuto de Autonoma de las Regiones de la Costa Atlntica de Nicaragua (Ley de Autonoma). Como pueblos con identidades propias, la autonoma fue la forma en que estos pueblos hicieran respetar sus diferencias como poblaciones indgenas. Hasta los aos ochenta, ninguna de las Constituciones Polticas del Estado haca referencia a las poblaciones indgenas del pas, sta poblacin quedaba totalmente excluida. Con la Ley de Autonoma se reconocen las diferencias de los pueblos indgenas de las Costa Caribe y se les da el espacio para que stos, partiendo de sus necesidades, distintas a las del resto del pas, puedan tomar decisiones para satisfacer las necesidades especficas de sus culturas. Para poder analizar esta situacin, primero, se desarrollar la historia de la poblacin de la Costa Caribe, explicando la situacin de los pueblos indgenas de esta regin y su relacin o falta de relacin con el resto del pas. Igualmente, se har un breve resumen de la historia y la estructura de la autonoma regional, en el cual se indicar las diferentes etapas que se llevaron a cabo durante el proceso de autonoma. Por ltimo, se exponen los desafos actuales del pueblo indgena en cuanto a su autonoma y la situacin de sus derechos despus de haber logrado este estatus.
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En el marco de nuestra misin institucional, la Fundacin Comit de Solidaridad con los Presos Polticos, ha venido denunciando la vulneracin de los derechos humanos al interior de las crceles colombianas, que especialmente vienen sufriendo las personas detenidas por motivos polticos. El seguimiento de la situacin carcelaria del pas que ha realizado nuestra Fundacin, ha venido arrojando una serie de conclusiones preocupantes, que pone en evidencia una contrariedad entre las normas de rango nacional, internacional y recomendaciones de organismos supranacionales, para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, y la prctica de las autoridades colombianas. El continuo incumplimiento de las normas que imponen a los establecimientos carcelarios el deber de concretar los derechos de los internos y brindarles bienestar dentro del marco de la dignidad humana, en cuanto establecen la carga de velar por su salud, proteger sus vidas, y el mandato legal de mantener la separacin de los reclusos en consideracin a su situacin jurdica (sindicados- condenados), y el delito cometido, se han convertido en la normalidad al interior de las diferentes crceles y penitenciarias del pas.
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La presente investigacin tiene como propsito determinar el rol del juez en el control constitucional de las polticas pblicas referentes a derechos del buen vivir o derechos econmicos, sociales y culturales. Para ello se ha enmarcado la primera fase de este trabajo en el anlisis del Estado de Derecho y su evolucin al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la exigibilidad de los derechos econmicos sociales y culturales, el derecho a la igualdad y no discriminacin y el principio de no regresividad. En la segunda parte se desarrolla el contenido del buen vivir o sumak kawsay, la comparacin entre los derechos econmicos sociales y culturales reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los derechos del buen vivir de la Constitucin ecuatoriana. Adicionalmente se analizan los mecanismos de planificacin previstos en la Constitucin para la consecucin del Buen vivir y las garantas constitucionales tiles para la exigibilidad de dichos derechos. Finalmente se analiza, desde varias perspectivas, el rol del juez o jueza frente a polticas pblicas de derechos del buen vivir o DESC que vulneren lo establecido en la Constitucin. En este punto se examinan distintitas visiones: la visin tradicional, la visin activista y la visin intermedia que combina varios postulados de las dos anteriores.
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En medio de una dinmica de cambios y redefiniciones poltica, econmicas y sociales de tipo global, un localismo representado por los conocimiento que poseen comunidades indgenas y locales ubicadas al interior de los Estados nacionales, representa el tipo de conflictos que deben ser resueltos por la sociedad poltica actual, esto es, un conflicto que para su resolucin, depende no solo de las polticas que se adopten al interior de los Estados, sino que involucran las definiciones que se den tanto en el mbito local como en el mbito internacional. Los pueblos indgenas demandan el reconocimiento de derechos de los conocimientos que han acumulado y que generan como fruto de su sistema de vida comunitario y consideran que despojan las grandes corporaciones internacionales en su afn ilegtimo e ilegal de acceso y uso de la biodiversidad, de los recursos genticos y de los conocimientos asociados a ellos. El sistema legal internacional, regional y nacional ha venido estableciendo normas y procedimientos para regular este conflicto, sin embargo, no resultan suficientes debido a la asimetra de poder entre unos y otros, a la falta de eficacia de algunos instrumentos legales y al escaso desarrollo de la legislacin secundaria para regular realidades especficas. En este contexto, la ubicacin de mecanismos y procedimientos especficos de proteccin de conocimientos colectivos as como la identificacin de contenidos para el desarrollo de un sistema sui generis de proteccin de tales derechos contribuir a encontrar salidas favorables a la integridad de la biodiversidad y a los derechos de los pueblos indgenas.
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El trabajo Restitucin realidad o ficcin?, balance de los derechos de las vctimas del despojo y del abandono forzado de tierras en Colombia, analiza el comportamiento del campo jurdico en donde tuvo lugar la aprobacin de la ley 1448 de 2011, concentrndose en el componente de restitucin de tierras de quienes han sido despojados y desplazados forzadamente, adicionalmente analiza el nivel de adecuacin de las normas al contenido material de la constitucin, y el peso especfico de los distintos agentes en su aprobacin, haciendo especial nfasis en el desempeo de las organizaciones de vctimas. Para el cumplimiento de este propsito en el primer captulo se hace una descripcin del campo jurdico de los derechos de las vctimas y en especial de restitucin de tierras, antecedente necesario para comprender la configuracin del campo durante la discusin y aprobacin de la ley 1448 de 2011, evidenciando el capital jurdico existente con anterioridad a la discusin de la ley, as como las relaciones de fuerza y de poder presentes en el campo a travs del anlisis del capital, la illusio y en ocasiones el habitus de sus principales agentes. En el segundo captulo se presentan los elementos estructurales de los discursos de los distintos agentes que actuaron en el campo jurdico durante la discusin de la ley 1448 de 2011, identificando sus enfoques, propuestas, as como las principales tensiones que se presentaron en el campo durante su discusin. Por ltimo, se presenta una sntesis de los principales aspectos que fueron aprobados en la ley 1448 de 2011 en materia de restitucin, analizando cul fue el discurso que se impuso en el campo jurdico, quien acumul capital jurdico, y la adecuacin de las normas aprobadas a los estndares constitucionales en materia de reparacin.
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Ante la creciente visibilidad, importancia y problematizacin del discurso de los derechos humanos, la persistencia de conflictos y violaciones masivas de los mismos alrededor del mundo, el impacto profundo que tiene el arte sobre los individuos y las sociedades as como el protagonismo del arte y los artistas en busca de transformaciones, surge la pregunta por el rol del arte en la defensa y promocin de los derechos humanos. Para abordar y responder a esta pregunta, se busca en la presente investigacin determinar el papel del arte en el proyecto Destierro y Reparacin, organizado por el Museo de Antioquia y la Corporacin Regin en la ciudad de Medelln en 2008. Para este fin, se establecen en primera instancia los antecedentes sociopolticos del evento caso de estudio sobre la base de una caracterizacin general de la violencia resultante del conflicto colombiano, de la situacin de desplazamiento y de la respuesta estatal en esta materia a nivel nacional y de la ciudad de Medelln. En segundo lugar, se hace una caracterizacin del proyecto, incluyendo sus antecedentes ms especficos, participantes y sus motivaciones, organizacin general y balance. Tercero, se analizan las potencialidades del arte en relacin con la defensa y promocin de los derechos, asumiendo el arte sobre todo como una herramienta y espacio de comunicacin para tal efecto. Dichas potencialidades se abordan en tres planos: a) arte como va para transmitir el mensaje de DD.HH.; b) arte como ejercicio de derechos en s; y c) arte como potencia transformadora de la sociedad y del discurso de los derechos. Finalmente, se proveen recomendaciones respecto a la defensa y promocin de los DD.HH. a travs del arte a partir de los hallazgos y se plantean algunas reflexiones adicionales.