83 resultados para Asamblea de socios


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El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva neo institucional la configuración del departamento del Valle en calidad de región político administrativa en el período 1910-1948. Para alcanzar este propósito, nos concentramos en el estudio de las instituciones o reglas de juego impulsadas, defendidas y promulgadas por la figura del gobernador en calidad de funcionario público y primera autoridad de los vallunos o valle-caucanos. Las fuentes centrales son los Informes anuales del Gobernador antes los miembros de la Asamblea departamental, libros de viajeros y algunos de los periódicos de circulación local y regional en las primeras décadas del siglo XX. Para desarrollar este objetico hemos divido el trabajo en dos partes; en la primera, −integrada por tres capítulos− nos distanciamos de las explicaciones actuales referentes a la creación del departamento del Valle y proponemos una nueva interpretación, centrada en el descontento de las municipalidades ubicadas en el valle geográfico del río Cauca ―Cali, Buga, Palmira, entre otras− por las reglas de juego promulgadas desde Popayán para reinvertir los recaudos fiscales provenientes de sus rentas. De igual forma, con base en la noción de path dependence estudiamos las herencias coloniales y decimonónicas que tuvieron que enfrentar los gobernadores vallunos para poder configurar la nueva región política administrativa. Nos referimos a la inestabilidad del orden político, a la ausencia de vías y sistemas de comunicación y a los métodos tradicionales en la producción agropecuaria. En la segunda parte ―integrada por tres capítulos y las conclusiones− analizamos las instituciones impulsadas por el gobernador del departamento del Valle para consolidar la nueva región político administrativa, propósito que únicamente era posible si superaban los path dependence o herencias coloniales y decimonónicas. El estudio se focaliza en las reglas de juego impulsadas por la primera autoridad de los vallunos para: 1). Alcanzar paz política o paz pública, en calidad de factor determinante en el mantenimiento del orden social; 2). Estimular la apertura y construcción de vías de comunicación y obras de infraestructura; 3). Modernizar los métodos de producción agropecuaria. Finalmente, en las conclusiones señalamos algunas problemáticas que se deben abordar en las futuras investigaciones y de esta manera darle continuidad a la propuesta analítica desarrollada en este trabajo.

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La presente investigación analiza la naturaleza jurídica del recargo tributario en el Ecuador, establecido en el Art. 90 del Código Orgánico Tributario reformado por el Art 2 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, sancionada por la Asamblea Constituyente de Montecristi el 29 de diciembre de 2007. La investigación pretende definir claramente cuál es la naturaleza de esta figura jurídica, para lo cual se desarrolla en tres capítulos; en el primero se refiere a la teoría y conceptos para lo cual analizamos al recargo como sanción, al recargo como instrumento financiero y al recargo desde una posición mixta. En el segundo capítulo se plantea el desarrollo normativo, explicando en primer lugar, los principios del artículo 300 de la Constitución, a fin de identificar aquéllos que se cumplen y cuáles se transgreden. También, se describe la facultad determinadora de la Administración Tributaria y su relación con el recargo, además se presenta el análisis normativo comparativo con las países de la Comunidad Andina. Terminamos con la revisión de la actuación de la administración tributaria, de los Tribunales Distritales de lo Fiscal, de la Corte Nacional de Justicia, y de la Corte Constitucional en relación al recargo tributario a la luz de casos específicos.

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Este estudio se ha realizado mediante el análisis del comportamiento del sector de la construcción en el Ecuador tomando en cuenta una temporalidad del último quinquenio (2006-2011), para caracterizar a las empresas constructoras que operan en la ciudad de Quito se procesó información provista por la Superintendencia de Compañías, y específicamente para determinar la metodología para determinar un apalancamiento financiero óptimo se estudió el proyecto del Edificio Estrella V, construido y comercializado por la Constructora Estrella Viteri. El estudio confirmó el nivel de apalancamiento financiero utilizado por la mayoría de empresas constructoras catalogadas como “pequeñas” en la ciudad de Quito. Se evidencia que la decisión de inversión y mezcla de financiamiento utilizada está determinada por el nivel de seguridad que buscan los accionistas. Este estudio consistió en el análisis del proyecto original financiado al 100% por sus Socios y su comparación añadiendo dos factores adicionales: pre ventas y financiamiento bancario. Este trabajo ha definido una metodología para ser aplicada por empresas constructoras que determine la mezcla óptima de financiamiento para sus proyectos inmobiliarios, previo a la decisión de ejecución, mediante la estructuración de un modelo económico basado en el análisis de flujo de caja descontado y valor actual neto. El objetivo de este modelo económico y su metodología es que se convierta en una herramienta de consulta y aporte para estudiantes, empresas constructoras, promotores y personas relacionadas con la industria de la construcción en general.

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"La patria sudafricana que nos acoge en Ciudad del Cabo demostró en la lucha victoriosa contra el régimen del apartheid que los pueblos pueden derrotar los imperios, y la injusticia extrema que los sustenta. Inspirados en ese ejemplo histórico de coraje y fuerza, acudimos a esta asamblea para hacer visible ante el mundo que somos capaces de rebelarnos; que la energía solidaria y creatividad que emana de nuestras comunidades y culturas es el mejor antídoto contra la irracionalidad y ceguera de esa minoría poderosa que obstaculiza la construcción de un mundo centrado en la vida, en la vigencia solidaria del bien común y en la multiplicación de modos de vivir saludables y bio-seguros."

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La presente tesis de investigación: El aborto y la Constituyente del 2008. Lucha ideológica y discursiva en la prensa ecuatoriana tiene como objeto ampliar la discusión del aborto desde diferentes aristas teóricas, con el propósito de vincular el contexto social al análisis ideológico de los discursos hegemónicos (teológico-conservadores) expuestos por la prensa en el marco de la Constituyente que se desarrolló en Montecristi entre noviembre de 2007 y septiembre de 2008. Durante este escenario político, el papel de los medios en torno al aborto fue sesgado, lo cual obstaculizó el desarrollo de un debate más reflexivo y plural que incluya otras perspectivas que superen el vértigo informativo y permitan desentrañar las construcciones simbólicas, ideológicas y las luchas a nivel del contexto sociocultural que se ciernen en tono al aborto, develando la confrontación entre el discurso del derecho a la vida sin excepciones y el derecho a decidir sobre el cuerpo por parte de las mujeres. El estudio contempla el análisis de información noticiosa publicada durante los meses de marzo a julio de 2008, en cuatro medios impresos: El Comercio, El Universo, El Mercurio y El Telégrafo. En la primera parte de la investigación se vislumbra el marco referencial desde el enfoque de género, se problematiza el aborto analizando la normativa legal con un enfoque de derechos. A continuación, se identifica las discusiones del aborto al interior de la Asamblea, el agendamiento y cobertura mediática del tema, y el análisis ideológico del discurso informativo. Finalmente, se analizan las tensiones vigentes sobre el derecho a la vida desde la concepción “sin excepciones” en contraste con el discurso del derecho a decidir.

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Analiza la brecha entre la Constitución garantista de derechos, las resoluciones de la Asamblea Constituyente de amnistías a defensores de derechos humanos y de la naturaleza y la política de criminalización de acciones de resistencia. Presenta los ámbitos en que se manifiesta la criminalización, y la configuración de un patrón de represión y criminalización desde el Estado y/o empresas o personas particulares ante la profundización del modelo extractivista de la naturaleza.

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Ante el anuncio de las autoridades del Servicio de Rentas Internas del Ecuador en el sentido de que en las próximas semanas se enviará desde el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma integral al Código Orgánico Tributario, el miércoles 17 de julio de 2013 se realizó en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, el Conversatorio.

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Analiza el cumplimiento de la garantía normativa en la producción legislativa de la Asamblea Nacional en 2010. Aborda los aspectos generales del desarrollo legislativo, dando énfasis al análisis de las reformas penales y a la ley de participación; analiza otros actos normativos relevantes para los derechos humanos en materia de legislación, señalándose la importancia de que los jueces corrijan los defectos legislativos y de que las personas puedan impugnarlos o inobservar las leyes inconstitucionales.

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A partir de la conformación de la Comisión de la Verdad del Ecuador y de su informe, que reconoce los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno socialcristiano y otros gobiernos, analiza la situación de judicialización de los casos, evidenciando que transcurridos diecinueve meses no se ha llegado a ninguna instrucción fiscal, mientras se ha revictimizado a las víctimas en las indagaciones previas. Denuncia que los victimarios confían en su impunidad debido a sus ingentes recursos económicos, mientras las víctimas en su gran mayoría no pueden contratar abogados. Señala que el proyecto de ley de víctimas no ha sido seriamente discutido por la Asamblea Nacional. Concluye reivindicando la recuperación de la memoria histórica como presente en las actuales luchas de nuestros pueblos.

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Analiza la garantía extrainstitucional de participación de las personas y grupos sociales en el procedimiento legislativo para exigir, mediante la deliberación, la adecuación material de los proyectos de ley a la Constitución y a los estándares del corpus iuris de derechos humanos. Presenta el tratamiento adoptado por la Asamblea Nacional a las observaciones sociales a proyectos de ley, concluyendo que no se han generado espacios verdaderamente democráticos y que el procedimiento no está reglado integralmente por lo que no se garantiza, en la práctica, que la decisión de incorporar o no las observaciones sociales sea debidamente motivada por parte del legislador.

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Con carácter exploratorio y descriptivo, esta investigación tiene por objeto analizar la participación en el escenario internacional de los gobiernos de Bogotá D.C. a partir de la pregunta ¿puede considerarse que los gobiernos de Bogotá D.C. en el periodo 2001-2013 desarrollan una política exterior de estado local, que no desafía las prerrogativas exclusivas del Estado colombiano, a partir de la caracterización de los elementos de las políticas públicas locales orientadas a la internacionalización de la ciudad? Teóricamente se sitúa desde los enfoques funcionalistas del transnacionalismo en relaciones internacionales, los mismos que han propuesto el concepto paradiplomacia para abordar el fenómeno de la participación en el escenario internacional de los gobiernos no centrales (GNC). Metodológicamente, el caso se desarrolla a partir del análisis bibliográfico y documental sobre dos variables: la agenda política de internacionalización, establecida por los gobiernos de Bogotá D.C. en sus Planes de Desarrollo Distritales; y el desarrollo de arreglos institucionales para la internacionalización. El principal hallazgo es que los gobiernos de la capital colombiana han desarrollado una participación internacional “muy alta”, a pesar de que formalmente ésta no ha logrado constituir una política exterior de estado local. En poco más de una década, no se ha construido una agenda política de internacionalización que defina prioridades temáticas y geográficas con sus socios internacionales; y los arreglos institucionales desarrollados evidencian falta de coordinación al interior del gobierno distrital, así como con otros actores estratégicos del territorio.

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La curiosidad académica y la preocupación política que guía esta investigación se resume en la siguiente pregunta: ¿Cuál es el modelo de Estado y proyecto político al que apunta el proceso de transición, iniciado luego de la aprobación de la Constitución 2008? Esta pregunta presupone que la transición no necesariamente traerá como resultado la concreción del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, proclamado constitucionalmente. Para responder esta pregunta, esta investigación analiza la transición, entendida como momento refundacional, tanto en términos institucionales como normativos, circunscribiéndola al período que se inicia con la aprobación de la nueva Constitución (septiembre de 2008) y que se cierra con la integración definitiva del CPPCS (marzo 2010). El ensayo concluye que las decisiones excepcionales que se tomaron en los momentos críticos del proceso de transición, lejos de responder a una aplicación directa de los principios y normas de la Constitución 2008, respondieron conscientemente a la lógica de los plenos poderes que asumió la Asamblea Constituyente. Este es, sin duda, un mal síntoma y un enorme riesgo. Si bien no determina inexorablemente el resultado final del proceso, sí indica claramente que la transición estuvo desde el inicio marcada por una lógica de excepcionalidad política; hecho que institucionaliza dicha excepcionalidad y pone en riesgo todo el andamiaje constitucional. En suma, este texto demuestra que en la fase inicial de la transición avanzó hacia desbancar los rasgos liberales del Estado social de derecho anterior, sin quedar aún del todo claro que éste será reemplazado por un Estado constitucional de derechos y justicia. Evidentemente, aquello va más allá de lo que dice el texto constitucional y solamente se expresa, como lo ha dicho Carl Schmitt, cuando se hace necesario tomar decisiones excepcionales.

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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el mes de agosto del año 2008, meses antes de que sea expedida la actual Constitución de la República del Ecuador, lo que ha hecho que existan ciertas incongruencias entre los dos cuerpos normativos. Múltiples problemas se han suscitado desde que esta ley entró en vigencia, debido en gran parte al profundo desconocimiento que existe sobre la materia de parte de todos quienes pasaron a integrar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es por ello que hemos entendido necesario hacer un breve análisis de uno de los aspectos más relevantes de la materia, como son los actos administrativos emanados de las entidades contratantes: sus elementos, características y naturaleza jurídica; así como los mecanismos con los que cuentan las entidades y los particulares para dejarlos sin efecto por diversos motivos, y los medios con los que cuentan los administrados para defenderse en caso de que vean vulnerados sus intereses o el interés colectivo. Adicionalmente hemos pensado pertinente analizar un caso práctico y su desarrollo dentro del ordenamiento jurídico vigente, a fin de entender mejor el proceder de los oferentes, entidades y autoridades de control.

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La presente investigación analiza la imposición de la salvaguardia cambiaria por parte de Ecuador a Colombia, entre julio del 2009 y febrero del 2010, en el marco de las relaciones bilaterales entre los dos socios andinos. El estudio evalúa el comportamiento de las importaciones ecuatorianas desde Colombia, sobretodo el de 100 sub partidas, afectadas tanto por la salvaguardia cambiaria, como por la salvaguardia de balanza de pagos; además, las reducciones más significativas en cuanto a volúmenes y a valores, en 67 productos durante la vigencia de las dos salvaguardias. El deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador, a raíz de marzo del 2008, marca el contexto de la investigación. Tras una incursión militar en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de ese año, el gobierno colombiano logró la captura y muerte del segundo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Raúl Reyes; pero, al mismo tiempo, el ataque provocó días después la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador. Si bien la crisis no se ha trasladado completamente al plano comercial, la imposición de la salvaguardia cambiaria fue vista por los sectores productivos de Ecuador y Colombia como una medida inoportuna para el restablecimiento normal de las relaciones e incluso como un factor que dilataba más el acercamiento entre los dos países. Por su parte, el gobierno ecuatoriano defendió la medida como una opción válida para restaurar las condiciones de comercio y competencia para Ecuador, afectadas desde el 2008, por la devaluación del peso colombiano. Además, junto con la salvaguardia de balanza de pagos, la salvaguardia cambiaria fue una opción para enfrentar la amenaza del sector externo y la crisis económica mundial que repercutió en el país, con la disminución de las exportaciones, disminución del precio internacional del petróleo -principal producto ecuatoriano de exportación-, y disminución de las remesas de emigrantes -segundo rubro de ingresos para la economía nacional.