56 resultados para Sistema general de preferencia andino -- Geliografias


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La presente tesis analiza las relaciones del Ministerio del Ambiente (MAE), con el Fondo Ambiental Nacional, FAN, en el marco de la alianza estratégica que mantienen para apoyar la conservación de la biodiversidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP. Con este enfoque, se revisa puntualmente el marco jurídico e institucional para la gestión de la biodiversidad en general y del SNAP en particular; y en este contexto se resume la trayectoria del SNAP, su conformación, problemática y situaciones recurrentes de debilidades para su gestión, desde 1973 hasta la actualidad. Se revisan el contexto político y económico que motivaron la creación y luego puesta en marcha del FAN; sus características legales y organizacionales, ámbito de acción y enfoque estratégico; así como las características de la alianza MAE FAN, direccionada a apoyar al MAE en la gestión de recursos financieros que apoyen la gestión del SNAP, la cual se agravó como resultado de la implementación en 1998 de la Ley Especial de Galápagos, que eliminó los fondos que subsidiariamente recibía el SNAP. Se analiza los sistemas y modelos de gestión, tanto del MAE, como del FAN, para ubicar en ellos los arreglos institucionales realizados para implementar la alianza de apoyo al SNAP; y en este sentido se describen el diseño, elaboración e implementación del Fondo de gastos operativos básicos, para las áreas protegidas, FAP, como un mecanismo de capitalización de un fondo patrimonial cuyos rendimientos se destinan a apoyar la gestión de las áreas protegidas del SNAP; mecanismo implementado conjuntamente por las dos entidades desde el 2002. Luego de una revisión de la implementación de los macro procesos del Fondo de áreas protegidas: FAP, se analizan los planes estratégicos del SNAP y del FAN, para ubicar los avances, reflexionar sobre los problemas recurrentes; y en base de ello proceder a proponer recomendaciones que fortalezcan la alianza MAE y FAN, tanto en la implementación del FAP, como en potenciales temas de interacción entre el MAE y el FAN, para un fortalecimiento más integral a la gestión del SNAP como un objetivo de país, a cuyo cumplimiento el FAN debe contribuir de manera más eficiente y con la consiguiente corresponsabilidad del MAE.

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El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente jurídica principal concede a todo fallo efectos vinculantes de alcance general y abstracto. Este cambio de esquema ha trastocado los cánones de tradición romano-germánica. La ubicación de la jurisprudencia dentro del sistema de fuentes dependerá, por la forma, de la jerarquía orgánica del juez o tribunal del que emanare. En cuanto al fondo, existen dos aristas. La primera, en cuanto a la materia, en aplicación del principio del paralelismo de las formas jurídicas: si existiese reserva constitucional o legal sobre una materia determinada, la jurisprudencia estará creando subreglas de idéntica naturaleza y jerarquía. Finalmente, desde la perspectiva axiológica, en atención al principio de interpretación pro homine y de progresividad de los derechos fundamentales, la jurisprudencia que prevalecería es aquella que presente un estándar mayormente garantista, sin importar la jerarquía orgánica del juez o tribunal emisor.

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Los supervisores en todo el mundo están reconociendo, de manera creciente, la importancia de asegurarse que sus bancos tengan instalados controles y procedimientos adecuados que permitan el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos, además de prevenir fraudes, errores, violación a principios y normas contables, políticas y procedimientos, etc. Una adecuada diligencia sobre estos aspectos es una parte clave de estos controles. Sin esta diligencia debida, los bancos pueden llegar a estar sujetos a riesgos inherentes a su actividad tales como riesgo de crédito, liquidez, tasa y mercado, reputación, operativos, legales y de control. El objetivo, por lo tanto, es que cada organización identifique, evalúe y entienda sus riesgos para aminorarlos por medio del diseño e implantación de controles efectivos, de forma tal que le permitan mantener la calidad de sus productos o servicios. Bajo este contexto, en la actualidad las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, que pretenda alcanzar el éxito, deben identificar y administrar los riesgos eficientemente a través de un adecuado control interno. El presente trabajo tiene como objetivo central, proporcionar un panorama general sobre la importancia de los controles internos y la administración de riesgos en la banca privada de tamaño mediana y pequeña, y como ambos se relacionan en la evaluación de riesgo de un banco; además, concienciar a todas las organizaciones, respecto de la importancia de mantener en la entidad un adecuado sistema de control interno, ya que el mismo se constituye en la base del proceso de Administración de Riesgos, mediante el cual la entidad se asegura el logro de objetivos en las áreas de efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. La tesis consta de cinco capítulos organizados en forma sistemática: el primer capítulo contiene el marco conceptual de los enfoques tradicionales y contemporáneo sobre control interno; el segundo capítulo hace referencia al control interno como un medio eficaz para la toma de decisiones en el control de la gestión; el tercer capítulo se relaciona con la administración de riesgo y el control interno; el cuarto capítulo desarrolla un caso de estudio en el cual se aplica los cuestionarios COSO y administración de riesgos de crédito; y, en el quinto capítulo se incluyen las conclusiones y recomendaciones.

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El presente trabajo está basado en el análisis realizado al Sistema de Ejecución Presupuestaria y su aplicación a las instituciones del Gobierno Central, en el cual además de las Instituciones del Sector Público están involucrados el Ministerio de Economía y Finanzas, y Organismos de Control. Como un preámbulo, se realiza una reseña histórica de los antecedentes que motivaron al Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas buscar una nueva alternativa para que las instituciones del sector público ya no realicen sus operaciones en el Banco Central utilizando los cheques entregados por esta entidad como medios de pago, diseñando para el efecto un sistema de Ejecución Presupuestaria que les permita realizar transferencias, pagos y depósitos a través de la banca privada corresponsal, el cual constituye un medio normativo que posibilita la ejecución de los presupuestos del Gobierno Central. Con la finalidad de fomentar el uso de la tecnología de la información y de comunicaciones en la gestión del sector público, tendiente a mejorar los niveles de transparencia, eficiencia y seguridad en los procesos, relacionados con la gestión de cobros y pagos de las instituciones del Gobierno Central, el Banco Central del Ecuador a diseñado el Sistema de Pagos del Sector Público, a través del cual se realizan el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, además se pueden incluir en el mismo, otros pagos como servicios, viáticos, pago a proveedores y cualquier cancelación que las instituciones deban realizar por concepto de obligaciones ya devengadas. Para el efecto se ha coordinado la colaboración del sistema financiero nacional, el cual involucra a Bancos Privados, Asociación de Mutualistas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, en las cuales los servidores públicos aperturarán sus cuentas de ahorros o corrientes para la transferencia de sus remuneraciones. Este sistema a más de brindar agilidad en los procesos, permitirá al Gobierno Central disponer de información veraz y oportuna respecto al número de empleados del sector público que se encuentran laborando en sus diferentes dependencias, contribuyendo a un ahorro considerable en el Presupuesto General del Estado, además que permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas programar el presupuesto de gastos para dichas instituciones, con base a información transparente.

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El propósito de realizar este trabajo, a más de cumplir con el requisito previo establecido por la Universidad Andina para la obtención del título de Magister en Derecho Económico, fue el de establecer las premisas preliminares en los cuales se asienta una disciplina jurídica en formación: el Derecho Penal Económico. El Derecho Penal Económico, dentro del Derecho Penal contemporáneo, es una de las esferas que ha sido particularmente controversial para el reconocimiento científico de una categoría especial de infracciones. La polémica va desde la radical negación de su existencia hasta un economicismo que absorbe infinidad de tipos delictivos. Esto puede deberse, entre otras muchas causas, a que esta disciplina jurídica en ciernes, establece que hay delincuentes que salen de los estereotipos criminales, que pertenecen a las clases dirigentes de la sociedad, que sus acciones u omisiones delictivas no manchan las manos, las cuales ejecutan como parte de sus actividades lícitas y cuyos perjuicios, van en contra de la sociedad en su conjunto, es decir atentan contra un buen jurídico supraindiviual. En el proceso formativo de esta rama del Derecho, mucho se discute respecto de la existencia de la responsabilidad penal de las personas morales y de la independencia de ella frente al Derecho Administrativo, en la fase de la imposición de sanciones. En este contexto, el propósito fue analizar la Ley General de Instituciones Financieras, a fin de establecer los elementos jurídicos que esta nuevo cuerpo legal aporta para la formación del Derecho Penal Económico. Así se han comentado algunas de sus instituciones más importantes, dentro de los parámetros doctrinarios que existen, a fin de establecer cuales de ellas podrían enmarcarse dentro del Derecho Penal Económico, que empieza a germinar en nuestro medio. El tema se presenta para una amplia discusión, de la que se podrán sacar importantes conclusiones, respecto de la existencia o no del Derecho Penal Económico, así como, si las normas contenidas en la Ley General de Instituciones Financieras, pueden ser parte o no de ella, o solo consisten en preceptos que podrían ser abarcados por el Derecho Administrativo dentro de ellas, el presente trabajo no es más que modesta una opinión dentro de un inmenso universo de versados criterios, para ir dando lugar al nacimiento, en nuestro país, de esta disciplina jurídica.

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El presente trabajo tiene como propósito abordar la Organización Mundial de Comercio como nuevo organismo regulador del comercio internacional, las incidencias y repercusiones para el Grupo Andino resultantes de los compromisos asumidos por nuestros países en la política comercial de carácter no financiero y que supone la relevancia de adecuar la normatividad andina a lo establecido en cada uno de los acuerdos multilaterales de la OMC. Metodológicamente el trabajo se estructura de seis capítulos así: En el capítulo I " Aspectos conceptuales de las actuales tendencias del sistema económico internacionales"; capítulo II " La Organización Mundial del Comercio"; capítulo III "Grupo Andino -GRAN-"; capítulo VI "Los Acuerdos sobre Agricultura y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias"; capítulo IV "Comercio de Servicios", capítulo VI "Programa de Trabajo de la Organización Mundial del Comercio y la Integración Andina."

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La historia argentina ha demostrado no estar exenta de abusos de poder, meseanismo, ambiciones, restricciones y supresiones de derechos. Aunque no sea el objeto principal del trabajo ante tantos ataques al equilibrio propuesto en nuestra Carta Magna, nunca está de más realizar un humilde aporte a la defensa del más importante instrumento de defensa que tiene nuestro sistema democrático. El objeto principal será intentar delinear cuáles son algunos de los mecanismos de control establecidos por nuestra ley fundamental y que resultan ser las grandes armas con las que contamos los ciudadanos para hacer efectivos el ejercicio de nuestros derechos frente al poder

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La presente tesis tiene como propósito fundamental el estudiar el funcionamiento del actual régimen mlUldial del comercio y su sistema de resolución de disputas. Este estudio tiene como su propósito final establecer si la organización y las dinámicas que genera, pueden ser comprendidas acertadamente como pilares de lUl régimen interestatal, o si es necesario utilizar la categoría de supranacionalidad para explicar el fenómeno actual de las interrelaciones comerciales, bajo el amparo de la OMC. En otras palabras, se busca establecer si la OMC estaría ejerciendo el tipo de autoridad especial por sobre los estados miembros, a través de su SRD y otros mecanismos. Luego de haber realizado el estudio, se concluye que, en ciertas instancias, y a partir de sus sistema de resolución de disputas, la OMC se estaría desempeñando como lUl poder supranacional, por encima de sus miembros, sin aparentemente ninglllla excepción y llegando a momentos, a incidir en temas extremadamente sensibles y tradicionalmente soberanos de los países. Esta tesis está dividida en dos partes. La primera parte, intenta dar una panorámica general del Sistema de Resolución de Disputas y las tendencias históricas de su uso. Por medio de un estudio cuantitativo de los 242 pedidos se consulta se analiza el funcionamiento del SRD, y quiénes han sido los países más activos, en cuanto a la presentación de quejas, así como quiénes han sido los más acusados; además de productos y políticas más cuestionadas. En la segllllda parte de este estudio, en cambio, se realiza lUl estudio de caso en tomo a la queja presentada por la Unión Europea frente a Estados Unidos, por los subsidios a las corporaciones extranjeras.

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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fría y el auge de la globalización, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo político y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus áreas de influencia y lograr una mayor supremacía política y un mayor poder económico. Frente a esta dinámica de atracción la respuesta de los cinco países andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera más beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integración surge como la "opción estratégica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que a través de la Comunidad Andina decidieron establecer vínculos externos fuertes para adquirir mayor autonomía interna y compensar la relación dependiente con la potencia del norte. El nuevo ímpetu de la integración fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunión presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorporó jurídicamente la dimensión política de la integración, mediante el establecimiento de dos órganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la política de laintegración andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Política Exterior Común. El fundamento de la Política Exterior Común sería dotar de sentido a la integración, que superando el ámbito económico y comercial, identificará una agenda propia como "base para la definición de una estrategia comunitaria que permita la proyección de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentación de la Política Exterior Común fue recogida por la Decisión 458, que estableció sus lineamientos a partir de la identificación de acciones concretas de cooperación entre los países miembros que permitan definir una acción concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en la Subregión andina". Desde entonces la Secretaría General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integración política, que hasta entonces se había mantenido a la zaga de la integración económica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en términos de declaraciones, éstos serán alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafíos a las políticas nacionales de cada una de las partes y la adopción de una estrategia en la que converjan factores económicos, políticos y sociales. La Política Exterior Común Andina debería constituirse en el instrumento esencial de la integración que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusión social; las asimetrías en las estrategias nacionales; y las divergencias en la inserción internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Política Exterior Común Andina como elemento dinamizador de la integración en la Subregión y sus perspectivas en la evolución del sistema internacional.

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El presente trabajo de investigación es un estudio de Derecho Económico e Integración Económica, que parte de la base de cuatro macro variables, económica, geopolítica, jurídica y teórica, que a su vez constituyen cada una un capítulo, así se analiza el problema que surge para Bolivia, con la aparición del MERCOSUR y quedando aprisionada entre dos polos de atracción por un lado el Grupo Andino, del cual es fundador y miembro regular y por otro lado el MERCOSUR, con cuyos miembros Bolivia tiene un gran volumen de relaciones no solo comerciales, sino económicas en general y un avanzado proceso de integración física, a través de un sin número de acuerdos y convenios suscritos por Bolivia con los países miembros del MERCOSUR en el seno de la ALADI. Esta investigación coloca a los dos procesos de integración en una balanza y evalúa los convenios, sus aplicaciones y las relaciones de Bolivia con cada grupo y con cada país, en el afán de encontrar la mejor forma de inserción de Bolivia, en todo lo que representa la nueva dinámica del mundo, partiendo de lo que sería más conveniente para Bolivia como país y; cómo podría aportar más efectivamente al proceso de convergencia, actuando como eje entre los dos esquemas sudamericanos, con miras a una convergencia de los esquemas de integración de Latinoamérica y posteriormente del continente. Finaliza, con una propuesta estratégica de integración, en la que Bolivia juega papel preponderante como eje de convergencia, en un proceso de multilateralización que par~·~ de abajo hacia arriba, que llegará también a la zona de libre comercio hemisférica planteada en la Cumbre de las Américase de Miami en 1994, pero no con países que por sí solos buscan la adhesión al NAFTA, sino con una comunidad de países, unidos, con un mercado ampliado de importancia y sobre todo con un poder de negociación considerablemente mejorado, de tal manera que la zona de libre comercio se negocie en beneficio de Latinoamérica, con miras a un mundo globalizado.

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Los laudos arbitrales consisten en las decisiones que emiten los árbitros al finalizar un proceso arbitral, mismo que se origina en el acuerdo de dos partes que se relacionan comercialmente y convienen en acudir al método de solución de controversias denominado arbitraje, a fin de que esos árbitros sean los encargados de resolver controversias eventuales o futuras. La Organización Mundial del Comercio cuyas siglas son OMC, es una organización establecida para fortalecer las relaciones comerciales que incrementen la producción y el comercio de bienes y servicios. En la OMC existe un Órgano de Solución de Diferencias u OSD, que fundamenta su actividad en el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias o ESD. En este Entendimiento se establece en pocas y no específicas disposiciones, los casos en los cuales los miembros de la OMC pueden acudir a la solución de sus diferencias a través del arbitraje. Los laudos arbitrales que se emiten en el OSD van a reconocerse y ejecutarse en los Estados Miembros de la OMC según procedimientos establecidos en las normas convencionales internacionales y en sus propios ordenamientos jurídicos. La Comunidad Andina cuyas siglas son CAN, es una organización subregional formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Existe una propuesta para instrumentar, o más bien para reglamentar el arbitraje como forma alternativa de solución de controversias entre diversos actores dentro de esta organización, otorgando una nueva competencia que es la arbitral al Tribunal Andino de Justicia y la facultad de organizar la administración del arbitraje a la Secretaría General de la CAN. Esta competencia consistiría en una novedosa facultad que tendrían estos dos órganos del denominado Sistema Andino de Integración o SAI, para resolver conflictos de diversa índole a través de un arbitraje andino que tendría características diferentes del arbitraje comercial internacional. Expreso mi más sentido agradecimiento al Dr. José Vicente Troya Jaramillo por haber aceptado ser el Tutor de mi tesis de maestría, reconociendo su tiempo y el aporte dado para la realización de la misma.

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Este trabajo analiza de forma conjunta los factores económicos y políticos que están impulsando y sosteniendo el nuevo regionalismo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a principios del siglo veintiuno A través de este análisis establecemos los parámetros teóricos que rigen tras el accionar del regionalismo andino actual y respondemos a la pregunta: ¿Qué significa exactamente regionalismo andino desde el enfoque de economía política internacional en medio del regionalismo de principios del siglo XXI? El enfoque de economía política internacional nos ayudará a analizar el objeto de estudio y a responder a la pregunta, en primer lugar, a partir de un panorama general que delimite el fenómeno del regionalismo andino entre los términos geográfico, no geográfico, voluntario y no voluntario. Este panorama será la base sobre la que se sustentarán las tres variables que consideramos clave en nuestro análisis: el diseño de las instituciones regionales andinas, el contexto internacional, las estructuras domésticas de cada uno de los países miembros del Acuerdo subregional andino. En resumen, el análisis del panorama general y los tres pilares que nos ayudará a sustentar unas conclusiones en las que caracterizaremos teóricamente el modelo regional andino de principios del siglo XXI.

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La administración pública para la consecución de sus fines, entre otras actividades debe efectuar actos contractuales a fin de contratar obras, bienes o servicios que aseguren el bienestar de la colectividad. Con ese propósito, los actos preparatorios y precontractuales deben ser los establecidos en las leyes y reglamentos vigentes a la época de la contratación. Nuestra Legislación en materia de contratación pública ha sufrido un cambio profundo con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y la implementación del portal de compras públicas, lo que ha modernizado el sistema de compras públicas en el Ecuador. La licitación es un procedimiento precontractual previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya finalidad es elegir al proponente que realice la oferta más ventajosa para el Estado. Es un procedimiento legal y técnico al que deben sujetarse tanto la entidad contratante, cuanto los interesados en participar con el propósito de relacionarse jurídicamente con el Estado. La licitación pública en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, surge como una exigencia de la buena administración, como una condición de moralidad y también como una oportunidad para los administrados, que acrediten las mejores condiciones en la oferta para la entrega de prestaciones traducidas en obras, bienes o servicios de interés para la administración y a través de ella, del Estado, es decir, del interés general.

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La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha fortalecido y mejorado el sistema multilateral de comercio, surgido en los años siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de garantizar la libre competencia entre los países miembros, eliminar las barreras al comercio internacional y permitir cada vez más el acceso de las empresas y de los consumidores a los mercados extranjeros de bienes y servicios.

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La presente tesis se compone de 5 capítulos, en cada uno de ellos se realizó la correspondiente investigación, estudio y análisis. Es importante mencionar que para el desarrollo de la misma se hizo uso de la metodología de recopilación, análisis y aplicación de la información más relevante concerniente al tema investigado. En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema, objetivo general y específicos, la hipótesis, justificación y alcance de la tesis. El segundo capítulo comprende el marco conceptual, que contempla algunas definiciones relativas a campos como el Desarrollo, la Transparencia, Gobierno Electrónico y TIC’s, sin profundizar en las conceptualizaciones teóricas de dichos temas, sino abordándolos desde el punto de vista del desarrollo. En el tercer capítulo se realiza un estudio sobre los sistemas de información, analizando los conceptos generales, fundamentos, componentes, ciclos de vida y aplicaciones en el gobierno electrónico. En el cuarto capítulo se estudian los sistemas expertos, se analizan sus características generales, los tipos existentes y los usos actuales. En el capítulo quinto se desarrolla la propuesta del Diseño conceptual de un Sistema Experto como herramienta de apoyo para la elaboración de nuevas leyes en el Ecuador. Finalmente se establecen las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo.