40 resultados para Regulação econômica. Agências reguladoras. Democracia participativa. Legitimidade. Poder normativo


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Este estudio da cuenta que la politología boliviana es parte de aquella estructura epistémica en América Latina que hace de nodo en la reproducción del poder colonial condicionando el espacio de lo posible de la política en Bolivia por la vía de la subalternización de saberes y formas de organización política, sobre todo, en un país que se caracteriza por su complejidad social, cultural y política. En este sentido, en lo específico el estudio estribó a estudiar a la ciencia política boliviana como una estructura institucional, es decir, una red compuesta por instituciones intelectuales/académicas (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales -ILDIS-Bolivia, Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios-CEBEM, Fundación boliviana para la capacitación democrática- FUNDEMOS, Fundación Milenio, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social-CERES, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-Bolivia, la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria-FBDM y el Instituto Prisma) todas ellas de algún modo se adscriben a la perspectiva teórica de la corriente institucionalista o a la del Pensamiento ILDIS. La politología boliviana legitimó científicamente la reproducción de la colonialidad del poder y las formas de explotación/dominación emergentes del orden democrático (neo) liberal. A posteriori, con la impronta de los indígenas en el poder al despuntar del siglo XXI, reprodujo la colonialidad del saber en su rol inferiorizador de otras formas de hacer política independientemente del canon de la democracia de occidente.

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Partiendo de algunas apreciaciones acerca del impacto del neoliberalismo en la subjetividad poblacional, aboga por el reconocimientos de los referentes de lo humano para la formulación de políticas alternativas. Enfatiza en la necesidad de mejorar la eficacia de la izquierda en base a la aproximación entre el hacer y el pensar, entre lo inmediato. y lo promisorio y utópico. Critica los excesos y, distorsiones, del historicismo especulativo apartado de la experiencia y sentir populares. Bosqueja propuestas de política referidas al trabajo, el consumo, la cultura, la organización, la solidaridad, la conciencia, la libertad, la afectividad. Finalmente, revisa la cuestión del poder y la democracia, despojándolos de su visión reduccionista.

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Partiendo de la requisitoria de emprender estudios desde la academia que den cuenta de la problemática urbana, la presente tesis indaga las relaciones de poder en un contexto histórico problemático y de importantes transformaciones de la sociedad ecuatoriana. La investigación, en tal sentido, se enfoca sobre el proceso de modernización urbana de la ciudad de Quito entre los años 1895-1932. El objetivo principal, que guía la interpretación, es mirar sobre la escena urbana la superposición, yuxtaposición y re-significación de mecanismos tradicionales de ejercicio del poder y de dispositivos modernos de control social. En atención al objetivo planteado, la pregunta que surge como vertebradora del desarrollo de la investigación es ¿cómo se expresan discursivamente las relaciones de poder y las estrategias de resistencia sobre la escena urbana?, sin embargo, para dar respuesta a la interrogante planteada y considerando, además, el contexto de transición política, económica y social de la ciudad de Quito a inicios del siglo XX, se puede pensar en la posibilidad del desplazamiento y continuidad de los dispositivos de dominación del campo a la ciudad. Esta última observación, pensada como hipótesis, articula el texto en una propuesta de entendimiento del fenómeno urbano que considera un continuum de análisis tanto la realidad del campo (rural) como de la ciudad (urbano).

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La Constitución de 2008, menciona 86 veces la palabra “participación”. El presidente Rafael Correa ha dicho repetidas veces que busca construir una “democracia verdaderamente representativa y mucho más participativa.1 El objetivo de este artículo es describir algunos de los mecanismos institucionales previstos por el Gobierno de la “revolución ciudadana” para promover en la práctica esa participación a nivel nacional2 y mostrar alguna evidencia disponible sobre su funcionamiento concreto en los últimos años. Por “participación ciudadana” entenderemos en este artículo exclusivamente los mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos los mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos “participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra más bien incluida, en lo que a nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión.

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El diseño de las funciones del Estado, en el marco del régimen liberal caracterizado por la representación política, ha sido profundamente criticado, desde una perspectiva de índole jurídica y política. Sin embargo, a partir de la vigente Constitución ecuatoriana se han producido cambios significativos en el diseño institucional, los cuales han generado una profunda discusión teórica y normativa sobre la vigencia de paradigmas constitucionales tan antiguos como la tripartición de poderes o la forma de democracia. Sin embargo, esta aparente dicotomía entre tipos de democracia, en nuestro caso la representativa y la participativa, no ha permitido, examinar los avances, retrocesos en la implementación de unas instituciones democráticas en el Ecuador. Es por ello necesario analizar dentro de los cambios constitucionales, a la nueva Función de Transparencia y Control Social, en especial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En especial la facultad de designar a las máximas autoridades del Estado. Finalizado el presente estudio, estaremos en la capacidad de establecer si la nueva forma de designación de las máximas autoridades, unida al novedoso esquema institucional del Estado ecuatoriano se convierten en un aporte a la consolidación del proceso democrático en nuestro país.

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Este trabajo contrapone dos modelos que establecen la relación entre democracia y derecho, los cuales suponen dos formas de concebir la naturaleza del poder respecto de los derechos fundamentales. Paradójicamente, estos dos modelos están en las modernas Asambleas Constituyentes.

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Desde 1492 América Latina ha heredado distintas formas de dominio hegemónicas promovidas por las grandes metrópolis; gracias a la expoliación de sus recursos posibilitó los recursos materiales para lo que la civilización occidental llama la modernidad y que algunos autores señalan que sus promesas concluyeron con el horror de la II Guerra Mundial. En la década del 70 se desarrollaron las teorías de la dependencia que pretendían explicar la situación de nuestro continente a partir de la matriz productiva y el permanente deterioro de los términos de intercambio. A pesar de los vertiginosos cambios de las últimas décadas, esta situación no ha cambiado, así lo refleja el Panorama Económico y Social del 2014 publicado por la CEPAL, que demuestra que tanto los recursos naturales como los agrícolas han tenido retrocesos en sus términos de intercambio. Además en estas décadas América Latina ha enfrentado dictaduras, el retorno a la democracia, procesos de ajuste neoliberal y una mayor subordinación a otras potencias mundiales como Estados Unidos, que ha mantenido su hegemonía en los países de la región, por medio de formas de dominación económica, por ejemplo, la deuda externa que varios países mantienen con los países más ricos y organismos multilaterales; lo que les permitió en la década del 90 la orientar las políticas económicas y sociales, así como, establecer nuevos fenómenos que “atentaban” la seguridad de la potencia más poderosa de América, uno de estas “amenazas” era el narcotráfico, perpetuado en algunos países como Colombia y México. En las dos últimas décadas, en algunos países, se han desarrollado procesos identificados con la construcción de lo que se ha llamado políticas post neoliberales en lo económico y post liberales en lo político; así también hace frente a una serie de problemas de naturaleza transnacional que se presentan en la región, como la trata de personas, delincuencia organizada, el narcotráfico, etc. Omar Rincón señala que para millares de campesinos la única posibilidad de acceder a las promesas de la modernidad como son el progreso, superación de la pobreza y movilidad social ha significado la vinculación con el narcotráfico. Estos problemas han marcado los imaginarios colectivos de los habitantes de América Latina. Este nuevo fenómeno social, sumado a la política oficial antidrogas y el rol de los medios de comunicación para contrarrestar el tráfico y consumo de drogas, han configurado nuevos imaginarios colectivos, y distintos modos de mostrar las prácticas del narcotráfico. Es así que se ha desarrollado formas culturales-populares, que dejan entre ver los estereotipos, modismos, vida y contexto social reflejado a partir de un formato llamado “narco novela”. La cultura popular es una representación de las formas de vida sociales, y el objetivo de esta investigación es analizar la “narco novela” como un producto de consumo televisivo, que da paso a una nueva industria de entretenimiento. A través de este trabajo se pretende analizar el discurso que se genera en torno al narcotráfico, sus forma jerárquicas y patriarcales de poder, las formas culturales de producción, y el discurso de género presente en la sociedad narco; así como el rol representativo de las mujeres en la “narco novela”, que refuerzan la construcción de estereotipos femeninos a partir de la sociedad del dinero.

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This paper analyzes the People’s Republic of China economic and political ascendance in the 21st century, focusing on the evolution of its sui géneris economic development model and its significance for the relationship between China and the developing countries of the peripheral ‘Global South.’ The objective of this article is to analyze the relationship between China and Latin America in the 21st century, characterizing it as a new Center-periphery global power network based on trade and investment, which is often referred to as the ‘Asian Consensus’. The article will give special attention to the Brazilian case.

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El presente trabajo de investigación tiene como propósito inmediato determinar por qué en el proceso de integración de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), deben existir bases democráticas que permitan una mayor participación de los habitantes de la región. Un proceso de integración tan serio e importante como lo es actualmente la UNASUR, debería contar con un Órgano Parlamentario que tenga las atribuciones para generar normativa y también ejercer los controles que, con el tiempo, la misma organización demande. En relación con los parlamentos de procesos de integración, el problema más grande es que casi todos éstos no son elegidos por el pueblo, tienen una representación indirecta, y esto provoca una distorsión del principio de representatividad; en el caso de que la representación sea indirecta, difícilmente habrá representantes de ciertas minorías. La creación de un organismo de integración como UNASUR es de vital importancia para la región, tanto en temas de soberanía o la defensa de ésta, como respecto a los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, la predominancia de los órganos ejecutivos en los procesos de integración de la región, sobre los parlamentarios, demuestra el déficit democrático de éstos últimos; y, es frente a este nuevo proceso de integración que se intentará plantear las razones que permitan la inclusión de un órgano democrático, que posibilite a la UNASUR construir elementos que garanticen que, en su estructura, se permita una mayor participación de los ciudadanos de la región. Para ello explicaremos conceptos sobre democracia e integración, el nexo que existe entre ellos y el rol fundamental que juegan en un proceso integrador; posteriormente, explicaremos las clases de procesos de integración por su naturaleza y objetivos, después veremos cómo está conformado el proceso de integración de la UNASUR, para finalmente plantear una propuesta del Parlamento Suramericano.

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«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.