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Análisis de coyuntura de la situación política de los movimientos y partidos políticos en Ecuador, después de las elecciones seccionales del 23 de febrero de 2014.

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A partir de la Segunda Guerra Mundial se produce una vinculación más estrecha entre ciencia, tecnología y economía, lo que da origen a la política científica, en torno a la cual surgieron posturas contrapuestas que colocaron en el centro del debate la relación entre el conocimiento y la producción. Bajo esta premisa, las actividades e instituciones relacionadas al conocimiento en Ecuador fueron influenciadas por las corrientes mundiales. El gobierno actual promueve junto con un cambio de paradigma: del “Desarrollo” al “Buen Vivir”, un cambio en el modelo de inserción primario exportador del país que apuesta a la transformación de la estructura productiva del país. En este esquema, la ciencia y la tecnología son elementos claves para la reconversión productiva que ayudarán a consolidar la sociedad del conocimiento. El propósito del presente estudio es mostrar los cambios en las políticas e instituciones públicas que dan forma al nuevo paradigma basado en el conocimiento, la ciencia y la tecnología y conocer cómo generan las alternativas que reemplazan la lógica extractivista, agroexportadora y petrolera. Con este propósito, se repasan las actividades emprendidas por la SENESCYT, entidad gubernamental que lidera el cambio de matriz productiva y ejerce la rectoría de la investigación científica en el país. Dada la importancia acordada por el gobierno a los institutos públicos de investigación, se toma como objeto de análisis al INIAP para mostrar en la práctica la forma en que ha operado el cambio de paradigma en el campo de la investigación agropecuaria y las articulaciones de la investigación agrícola pública con la transformación de la matriz productiva.

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Desde que el ser humano produce energía a partir de los combustibles fósiles, los cuestionamientos cada vez han sido más severos, tanto en el orden ambiental como en el social. Este tipo de fuentes energéticas son limitadas ya que dependen únicamente de la extracción de su materia prima, la misma que cada vez está más cerca de agotarse. Su consumo es también contaminante y contribuye con la mayor parte de los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Ante esta situación tan compleja, han surgido algunas alternativas para generar un posible abastecimiento energético, más limpio. Entre estas posibles alternativas, están los biocombustibles, que son combustibles de origen biológico que se generan a base productos agrícolas como la palma, la caña de azúcar, la soya, el maíz, la jatrhopa, la nuez, entre otros. Sin embargo alrededor de esta alternativa, se ha desatado un intenso debate mundial, con muchos argumentos a favor y en contra. El presente trabajo de investigación, aborda el debate mundial sobre los biocombustibles y examina los avances actuales sobre esta alternativa en Ecuador. De manera más específica, por medio de un caso se ha tratado de dar a conocer la realidad del sector campesino en una zona rural de nuestro país y como se enfrenta desde este sector las posibles consecuencias de una producción a gran escala de biocombustibles.

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Durante los últimos cuatro meses, la crisis policial desplazó gran parte de los ejes del debate político y social en el país. Esquemáticamente, este último período se puede dividir en dos momentos y un interludio: hasta el fin del año 2010, mientras el gobierno intentaba normalizar las relaciones con los uniformados sin renunciar a su política de restructuración institucional, arreció una campaña política y mediática contra el gobierno centrada en el temor a la delincuencia y la exigencia de reforzar la seguridad ciudadana. Durante esos dos meses, por primera vez desde su llegada al poder, la agenda política estuvo marcada por la oposición y no por el gobierno. Entre enero y febrero de 2011, en un giro notable, gracias a la decisión presidencial de convocar a una consulta popular, el gobierno reconquistó la iniciativa política sobre el tema y cambió el eje de la discusión nacional hacia las preguntas y el nuevo proceso electoral. En el vértice de este giro político, a inicios de enero, el régimen ciudadano cumplió cuatro años en funciones, un récord de longevidad en un país que no ha visto gobiernos que terminen su mandato desde 1996. Durante ese breve interregno, en la discusión pública dominaron los balances globales de logros y dificultades. Este breve informe hará un análisis de esos tres momentos y tentará una lectura de su significado.

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Los textos de este libro se proponen contribuir al debate sobre los procesos de cambio que se están dando en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Se abordan críticamente las experiencias de los tres países, con un particular énfasis en las tensiones/contradicciones entre los objetivos de los procesos de cambio, tal como fueron formulados en sus procesos constituyentes fundantes y programas de gobierno, y lo logrado hasta el momento1. Se parte entonces de los propósitos formulados públicamente por los gobiernos, y para evaluar sus avances se toma como referencia cifras oficiales que éstos presentan en diversas fuentes.

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Una comparación entre las tres provincias ubicadas en la Sierra centro del Ecuador muestra que Tungurahua destaca por una menor proporción de población rural pobre, con más capacidad de consumo y con mayor igualdad social que la población rural de Chimborazo y Cotopaxi (Larrea et al. 2011). Otra comparación a nivel regional muestra que la economía de Tungurahua se caracteriza por una más dinámica actividad económica, una más amplia diversificación sectorial y por una estructura productiva más basada en pequeños y medianos emprendimientos. Finalmente, un tercera mirada comparativa indica que Ambato, la capital provincial de Tungurahua, desempeña una serie de funciones en la articulación de la economía hacia dentro y fuera del territorio que las capitales provinciales de Cotopaxi y Chimborazo –Latacunga y Riobamba, respectivamente– no cumplen. Tungurahua depende de dos aspectos fuertemente imbricados. Por un lado, la concentración de la producción agrícola y manufacturera dentro de los confines del territorio genera mayores tasas de crecimiento. Por el otro, las estructuras productivas espacial y socialmente desconcentradas al interior del territorio aseguran un grado mayor de inclusión social y de participación económica. En la primera sección nos interesa analizar cómo los factores estructurales (los llamaremos también factores “duros”), fuera del alcance inmediato de la sociedad territorial, tales como la localización geográfica y los costos de transporte, han aportado a la concentración económica, es decir, a la creación de una economía de aglomeración. Argumentamos en seguida, sin embargo, que los factores duros no pueden dar más que una respuesta parcial a la pregunta sobre las razones de la dinámica territorial y su configuración espacial. Algo que los factores duros no explican más que marginalmente, son las estructuras sociales que definen el funcionamiento interno del aparato económico territorial. Siempre existe un grado de libertad de acción que en el caso de Tungurahua fue aprovechado para desconcentrar la economía, dispersarla en las zonas rurales y basarla predominantemente en pequeños y medianos emprendimientos. Para explicar este segundo aspecto, nos serviremos de un conjunto de factores (los llamaremos “blandos”) que subrayan el proceso de construcción social de la economía. Concluimos con algunas reflexiones sobre la relación entre los factores duros y blandos, y sus consecuencias sobre posibles políticas públicas proactivas para reducir la pobreza rural en Latinoamérica.

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Este trabajo pretende documentar los cambios en la organización y las políticas estatales respecto al ambiente a mediados del siglo XX. Para ello nos hemos concentrado en la revisión de los informes ministeriales entre 1925 y 1960, que es la época en que nacen silenciosamente las organizaciones e instituciones ambientales antes de la eclosión pública de discursos y preocupaciones ecológicas entre los años 1960 y 1990. En efecto, en 1959 se creó el Parque Nacional Galápagos, con la decisiva influencia de científicos naturalistas del mundo. Puede considerarse ese año como el inicio de una nueva etapa que incluirá la aprobación de la Ley de Prevención de la Contaminación (1976), el nacimiento de Fundación Natura (1978), la creación de la mayor parte de las áreas protegidas del país (1979), y la Ley Forestal y de Vida Silvestre (1981). El moderno enfoque ambiental del Estado surgió en ese período inmediatamente posterior. Al situarnos en el período anterior a la plena formalización de las políticas públicas ambientales, buscamos mostrar distintas vertientes y corrientes que confluirán en el proceso de “institucionalización” de las preocupaciones por la protección ambiental en el Estado ecuatoriano hacia los años 1950. El interés que guía esta indagación preliminar es el de mostrar el proceso de formación de los mecanismos de “gobierno” del patrimonio natural del país, es decir, los medios e instrumentos que sirven para regular tanto el acceso como el uso de dicho patrimonio para fines humanos. Tanto en políticas públicas como en ciencias sociales, se detecta un creciente interés en la consideración de los sistemas de “gobernanza” del patrimonio ambiental aunque el término es todavía objeto de muchas controversias y se usa para indicar combinaciones variables de mecanismos de participación social, presencia empresarial y regulación estatal.4 Por nuestra parte, este artículo se concentra en la formación de las organizaciones estatales encargadas de llevar a cabo la vigilancia, el control y la regulación de acceso y uso al patrimonio ambiental del país. La hipótesis general de la que partimos es que a partir de las primeras décadas del siglo XX se han ido desarrollando paulatinamente mecanismos que progresivamente desplazan una parte del control de los medios de manejo del patrimonio ambiental del país desde una serie de actores privados y comunitarios hacia el Estado. Aunque la parte del control ambiental que se desplaza es pequeña, no es en modo alguno desdeñable.

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El presente estudio se centra en contrastar los discursos elaborados por intelectuales de izquierda con los significados asociados a los usos de los términos Sumak Kawsay en las comunidades del Pueblo Kayambi. Hasta ahora conocemos sobre los discursos de los intelectuales, pero se conoce poco de los significados asociados al término en las comunidades indígenas. Esto, a pesar de que los discursos intelectuales generalmente afirman que el término nació precisamente en el mundo indígena. Por ello, propusimos hacer un trabajo de campo en el territorio de Pueblo Kayambi, encontramos información en los presidentes de cabildos pertenecientes a las comunidades y organizaciones de segundo grado asentados en distintos pisos ecológicos con diferentes militancias políticas, distinto nivel de escolaridad y acceso a recursos naturales. Buscamos comparar esos usos cotidianos con los conceptos dominantes de “desarrollo”, “progreso” y “bienestar” y con la elaboración de los intelectuales respecto al “Sumak Kawsay” en el Ecuador y América Latina. En tal perspectiva, nos preguntamos, por los acercamientos y diferencias entre los usos cotidianos del Sumak Kawsay y las nociones de “desarrollo”. Preguntamos también si en el territorio Kayambi se usan las palabras “sumak” o “alli” asociadas a otras palabras distintas de “Kawsay”. Finalmente, nos preocupamos por indagar específicamente si estas expresiones y palabras se asocian con elementos de la naturaleza (tierra, agua, lluvias, plantas y otras) o con factores materiales y espirituales asociados a un tipo de vida distinto. Por esta razón, el trabajo buscó hacer un estudio de caso mediante el análisis comparativo sobre las coincidencias y diferencias conceptuales sobre el Sumak Kawsay de los intelectuales y de los líderes comunitarios del territorio Kayambi.

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La Constitución de 2008, menciona 86 veces la palabra “participación”. El presidente Rafael Correa ha dicho repetidas veces que busca construir una “democracia verdaderamente representativa y mucho más participativa”.1 El objetivo de este artículo es describir algunos de los mecanismos institucionales previstos por el Gobierno de la “revolución ciudadana” para promover en la práctica esa participación a nivel nacional2 y mostrar alguna evidencia disponible sobre su funcionamiento concreto en los últimos años. Por “participación ciudadana” entenderemos en este artículo exclusivamente los mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos los mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos “participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra más bien incluida, en lo que a nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión.

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El 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2014 el gobierno nacional debió afrontar dos movilizaciones convocadas por las centrales sindicales nacionales en contra de las reformas laborales previstas en el nuevo Código del Trabajo preparado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Como en otras ocasiones, el partido de gobierno organizó “contra-manifestaciones” de sus partidarios y orquestó una poderosa campaña de publicidad en la que cuestionó la legitimidad de las protestas y las acusó de desestabilizadoras. La contra – manifestación del 17 de septiembre se convocó en el centro de Quito y se presentó como una fiesta, con presentación musical y discursos de presidente. La contra – manifestación a la protesta del 19 de noviembre se convocó días antes, el 15 de noviembre, en conmemoración de la masacre de 1922, en la ciudad de Guayaquil y fue aprovechada para presentar al público un proyecto de reformas al Código del Trabajo que se tramitará en la Asamblea Nacional.

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El boom petrolero que alimentó el crecimiento con distribución que Ecuador experimentó durante la última década terminó. Durante estos años se reactivaron viejas prácticas para captar rentas para el estado, y nuevas formas de distribuir esas rentas a la sociedad, pero también para intentar disminuir los impactos de la extracción petrolera en el ambiente. Este modo de funcionamiento está condenado a desaparecer con la crisis de los mercados internacionales de las materias primas. ¿Cómo pueden la sociedad y los gobiernos ecuatorianos prepararse para los efectos de la crisis de rentas del Estado?