56 resultados para Instituciones financiera - Aspectos jurídicos
Resumo:
En el presente trabajo se realiza un análisis de las reformas al Sistema de Pagos impulsadas por el Banco Central del Ecuador que comprende un conjunto de mecanismos e instrumentos electrónicos a través de los cuales canalizan transferencias de fondos entre instituciones financieras privadas y entidades que conforman el sector público. El primer capítulo contiene los antecedentes, aspectos metodológicos del estudio, incluyendo la definición del problema a investigar, hipótesis, objetivos y justificación del tema. En el Capítulo II se revisa el Marco Teórico, que versa sobre aspectos relacionados con la literatura inherente a los principios básicos para sistemas de pago y valores modernos impartidos por organismos internacionales como: Banco de Pagos Internacionales, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Banco Mundial, etc. El Capítulo III comprende la evolución histórica del sistema financiero nacional, detallando la crisis financiera de los noventas, adicionalmente se menciona la regulación, supervisión y vigilancia del Sistema de Pagos. El Capítulo IV se relaciona con la arquitectura del sistema financiero, especificando los mecanismos de intercambio y liquidación de las operaciones bancarias, descripción de las Reformas al Sistema de Compensación y Liquidación de Valores.
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Motiva la elaboración de la presente Tesis, la necesidad del estudio del Peculado Bancario como figura jurídica del Derecho Penal Económico y su relación con los acontecimientos suscitados en la más reciente crisis financiera ecuatoriana iniciada en el año 1998. Es necesario distinguir para el análisis de este tema, el contexto de una tendencia de liberalización de los mercados y la actividad financiera en toda América Latina y obviamente en el Ecuador, proceso en el que se inscribió la legislación nacional reformada en agosto de 1994 con la aprobación de una LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, en sustitución de la LEY GENERAL DE BANCOS existente hasta entonces. Dicha Ley General de Instituciones del Sistema Financiero estableció desde luego un avance importante en la actualización de la legislación bancaria del país a los concepto flexibles de banca múltiple, que como tales pretenden la creación de un verdadero “sistema financiero” en el país, a través de la autorización a las instituciones bancarias de una amplia variedad de servicios financieros en beneficio de los usuarios, acordes con la dinámica actual de la actividad financiera y la complejidad que supone el ejecutar distintos procesos relacionados con diferentes prestadores de servicios. Este concepto laudable en principio no excluye sin embargo la intencionalidad última de todo proceso de liberación que es el mayor desmantelamiento posible de los mecanismos de control, fiel a su premisa teórica de que todo control supone restricción y conculcación de los intangibles atributos de la libertad económica y su congénere más cercana, la libertad de empresa, así como una intromisión del Estado en el principio superior de autonomía de la voluntad y libertad de contratación, todo esto con el corolario de que así mismo, todo mecanismo de control e intervención por parte del Estado se halla dotado de un agregado ineludible de corrupción. Acogiendo estos criterios vio la luz la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y se estableció una permisibilidad que la experiencia ha demostrado resultó ser inconveniente y aún peligrosa para la estabilidad no solo del sistema de pagos, sino de la propia economía y que derivó en el libertinaje de los administradores de las instituciones financieras, con las dolorosas consecuencias que son de todos conocidas. De este libertinaje financiero se siguió que muchos administradores bancarios fueron encausados penalmente por la presunta comisión de delitos bancarios, cuya regulación, vale anotar, al momento de la crisis resultó insuficiente, insuficiencia que se explica desde luego, por esta flexibilización de controles que inspiró la nueva legislación bancaria.
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El propósito de realizar este trabajo, a más de cumplir con el requisito previo establecido por la Universidad Andina para la obtención del título de Magister en Derecho Económico, fue el de establecer las premisas preliminares en los cuales se asienta una disciplina jurídica en formación: el Derecho Penal Económico. El Derecho Penal Económico, dentro del Derecho Penal contemporáneo, es una de las esferas que ha sido particularmente controversial para el reconocimiento científico de una categoría especial de infracciones. La polémica va desde la radical negación de su existencia hasta un economicismo que absorbe infinidad de tipos delictivos. Esto puede deberse, entre otras muchas causas, a que esta disciplina jurídica en ciernes, establece que hay delincuentes que salen de los estereotipos criminales, que pertenecen a las clases dirigentes de la sociedad, que sus acciones u omisiones delictivas no manchan las manos, las cuales ejecutan como parte de sus actividades lícitas y cuyos perjuicios, van en contra de la sociedad en su conjunto, es decir atentan contra un buen jurídico supraindiviual. En el proceso formativo de esta rama del Derecho, mucho se discute respecto de la existencia de la responsabilidad penal de las personas morales y de la independencia de ella frente al Derecho Administrativo, en la fase de la imposición de sanciones. En este contexto, el propósito fue analizar la Ley General de Instituciones Financieras, a fin de establecer los elementos jurídicos que esta nuevo cuerpo legal aporta para la formación del Derecho Penal Económico. Así se han comentado algunas de sus instituciones más importantes, dentro de los parámetros doctrinarios que existen, a fin de establecer cuales de ellas podrían enmarcarse dentro del Derecho Penal Económico, que empieza a germinar en nuestro medio. El tema se presenta para una amplia discusión, de la que se podrán sacar importantes conclusiones, respecto de la existencia o no del Derecho Penal Económico, así como, si las normas contenidas en la Ley General de Instituciones Financieras, pueden ser parte o no de ella, o solo consisten en preceptos que podrían ser abarcados por el Derecho Administrativo dentro de ellas, el presente trabajo no es más que modesta una opinión dentro de un inmenso universo de versados criterios, para ir dando lugar al nacimiento, en nuestro país, de esta disciplina jurídica.
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En proyectos inmobiliarios, generalmente los promotores y/o constructores optan por realizar créditos bancarios con garantía hipotecaria para la obtención de recursos; sin embargo, las instituciones financieras no siempre están dispuestas a realizar préstamos para el sector de la construcción; razón por la cual, una buena opción para poder continuar con sus proyectos de construcción son los procesos de titularización de proyectos inmobiliarios, mismos que por desconocimiento no se realizan a menudo. A lo largo de éste trabajo, se determinará la viabilidad financiera para realizar una titularización y un crédito bancario con garantía hipotecaria con el afán de conocer el área en metros cuadrados del proyecto inmobiliario a partir del cual es recomendable realizar un fideicomiso de titularización o un crédito bancario con garantía hipotecaria; sin embargo, no solamente se analizará la parte financiera sino también el procedimiento para constituir el fideicomiso mercantil y obtener la autorización de emisión de valores; así como, el procedimiento para la instrumentación de créditos bancarios con garantía hipotecaria del inmueble sobre el cual se realizará la construcción del proyecto. A nivel macro, el presente trabajo servirá como una guía práctica para aquellas personas que deseen conocer un poco más acerca de los fideicomisos de titularización y de los créditos bancarios con garantía hipotecaria; pero sobre todo, la determinación de la viabilidad financiera para la constitución de fideicomisos de titularización de proyectos inmobiliarios y para la instrumentación de créditos bancarios con garantía hipotecaria con el afán de decidir adecuadamente entre una de éstas dos opciones como mecanismos de obtención de liquidez para la construcción de proyectos inmobiliarios en el Ecuador.
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La necesidad de un proyecto de ley de cooperativas financieras se sustenta en la falta de un instrumento que le dé identidad jurídica propia a estas entidades. Un importante número de aquellas se encuentra bajo el régimen de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, como intermediarias financieras que operan con el público, bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros. A través de tres decretos ejecutivos: 1227, de marzo de 1998; 2132, de diciembre del 2001; y, 354, de agosto del 2005, con fundamento en el artículo 212 del cuerpo legal invocado, el Presidente de la República de turno dictó el respectivo “Reglamento de constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público…”, vigente el último decreto, el cual no proporciona eficacia para el desarrollo de dichas instituciones, tampoco para el campo de acción del organismo de control. En ese entorno surge como necesaria la propuesta de lineamientos para un proyecto de ley de cooperativas financieras como herramienta eficaz para quienes están frente a las cooperativas, para el usuario del sistema cooperativo financiero y para el organismo de control, dentro de un esquema de las mejores prácticas aplicadas en distintas legislaciones en los aspectos administrativos, financieros, monitoreo y control del riesgo y el buen gobierno corporativo, entre otros.
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La evolución de los mercados financieros en la última década ha acrecentado la complejidad del riesgo de liquidez y de su gestión, por lo que el Comité de Basilea ha actualizado las directrices que se deben tomar en cuenta para la administración de la liquidez; entre los criterios que se deberían tomar en cuenta es el cálculo de indicadores que faciliten el monitoreo y mitigación del riesgo, así como también el establecimiento del nivel mínimo de liquidez que la institución requiere para cubrir sus obligaciones, y finalmente en función de acontecimientos históricos y posibles escenarios que pueden afectar a la liquidez se deberá elaborar un plan de financiación contingente (CFP) que permita a la institución operar sin pérdidas, o evitar a la más mínima, en casos extremos. El siguiente trabajo se enfoca en la determinación de metodologías que permitan determinar si la institución financiera presenta problemas de concentración y un método que permita determinar la liquidez requerida en el tiempo dada una probabilidad.
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La investigación jurídica trata acerca de una de las instituciones estatales, descentralizadas y autónomas, la empresa pública. Su estudio desde el lado jurídico en el país, no ha merecido mayor interés, por lo que se considera necesario abordar este tema con la amplitud que merece, pues a partir de la Constitución del año 2008 y con la expedición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, esta figura institucional forma parte en el Ecuador de la estrategia política que se ha dado en llamar “la recuperación de lo público”. La tesis parte de una contextualización teórica e histórica señalando el tránsito del rol del Estado, desde el Estado liberal hasta el Estado de Bienestar, hito con el cual el Estado amplía su radio de acción, reorientando su gestión hacia la prestación de servicios públicos, encaminados a satisfacer las necesidades de las personas, y caracterizado también por la presencia decisiva del Estado en la economía, no solamente como regulador o fomentador de actividades económicas, sino también como empresario. La tesis busca revelar los diferentes momentos en los que el Estado interviene o deja de intervenir en la economía, adicionalmente y a lo largo de su desarrollo, presenta y analiza la tensión que existe entre la publificación o la privatización conforme los objetos y finalidades sociales que persigue la empresa pública. Finalmente, realiza un análisis descriptivo, analítico y crítico del nuevo régimen jurídico que actualmente regula y controla la creación, organización, funcionamiento y gestión de las empresas públicas en el país. Tema esencial, pues concluye que el paso dado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano contribuye a entender buena parte de los principios jurídicos propios de este tipo de entidades descentralizadas. Sin embargo, se concluye que pese al avance cualitativo registrado, aún no está completo el ordenamiento, pues todavía es necesario aclarar la naturaleza jurídica de la empresa pública, las condiciones que justifiquen su creación, organización y funcionamiento, su participación como competidor en el mercado, y su responsabilidad como proveedor de bienes o prestación de servicios públicos, además de otros aspectos.
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La presente investigación tiene su fundamento en la necesidad de realizar un análisis de los tiempos de atención de crédito de uno de los productos de consumo que otorga la empresa en estudio. Este producto está enfocado a un nicho de mercado que no tiene fácil acceso a las instalaciones físicas de la empresa, por lo que es imprescindible buscar nuevos mecanismos de gestión del crédito, a través de las TIC y las nuevas tendencias de mercado. En este sentido, esta tesis plantea la implementación de un novedoso, pero ya conocido sistema de gestión de procesos (BPM – Business Process Manager) a través del cual se pueda mejorar sustancialmente la oferta de valor en la entrega de los créditos y a su vez mejorar la capacidad instalada y la productividad del recurso humano que interviene en la concesión de crédito de consumo.
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La crisis financiera global de 2007 – 2009 fue un acontecimiento solamente comparable con la Gran Depresión de los años treinta y su impacto negativo en las economías de todo el planeta ha disminuido las expectativas de crecimiento y desarrollo mundial. Latinoamérica salió relativamente bien librada de esta crisis y sus sistemas financieros han evolucionado de manera favorable gracias al menor contagio y a la solidez adquirida como consecuencia de crisis pasadas y una mejor regulación. Sin embargo, existió un impacto en los mismos como consecuencia de la operación de los flujos comerciales y financieros como canales de transmisión de la crisis. Ecuador no fue la excepción. Se presenta a continuación el trabajo titulado ¨IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA INTERNACIONAL EN EL SISTEMA BANCARIO DEL ECUADOR”. El objetivo del presente trabajo fue determinar el impacto y las medidas de respuesta de la banca ecuatoriana frente al agravamiento de la crisis económica y financiera mundial en el Ecuador, así como una comparación con el caso de sus países vecinos, Colombia y Perú. Para lograr este objetivo en el capítulo uno se revisa los debates teóricos relevantes para el trabajo planteado. Se abordan igualmente aspectos principales de la crisis financiera mundial que arrancó en el año 2007. Se identifican los canales de transmisión de la crisis hacia los países en desarrollo y se describen sus impactos en Latinoamérica, principalmente en su sistema financiero. En el capítulo dos se analiza el impacto de la crisis financiera y económica global en el Ecuador y los canales por los cuales se transmitió. Se establece la evolución del sistema financiero ecuatoriano en el periodo 2002 – 2010 y el impacto y la respuesta del sistema bancario en el espacio que contempla diciembre 2008 hasta el primer semestre de 2009. Se analiza el comportamiento del sistema en este periodo y cuál fue su respuesta. Se realiza una comparación con Colombia y Perú. Finalmente se presentan las conclusiones relevantes de los dos capítulos que permiten establecer que el sistema bancario fue afectado por la ralentización del ritmo de crecimiento de la economía y que su respuesta fue procíclica en la medida que la actividad bancaria se expandió durante el periodo de bonanza de la economía en años anteriores y se contrajo como consecuencia de la crisis.
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En el presente trabajo se analizará la figura del prestamista de última instancia de las instituciones financieras, su naturaleza, origen e importancia. Tradicionalmente esta figura de prestamista de última instancia ha sido atribuida a los bancos centrales, por lo tanto enfocaremos este estudio al caso ecuatoriano, con la particularidad que en nuestro país, esta función la dejó de desempeñar el Banco Central del Ecuador desde el año 2000, y ahora es competencia del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano, el cual fue concebido con la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera Por lo tanto, veremos la estructura jurídica de este Fondo de Liquidez, su finalidad, funciones y las operaciones que puede desempeñar. La hipótesis es si en el marco legal vigente en el Ecuador, el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero, cumple con su función de prestamista de última instancia y si es necesario para la solidez del sistema financiero ecuatoriano.
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Las Instituciones Financieras dedicadas al negocio de Tarjeta de Crédito trabajan continuamente en nuevas estrategias que permitan captar nuevos clientes en el mercado competitivo en base a las necesidades del cliente y cumpliendo las regulaciones del Organismo de Control. La Organización con más de 40 años de trayectoria en el Ecuador ha logrado posicionarse en el mercado Financiero Ecuatoriano ofreciendo a sus clientes un producto que satisfaga sus necesidades de consumo y con el respaldo de un apropiado proceso de Tarjeta de Crédito que permita entregar el producto final al cliente. Sin embargo, existen factores internos y externos que no permite cumplir con los tiempos de entrega. Para identificar las debilidades en el proceso de Tarjeta de Crédito se realizó una encuesta a clientes de la Organización en Quito y Guayaquil, cuyos resultados permitieron identificar que los proceso de Afiliación, Distribución, Entrega y Activación Tarjeta de Crédito pueden ser mejorados con cambios significativos en el sistema informático de la Organización; comunicación interna y externa; capacitación; inclusión de nuevos procedimientos y validaciones ejecutadas por el usuario. Finalmente, el resultado de la implementación de estas mejoras en el proceso significará un mejor servicio al cliente de la Organización desde el inicio hasta la entrega de su tarjeta de crédito, cumplimiento de tiempos, reducción de costos, mejora en las ventas y captación de clientes.
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La investigación que se presenta a continuación está enfocada en realizar un estudio relacionado con las buenas prácticas de Gobierno Corporativo que la Corporación Financiera Nacional tiene implantado en su actual Administración (estudio realizado para el primer trimestre del año 2013), y así determinar el cumplimiento de la normativa que exige el ente de control, apoyado en el diseño de una aplicación para evaluar éstas prácticas y medido a través de indicadores de control y seguimiento. En base a lo expuesto, la investigación se ha estructurado en cinco capítulos; así, en el capítulo I se presenta el objetivo general y objetivos específicos; en el capítulo II se desarrolla conceptualmente el marco teórico relacionado a la temática de Gobierno Corporativo, sus perspectivas y enfoques; en el desarrollo del capítulo III se efectúa un análisis de carácter interno y externo del Gobierno Corporativo en la Institución, además de una descripción de la temática en instituciones financieras públicas a nivel nacional; así como a nivel Latinoamericano; en el capítulo IV se presenta la metodología y diseño para elaborar y proponer el modelo basado en un banco de preguntas (cuestionario) mismo que se aplicará a la estructura de dirección y gestión, control, mandos medios de la Institución cuyo resultado nos permitirá conocer la situación del Gobierno Corporativo en la Institución; con estos resultados se estructurará la propuesta de indicadores de control y seguimiento para medir el nivel de cumplimiento del Gobierno Corporativo Institucional. Finalmente, en el capitulo V se presenta las conclusiones y recomendaciones que el autor expone como resultado del estudio.
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Para las instituciones financieras del país es de vital importancia la oferta de productos y servicios orientados a la completa satisfacción de las necesidades financieras de sus clientes. Para lograr este objetivo es necesario el conocimiento pleno de los requerimientos y exigencias del mercado, esto permite además contar con bases que ayuden a identificar mejoras en esquemas de atención aplicados por la banca, para poder servir al cliente con la excelencia que espera. Modelos de servicio establecidos sobre la base de las necesidades del cliente son alternativas válidas y significativas para estructurar una oferta de valor y servicio de calidad. Los esfuerzos que una entidad bancaria realiza para atender cada vez mejor a sus clientes se ven recompensados con el fortalecimiento de su confianza en la marca y con el consecuente incremento de su rentabilidad al lograr la fidelidad del cliente. El presente trabajo busca establecer la propuesta de un modelo de servicio eficiente que logre un impacto positivo en la banca personal de las instituciones financieras ecuatorianas y que al mismo tiempo represente un beneficio significativo para el cliente. El estudio se enfoca en la investigación de los principales lineamientos en cuanto a la naturaleza de los servicios, modelos de atención de la banca y la calidad en la atención. Muestra un análisis situacional del mercado ecuatoriano, de la competencia directa de Produbanco y modelos de atención de otros bancos a nivel internacional. La parte fundamental de este documento es la investigación de las necesidades financieras del cliente de la banca personal de la ciudad de Quito para el diseño de un modelo de atención e iniciativas de mejora para su implementación.
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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el mes de agosto del año 2008, meses antes de que sea expedida la actual Constitución de la República del Ecuador, lo que ha hecho que existan ciertas incongruencias entre los dos cuerpos normativos. Múltiples problemas se han suscitado desde que esta ley entró en vigencia, debido en gran parte al profundo desconocimiento que existe sobre la materia de parte de todos quienes pasaron a integrar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es por ello que hemos entendido necesario hacer un breve análisis de uno de los aspectos más relevantes de la materia, como son los actos administrativos emanados de las entidades contratantes: sus elementos, características y naturaleza jurídica; así como los mecanismos con los que cuentan las entidades y los particulares para dejarlos sin efecto por diversos motivos, y los medios con los que cuentan los administrados para defenderse en caso de que vean vulnerados sus intereses o el interés colectivo. Adicionalmente hemos pensado pertinente analizar un caso práctico y su desarrollo dentro del ordenamiento jurídico vigente, a fin de entender mejor el proceder de los oferentes, entidades y autoridades de control.
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La crisis económica mundial del año 2008 y 2009 tuvieron sus consecuencias dentro de la economía ecuatoriana, principalmente al ser una economía dolarizada y porque dependemos fuertemente del precio del petróleo, ya que la exportación de dicho bien es la principal fuente de divisas para el país. En dicho período se vivió caídas importantes en el precio de dicho commodity, lo cual derivó en una contracción de las captaciones del sistema financiero, razón por la cual las entidades tuvieron que precautelar su posición para no verse afectado por la coyuntura de aquella época. Considerando que en la actualidad hay varios modelos de valoración del riesgo, se optó por probar en una entidad local una adaptación del modelo “Suficiencia de Capital y Riesgo de Crédito” llamado comúnmente Cyrce de autoría del mexicano Javier Márquez Diez-Canedo a la coyuntura de la liquidez de dicha entidad, por lo que se adaptaron los requerimientos de cálculo de acuerdo a la cuantificación del riesgo de liquidez. Los resultados obtenidos servirán para evaluarel nivel de cobertura de liquidez necesario y se pondrá en consideración algunas prácticas que le van a permitir a la institución delimitar su apetito al riesgo y como este debe ser gestionado ante eventos que sugieran la aplicación de un plan de contingencia de liquidez.